"No hay modo de ser patriota de patria chica, sin ser, por eso mismo y
simultáneamente, patriota de la gran patria común latinoamericana"
Wilson Ferreira Aldunate
El Poder Ejecutivo, como es público, ha tomado la decisión de no admitir en puertos uruguayos barcos cuya bandera sea el de la administracón británica de las Islas Malvinas. La medida procede plenamente y se justifica en dos órdenes de razones: a) principios de política exterior nacional, que imponen la solidaridad con
Argentina en su reclamo de soberanía sobre las islas australes, en consonancia con numerosos pronunciamientos, de los que el país ha participado; b) obligación de respetar el marco jurídico internacional, en cuanto a que son los Estados, bajo su responsabilidad –y no los territorios no autónomos- quienes pueden otorgar banderas a las embarcaciones. De otro modo, se estaría abriendo un cheque en blanco a operaciones de dudosa legalidad. El puerto de Montevideo, pese al apoyo uruguayo a la reivindicación de soberanía argentina, estuvo y está, abierto a navíos civiles de cualquier nacionalidad, y también del Reino Unido, no así a sus navíos de guerra en tránsito a las Islas, ni a buques que enarbolen un pabellón irregular. Argumentan los críticos de esta medida que con ella se violaría la libertad de navegación, que se intentaría complacer al gobierno argentino sin reciprocidad de su parte, a la vez que se atentaría contra intereses económicos nacionales.
El primer argumento no resulta de recibo, por totalmente inexacto. La libertad de navegación no padece ningún tipo de limitación ni la afecta la decisión gubernamental. El segundo argumento, no parece corresponderse con un contexto de bienvenido restablecimiento de las buenas relaciones de vecindad en el Plata, como el actual, relaciones de vecindad que constituyen históricamente un interés nacional prioritario y constante, no solo en términos de soberanía nacional y de política exterior independiente, sino también, sin duda, de legítimos intereses económicos y comerciales de la República.
Cualquier planteamiento que debamos realizar a la República Argentina cuenta con los canales necesarios para ello. Pero los aspectos bilaterales constituyen otro capítulo y no es ni intelectual ni políticamente válido confundirlos en este caso.
Parece además sorprendente que para algunos actores políticos resulte un atentado a la soberanía la eventual receptividad a los planteos de un vecino, como Argentina (respecto a las Malvinas), pero no sería atentado a la soberanía ceder ante las pretensiones administrativas de los colonos respecto a los pesqueros.
El tercer argumento está aparentemente apoyado en aspectos económicos y pretende estimar –según versiones de prensa- el lucro cesante de los operadores portuarios. Cabe señalar que no todos los pesqueros del Atlántico Sur navegan bajo el irregular pabellón de conveniencia otorgado por los colonos. Es seguro que éste sea un porcentaje muy menor del total y que el lucro cesante sea en consecuencia, de existir, marginal. Por otra parte, la reciente declaración del Mercosur en la Cumbre de Montevideo, asegura que todos los países de la región actuarán según este mismo critero.
Pero lo cierto es que el argumento, más que económico, posee implicaciones de naturaleza política e implica cohonestar el expediente de la administración colonial dependiente del Reino Unido, que extiende permisos de uso de una bandera de conveniencia, que no se corresponde a ningún estado soberano -ni siquiera autónomo o estatal, desde que las Islas integran el listado de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Se trata pues de una medida adoptada en el marco del diferendo con Argentina.
Dichas embarcaciones podrían navegar bajo cualquier otro pabellón, accediendo así a los puertos nacionales.
Las Islas Malvinas constituyen parte integral e indivisible del territorio argentino. Fueron ocupadas en 1833 por Gran Bretaña, que ejerce desde entonces una posesión de facto. Dicha ocupación fue siempre contestada y ningún derecho puede derivarse de la mera prórroga material de esa acción ilegítima, así como de supuestos actos de imperio dictados por los ocupantes.
El 16 de diciembre de 1965, la Resolución N° 2.065 de las Naciones Unidas invitó a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a “proseguir sin demora las negociaciones”, lo que ha sido objeto de incumplimiento contumaz por parte de la potencia ocupante. La reclamación de soberanía sobre las Islas no constituye además una postura exclusivamente argentina. Ella ha sido apoyada, de manera continua, por los
demás países de la región en diversos foros de concertación política y, lo que es más importante por todos los gobiernos uruguayos de las últimas décadas. Algunos de los pronunciamientos regionales respecto a la reclamación argentina, son las Declaraciones Presidenciales en el MERCOSUR, la Declaración de la II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en Cochabamba, Bolivia, en 9 de diciembre de 2006, así como lo hizo oportunamente la Unión de Naciones de América del Sur
(UNASUR). Son convergentes con esta posición también la Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de ALADI, de 11 de marzo de 2008, en Montevideo. Asimismo, la Cumbre Iberoamericana emitió una Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, en su reunión de 2007 en Santiago de Chile. “El puerto de Montevideo no puede ser un garito colonialista”, expresó una vez Wilson Ferreira Aldunate, honrado por la Universidad Nacional de Lanús con el premio Malvinas Argentinas. Y Alberto Methol Ferré alertaba sobre el que “se nos convierta en un Hong Kong rioplatense: plaza fuerte de custodia y emplazamiento” neo-colonial. Por no mencionar a Artigas, en su apelación constante a los Americanos del Sur y al mismo fundador del Partido Nacional Manuel Oribe, víctima de bloqueos de potencias extranjeras por su defensa de la soberanía americana. Estas y otras voces relevantes de nuestra historia en diversos partidos políticos y corrientes históricas e intelectuales nos llaman hoy la atención sobre los riesgos y distorsiones propios de una lectura parroquial y aldeana de la realidad internacional.
Los abajo firmantes queremos llamar la atención sobre estos riesgos y afirmar que no es posible hipotecar posiciones de política exterior nacional que constituyen el núcleo de cualquier política de Estado en la materia, en aras de circunstancias coyunturales. Señalamos asimismo la necesidad de que la política exterior nacional se articule como una política de Estado. La política platense y la vigencia del derecho internacional, hacen a su identidad histórica y a sus grandes líneas de continuidad, derivadas de nuestra peculiar posición geopolítica y por ello deben ser objeto de concertación.
Beatriz Argimón
Daniel Berger
Sergio Botana
Juan Pedro Cestau
Eber Da Rosa
Ernesto Dhel
Pablo Díaz
Carlos Enciso
Juan Raúl Ferreira
Sigfrido Frigerio
Gustavo Gaye
Alem García Sos
Ricardo Gorosito
Gastón Goyret
Fernando Gonzalez Guyer
Darío Hernandez Carro
Luis Alberto Herrera
Pablo Iturralde Viñas
Martín Laventure
Alvaro Lorenzo
Enrique Martínez Larrechea
Daniel Olascoaga
Daniel Peña
Federco Ricagni
Jorge Saravia
Marcelo Saravia
4
Mercedes Rosende
Luis Vignolo
Alberto Volonté Berro
Jorge Zeballos
Walter Zimmer
· http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150734902763243
