Los problemas de la seguridad, el desarrollo económico y la soberanía son interdependientes y dividen las opiniones enfrentadas en torno de visiones distintas del país y la democracia. Para la posición neoliberal, la inseguridad es esencialmente resultado de la presencia de sujetos antisociales que deben ser reprimidos y, en tanto la pobreza es un factor que agrava el problema, debe atenderse con medidas asistenciales a los grupos vulnerables.
Esta combinación de “mano dura” y caridad está destinada al fracaso porque la estrategia económica del neoliberalismo aumenta el desempleo, la desigualdad y la exclusión.
Como lo demuestra nuestra experiencia y la ajena, la apertura incondicional al orden mundial, limitar la política económica a “transmitir señales amistosas a los mercados” y, consecuentemente, renunciar al ejercicio responsable de la soberanía, agravan la marginalidad. No hay recursos suficientes ni política asistencial alguna que compensen el deterioro social emergente y su impacto sobre la seguridad. Ni, por lo tanto, dureza alguna de la represión que restablezca la seguridad amenazada.
Observada desde la perspectiva del desarrollo nacional, la inseguridad es un problema resultante, en parte, del deterioro social. Por lo tanto, debe ser enfrentado generando empleo y bienestar, sin descuidar la prevención de la violencia física. En consecuencia, el desarrollo, el pleno despliegue del potencial económico argentino y el fortalecimiento de la capacidad nacional de decisión, constituyen componentes esenciales de la política de seguridad. Cuanto más exitosos seamos en generar empleo y equidad, más eficaces seremos en reducir los factores sociales que amenazan la seguridad. Además de generar empleo y elevar la calidad de vida vía el salario y la calidad del trabajo, el desarrollo aumenta los recursos disponibles para las acciones sociales para fines de inclusión social, valorización del ser humano y defensa del medio ambiente.
La visión tradicional, neoliberal, presenta coherencia y permanencia a través del tiempo. Basta observar las opiniones de las personas representativas de este enfoque para advertir que los cultores de la “mano dura” como solución a la inseguridad cultivan, también, las propuestas económicas neoliberales, la adhesión subordinada al centro hegemónico del orden mundial y, en conclusión, coinciden en planteos políticos convergentes. Inseguridad, violencia, atraso y dependencia, son las consecuencias inevitables de tal estrategia.
En el otro campo, los adherentes a una visión integral de los problemas aparecen dispersos en planteos políticos enfrentados. Sobre las cuestiones fundamentales, la mayor parte de los argentinos tenemos dificultades históricas para ponernos de acuerdo y construir las mayorías indispensables para sostener las buenas políticas. Es decir, no logramos constituir las coaliciones y convergencias indispensables para construir mayorías estables que promuevan políticas de desarrollo nacional con equidad y seguridad. En mis notas sobre el Bicentenario, en este mismo medio, insisto en que ésta es una debilidad central de nuestra densidad nacional y causa principal de nuestras frustraciones, incluyendo la inseguridad.
Por tales razones, la convergencia, en una propuesta común, el ASD, de personalidades representativas de una mayoritaria expresión de la actividad política, social, gremial y religiosa del país, revela, en efecto, la posibilidad de generar consensos y construir mayorías para encarar y resolver los principales problemas argentinos. El Acuerdo para la Seguridad Democrática propone una concepción integral del problema que abarca “tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población”.
Como dijo el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, la foto en la cual aparecen representantes principales del oficialismo y de la oposición con otros líderes de las esferas gremial, social y religiosa, “debe ser la más esperada del país”. Y la más esperanzadora si el acuerdo se transforma en decisiones concretas, en el marco de convergencias necesarias más amplias de desarrollo, equidad y soberanía.
Los desafíos son mayúsculos. Las crecientes desigualdades a nivel mundial globalizan el “efecto de demostración” del nivel de vida de quienes tienen todo sobre el de los que no tienen nada. Esto es un caldo de cultivo para las tensiones del orden mundial y la propagación de los fanatismos y la intolerancia. Problemas globales de seguridad que tampoco se resuelven con la “mano dura” a nivel internacional.
De todos modos, no es necesario ser un experto en la materia para advertir que las causas de la inseguridad no se reducen a la cuestión social. Es un problema de alcance planetario, que incluye la especulación desenfrenada en los mercados financieros, el crimen organizado y global, el narcotráfico y la venta de armamentos, fenómenos todos asociados con el terrorismo y las amenazas a la paz. En varios países de América latina, el problema es de tal magnitud que amenaza la seguridad del Estado y la integridad territorial de algunos países. La contaminación de los medios de prevención y control es también un problema global, no ausente en nuestro país.
El éxito del ASD dependerá de no perder de vista esta dimensión amplia y global de la seguridad que incluye la política exterior y, en gran medida, la solidaridad indispensable entre los países del Mercosur y del espacio sudamericano. Pero dependerá también de la aptitud de los dirigentes gestores del acuerdo para incorporar, en el debate social y en la lucha por el poder inherente a la democracia, elementos de consenso que incluyan la seguridad democrática y vayan más allá, al terreno del desarrollo económico y social.
Porque no es posible resolver los problemas de la seguridad fuera del marco del proyecto de un país desarrollado, democrático, equitativo y soberano. Es difícil lograrlo sin generar consensos mayoritarios, como se alcanzó en el ASD, sobre cuestiones centrales del crecimiento económico y la ubicación del país en el mundo. Cuestiones tales como la estructura económica, la movilización de los recursos disponibles, la distribución del ingreso, la responsabilidad del Estado en el desarrollo de una economía de mercado y la gobernabilidad de la economía argentina. Cuestiones, todas éstas, en las cuales, como en el caso de la seguridad, existen mayorías latentes y potenciales, dispersas en el amplio abanico político de la democracia
Para tales fines vuelve a adquirir relevancia la propuesta de constituir el Consejo Económico y Social (CES) para generar un espacio de debate y convergencia ente los actores sociales y económicos y el Gobierno. Sería una contribución decisiva para la mejora de las políticas públicas, incluyendo las de seguridad.
Complementariamente con el papel central del Congreso como espacio privilegiado del debate sobre los problemas fundamentales del país, el CES permitiría, por ejemplo, resolver de una buena vez el irracional conflicto del campo con el Gobierno y aceptar que hay que tener mucho campo y mucha industria y que para eso están las retenciones, que no son un impuesto sobre la renta agraria sino la diferencia entre el tipo de cambio necesario para la rentabilidad, como ejemplos, de la soja y el requerido para la producción de manufacturas como maquinarias y textiles.
Es preciso de una buena vez construir una estructura integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento, generar empleo, integrar el territorio y ubicarnos en el mundo como un país en el gobierno de su propio destino. Es preciso descifrar los lazos profundos que vinculan cuestiones aparentemente tan distantes, como la estructura productiva y el orden público, porque de ello depende la posibilidad de consolidar la seguridad democrática.
http://www.elargentino.com/nota-77333-Seguridad-democratica-desarrollo-nacional-y-soberania.html
