LOS ESPACIOS RESIGNADOS POR LOS PARTIDOS
Cuando aún no se acalló el batifondo generado por la Ley de Medios, el Poder Ejecutivo enviará esta semana al Parlamento el proyecto de reforma política que constituyó uno de los ejes del frustrado diálogo interpartidario abierto tras la derrota electoral kirchnerista y que augura una nueva disputa de elevados decibeles.
El proyecto instaura un régimen de elecciones primarias obligatorias, de las cuales debe surgir sin excepciones el candidato presidencial de cada uno de los partidos, lo cual obligaría a competir internamente a los sectores disidentes del peronismo y del radicalismo. Pero la cuestión que puede desatar mayores debates, ronda en torno de los requerimientos que impondrá a los partido para poder participar de elecciones nacionales, ya que sólo el PJ y la UCR son fuerzas con estructuras legales y elevado número de afiliados en todos los distritos del país.
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Tanto la exclusividad que se ratifica a los partidos para imponer un presidente de la Nación, como la concesión de recursos publicitarios iguales para fuerzas de distinto desarrollo, colaborarán al fortalecimiento de las fuerzas partidarias corroídas desde hace años por un manto de desprestigio. La crisis de representatividad que aqueja a los partidos no es nueva, pero se agudizó en los ‘90 con el discurso único, la prédica antipolítica y la teoría no verificada del fin de las ideologías. Así nacieron como un aire fresco las organizaciones de género, de derechos humanos y las ecologistas.
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Fue precisamente en la década pasada, en medio de la furia del mercado, que los excluidos decidieron saltar de la cuneta a la ruta para dejar de ser invisibles. Los piquetes fueron formas de organización espontáneas, nacidas precisamente al amparo del desprestigio de los partidos políticos y de su vaciamiento ideológico. Son hijas del divorcio masivo entre la sociedad civil y la política, que dejó libre el espacio para que las demandas sociales se canalizaran a través de organizaciones libres del pueblo.
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El kirchnerismo apuntó en cambio desde un comienzo a no reprimir las expresiones piqueteras y a contener a esas organizaciones, lo que le valió el cuestionamiento de los sectores conservadores, que miran con recelo toda forma de organización de los pobres y reclaman la solución del taxista.
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En la práctica, las movilizaciones de los pobres, siempre molestaron a la clase media cuyo desplazamiernto se ve restringido por los cortes de calles y rutas. En cambio, no produjeron el mismo mal humor los piquetes de productores de soja que paralizaron al país con el objetivo de conseguir mayores niveles de rentabilidad. La prensa también tuvo en ambos casos un doble standard: los chacareros que agredieron a diputados oficialistas y llegaron a sugerir hasta el cierre del Congreso, cometieron “excesos” o “exabruptos”, mientras los piqueteros que agredieron injustificadamente a Morales en Jujuy son “organizaciones mafiosas, armadas y financiadas por el gobierno”. La doble moral tiene un profundo tufillo a desprecio de clase.
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En verdad, los piqueteros que atacaron al jefe radical le hacen un flaco favor a las demandas que sostienen, como los que destrozaron bienes en la Municipalidad de Mar del Plata. No hacen más que estimular la demonización que realiza la derecha y complican la decisión del Gobierno de no criminalizar las demandas sociales. El paso siguiente a instalar la idea de la existencia de organizaciones sociales violentas, es obviamente el reclamo de mano dura. Piden meterle bala no sólo a los delincuentes, sino también a los pobres que se movilizan. No importa que la organización puesta en la picota haya logrado construir escuelas, fábricas, viviendas y un centro de atención médica, que hasta cuenta con un tomógrafo. O que organice cooperativas de trabajo en el interior de la provincia. En realidad, la dirigente jujeña detenida, Graciela López, pertenece a la organización Libertad y no a Tupac Amaru, que conduce Milagro Sala, contra quien cargó Morales. Se trata de una organización indigenista que ya había escrachado al senador radical, a quien acusan de oponerse a que comunidades originarias posean tierras que reivindican como propias. Pero nada importa. Se descalifica a todos los movimientos sociales en su conjunto, con la denuncia de la violencia, o se los desvalorizados con el viejo argumento del sandwich de chorizo, utilizado hasta por una dirigente que llegó a la política con un discurso progresista. Los mismos cuestionamientos surgen -como calcados- en las clases medias de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El clientelismo político también es una vieja lacra de la política de América latina, que sólo podría controlarse con partidos que asuman con fidelidad sus identidades ideológicas, con una sociedad más conciente y con menos miseria. Pero el rechazo de los subsidios que reciben los movimientos sociales es no sólo reaccionario, sino también injusto. Las grandes empresas perciben en la Argentina recursos muy superiores a los que se entregan a las organizaciones sociales que se organizan como no lo hacen los partidos políticos, sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello. El debate abierto sobre el subsidio a la niñez es una buena oportunidad para que la dirigencia política se ponga de acuerdo en una forma de ayuda efectiva y no clientelística.
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La reforma política que comenzará a debatirse esta semana será una nueva oportunidad para intentar reconciliar a la sociedad civil con los partidos, reducidos al papel de meras maquinarias electorales por la corrupción y el vaciamiento ideológico.
http://www.elargentino.com/nota-63233-Reforma-y-organizaciones-sociales.html
