La UCEP, con otro nombre y reciclada Por Gustavo Veiga

UN NUEVO ORGANISMO DEL GOBIERNO PORTEñO VOLVIO A HACER DESALOJOS DE INDIGENTES EN LA CIUDAD

El servicio de Higiene Urbana, que se encarga de la limpieza en la ciudad, se lleva colchones, frazadas y otras pertenencias de los sin techo, según una denuncia que ya analiza la Defensoría del Pueblo. Ahora, los nuevos operativos son de día.

Una patota que se resiste a la baja Por Eduardo Videla

LA JUSTICIA DESCUBRIO QUE LA UCEP SIGUIO ACTUANDO DESPUES DE SU SUPUESTA DISOLUCION

Tras los escándalos por los violentos desalojos de indigentes, el gobierno porteño anunció que disolvía la UCEP. El jueves, un juez allanó el Edificio del Plata: se llevó material que comprobaría que una célula paralela continúa con los procedimientos.
Después de las críticas que generó la actuación de la UCEP –la fuerza de choque del gobierno de Mauricio Macri dedicada a desalojar a indigentes del espacio público–, la Justicia porteña investiga el accionar de una célula paralela a ese organismo, que habría actuado en al menos cuatro procedimientos de desalojos en la vía pública tras su anunciada disolución. El jueves pasado, el juez Roberto Gallardo allanó oficinas en dos pisos del Edificio del Plata, una de las sedes administrativas del gobierno de la ciudad, y secuestró dos computadoras e importante documentación. Allí habría hallado elementos que certificarían esos operativos, los que serían ilegales, ya que el propio juez los había prohibido en un fallo de fines de octubre: allí ordenaba que sólo podían realizarse desalojos en la vía pública con previa orden judicial. En el allanamiento se secuestraron además fotografías de movilizaciones de organizaciones sociales contra la UCEP, lo que podría indicar que la actividad de este grupo no se limitaba a la “limpieza” del espacio público sino también a tareas de inteligencia.

La UCEP, con síndrome de abstinencia Por Eduardo Videla

LA JUSTICIA LE PROHIBIO QUE ACTUE CONTRA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE SIN PERMISO DEL TRIBUNAL
La medida, dispuesta por el juez Roberto Gallardo, se adoptó tras el allanamiento a las oficinas del organismo. Fue consecuencia de una denuncia de la Asesoría Tutelar, en el caso de una mujer embarazada que fue desalojada a golpes.
Al menos por unos días, el grupo de choque del gobierno porteño especializado en desalojos de indigentes que viven en la calle, conocido como UCEP, no podrá realizar ese tipo de procedimientos sin autorización judicial. Lo decidió ayer el juez Roberto Gallardo, quien además ordenó que ese organismo se abstenga de intervenir en “acciones que involucren a menores e incapaces”. La medida fue adoptada horas después de un allanamiento a la sede de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), en el Edificio del Plata.

