Respecto de la primera, existen dos posturas. Una de ellas, la neoliberal, plantea la autonomía de la esfera monetaria respecto de la administración de la economía real y el sistema político. Por lo tanto, el Banco Central debe conducirse con absoluta independencia de la política económica a cargo del Poder Ejecutivo. Esto implica que además de los tres poderes de un Estado nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) existe un cuarto: el Banco Central.
Esta posición se consolidó internacionalmente durante el período de aceleración de la globalización financiera, desde principios de la década de l970 hasta la gran crisis mundial del 2007/09. En los países desarrollados, la relación entre los activos financieros y el PBI pasó de poco más del 50% en 1980 a 350% en 2006. A su vez, en los mismos países, los beneficios de la actividad financiera respecto del total de beneficios en el ingreso nacional aumentaron del 10% en la década de 1950 al 34% en 2005. La actividad financiera, fundamentalmente la especulativa, se quedó con porciones crecientes del ingreso mundial sin contribuir al crecimiento de la producción, el empleo y el bienestar sino, antes bien, promoviendo la volatilidad e inestabilidad de los mercados.
De esa inmensa masa de recursos, obtuvieron una buena participación los operadores privados del sistema sin que los bancos centrales “independientes” de los principales países tuvieran nada que objetar. La cuestión ha entrado ahora en la esfera de atención del poder político.
El gigantesco crecimiento del poder relativo de la esfera financiera impuso la ideología del mundo del dinero al sistema global, uno de cuyos postulados básicos es, precisamente, la autonomía incondicional de los bancos centrales. Este enfoque promovió la desregulación indiscriminada de los mercados financieros, viabilizó la especulación sin límites y culminó con la peor crisis financiera mundial desde la década de 1930. Esto es precisamente el debate ahora en el G-20, es decir, cómo se restablece el orden en el sistema financiero mundial.
En sentido contrario, el enfoque de la primacía de la economía real y la unidad de la política económica, fundado entre otros en Keynes, ubica la banca central como un instrumento principal en el marco de la conducción general de la economía y en estrecha relación, particularmente, con la política fiscal y de tipo de cambio. Ésta es la buena doctrina y, por lo tanto, en la Argentina, el Poder Ejecutivo, dentro de las normas de la Constitución, tiene el derecho y la responsabilidad de establecer las políticas dentro de las cuales se conduce el Banco Central, incluso el manejo de las reservas de oro y divisa que el Banco administra.
Respecto del segundo tema, el diferendo comentado está vinculado con el llamado Fondo del Bicentenario, el cual, juntamente con la reapertura del canje de la deuda, pretende transmitir a los mercados financieros internacionales señales adicionales de la capacidad y decisión del país de cumplir sus compromisos. El objetivo es “volver a los mercados” para acceder al crédito externo y reducir el costo del dinero. Este tipo de mensajes debe manejarse con sumo cuidado porque, dada nuestra experiencia y tradición en la materia, se corre el riesgo de volver a instalar al crédito internacional como la cuestión crucial de la política económica.
En realidad, la fuente fundamental del financiamiento de la actividad económica y la inversión es siempre, aquí y en todas partes, el ahorro interno. Argentina tiene una tasa de ahorro cercana al 30% del PBI, equivalente a más de u$s100.000 millones. La recuperación posterior a la crisis del 2001/02 se financió totalmente con ahorro propio aumentando la tasa de inversión/PBI del 12% al 24%, disminuyendo simultáneamente la deuda externa. Los recursos para el financiamiento de la deuda pública en pesos están dentro del propio sistema financiero argentino, a pesar de la drástica reducción del superávit primario del Tesoro. Los dólares tampoco faltan para pagar la porción de la deuda denominada en dólares. Es decir, en el marcado financiero interno existen los recursos, en pesos y en dólares, suficientes para tomar deuda pública y refinanciar los vencimientos de deuda del 2010 y aún mas allá.
Desde la salida de la crisis, la economía argentina viene operando con un consistente superávit en el balance comercial y en la cuenta corriente del balance de pagos. Este año 2010 es previsible un superávit comercial cercano a los u$s15.000 millones, un múltiplo de los vencimientos de deuda en dólares en el transcurso del año y fuente de recursos para colocar deuda pública en el mercado interno y cumplir con los compromisos en el transcurso del año. Siempre y cuando no se repita los sucedido entre fines del 2007 y mediados del 2009, en donde se registró una salida de capitales superior a los u$s40.000 millones, es decir, el 20% del ahorro interno y la totalidad del superávit comercial del período.
