Hace unos días, el Foro de Convergencia Empresarial –que nuclea, entre otros, a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, la Asociación Empresaria Argentina, la Asociación de Bancos Privados, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Importadores, la Sociedad Rural, CRA, Coninagro, Federación Agraria, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes– emitió el documento “Bases para la formulación de políticas de Estado”. Contiene veintiún puntos, desglosados en aspectos institucionales, económicos y sociales, cuyo análisis pormenorizado excede el espacio de esta nota, por lo que sólo vamos a señalar algunos para centrarnos en los aspectos económicos más destacados.
Lo primero que llama la atención es que las entidades –como habrá podido notarse, no se trata de pequeños empresarios, sino de la representación más cabal de los poderes fácticos que detentan el poder económico de la Argentina– se arrogan el “rol indelegable” de “crear valor”, contradiciendo siglos de teoría económica, donde es el trabajo el que lo crea. Queda la duda, entonces, de qué valor están hablando los empresarios y si, detrás de cierta pátina productivista, estarían refiriéndose a la valorización financiera del capital, concomitante con alusiones a “un mundo cada vez más globalizado”. Luego, sostienen, esa “riqueza” se derramaría en “puestos de trabajo, en actividad económica (...) rentabilidad para los propietarios de las empresas que ponen su capital a riesgo y en impuestos para que el Estado pueda asegurar la educación, la salud y la seguridad”. Se cristaliza allí su visión del Estado –acotado a la provisión de servicios básicos claramente delimitados– compatible con los puntos d) y f) donde se exige “fuerte reducción de la elevada presión tributaria” y “reforma tributaria y fiscal a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales”, respectivamente, lo que implica la eliminación de las retenciones a las exportaciones, para empezar. Así, el desfinanciamiento del Estado se articula con el recorte de sus funciones –redistribución del ingreso a la cabeza–. No casualmente se habla de “armonía” o de “progreso” pero en ningún lugar se alude a conceptos como igualdad o justicia. Sí, en cambio, se demanda del Estado la garantía de “ciertas condiciones”, a lo que sigue que el “respeto a la propiedad privada y la búsqueda del beneficio son objetivos genuinos y válidos del empresario” por lo que en el punto b) se clama por “la plena vigencia de las garantías, derechos y libertades constitucionales. Respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas”. Ergo, si hay un “ámbito propio de las empresas privadas”, ese ámbito no le corresponde al Estado, lo que equivaldría a dejar de lado toda iniciativa empresaria por parte de aquel, tales como su función en la renacionalizada YPF o propuestas del tipo de las que hemos esbozado en esta misma columna el 9 de abril último bajo el título “Repensar la participación estatal”, idea que refrendan afirmando que “para que un país pueda progresar” los actores de la sociedad, “públicos y privados”, deben hacer “sus aportes”, pero –remarcan– “cada uno desde su lugar”, desde donde se deben “conseguir los consensos” para construir “un proyecto común”. En consonancia con la característica operación hegemónica, se equipara el proyecto común, cual si existiera plena comunidad de intereses y ausencia de conflicto, con el del establishment económico nucleado en el Foro que tiene por objetivo “proponer políticas de Estado” que “podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país”. Se trata, aseguran, de “propuestas de políticas que están vigentes en gran parte del mundo desarrollado y en vías de desarrollo, llevadas adelante con éxito por gobiernos de diferente signo ideológico”. Hiela la sangre. Porque en esa verdad a medias –que alude a la hegemonía neoliberal que recorre al mundo destruyendo lo que quedaba de los Estados bienestaristas europeos– se soslayan los resultados efectivos de tales políticas, cristalizados en tasas de desempleo de dos dígitos para el conjunto de países –excepto Alemania– que alcanzan al 27,3% en Grecia o al 26,4% en España, con efectos devastadores en las condiciones de vida de la población.
Ahora bien, pasemos al punto a) de la “dimensión económica” que reza “tener una baja tasa de inflación similar a la de la gran mayoría de los países de la región y del mundo mediante medidas macroeconómicas que ataquen el problema de manera integral”.
Paradojalmente (el documento en cuestión es fruto de un cónclave que reúne al conjunto de actores económicos que determinan precios en la Argentina, por lo que, como bien señaló el jefe de Gabinete, “la mejor contribución que podrían hacerle al país es dejar de aumentar los precios de los bienes que producen”) los empresarios se suben a la ola de la inflación.