La medida cautelar fue adoptada por Gallardo apenas veinticuatro horas después de que el asesor tutelar de Menores Gustavo Moreno presentara una acción de amparo a partir del caso de Carla Baptista, la mujer con un embarazo de cinco meses que hace un mes fue golpeada, manoseada y amenazada por una patota de la UCEP, en un operativo realizado en la calle Pasco y Autopista, donde ella vivía con su pareja.
El accionar de la UCEP viene siendo denunciado desde hace tiempo por sus víctimas y por organizaciones sociales y políticas que advierten sobre los métodos violentos que utilizan sus integrantes para desalojar a personas sin techo de la vía pública. La diputada Liliana Parada (Proyecto Sur) formuló a fines de 2008 una denuncia penal contra Mauricio Macri y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por “amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a la que se sumó con otros casos la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Este organismo, junto con la Defensoría Oficial de la Justicia porteña y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron la semana pasada un pedido de disolución de lo que consideraron como una “fuerza paraestatal”.
A la causa que se tramita en la Justicia penal se agregó ahora un expediente en el fuero Contencioso Administrativo porteño. Fue después de que Carla Baptista, la mujer embarazada atacada el 1º de octubre, se presentara acompañada por la diputada Parada, en la Asesoría Tutelar, para solicitar protección ante su situación de desamparo. “Después del desalojo volvió a vivir bajo la Autopista y una semana después uno de los integrantes de la UCEP le fue a decir ‘Vas a ver lo que te va a pasar por hacer la denuncia’”, contó Parada a Página/12.
Como primera medida, el asesor tutelar Gustavo Moreno presentó un recurso de amparo “en nombre del hijo por nacer” para que se le otorgue un subsidio suficiente como para vivir en un hotel con sus seis hijos. “Es que los chicos, como sus padres no tienen vivienda, estaban alojados en un hogar infantil, en Avellaneda. Y el gobierno de la ciudad tiene un máximo de 700 pesos para subsidios, que no alcanzan para alojar a una pareja con hijos. Por eso la única manera de ampliar los subsidios es mediante recursos de amparos”, explicó Moreno a Página/12. Fue de esa manera que Carla Baptista accedió a un subsidio de 1700 pesos para llevar a sus seis hijos con ella. El mayor de los chicos tiene seis años.
Resuelta la emergencia, el asesor tutelar pidió el jueves a la Justicia, en un nuevo recurso de amparo, “que la UCEP no participe en procedimientos con personas menores (de 21 años) y embarazadas”. Para eso, al caso de Carla agregó “otros sucesos de igual tenor, que tuvieron lugar en circunstancias similares, de los que también habrían sido víctimas menores de edad”.
La causa recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Roberto Gallardo, quien en menos de veinticuatro horas ordenó allanar las oficinas de la UCEP, en el quinto piso del edificio de Carlos Pellegrini 211, donde secuestró abundante documentación. “Después de leer la presentación del asesor tutelar, existían dudas acerca de la forma en que se realizan los procedimientos”, dijo Gallardo a Página/12 al justificar el allanamiento.
–¿Usted allanó la UCEP porque pidió documentación y no se la entregaron? –preguntó este diario.
–No. Dada la gravedad de los acontecimientos denunciados, en los que podría haber actividades ilegales, no era adecuado solicitar información, sino obtenerla de esa manera.
Después de “repasar en forma superficial el conjunto de la prueba colectada”, Gallardo resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada; le ordenó al Ministerio de Espacio Público –del que depende la UCEP– que hasta tanto se resuelva en forma definitiva, el organismo cuestionado “se abstenga de formalizar cualquier procedimiento sobre personas que se encuentren en el espacio público o en la vía pública, sin haber obtenido previamente la autorización de este tribunal, solicitud a la que deberá acompañarse los antecedentes administrativos que fundamenten la intervención, todo ello bajo apercibimiento de denuncia criminal”.
También le ordenó al ministerio que “se abstenga de intervenir en aquellas acciones que involucren menores e incapaces”.
“Tratan de limpiar las calles de Buenos Aires de pobres, pero tirándolos del otro lado de la General Paz. Ofrecen dinero primero, y si no se van con dinero, se van a los golpes”, dijo la diputada Parada. El miércoles último, cuando el ministro Piccardo brindó un informe en la Legislatura, la diputada le preguntó al funcionario: “¿Están esperando un muerto? Yo no. Y para que esto no ocurra, la UCEP tiene que dejar de existir”.
Piccardo se empeñó en negar que la UCEP emplee métodos violentos y en sus exposiciones consideró que los testimonios brindados por víctimas y testigos no constituyen pruebas de un accionar ilegal. De hecho, en la Legislatura confirmó que inició tres sumarios para investigar las denuncias, pero admitió que no separó preventivamente a ninguno de los funcionarios acusados.
De acuerdo con denuncias coincidentes, el grupo –cuyo jefe sería un barrabrava de San Lorenzo, conocido como el Luis “El Tano” Savoiardo– se moviliza en varios vehículos no identificados con leyendas oficiales y un camión compactador de basura, adonde son arrojadas las pertenencias de las personas desalojadas.
Según admite el propio organismo, desde febrero hasta septiembre la UCEP realizó 444 procedimientos de desalojo, la gran mayoría contra personas indigentes, a razón de dos o más operativos por día. Ahora, sus integrantes ingresan en período de abstinencia: sólo pueden actuar bajo supervisión judicial, al menos hasta que haya sentencia definitiva.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134363-2009-10-30.html

Disparen contra la UCEP

El Partido Justicialista porteño exigió la “inmediata disolución” de la UCEP, el organismo acusado por desalojos violentos en la vía pública, por las constantes agresiones a indigentes y personas en situación de calle, en tanto que el legislador kirchnerista Juan Cabandié se presentó como Amicus Curie en apoyo a la denuncia penal contra los integrantes de esa fuerza de choque, formulada por su colega, Liliana Parada. “A través de conceptos amplios e indeterminados –apuntó Cabandié–, el decreto que creó este organismo establece la peligrosidad de determinadas personas por su sola condición social, sin que comentan algún delito y/o contravención”.

El PJ porteño expresó el “absoluto rechazo” a que la UCEP siga vigente, luego de que fuera confirmada su continuidad por su responsable político, el ministro de Espacio y Medio Ambiente, Juan Pablo Piccardo, durante su intervención en las rondas de presupuesto que se realizan en la Legislatura porteña. El presidente del PJ, Juan Manuel Olmos, solicitó al Poder Ejecutivo porteño que “disuelva la UCEP ya que, hasta el momento, tuvo un accionar que no se corresponde con el sistema democrático”.
Cabandié, del bloque Encuentro por la Victoria, mencionó en su texto un “plan sistemático de expulsión de personas” por parte de la UCEP. Su crítica se centra en los fundamentos del decreto que el año pasado creó el organismo. Consideró que, en el caso de la UCEP, se le “otorgan funciones propias de un cuerpo policial a una unidad administrativa” y se usan conceptos como “usurpadores” y “vendedores ilegales” que permiten “una arbitrariedad inaceptable” por parte de los integrantes de este organismo. Por último, Cabandié apuntó contra los funcionarios de Espacio Público como “autores mediatos”. “Los delitos en modo alguno dependen sólo de los ejecutores singulares, ellos sólo ocupan una posición subordinada en el aparato de poder, son intercambiables.”
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134297-2009-10-29.html

