No hay ninguna casualidad en la conexión entre estos ejes y la recurrencia con la que signaron nuestros presentes a lo largo de más de treinta años. Se trata, en realidad, de las dos caras mutuamente necesarias de un mismo diseño estratégico, el del virulento esquema de redisciplinamiento capitalista de los países latinoamericanos con el que se respondió a la etapa de mayor desarrollo y consenso de proyectos populares de autonomía en esta región del mundo. Un diseño estratégico que en la Argentina, como en casi todo el resto de los países hermanos, requirió la “gerencia” sanguinaria del “partido militar” asociada a los saberes de los técnicos orgánicos al poder económico.
Los campos clandestinos de detención crecieron a un ritmo parecido al de las falsas operaciones de endeudamiento de empresas públicas como YPF y los negocios con el ingreso de divisas, las tasas de interés, la valorización financiera del capital, la fuga de divisas, los seguros de cambio y la socialización de la deuda externa privada. Cuando se restauró la formalidad institucional había 30 mil desaparecidos y u$s50 mil millones de deuda externa.
A partir de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, el Estado dio un salto cualitativo respecto de los criterios con los que los gobiernos constitucionales anteriores habían enfrentado el tema del terrorismo de Estado. La legalidad específica contraída por esos gobiernos anteriores quedó establecida a través de los criterios de obediencia debida con los que Raúl Alfonsín enjuició a los comandantes de las fuerzas armadas y perdonó de hecho al resto de los violadores de derechos humanos, precisada luego con las leyes de la impunidad (Punto Final y Obediencia Debida), y con los indultos de Carlos Menem. Kirchner, con una decisión política continuada luego por la actual presidenta, Cristina Fernández, no asumió esa legalidad como lo dado inmodificable sobre el tema del terrorismo de Estado.
Sobre su correlato político-económico, en cambio, el del endeudamiento ilegítimo y fraudulento de la época de José Alfredo Martínez de Hoz, Adolfo Diz y luego Domingo Cavallo, este Gobierno no sólo reitera la legalidad construida por las anteriores administraciones democráticas -que consagraron y agravaron los vicios de origen del proceso de endeudamiento-, sino que además la asume explícitamente como lo dado inmodificable, tal como lo ratificó ayer la Presidenta.
Lo curioso es que, a diferencia de lo que sucedía en el tema de los derechos humanos, en el caso del proceso de endeudamiento un fallo con fuerza de cosa juzgada de un juez federal, Jorge Ballestero, dictado en 2000, tras dieciocho años de investigaciones y peritajes, declara la ilegitimidad y fraudulencia de la deuda. Y existen además en trámite en el fuero federal, trámite por cierto extremadamente moroso, otras causas relacionadas con tramos importantes de nuestra deuda pública, por ejemplo con la relacionada con el megacanje de Cavallo en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
En todo caso, el fallo del ahora camarista Ballestero interpelaba al conjunto de la dirigencia político-partidaria argentina, en concreto a sus representaciones parlamentarias, porque exhortaba expresamente al Congreso a recuperar su función constitucional de entender y decidir en el tema de la deuda pública, una facultad sobre cuya delegación nunca habla la oposición de derecha y centroderecha, con el radicalismo a la cabeza.
Hoy, planteada la crisis alrededor del Banco Central, su “independencia” y los decretos de necesidad y urgencia de la Presidenta para crear el Fondo del Bicentenario, lo que está en claro definitivamente es que la Argentina enfrenta la opción de pagar deuda con reservas para volverse a endeudar -obtener préstamos, y con intereses más amigables, en los “mercados voluntarios de crédito”- en mejores condiciones, o pagar deuda con nuevo endeudamiento garantizado por nuevos ajustes sobre las espaldas de los sectores populares, tal como pretende la oposición.
Frente a esta opción de hierro, todavía son minoritarias las voces que, desde la misma política, y desde algunas organizaciones sociales, pretenden que el tema de la deuda vuelva a plantearse como objeto de un amplio debate nacional, tanto como el de la absurda pretensión de la “independencia” del Banco Central respecto de las políticas económicas del Gobierno, “independencia” que, en rigor, constituye un eufemismo para consagrar su dependencia de los intereses del sistema financiero.
http://www.elargentino.com/nota-73786-Detras-del-debate-del-Central-las-cuestiones-de-fondo.html