Pongamos, una vez más, de relieve que las usinas hegemónicas a través de las cuales se propala como peste el pensamiento ortodoxo han instalado la idea de que “la inflación es la madre de todas batallas”. A continuación se enuncia que “el gasto público y la emisión monetaria son la fuente de la inflación” y que “a otros países de la región (siempre mejores que nosotros) les va mejor porque tienen inflación de un dígito”. La realidad y el análisis económico echan por tierra estas hipótesis. Primero, porque el proceso inflacionario está dominado por la puja distributiva, la disputa por cómo se produce la apropiación del excedente económico y cuál es la participación relativa de los diferentes sectores en la distribución del ingreso nacional (ver http://veintitres.infonews.com/nota-8411-economia-Una-disputa-de-poder.html). Con los más de seis millones de puestos de trabajo y la reposición del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y las paritarias, se han recuperado las capacidades de los trabajadores (antes disciplinados por el desempleo y la flexibilización laboral) para disputar una mayor participación de los salarios en la torta del ingreso. Y efectivamente la resolución de este conflicto ha sido favorable a los salarios que han crecido por encima de los aumentos de precios, aun los medidos por consultoras opositoras. También el ejercicio de la función redistribuidora del Estado, sosteniendo una clara política de ingresos, ha permitido que las jubilaciones y pensiones que cubren al 95% tengan, desde la sanción de la ley de movilidad, dos ajustes anuales por encima de la evolución de los precios. Lo mismo sucede con la asignación universal por hijo, desde su implementación. El crecimiento sostenido del ingreso real (es decir, de la capacidad adquisitiva) del conjunto de los sectores populares y medios permite explicar, por ejemplo, que el 10% más rico de la población haya pasado de concentrar en torno del 40% del ingreso nacional al principio de la década, a cerca de 30% en la actualidad, al tiempo que esos 10 puntos porcentuales se han redistribuido de manera pareja entre el 80% de la población que comprende a los más pobres y a la totalidad de los estratos que componen la clase media. Pero también da la medida de la tensión social, intensificada en los últimos años, que supone la resistencia de ese otro sector que no está dispuesto a resignar privilegios, manifiesta a través de la suba de los precios mediante la cual puja por recuperar posiciones. El relato hegemónico que demoniza al gasto público y la emisión monetaria les resulta, en este sentido, absolutamente funcional, porque, en última instancia, lo que se está demonizando es el rol del Estado interviniendo en la esfera económica, sin lo cual no hubieran sido posibles los resultados obtenidos en materia de igualdad distributiva, en particular, y de mejora del conjunto de los indicadores sociales, en general. Se promueven, en cambio, programas de metas de inflación (propuesta explicitada por Massa durante la campaña legislativa, frente a los mismos empresarios hoy reunidos en el Foro), programas de ajuste (Hermes Binner, tras el lanzamiento de la alianza Frente Amplio UNEN, acaba de expresar que la primera medida sería ajustar el gasto para “terminar con la inflación”), a veces disfrazados bajo el eufemismo de “planes integrales”, como reclama el punto a) de las Bases de los empresarios. Por eso no sorprende que se ponderen modelos foráneos, como los de Chile o Brasil, entre otros, cuyos bancos centrales están cooptados por la ortodoxia económica que lleva adelante, con mano férrea (la misma que exige el BCE a las deprimidas economías europeas), políticas de metas de inflación. Pero las metas de inflación no sólo mantienen controlados los precios, sino también el crecimiento y la redistribución del ingreso. Así, mientras la Argentina creció a tasas cercanas al 7% promedio anual durante la década, Brasil lo hizo a menos del 4%, al igual que Chile. Mientras la Argentina redujo el desempleo en 16 puntos porcentuales, Chile lo hizo en sólo 2,4 puntos y Brasil en 3,6. Idénticamente, mientras la Argentina muestra la mejor evolución en avance contra la desigualdad, pasando el índice de Gini de 0.54 a 0.41, Chile registra tímidas mejoras desde 0.55 a 0.52, lo mismo que Brasil que pasó de 0.57 a 0.54.
Sin el Estado sosteniendo las políticas de ingresos, los sectores más vulnerables se verían impedidos de mejoras. Con una economía “enfriada”, ajuste mediante, tampoco podría sostenerse la capacidad de generar empleo y, por ende, la capacidad de los trabajadores para negociar mejores salarios frente al fantasma del desempleo. Entonces sí, con políticas de ajuste, hay potenciales efectos antiinflacionarios, porque la represión de la puja distributiva elimina los estímulos de los formadores de precios para seguir subiéndolos. Al fin de cuentas, en los ’90 no había inflación. Tampoco trabajo, ni salarios, ni Estado interventor, ni capacidad de compra de los sectores trabajadores. Sí había, en cambio, pobreza, exclusión y concentración del ingreso. No significa que la inflación sea un tema que no deba ser atendido. Pero debe serlo en su complejidad, entendiendo la importancia de la justa participación de los salarios y de los ingresos del conjunto de los sectores populares y medios, en general, como motores de la demanda y del crecimiento económico, y discutiendo la racionalidad de la tasa de ganancia, en un debate que nos involucra a todos, como sociedad, si queremos seguir ganando en igualdad y mejorando nuestras condiciones materiales de existencia. En una discusión en la que debemos estar comprometidos en defensa de nuestro propio interés para no dejarnos engañar por falsos curanderos que proponen remedios que son peores que la enfermedad.
*Economista de La Gran Makro