La UCEP tiene quien la defienda Por Eduardo Videla

EL MINISTRO JUAN PABLO PICCARDO NO LOGRO DESPEJAR LAS DUDAS DE LA OPOSICION
El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, defendió ayer en la Legislatura el accionar de la UCEP, el cuestionado organismo que está bajo su órbita y que se dedica casi exclusivamente a desalojar indigentes que viven en la calle. Sus explicaciones, sin embargo, no lograron despejar las dudas de los legisladores de la oposición. El área al que pertenece la UCEP tendrá en 2010 un presupuesto cinco veces mayor al de este año (aumenta de uno a cinco millones de pesos), pero ese dinero, explicó el ministro, se destinará a la “compra de equipamiento para el retiro de carteles ilegales en la vía pública”. Un argumento similar había esgrimido Piccardo cuando explicó que la misión de la UCEP no sólo era el desalojo de personas sin techo sino el retiro de cartelería y puestos de venta ilegal. Sin embargo, el informe que envió su cartera a la Defensoría del Pueblo da cuenta de que, de 444 procedimientos, ninguno se refiere a letreros o puestos de venta. Piccardo relativizó las denuncias por agresiones y amenazas en los operativos de la UCEP, dijo que hay tres sumarios en curso por esas denuncias, admitió que ninguno de sus integrantes fue separado preventivamente de su cargo y reconoció que no sabe quién es el jefe operativo de ese grupo de choque cuando hace sus tareas de calle. Por las dudas, pidió “disculpas” a Graciela Cisneros, una de las mujeres golpeadas por la patota el 1º de octubre último, quien estuvo presente durante el informe.

Piccardo concurrió a la Legislatura para dar explicaciones sobre el presupuesto para su cartera en 2010 (ver nota aparte). Su exposición forma parte de la ronda que todos los ministros realizan antes de que el cuerpo trate el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Tras la presentación de Piccardo, los legisladores hicieron preguntas sobre las distintas áreas, pero el eje de los cuestionamientos estuvo centrado en el accionar de la llamada Unidad de Control del Espacio Público.
El ministro explicó que la misión de la UCEP es “equilibrar las necesidades de los vecinos con las de las personas que no tienen recursos”. Se refería a supuestos reclamos referidos a la presencia en la vía pública de personas en situación de calle. “Las personas que no tienen recursos ¿no son vecinos de la ciudad?”, le preguntó la diputada Diana Maffía, de la Coalición Cívica.
Liliana Parada (Proyecto Sur) –quien presentó al primera denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por el accionar de la UCEP– hizo una enumeración de los casos denunciados por las víctimas ante la Defensoría del Pueblo porteña, y que hoy están agregados a la causa penal que ella inició. Ante una pregunta de la legisladora, Piccardo confirmó que son 26 y no 150 los integrantes de la UCEP”. Los otros 124 empleados trabajan en la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público, del que depende la UCEP, explicó.
Pero ante una consulta del diputado Juan Cabandié, el ministro no supo decir quién es el jefe operativo del grupo cuestionado. Informó en cambio que la unidad está bajo el mando del director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Polini, quien “recibe los reclamos de los ciudadanos y establece un programa de trabajo de acuerdo con las prioridades”. Luego, terminó por admitir que trabajaba allí un empleado conocido como el Tano Savoinano (señalado como barrabrava de San Lorenzo y jefe de la UCEP), quien –dijo– “está contratado desde hace cuatro o cinco años”.
Luego la diputada Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) denunció que un operativo de desalojo realizado en Fitz Roy y Loyola, el 24 de marzo de este año, fue negado por el ministerio en un informe ante la Defensoría del Pueblo, en abril, pero admitido en un nuevo informe –publicado ayer por Página/12– como parte de los 444 procedimientos realizados por la UCEP entre febrero y septiembre de este año. “No podemos habilitar presupuesto para un grupo de matones que van clandestinamente, de noche, a desalojar indigentes”, afirmó Alegre, y le pidió a Piccardo que le pida “disculpas públicamente a Graciela Cisneros” –golpeada y desalojada, al igual que otra mujer embarazada, el 1º de octubre de Pasco al 1300– quien estaba presente en la audiencia.
“Si algún funcionario protagonizó un hecho irregular, le pido disculpas”, le dijo Piccardo. “No me sirve –le respondió la mujer–, porque el desalojo ya pasó y usted miente, porque usan la violencia.”
Facundo Di Fillippo (Coalición Cívica) advirtió que la ciudad no tiene 1100 vacantes en paradores, como había dicho el ministro, ya que “muchos de esos lugares son ocupados en forma permanente y no están disponibles”. Piccardo había dicho que hay unas dos mil personas en situación de calle a quienes se les ofrecían lugares en esos paradores.
Por último, Maffía pidió que se aclare cuál es el presupuesto para la UCEP en 2010 “para poder considerar los pedidos del CELS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, que también son vecinos de Buenos Aires, para que no asignemos presupuesto a este organismo e impulsemos su disolución”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134240-2009-10-28.html

“En la Ciudad, este gobierno implementa políticas de exclusión”

Entrevista a Francisco "Tito" Nenna realizada para "Buenos Aires Económico" Por Doris Elisa Bustamante

26-10-2009 / Nacido en La Boca, está casado y tiene dos hijos y seis nietos. En el ’73, arrancó con su actividad gremial. Durante la dictadura no pudo trabajar en la docencia. En el ’88 ganó las elecciones en el sindicato y en el 2001 ingresó en la junta directiva de CTERA.

