La Argentina está nuevamente atravesando una situación política e institucional compleja debido al conflicto que se ha desatado en torno a la implementación del Fondo del Bicentenario y a la decisión de la Presidenta de remover de su cargo al funcionario que ejerciera la presidencia del Banco Central. Como consecuencia de ambas situaciones, se ha creado una crisis que está empañando las buenas perspectivas de crecimiento que se estaban manejando en los últimos tiempos.
Para poder entender el problema hay que tener en claro que la situación tiene varias aristas: una económica, una política, una institucional y una jurídica y debe separarse claramente cada una. Pero ello no debe ensombrecer la perspectiva de que, más allá de las diferentes dimensiones, la cuestión de fondo es eminentemente económica. Y debe analizarse con mucha atención y detenimiento, ya que está directamente relacionada con la deuda externa, que lleva a hablar de soberanía nacional y de las perspectivas de desarrollo del país hacia el futuro. Más allá de los hombres, de los partidos políticos y de los gobiernos.
Y es necesario hacer un breve repaso histórico para entender las causas de esta situación.
Luego de la crisis económica, social y política más grave que viviera nuestro país en toda su historia, a fines del 2001, a través de una fuerte devaluación de la moneda, la economía argentina comienza un período de muy fuerte crecimiento económico que duró hasta el 2008, en que se desata la crisis financiera global. El tipo de cambio elevado volvió los precios internos más competitivos, lo que junto con una política fiscal expansiva, mientras se mantenía las cuentas públicas en orden, provocó un fuerte aumento de la demanda interna, un proceso de sustitución de importaciones y el crecimiento de las exportaciones de todos los rubros.?
Dicho proceso generó un saldo positivo todos los años del balance comercial del país, de un orden cercano a los u$s11.000 millones, el que acumulado ha significado ingresos netos por 112.000 millones. Así, las reservas internacionales pasaron de ser 8.245 millones a fines del 2003 a u$s47.539 millones a fines del 2009, a las que se deberían agregar los 9.500 millones pagados al Fondo Monetario Internacional a principios del 2006. Las mismas pasaron de representar el 9,5% del PBI, a representar el 16,4% en este período.
Si bien la estructura misma del comercio exterior argentino no se modificó en estos años, el proceso ha resultado ser muy positivo para la economía, permitiendo que se reactivara fuertemente los niveles de actividad económica, se crearan millones de puestos de trabajo, mejorara la distribución del ingreso y se mantuviera un continuo superávit de las cuentas públicas. Especialmente hasta el?2007.
En los últimos años, el modelo fue reduciendo su potencialidad de generar nuevos puestos de trabajo, de mantener la competitividad ganada del tipo de cambio y de mejorar la distribución del ingreso, dado el aumento de los precios que no se ha conseguido controlar.
Más allá de esta situación, la política heterodoxa instrumentada por el Gobierno ha permitido enfrentar con mucho éxito la crisis internacional, habiéndose logrado perder pocos puestos de trabajo, manteniendo las finanzas en relativo orden y afectándose lo menos posible el nivel de actividad. Si se compara la situación con la que están atravesando los países centrales, el manejo de la crisis ha sido muy aceptable.
El manejo de la Deuda Externa. Pero aunque no siempre se destaque, un tema central de todo este proceso lo ha jugado el manejo de la deuda externa. Desde la vuelta de la democracia y hasta la crisis de finales del 2001 (habiendo sido una de las principales causantes de dicha “explosión”) los gastos en materia de capital e intereses que debían pagarse al exterior provocaba una muy fuerte erogación de recursos que salían de la producción y estrangulaba el sistema económico. A partir de la negociación llevada adelante, se consiguió una importante reducción de la misma y limitar los pagos de capital e intereses a sólo una parte del superávit fiscal, lográndose el control financiero de las cuentas públicas, y la reinversión de los recursos que antes se giraban al exterior. Esta nueva situación significó un aporte muy importante al crecimiento de la economía.
La deuda, que antes del 2001 era del orden de los u$s143.000 millones y representaba el 120% del PBI, siguió manteniéndose estable en su monto, pero abarcando el 42% del PBI en la actualidad. Esta estrategia se la conoció, de hecho, con el nombre de “desendeudamiento” e implicó el esfuerzo de mantener constante su valor absoluto, al tiempo que se conseguía reducir su peso relativo del PBI, por el fuerte crecimiento de éste en los años siguientes.
