Cada tanto, espasmódicamente, los poderes políticos y económicos denuncian a los cuatro vientos que la Justicia no es independiente y la Justicia, a su vez, protesta porque recibe presiones de dirigentes y empresarios. Todos, de pronto, hacen público un juego que no es nuevo, que suele transcurrir de manera oculta y del que la mayor parte de sus miembros son cómplices y partícipes necesarios.
En los últimos días, estos conceptos se instalaron en el centro del debate. Las decisiones judiciales en relación con la fusión de Cablevisión con Multicanal y el fallo sobre la ley de medios –que favorece al Grupo Clarín– fueron los disparadores. Lo nuevo en la discusión fue el planteo de la Presidenta, Cristina Fernández, cuando dijo que la Justicia tiene que ser independiente del poder político pero “también de los poderes económicos que son permanentes y nadie los vota”. Es decir, la estructura judicial no es un ente impoluto, está atravesada por las pujas de intereses de la sociedad.
Si bien la Justicia –o la familia judicial, como gustan a sí mismos llamarse sus miembros– está conformada por integrantes tan disímiles como el juez, confeso marxista, Roberto Gallardo, y el admirador procesista Alfredo Bisordi, suele predominar un comportamiento corporativo que termina por teñirla por completo.
Gracias a la flexibilidad que da aquel viejo adagio del mundo jurídico que dice que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad puede argumentar exactamente lo contrario, la Justicia pudo seguir sin ruborizarse los diferentes tiempos políticos que atravesó la Argentina. Acompañó –por supuesto que con diferencias y matices– a los dictadores en los ’70, al juicio a las Juntas en los ’80, a los indultos y las privatizaciones en los ’90 y a las reestatizaciones y a la nulidad de las leyes de perdón en el inicio de este nuevo siglo.
El poder político, por su lado, supo negociar el nombramiento de jueces amigables, promover ascensos de magistrados que consideraba molestos y también hacer y deshacer el Consejo de la Magistratura de acuerdo con sus necesidades coyunturales.
El tercer actor, tal vez el más invisibilizado pero no el menos presente, es el poder económico, que recorre tanto los tribunales como los despachos políticos en busca de satisfacer los propios intereses, de cajonear expedientes o de dilatar con chicanas los procesos judiciales. Amigos de los grandes estudios jurídicos, los empresarios saben muy bien qué puertas tocar a cambio de impunidad. No es casualidad que la Cámara Sexta del Crimen haya condenado en Córdoba a Jorge Wayar a cinco años de prisión por haber robado un peso en 1996 y que hoy el magnate devenido en político, Francisco de Narváez, pueda declarar en las entrevistas periodísticas con total obscenidad cuáles son las triquiñuelas que lleva a cabo para evitar pagar sus impuestos sin que eso le acarree ningún tipo de consecuencias.
Ahora, en un momento de disputa e indefinición política como hace mucho no se vivía, las tensiones salen a la luz y los distintos actores involucrados denuncian lo que todos callan cuando corren tiempo en los que las relaciones de poder son indiscutibles. Aquel silencio tal vez sea consecuencia del miedo al poderoso, un pacto de mutua protección porque todos están embarrados o, tal vez, una simple consecuencia de aquella máxima bélica que dice que no hay que dar las batallas que no se pueden ganar.
En esta semana, dirigentes políticos, judiciales y empresarios se alarmaron de lo que ellos mismos construyeron (¿o destruyeron?) con tanto empeño y dedicación. Denunciaron desobediencia a la Justicia, especularon con sobornos económicos, y con todo tipo de presiones cruzadas. Buscan generar corrientes de opinión favorables que puedan llevar agua para sus propios molinos en las puertas de un año donde necesariamente habrá importantes definiciones.
En 2010 habrá que develar cuáles son las candidaturas presidenciales para el próximo turno y comenzarán a resolverse batallas que aún tienen final abierto y están íntimamente relacionadas con la acumulación de poder necesaria para apoltronarse en la Casa Rosada. La ley de medios, el modelo sindical argentino y la coparticipación federal de los impuestos son apenas un puñado de ellas. Todas tendrán peleas de fondo dentro del Poder Judicial. Y ya comenzaron los primeros escarceos. Como dicen los comentaristas de boxeo, son los rounds de estudio, donde los rivales se dedican a medir fuerzas.
http://www.elargentino.com/nota-70427-medios-123-Todas-las-caras-de-la-Justicia.html