Un mediodía gris y lluvioso en San Telmo no pareció quitarle luminosidad a la inmensa casona en donde funciona la Confederación de Trabajadores de la Educación, CTERA, y en donde Francisco “Tito” Nenna, secretario adjunto de la organización, habló con Buenos Aires Económico sobre los dos grandes temas que lo tienen por estos días multiplicando su presencia en distintos barrios de la Capital y, por supuesto, la Legislatura: el escándalo alrededor del espía Ciro Gerardo James y la construcción de un proyecto político alternativo con miras a su quehacer como legislador porteño a partir del próximo 10 de diciembre.

–¿Cómo ve el asunto de James y las escuchas ilegales?

–En principio, es una vergüenza. No sólo de parte de los ministros Montenegro o Narodowski sino del jefe de Gobierno (Mauricio Macri), que es el principal responsable de la situación que se está viviendo en la Ciudad. Ciro James es un personaje nefasto que hoy está preso y al que le encontraron dos contratos (con la cartera de Educación). Sobre esta información, contratos verificados y aceptados por la jefa de Gabinete y por el ministro de Educación, lo que podemos decir es que en el momento en el que asumió (James) como auditor interno estaba en auge el conflicto de las becas estudiantiles y la toma de las escuelas.

–Al principio se especuló con que estos contratos eran una pantalla para sus actividades de espionaje.

–Nosotros nos basamos en datos objetivos. En mayo de 2008 el ministro Narodowski exigió a los directores, públicamente y en un medio de comunicación, saber los nombres de los responsables de las tomas de los colegios. Luego llamó a los padres –lo digo porque yo lo viví personalmente a través de mis hijos que estaban en el normal 5, y ellos estaban en la toma de las escuelas– y nos dijo que teníamos que hacernos cargo y dar los nombres de nuestros hijos. Ahora, ¿qué raro no? En mayo de 2008 James accedió a trabajar en las auditorías. A partir de mayo de 2008 se comenzaron a hacer auditorías en las escuelas exigiendo a los directivos y a los docentes los nombres de los alumnos que estaban al frente de los conflictos.

–¿Fueron auditorías coyunturales?

–No, fueron continuas. Después vino el conflicto educativo en la segunda parte del año, con represión inclusive, y el ministro de Educación pidió de nuevo a los directivos los nombres de los docentes que hacían paro. En una actitud valiente, muchos de los directores no entregaron los nombres, pero las auditorías siguieron. Ahora estamos pidiendo que todas la auditorías que hubo en las escuelas desde mayo de 2008 hasta el 1º de octubre de 2009 queden sin efecto.

–¿Qué consecuencias han tenido esas auditorías?

–Hoy hay sumarios. Por ejemplo, el año pasado hubo un sumario basado en una de esas auditorías, cuando separaron del cargo a Raquel Papalardo, la rectora del Mariano Acosta. Después, a partir de un movimiento que hubo con los estudiantes, con la comunidad educativa, movimientos sociales y de derechos humanos, la repusieron en el cargo. Este año han continuado con las auditorías en lugares como la escuela artística Lola Mora de Villa Lugano, la escuela 4 del 21, la 3 del 19 de Villa Soldati, y la 5 del 10 de Villa Pueyrredón. Lugares en donde no sólo piden nombres de profesores sino que además sacan fotos de las carteleras gremiales.

–¿Que sea el ministro Narodowski quien haya pedido esos listados implicaría que estaba al tanto de estas prácticas?

-Por acción u omisión, Narodowski es responsable de la contratación de Ciro Gerardo James. Por acción, si realmente esto se condice con algo de lo que estamos diciendo. Y por omisión, porque firmó contratos de 57.000 pesos en 2008 y 72.000 en 2009 y no preguntó, el ministro de Educación, cuál es el la función de una persona con ese sueldo. ¿Cómo una administración tan transparente no tiene individualizado este tipo de contratos?

–¿Tienen la percepción de que esto es parte de una política más abarcativa?

–Por supuesto. Esto tiene que ver con los criterios para la creación de la policía metropolitana. Con la designación del “Fino” Palacios, tanto el jefe de Gobierno como el ministro de Justicia dijeron que iban a tener el control de la Ciudad en contra de los piquetes y de las acciones sociales. Necesitan una policía de seguridad que les garantice la paz, frente a la flexibilización y al ajuste que fue planteado en los presupuestos de 2008, de 2009 y el que está planteado para el 2010. Hay una visión que provoca una mayor fractura entre el norte y Rivadavia hacia el Sur, un sur olvidado.