Lo fundamental es entonces retener las divisas que la economía nacional genera y reciclarlas en el proceso de desarrollo económico y social, incluyendo el financiamiento público.
Los hechos comentados revelan que el problema prioritario no es volver al crédito internacional sino lograr que los argentinos se convenzan que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro interno es la Argentina. Esto no depende prioritariamente de la reapertura del canje ni del Fondo del Bicentenario, sino de la solidez de la totalidad de la política económica, incluyendo la solvencia fiscal, el tipo de cambio competitivo y el fortalecimiento del sistema financiero doméstico. El Gobierno tiene buenas razones para justificar por qué bajó el superávit primario.
En todas partes, frente a la crisis, todos los gobiernos gastaron más y muchos entraron en enormes déficit, lo cual no es nuestro caso. Pero ahora que la economía comienza a repuntar es indispensable recomponer la solvencia fiscal a través de la prudencia en el gasto y una firme política recaudatoria. Mientras tanto, siguen estando disponibles los recursos propios para mantener el cumplimiento de los servicios de la deuda. Si se fortalece la solvencia fiscal y mantiene un superávit sustantivo en los pagos internacionales, se volverá normalmente a los mercados externos. Caso contrario, ni el Fondo y ni el canje resuelven el problema.
Como hemos visto en notas anteriores, en este mismo espacio, la última década del segundo centenario, primera del siglo XXI, deja ricas enseñanzas. La primera ya fue señalada y consiste en la demostración de que el país puede ponerse de pie por sus propios medios, sin pedirle nada a nadie y manteniendo el comando de su propio destino en el orden global
La segunda confirma lo que ya sabíamos desde el retorno a la democracia en 1983. A saber, que, por graves que sean los problemas y los conflictos, sólo podemos tramitarlos en el marco de la Constitución. En efecto, en el transcurso de este decenio, la democracia argentina resistió la renuncia de un presidente, una compleja transición política, la mayor crisis económica de nuestra historia, el contagio del descalabro del sistema financiero internacional, el enfrentamiento del ruralismo con el Gobierno, el cuestionamiento de las estadísticas oficiales, la polémica por la reforma de los regímenes previsional y de los medios audiovisuales.
Con mucho menos que esto, durante la mayor parte del siglo pasado se desplomaron las instituciones de la República. Actualmente, el régimen resiste y todos los problemas deben abordarse dentro de las reglas de la Constitución. El tratamiento del diferendo actual sobre el Banco Central y del Fondo del Bicentenario no es excepción. La cuestión involucra ahora a los tres poderes del Estado y se resolverá, como en diferendos anteriores, dentro de las normas vigentes. La década ratifica, por lo tanto, un avance extraordinario porque ningún proyecto de país es posible al margen de la ley.
La tercera enseñanza se refiere a la posibilidad actual de la democracia, de procesar los conflictos sin caos económico. En el pasado, las tensiones, en el momento de la transición de la presidencia de Raúl Alfonsín a la de Carlos Menem, culminaron en un gran desorden y la hiperinflación. Lo mismo sucedió y mucho peor, al final del Gobierno de la Alianza, con el estallido de la extraordinaria crisis del 2001/02. Es decir que, aun bajo gobiernos democráticos, las tensiones extremas culminaban en el caos económico y en un replanteo radical de las reglas del juego.
En la actualidad, todas las dificultades de orígen interno y externo y la virulencia del debate no han provocado, por lo menos hasta ahora, el desorden del sistema. El Gobierno permanece, en efecto, en el comando de los ejes fundamentales de la macroeconomía, vale decir, el presupuesto, la moneda y el balance de pagos. Tenemos que aprovechar estas enseñanzas para resolver los dilemas que vuelven a abrirse sobre el futuro del país. Es necesario fortalecer lo logrado y que puso al país de pie sobre sus propios medios y capacidad soberana de decisión.
El principal problema ahora no es la deuda externa que quedó encuadrada, en límites manejables, después de la exitosa operación del 2004 y la posterior cancelación de la deuda con el FMI. Los problemas reales de la macro ahora son recuperar solvencia fiscal simultáneamente con el crecimiento de la economía y evitar que se instale nuevamente la inflación inercial.
Para esto último es imprescindible, junto a las señales contundentes de la solidez de la macroeconomía, la política de ingresos que podría formulase en el marco del anunciado y demorado proyecto del Consejo Económico y Social.
* Director Editorial de Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/nota-73771-El-Banco-Central-y-la-politica-economica.html
