Un informe de una ONG señala que los institutos más caros de la Ciudad reciben subsidios Un informe de una ONG señaló que el Gobierno porteño no solo volcó una parte importante de su presupuesto a subvenciones privadas sino que privilegió a colegios de cuotas altas y en zonas con poca demanda educativa estatal. Como contracara, crecen las críticas por la subejecución de inversiones en infraestructura en escuelas públicas.
Los diferentes porcentajes de aporte a las privadas van del 40 al 100%, que deberían ser acordados sobre el total de los sueldos. Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, "de acuerdo al sistema actual, una escuela de nivel medio técnico de jornada mayor a 40 horas con un arancel promedio de $1600, alcanzó un aporte estatal del 50%".
Desde la ONG catalogan de "regresivo" al sistema ya que "admite que escuelas que cobran las cuotas más altas dentro de un nivel educativo y modalidad, lleguen a cobrar hasta un 366% más que las escuelas que cobran aranceles menores".
En conversación con Buenos Aires Económico, Dalile Antúnez, asesora de Igualdad Educativa de la organización, advirtió que "la asignación de aportes a muchas de estas escuelas que reciben un alto porcentaje de recursos estatales no tiene justificación razonable y profundiza las desigualdades sociales, económicas y educativas".
La realidad marca que redundan los pedidos de información al Ministerio de Educación sobre el arancel real que cobran las escuelas, su declaración jurada y demás información tendiente a que exista una gestión transparente y la determinación del criterio utilizado por el gobierno de Mauricio Macri para la asignación de los recursos a escuelas de carácter privado. Por este motivo pesa sobre el Gobierno de la Ciudad una causa judicial que intima a las autoridades a dar a conocer el monto preciso y el porcentaje estatal recibidos por cada una de las escuelas de gestión privada entre el período de 2006 a 2010.
Según los datos relevados por la ONG, se advierten profundas diferencias en la distribución de los recursos: dentro de las escuelas que reciben el 100% de aportes, se encuentran las que cobran aranceles que van de los $4,40 a los $345; las que reciben un 80% oscilan entre $5.25 a los $632. Mientras que cuando el porcentaje de aporte desciende a un 50%, resulta significativo ver cómo el arancel aumenta exponencialmente llegando, y muchas veces superando, los $1600. "Esto significa un 372% más que la cuota más alta entre las escuelas que reciben el 100% de aporte", detalla el informe.
Los datos no hacen más que reflejar una marcada desigualdad social, económica y educativa que privilegia a los sectores de educación privada de mayores recursos, por sobre aquellos que necesitan del subsidio para seguir funcionando. "Se trata de una violación de los criterios de igualdad real de oportunidades y de trato, y de tratamiento preferencial hacia los más pobres que surgen de la Constitución Nacional y de la Ley de Educación Nacional", explican desde la ONG.
Desde la Legislatura porteña, los bloques opositores arremeten contra las falta de política aplicada a este plano. El diputado de Encuentro Popular para la Victoria Francisco Nenna manifestó a Buenos Aires Económico que "resulta una convicción absoluta que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ve a la educación como un servicio más que puede disputarse entre el sector público y el privado y no como un beneficio social", y va más allá al sostener que "Macri sigue con su impunidad de pensamiento sobre lo que es la política pública y lleva adelante su concepción conservadora y privatista de gestión gubernamental".
ZONAS MÁS AFECTADAS. Dentro de esta distribución de subsidios, la brecha de la desigualdad educativa se sigue agrandando dado que, según denuncian legisladores de la oposición y conforme el relevamiento de la institución, "la mayor cantidad de subsidios a establecimientos de gestión privada se asigna a los ubicados en la zona norte de la Ciudad y en los distritos escolares de mejor condición social y económica". Este dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que es en los distritos del Norte porteño donde se concentra el mayor registro de vacantes en escuelas públicas, mientras que en zona Sur existe un grave déficit de la oferta.
"Teniendo en cuenta que este año se contabilizaron más de 350 chicos en lista de espera en el distrito escolar del Sur, la construcción de establecimientos públicos en la zona garantizará la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso, permanencia, reinserción y egreso en el sistema educativo", explicó a Buenos Aires Económico Martín Hourest, presidente del bloque Igualdad Social.
Esta desigualdad se refleja en las estadísticas que marcan que el crédito asignado al inicio de 2010 a los cinco distritos escolares con menos necesidades básicas insatisfechas es de 59% -con los montos más altos asignados a escuelas de gestión privada de Belgrano y Núñez-, mientras que para aquellos que presentan mayores necesidades la cifra desciende a 49%, ubicando con el menor monto de subsidio estatal al distrito que comprende los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo.
SUBEJECUCIÓN. En contraposición al marcado aumento presupuestario que se destina a las escuelas privadas, el panorama que presenta la educación pública habla de enorme déficit ligado la subejecución del presupuesto de infraestructura escolar, dado que de los $353 millones asignados, sólo utilizaron 15,2 millones.
Más de 6000 chicos de nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con vacantes en las escuelas públicas para poder comenzar su ciclo escolar. En este marco, resulta llamativo que ante la necesidad de obras públicas en el plano educativo, se haya ejecutado sólo el 4,5% de los $353 millones destinados a reparaciones y obras nuevas en escuelas de todos los niveles.
"El gobierno de Macri ha demostrado un desprecio absoluto por la construcción de escuelas públicas, y vemos en cambio importantes partidas presupuestarias para los privados", sostiene el legislador Hourest.
Muestra de esta desigualdad en el acceso a la educación, Antúnez asegura que "desde el Gobierno alegan que hay vacantes, aunque la realidad marca que en ciertas zonas hay superpoblación en las aulas". "Es injusto que el Estado en zonas de más recursos donde sobran vacantes, subsidie la educación privada y en las zonas más pobres donde no hay vacantes en escuela públicas no se llevan a cabo las obras que hacen falta", sostiene.
Por su parte, la legisladora de Proyecto Sur, Laura García Tuñón, denunció a Buenos Aires Económico el agravante que genera "la mora existente de proyectos de gestión educativa sin ser tratados, que encierra al menos 40 proyectos".
El escenario educativo de la Ciudad se ve mercado por un peligroso déficit de acceso a la escolaridad, marcado por fallas de gestión que se arrastran desde 2009, con un 40% de subejecución del presupuesto del sector y que llegan a 2010 con una ampliación de la desigualdad signada por una alarmante falta de inversión en infraestructura y una cuestionada política de subsidios que, según lo manifiestan legisladores opositores, no cumple con los criterios establecidos en la Ley de Educación Nacional y en la Constitución de la Ciudad.