–¿Olvidado o tenido en cuenta de otra manera?

–Son olvidados. Este gobierno de derecha implementa políticas de exclusión en la Ciudad. Y por eso necesitan tener políticas represivas a través de organismos de seguridad como la Policía Metropolitana y como la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), que está desalojando y persiguiendo a los pobres y a los indigentes.

–¿Cree que este aparente entremado entre Policía Metropolitana y espionaje se desarticule si se van quienes llegaron con el Fino Palacios? (Algunos legisladores esperaban el viernes que Montenegro anunciara la renuncia de Chamorro)

–Lo que están tratando de hacer Macri, Narodowski y Montenegro es bajarles el precio político a quienes van a ser los responsables. Hoy los responsables son Macri, Montenegro y Narodowski. Entonces aparecen por el lado de Montenegro, Chamorro y sus subalternos; por el lado de Narodowski (Roxana) Barroso, (Roberto) Ayub y (Carlos) Lelio, que fue quien firmó el contrato. Pero Carlos Lelio, lo mismo que Andrés Ibarra, son dos funcionarios relacionados directamente con las empresas de Macri. Lelio, del Correo Argentino, y Andrés Ibarra era el gerente de Boca. Él sigue trabajando para que la Ciudad se transforme en una gran empresa y un gran negociado. Y nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de construir un colectivo para que esto no siga ocurriendo luego del 2011.

–En ese armado colectivo, ¿cómo ve el panorama en la Legislatura después del 10 de diciembre?

–Soy muy optimista. En principio va a haber un interbloque con visiones comunes frente a un adversario muy fuerte que representa a la derecha. Hay que terminar con las individualidades. Es un momento histórico en el que se puede crecer con diversidad y diferencias pero con un objetivo común. Y no sólo vamos a oponernos, vamos a construir una alternativa.

–¿Hay conversaciones con otras fuerzas?

–Hay algunas conversaciones con algunos legisladores de Diálogo por Buenos Aires; por supuesto en el Encuentro Popular para la Victoria, con el compañero Juan Cabandié, pero también estamos tratando de construir un bloque más amplio. Siempre teniendo en cuenta que el trabajo en la Ciudad no está separado de un proyecto nacional. Nuestro planteo es profundizar y sostener un proyecto nacional a favor de la redistribución del ingreso y de la necesidad de terminar con la pobreza.

–¿Van a participar del interbloque los dos espacios que se escindieron del Frente para la Victoria?

–Nosotros no vamos a excluir a nadie; van a quedar excluidos los que de cualquier manera ven la necesidad de garantizar la gobernabilidad de este gobierno. Nosotros no queremos impedir la gobernabilidad de este gobierno, pero tampoco le vamos a dar los elementos para que deje excluidos a los más necesitados.

–¿Cómo ve las reformas a la Justicia del gobierno porteño y el nombramiento de una magistrada como Daniela Ugolini?

-Esto tiene que ver con que quieren que tengan justicia aquellos que puedan pagar, y aquellos que desgraciadamente no puedan se quedan fuera. Eso es excluir. El macrismo es coherente y del lado de la oposición tiene que haber también una coherencia para confrontar con esto. Ése va a ser nuestro trabajo, no sólo en la Legislatura sino en todos los barrios y en las comunas, ahora que están definidas.

–Se está hablando ya de quién sería el nuevo segundo vicepresidente de la Legislatura. El oficialismo quiere quedarse con el cargo, aunque tradicionalmente le corresponde a la segunda minoría. ¿Se está negociando?

–Nuestra posición es el respeto a que la segunda minoría ocupe la 2ª vicepresidencia, que claramente es Proyecto Sur. Respetar la voluntad democrática, porque no puede haber, por una voluntad política, un cambio. Y no tiene que haber ningún manejo por detrás, con el planteo de la gobernabilidad política. Es claramente una posición de respeto a la voluntad popular y democrática; y en la Legislatura vamos a apoyar a esa segunda minoría que le corresponde a Proyecto Sur, como se estableció en las últimas elecciones.

¿EN QUÉ QUEDAMOS? ¿INDEC, SÍ O NO?

En un momento de la entrevista, el legislador electo para la Ciudad se refirió al Presupuesto que el oficialismo pretende aprobar, y rescató una perlita respecto de la inflación prevista en el proyecto que debe tratar la Legislatura.

“En estos dos años hubo acompañamientos. Eso va a quedar bien claro cuando se apruebe el presupuesto del 2010. Quiénes van a votar a favor de este presupuesto que plantea más ajuste, más exclusión, menos políticas públicas, y quiénes no. El presupuesto para el aumento de salarios de los 114.000 trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires es del 0%. Así lo dijo públicamente el ministro Grindetti sin sonrojarse. Y prevén una inflación de 6,5%. Parece que ellos dicen que a nivel nacional la inflación del INDEC miente mientras aquí en la Ciudad está por debajo de la del mismo INDEC. ¿En qué quedamos?

–¿Qué proyectos plantean poner en la agenda tras el 10 de diciembre, cuando asuman?

