Clarín festejó doble esta semana. Al fallo en contra de la ley de medios que hace lugar a una medida cautelar presentada por el Grupo, se sumó otro de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que dejó sin efecto el freno a la fusión de Cablevisión y Multicanal, ambos pertenecientes al Grupo Clarín. Nuevamente el multimedio decidió no reparar en los antecedentes de los magistrados que cumplen con sus pedidos. El juez Eduardo Carbone, responsable en 1996 de prohibir la exhibición de la película La última tentación de Cristo –también vinculado a la demanda que la jueza María Servini de Cubría entabló contra Tato Bores–, ocultó prolijamente de su currículum haber sido el jefe del Departamento Jurídico del Ministerio del Interior cuando estuvo al frente el genocida Albano Harguindeguy. A este magistrado de la cuna dictatorial, se suma ahora el juez Eduardo Vocos Conesa, quien en septiembre de este año fue investigado, tras ser denunciado por reivindicar al fallecido Mohamed Alí Seineldín en un aviso fúnebre publicado en La Nación. Nuevamente queda en evidencia la habilidad del Grupo para encontrar magistrados poco adictos a la democracia e incondicionales a sus intereses corporativos.
Lo cierto es que la fusión entre Cablevisión y Multicanal tiene una historia de idas y vueltas a la que se sumó un nuevo capítulo. El miércoles la Secretaría de Comercio Interior dictó una resolución que ponía freno a la fusión entre los dos gigantes del cable del país, por considerar incumplidas las obligaciones a las que el grupo empresario se comprometía. Pero en un nuevo intento de dilación en el expediente que investiga la validez de la fusión, este viernes la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió suspender los efectos de la decisión oficial tomada por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Cndc). La resolución de la Secretaría de Comercio Interior suspendía por 60 días la aplicación de la ley que había autorizado la fusión entre las dos mayores operadoras de cable del país, lo que obligaría al multimedio a desprenderse de una de las dos firmas para permitir el ingreso de otro competidor en el mercado nacional del cable.
La operación conjunta de Cablevisión y Multicanal fue aprobada en diciembre de 2007 luego de que la Cndc diera su visto bueno, pero con la condición de que se cumpliera con una serie de requisitos. En septiembre de este año, la Cndc dictó la Resolución 106 por la cual ordenó una auditoría para verificar que estos y otros requerimientos fueran cumplidos por las cableras. Pero la investigación oficial demostró incumplimientos generalizados. “La conducta de la empresa incumple incuestionablemente el régimen de multiplicidad de licencias, viola cláusulas de titularidad, realiza prácticas monopólicas e incumple la prohibición de maniobras de simulación”, aseguró en aquel momento Gabriel Mariotto, titular del Comfer.
Según fuentes oficiales, lo que está en discusión no es la posición dominante –que de hecho se forma a partir de la fusión entre las dos empresas–, sino el incumplimiento de las obligaciones a las que se comprometía el grupo empresario, relacionadas con la libre competencia y acceso. Entre ellas:
. Garantizar en las áreas donde no exista un proveedor alternativo una tarifa al menos igual a la vigente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
. Ofrecer un servicio social opcional de televisión paga, de abono reducido, con un mínimo de diez señales adicionales a las de televisión abierta, el cual debería estar disponible para más del 5% de los hogares servidos por la red propia en el Área Metropolitana
. Y proveer en forma gratuita la conexión de cable a establecimientos asistenciales, educativos, de salud y comunitarios.
En un informe presentado el 11 de diciembre ante la Cndc, Cablevisión afirma haber superado los compromisos de inversión asumidos en momento de la fusión con Multicanal, dos años atrás. La empresa del Grupo Clarín declaró en ese documento que, en lugar de los 180 millones de dólares prometidos en 2007, invirtió 632 millones de dólares, destinados a mejorar su red de fibra óptica y los servicios a sus clientes. En este marco, Cablevisión calificó de “ilegítima” la decisión oficial y afirmó que la Cndc “puede tomarse el tiempo que quiera” para analizar el informe de inversión, pero “para nosotros la fusión es un capítulo cerrado”.
Lo que está en juego. El mercado del cable no es poca cosa dentro del patrimonio anual que mueve el Grupo Clarín. La facturación conjunta de Cablevisión y Multicanal representa alrededor del 60 por ciento de las ganancias del multimedio. Según datos otorgados por el Comfer, el grupo detenta un total de 191 licencias para operar el servicio de televisión por cable en todo el país, distribuido en cuatro empresas: Cablevisión Federal (12 licencias), Cablevisión S.A. (85), Multicanal S.A. (59) y Teledigital Cable S.A. (35). Con todo, la mayor cableoperadora del país supera los 3.500.000 abonados y los 760.000 en el servicio de banda ancha. La mayor parte de los clientes de televisión por cable se concentran en la ciudad de Buenos Aires y la región Metropolitana (1.300.000), y los restantes se dividen en otras cuatro subregiones del país (provincia de Buenos Aires, Región Central, Región Litoral y Región Sur), en Paraguay (Asunción y zonas aledañas), y Uruguay (Montevideo y Canelones).
La fusión de ambas empresas llevó a conformar una de las mayores redes de sistemas de televisión por cable de la Argentina y Latinoamérica, concentrando el 60 por ciento del mercado del cable a nivel nacional. Sin embargo, para el especialista en políticas de comunicación Martín Becerra –autor junto a Guillermo Mastrini de Los dueños de la palabra– tal porcentaje es engañoso porque contempla la cobertura en todo el país. “Como consecuencia de la fusión de ambas empresas, en la zona Metropolitana se genera una posición dominante indiscutida porque en esa área geográfica en particular se supera el 80 por ciento del mercado en manos de un mismo grupo”, asegura.
El monopolio del cable de Clarín compite holgadamente con unas pocas empresas a nivel nacional que logran superar los 100.000 abonados: Telecentro, Colsecor (la red cooperativa de cable con sede en Córdoba), Red Intercable (tomada como un solo operador) y Supercanal. El crecimiento exponencial en los últimos años en su cantidad de abonados y la absorción paulatina de pequeñas cableras del interior del país no llevó –como resultaría lógico– a bajar las tarifas por la eficiencia de la fusión y el crecimiento de la rentabilidad, sino que por el contrario, fueron creciendo constantemente.
Los principales perjudicados en este contexto son los abonados. Según Becerra, una de las principales consecuencias resultantes de un monopolio que concentra alrededor del 80 por ciento del mercado de cable es la existencia de precios predatorios, una forma muy común de abuso de posición dominante. Así, la empresa puede establecer bajos precios en el abono en barrios o localidades en los que tenga un competidor, y altos precios en zonas menos rentables y sin competencia.
Por otra parte, se favorece la alta integración vertical, en la que una empresa concentra actividades vinculadas a toda la cadena de producción. Es el caso de los derechos de televisación del fútbol que, hasta el momento de la ruptura del contrato entre AFA y TyC, una misma empresa concentraba ambos negocios, restringiendo la transmisión de los partidos sólo a los abonados. La posición dominante también permite la discrecionalidad de la empresa para seleccionar las señales que emite. Para Becerra, “sería bueno que la nueva ley de medios se aplique cuanto antes, porque saldaría varias de estas cuestiones”. Entre ellas, la nueva norma “obliga a que el menú de señales tenga una lógica de ordenamiento temática, con lo cual el poder de discrecionalidad de las empresas se va debilitando”, explica.
http://www.elargentino.com/nota-70425-medios-123-Clarin-carga-la-balanza-de-los-jueces.html
