Diego Guelar propuso una amnistía por los crímenes de lesa humanidad luego de que finalicen los juicios. Aclaró que esos delitos no tenían comparación con los comunes cometidos desde organizaciones armadas. Desde las filas de PRO lo desautorizaron. Jorge Macri habló de una justicia equilibrada, con tufillo a teoría de los dos demonios. Julio Strassera manifestó su desacuerdo con las amnistías por considerarlas inútiles. Guelar dijo que tenía autoridad para hacer esa proposición porque había pertenecido a Montoneros. Ninguna membresía presupone título para ser irresponsable. Teniendo en cuenta que días pasados Abel Posse reivindicó los centros clandestinos, la desaparición y la tortura, lo del hombre de menemismo y bastón parece un avance.
Una amnistía significa no sólo ausencia de castigo sino también olvido de los crímenes cometidos. Su razón es dar fin a enfrentamientos políticos. Los crímenes de lesa humanidad son un ataque sistemático a una población, no un enfrentamiento. Por eso lo de Jorge Macri resulta más peligroso que lo de Guelar. Los enfrentamientos armados por motivos políticos pueden ser amnistiados si se respetaron el derecho internacional humanitario, previsto como derecho de la guerra, y el derecho internacional de los derechos humanos, que prescribe obligaciones de los Estados en relación con los habitantes de sus territorios. Entonces, quienes desechan una amnistía de plano tienden a evaporar estas abismales diferencias. Quizás Guelar utilizó por desconocimiento el término amnistía en lugar de indulto, que significa perdonar la pena pero no olvidar los crímenes. El indulto es una medida que nuestra Constitución Nacional prevé como herramienta del Poder Ejecutivo para casos excepcionales y respecto de personas concretas, a diferencia de la amnistía, que debe extenderse por vía legislativa y en forma general. Tampoco los indultos pueden ser rechazados por principio, porque permiten evitar arbitrariedades judiciales. Entonces, las apreciaciones de los dirigentes de PRO pueden ser consecuencia de la depreciación del debate político por “tinellización”, pero no de la reflexión y el conocimiento.
Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni perdonados. Este debate ha quedado saldado a través de pronunciamientos de distintos tribunales argentinos y organismos supranacionales de protección a los derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en el caso “Barrios Altos” dijo que toda medida estatal que impida su juzgamiento es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nuestros tribunales han dejado sin ningún efecto tanto la ley de autoamnistía propiciada por la dictadura, como las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y los indultos del otrora jefe político de Guelar. Aun en el supuesto de una futura amnistía o indulto, los tribunales argentinos no podrán darles validez porque violentarían convenciones internacionales.
En algo Guelar tiene razón: los crímenes cometidos por quienes usurparon el poder y utilizaron la estructura estatal para implementar la persecución y la eliminación de miles de personas son los más graves cometidos en nuestro país y no tienen comparación. Quienes la intentan, sólo buscan reivindicar esos crímenes.
En todo caso, el perdón puede funcionar a nivel individual. Cada uno sabrá si perdona al ofensor, o no. Aunque un perdón institucional es imposible, también debe considerarse que no se puede perdonar a quienes continúan cometiendo crímenes como el de la desaparición forzada de personas, a quienes no están dispuestos a brindar información sobre el paradero de los niños apropiados y el destino de los desaparecidos, a los que continúan reivindicando la ilegalidad de sus métodos e insisten en que lo volverían a hacer. Regresar a este debate es borrar la línea divisoria entre la construcción de instituciones sólidas ceñidas al respeto de la ley en un país democrático y la norma de la capucha, la picana, la desaparición y el atropello absoluto a la persona humana.
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