–Nosotros estamos trabajando fuertemente en todos los temas. He tenido reuniones con especialistas en vivienda, en temas como el de basura, salud, educación y desarrollo social. Nos preocupa muchísimo la falta de viviendas. En principio hay que recuperar el presupuesto para la vivienda. Este año hubo una subejecución presupuestaria absoluta (en el Instituto de Vivienda) y lo único que ha quedado es el pago de la infraestructura administrativa.
http://www.elargentino.com/nota-63345-En-la-Ciudad-este-gobierno-implementa-politicas-de-exclusion.html

Grupo de expertos en la cacería de indigentes Por Eduardo Videla

UN INFORME DEL GOBIERNO PORTEñO ADMITE QUE EN SIETE MESES LA UCEP HIZO 444 DESALOJOS EN LA VIA PUBLICA
Hecho por un pedido de la Defensoría del Pueblo, el informe detalla que sólo nueve de los 444 procedimientos no fueron contra indigentes. El ministro Piccardo había dicho que también removían carteles o puestos de venta ilegales. Hoy rinde examen en la Legislatura.
El grupo de hombres de negro que se despliega cada noche por la ciudad, con las siglas UCEP en su uniforme, se ha convertido en una verdadera fuerza de cazadores de indigentes. Así lo revela un informe del propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, elaborado en respuesta a un pedido de la Defensoría del Pueblo, que desmiente las declaraciones públicas de su jefe, el ministro Juan Pablo Piccardo. En poco más de siete meses, la fuerza de choque creada por el gobierno de Mauricio Macri para despejar el espacio público de gente pobre y sin techo se anotó 444 desalojos. De acuerdo con el detallado informe, al que accedió Página/12, en sólo nueve de ellos no se menciona la palabra “indigente” cuando se hace referencia a la “problemática” que motivó el procedimiento. No hay ninguna mención a presuntas tareas de remoción de carteles o incautación de productos de la venta ilegal, como había mencionado Piccardo como tareas propias de esa fuerza. En la gran mayoría de los casos, el resultado del operativo fue que “se restauró el espacio público”, un eufemismo que da cuenta del desalojo sumario de los indigentes del lugar que ocupaban. El informe confirma que la UCEP se ampara en la oscuridad: actúa de 23 a 6 de la madrugada, el horario en que los sin techo descansan. Precisa que está integrada por 26 personas. No indica si se les brindó a esas personas ayuda social o albergue provisorio. Ni hace referencia a la modalidad empleada que, según las denuncias formuladas ante la Justicia, incluyen agresiones físicas, el robo y la destrucción de las pertenencias de las víctimas.

El título de la extensa lista de operativos incluida en el informe lleva el sugestivo título de “Stock de procedimientos realizados”. La nómina pretende ser exhaustiva: además del número de caso y la fecha en que se realizó, se detalla el “asunto”, la “ubicación”, la “problemática”, el CGP al que pertenece el lugar y el “resultado” del procedimiento.
El informe, elaborado por el personal de la UCEP, con la firma de su responsable, el director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Polini, releva los casos desde el 17 de febrero hasta el 30 de septiembre de este año. En total, son 225 días corridos en los que se acumularon 444 procedimientos, un promedio de casi dos operativos por día, suponiendo que la UCEP trabaje sábados, domingos y feriados. Pero hubo días, como el 3 de marzo, en que los efectivos batieron todos los records, con veinticuatro procedimientos. El 26 de marzo y el 17 de abril consumaron nueve desalojos cada día, mientras que el 13 de julio hubo ocho y el 22 de septiembre, siete.
El gobierno porteño respondió con este expediente a un pedido realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el 4 de septiembre último, en el que le daba un plazo de diez días para que informe “la cantidad de operativos ejecutados” y la “forma en que se implementaron esos procedimientos, cantidad de personal empleado, horario de actuación y si hubo intervención de otros organismos”. La respuesta llegó a la Defensoría el 21 de octubre, en un expediente de 32 folios, de los cuales 24 corresponden al extenso listados del “stock de procedimientos”.
La descripción de los motivos que originaron cada operativo no tiene desperdicios y brinda, por sí misma, una idea certera de la misión de la UCEP:
- En Sánchez de Bustamante y Mansilla, la esquina del Hospital de Niños, el grupo intervino porque “indigentes consumen el agua del hospital”.
- En Vidt al 1800, desalojaron “un asentamiento de indigentes de alta peligrosidad”, aunque sin aclarar en qué consistía el peligro.
- En Senillosa 650 (Caballito) se ocuparon de un “indigente de alta peligrosidad que merodea la zona hace tres años y ocasiona disturbios”. En rigor, según vecinos que lo conocen, se trata de un hombre con las facultades mentales alteradas que vivía en la vía pública.
También es curioso que en la columna “asunto”, donde aparecen referencias a cómo se inició cada procedimientos (denuncias de los CGP, por ejemplo), aparezcan los nombres de Gabriela Michetti, Mauricio Macri, el propio Juan Pablo Piccardo, las siglas HRL (coincidentes con la del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta), la diputada Silvia Madjalani. También se mencionan notas del diario La Nación.
El ministro Piccardo, responsable político de la UCEP, deberá hacer frente hoy al cuestionamiento de la oposición, cuando se presente en la Legislatura para dar cuenta de las asignaciones previstas en su cartera en el Presupuesto 2010. A propósito, el diputado electo Fernando “Pino” Solanas, se presentará en la Legislatura junto a los legisladores de Proyecto Sur para denunciar el aumento de presupuesto para 2010 para ese “grupo de tareas” del macrismo.
El jueves último, la Defensoría del Pueblo junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría oficial de la Justicia porteña denunciaron la existencia de catorce casos de desalojos violentos, con lesiones, amenazas y el robo de las pertenencias de las víctimas, y pidieron la disolución de la UCEP.
Todos los procedimientos denunciados ocurrieron durante la madrugada, los objetos incautados terminaron en un compactador de basura y ninguno de los desalojados recibió contención o asistencia social.
El mismo jueves, el ministro Piccardo dijo a Página/12 que la UCEP “tiene muchas funciones vinculadas con el buen uso de la fuerza pública”, entre los que mencionó el “retiro de carteles instalados en forma ilegal y de puestos callejeros”. Los datos que aportó su propia cartera se encargaron de desmentirlo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-134178-2009-10-27.html