Esta situación, que hoy en día permite un manejo relativamente controlable, era inimaginable en todos los años que vivió la democracia desde el ’83 hasta el 2001. Hace falta un ejercicio de memoria histórica para recordar que la misma condicionó inexorablemente la política económica de todos los gobiernos que se sucedieron en ese período, limitando fuertemente a éstos, en cuanto a las posibilidades de crecer de la Argentina y de invertir recursos en aspectos fundamentales, como la salud, la educación o la reducción de la pobreza. La misma debería ser reconocida y asumida por cualquier analista económico y político que se preocupara por la soberanía nacional y las posibilidades de desarrollo de la Argentina, ya que la deuda externa, fue la amenaza más importante que tuvo nuestro país en todos esos años.
Su control y solución debe ser entendida como una política de Estado, de largo plazo, que requiere mucha disciplina, orden, paciencia y austeridad. Debe estar siempre presente en la mente de todos los ciudadanos y gobernantes que la deuda es un tema aún no solucionado, que representa una debilidad muy grande, y que debería tener la importancia que se le da a otras cuestiones clave, como la de la defensa de nuestro territorio. En este último cuarto de siglo, cuando no ha costado la caída de gobiernos elegidos democráticamente, ha implicado enormes dificultades financieras y políticas para otros, y un enorme sacrificio para la población menos favorecida. En esta cuestión, todos los partidos, los funcionarios y los analistas deberían tener perfectamente claro que no se trata de un tema de política económica, sino de economía política.
El Fondo del Bicentenario. Hasta este punto, teórico y abstracto, la situación es clara. Los problemas aparecen cuando comienza a analizarse la convivencia real y diaria y las luchas políticas desmedidas por el poder, que ponen por encima a las personas y a los partidos, de los intereses nacionales.
En esencia, el Fondo del Bicentenario propone conformar una partida de reservas provenientes del BCRA dedicadas específicamente a:
n Profundizar el proceso de desendeudamiento.
n Mejorar la estructura de la deuda y reducir sus tasas.
n Cancelar capital.
n Garantizar el sostenimiento de la inversión pública y privada a través del acceso a los mercados.
Dichas reservas en cuestión, que se mantienen invertidas en el exterior para cobrar un interés, generan beneficios para el país de 3% anual en dólares. Dado la baja de las tasas de interés internacionales producto de la crisis mundial, dichos rendimientos se han reducido al 0,5 por ciento. Y como los bonos que el Gobierno debe pagar por su deuda a los acreedores, abonan más del 10% de interés anual, el uso de esos fondos implicaría un beneficio financiero.
Pero la medida es positiva fundamentalmente por la mejora de las condiciones de negociación que provocaría: el disponer un fondo afectado específicamente a pagar deuda, permitiría conseguir deuda de menores tasas, que reemplazaría la que está pagando actualmente nuestro país, permitiría cancelar capital de deuda existente o, en un tiempo de crisis global donde no sobran las oportunidades para invertir fondos, serviría como garantía para poder mejorar los plazos o las condiciones en que el Gobierno o las empresas privadas pueden recibir en los mercados financieros.
En definitiva, tener un fondo específico para enfrentar vencimientos permitiría reducir el monto total de la deuda, reducir las tasas que paga el país por la misma y mejorar el acceso a los mercados internacionales para el Gobierno o las empresas privadas. Incluso, dado que las empresas que, en la práctica, terminan utilizando estos instrumentos son siempre las más grandes, se podría mejorar la operatoria y ampliar el apoyo a la medida definiendo una partida específica para que las pymes también pudieran acceder a mejores tasas fuera del país. En resumen, la idea es buena y la iniciativa es positiva.
Ahora bien, además de analizar esos puntos debería evaluarse otros aspectos que hacen a la viabilidad de la medida, a su conveniencia y oportunidad. Una de ellas tiene que ver con el hecho de si la cantidad de reservas que actualmente se posee es suficiente para seguir respaldando el sistema monetario. En este punto, prácticamente todos los analistas coinciden, ya que las reservas son suficientes para respaldar el 100% de la base monetaria (incluyendo las cuentas corrientes y cajas de ahorro), hacer frente a 9 meses de importaciones o cubrir el 15% del PBI, y que, dado el fuerte saldo comercial que está experimentando la Argentina, este año se acumularían otros de 10.000 millones más. Por ello, destinar 6.500 millones (el 7,4% de las mismas) no es una cifra que resulte significativa.
*Economista de AIERA
http://www.elargentino.com/nota-74492-Reflexiones-sobre-el-Fondo-del-Bicentenario.html