La hilacha del macrismo Por Sandra Russo

Hay algo pasmoso en la manera en la que los funcionarios del gobierno porteño están reaccionando ante los frentes gruesos de tormenta política. Se trata de la primera vez que el macrismo debe salir a remontar flagrantes errores propios, y lo hace dejando al descubierto una extraña actitud de megalomanía, cerrándose cada vez más la posibilidad de remontar decorosamente el escándalo. Es difícil imaginar cómo intentarán volver al camino de la verdad cuando las pruebas se les caigan encima, aunque de hecho ya las tienen sobre sus hombros. Incluso aceptando la delirante versión del infiltrado, el Fino Palacios pasa del mejor policía del mundo a un gil que estuvo siendo manipulado desde el principio. No hay lugar por el que cierre.

Si en los antecedentes de Palacios no figurara un libro que reivindica el terrorismo de Estado en los ’70, tal vez a uno podría sonarle en falso el montaje de una centralita de Inteligencia ilegal dentro del gobierno porteño. Pero a quien reivindica masacres y prácticas aberrantes no le combina mal pincharle los teléfonos a un opositor político. Vamos de mayor a menor. Dónde, en los antecedentes de Palacios, hay algo que haga dudar sobre su ideología. No es que Macri no lo sepa. Lo eligió porque Palacios es así.
Y eso es lo que no puede explicar el gobierno porteño, tan insistente en lo pro que es tirar los papeles en los cestos. No es que esté bueno tirarlos en la calle, pero si mientras tanto hay grupos de tareas que levantan a patadas a los indigentes en la madrugada, o si hay policías metropolitanos haciendo inteligencia desde el Ministerio de Justicia porteño, tirar los papelitos al cesto se vuelve una estupidez. Una tilinguería de barrio privado, y no es otra cosa lo que el macrismo aspira a hacer de la ciudad.
En el pasaje del empresariado a la política que hicieron buena parte de los principales dirigentes del PRO hubo un bache de contenidos que está saltando a la vista. Es como si esa desnudez lo exhibiera a Macri como presidente de un directorio, y no como un político. Hay algo desajustado en esta escena. Macri parece ubicarse incluso más arriba que la Justicia. Lo hizo cuando defendía a Palacios. “Para mí no”, respondía cuando se le planteaba el procesamiento del Fino en la causa AMIA. Que la Policía Metropolitana haya comprado los uniformes de sus futuros integrantes a la fábrica de Kanoore Edul fue otro signo extraño. No había ninguna necesidad de irritar más. Quizá deban leerse esos hechos, como síntomas de un liderazgo que nunca llegó a ser político.
A estos empresarios sus asesores les hacen spots que los ayudan bastante a ganar las elecciones. Les facilitan discursos de autoayuda para proponer cosas de consenso obvio, y hasta puede que entre ellos se reconforten en retiros espirituales. Pero la política no tiene nada que ver con eso. Y es eso lo que le estalla al macrismo.
El ministro Piccardo vio varios testimonios de víctimas de la UCEP. Lo hizo en televisión. Estaba la mujer embarazada a la que la patota manoseó en Pasco al 1300 a principios de octubre. La mujer gritaba que estaba embarazada, les mostraba su ecografía, pero la agredieron igual. La ecografía quedó tirada en el piso. La mujer lloraba en cámara. La reacción de Piccardo fue impactante, protopolítica. Cualquiera al ver y escuchar ese testimonio se escandalizaría, o propondría investigar a fondo, o se avendría a revisar lo mal tomada que estuvo la decisión de considerar a los indigentes con la misma entidad que los carteles ilegales. Es por eso que Piccardo es el ministro que debe deshacerse de los indigentes. Porque el macrismo no ve en esos pobres más que trastos que deben ser desechados. Esa es la piedad del macrismo. También, al ser públicos, esos testimonios están a disposición del cardenal Bergoglio. Sería oportuno que la Iglesia se pronuncie al respecto, ya que viene ocupándose de la pobreza. Son pobres entre los pobres los que duermen a la intemperie en Buenos Aires. Son pobres amenazados, golpeados y vejados.
Tanto para eludir las responsabilidades que tienen él o sus funcionarios en las escuchas como para enfrentar el escándalo de sus patotas nocturnas, Macri está mostrando la hilacha de un traje que le queda grande.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/134185-43302-2009-10-27.html

DENUNCIAN QUE LA UCEP AGREDIO A UN CHICO DE 15 AñOS EN PARQUE LEZAMA

Ataques sin límites de edad

Operadores del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el coordinador de un parador denunciaron que el chico, en situación de calle, fue golpeado y amenazado por cuatro miembros del grupo de choque. Aún no fueron a la Justicia porque el chico está aterrorizado.
Durante tres meses caminó las calles porteñas. Con poco más de 15 años, dejó la escuela y empezó a hacer algunas changas. De noche, buscaba un lugar tranquilo donde poder dormir. La madrugada del viernes 16 eligió el anfiteatro del Parque Lezama. Pero mientras descansaba sobre las escalinatas, sufrió el ataque de personal de la Unidad de Control del Espacio Público. Fueron cuatro hombres vestidos de negro: “Dos le pegaron patadas y puñetazos, otro tenía un bidón con nafta y amenazó con prenderlo fuego si volvía a aparecer por el lugar y, el último, le puso una pistola en la cabeza para asegurarle que hablaban en serio”. Gerardo es coordinador de un parador contratado por el gobierno porteño para albergar a chicos en situación de calle. Actualmente tiene a su cuidado al pibe golpeado y amenazado por la patota de la UCEP. “Intentamos hacer la denuncia, pero el chico está muy asustado y no queremos presionarlo”, dijo a Página/12. Por el momento, tampoco el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes realizó presentación judicial alguna.

Contusiones en piernas y brazos, varias costillas lesionadas y el riesgo de perder la visión en el ojo izquierdo fueron las consecuencias del ataque del grupo de choque PRO contra el chico de 15 años. Desde la golpiza, el adolescente está siendo atendido por especialistas del hospital oftalmológico Santa Lucía. “El chico tiene mucho miedo”, relató Gerardo que, “por resguardo del pibe”, no quiso decir su apellido ni el nombre del hogar que coordina.
Pasada la medianoche del viernes 16, el chico fue despertado abruptamente. En las escalinatas del Parque Lezama se escucharon las palabras del grupo de choque del gobierno porteño. “Le gritaron: ‘Te tenés que ir de acá. Rajá’ –contó Gerardo–. Al toque lo empezaron a insultar: ‘Si te vas a morir que no sea acá’.” Después, sólo hubo golpes y amenazas. Los agresores del chico fueron cuatro. Todos vestidos de negro e integrantes de la UCEP. En un comunicado de prensa, el gremio de empleados de ATE del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó la identidad de los violentos funcionarios porteños: “Hubo un testigo que vio toda la situación y aseguró que los tipos eran personal de la unidad macrista”.
Un delegado gremial, trabajador del Departamento de Prevención y Fortalecimiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal –dependiente del Consejo– aseguró que “de manera contraria a lo dicho por (Mauricio) Macri, nosotros denunciamos que este tipo de hechos contra los jóvenes pobres está completamente relacionado con el escaso presupuesto que el gobierno les asigna a las áreas de adolescencia y niñez”. La ciudad tiene entre tres y cinco mil pibes en situación de indigencia y, “paradójicamente, mientras aumenta la exclusión social la única respuesta pública es la UCEP”, explicó el vocero gremial.
Según le contó el chico a Gerardo, “mientras dos de los tipos le pegaban, otro que tenía un bidón con nafta amenazó con prenderlo fuego”. También y para asegurase de que el chico no volviera a intentar dormir por la zona, “le apuntaron con un arma en la cabeza. Después se fueron y el pibe quedó tirado en las escalinatas del parque (Lezama)”, contó el coordinador. El hombre destacó además que “los cobardes nunca se identificaron, pero algunos vecinos dijeron que eran del Gobierno de la Ciudad porque ya los habían visto actuar en algunos desalojos”.
El chico golpeado “llegó, como pudo, hasta la guardia del Hospital Argerich y pidió llamar al 108 –dijo Gerardo–. Entonces, un comando de nuestro equipo de asistencia lo atendió y le sacó fotos para la posterior denuncia, después lo derivaron al hogar”. Sin embargo y como “sabemos que la UCEP está actuando con fuerza por el barrio, no queremos exponerlo y estamos esperando que el propio Consejo (de Niñas, Niños y Adolescentes) derive un informe a la Justicia”. El temor de Gerardo está relacionado con otra agresión de la patota macrista: “Hace unos días, en la plaza Martín Fierro, a otro chico también lo molió a golpes la fuerza parapolicial del gobierno”, denunció el coordinador.
Informe: Mariana Seghezzo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134029-2009-10-24.html