El 22 de diciembre del 2011 la asociación Madres de Plaza de Mayo fue la
encargada de organizar un juicio ético y político al grupo Clarín. Se
hizo foco en seis empresas: Papel Prensa, Diario Clarín, Canal 13,
Cablevisión TN y Radio Mitre. Se recopilaron pruebas, se consiguieron
testigos y se demostró que el grupo no sólo se portó mal desde los
setenta para acá sino que lo sigue haciendo. A la revista Hamartia le
tocó investigar sobre cablevisión, este es un pequeño resumen de la
investigación y la participación en el Juicio de Hamartia Revista
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28 nov 2012
25 dic 2009
Clarín carga la balanza de los jueces Por Victoria Linari
Un nuevo fallo judicial frenó la disposición oficial de desaprobar la unión Cablevisión-Multicanal. Dos jueces fascistas sostienen la estrategia del monopolio. Carbone fue funcionario de Harguindeguy.
Clarín festejó doble esta semana. Al fallo en contra de la ley de medios que hace lugar a una medida cautelar presentada por el Grupo, se sumó otro de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que dejó sin efecto el freno a la fusión de Cablevisión y Multicanal, ambos pertenecientes al Grupo Clarín. Nuevamente el multimedio decidió no reparar en los antecedentes de los magistrados que cumplen con sus pedidos. El juez Eduardo Carbone, responsable en 1996 de prohibir la exhibición de la película La última tentación de Cristo –también vinculado a la demanda que la jueza María Servini de Cubría entabló contra Tato Bores–, ocultó prolijamente de su currículum haber sido el jefe del Departamento Jurídico del Ministerio del Interior cuando estuvo al frente el genocida Albano Harguindeguy. A este magistrado de la cuna dictatorial, se suma ahora el juez Eduardo Vocos Conesa, quien en septiembre de este año fue investigado, tras ser denunciado por reivindicar al fallecido Mohamed Alí Seineldín en un aviso fúnebre publicado en La Nación. Nuevamente queda en evidencia la habilidad del Grupo para encontrar magistrados poco adictos a la democracia e incondicionales a sus intereses corporativos.
Clarín festejó doble esta semana. Al fallo en contra de la ley de medios que hace lugar a una medida cautelar presentada por el Grupo, se sumó otro de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que dejó sin efecto el freno a la fusión de Cablevisión y Multicanal, ambos pertenecientes al Grupo Clarín. Nuevamente el multimedio decidió no reparar en los antecedentes de los magistrados que cumplen con sus pedidos. El juez Eduardo Carbone, responsable en 1996 de prohibir la exhibición de la película La última tentación de Cristo –también vinculado a la demanda que la jueza María Servini de Cubría entabló contra Tato Bores–, ocultó prolijamente de su currículum haber sido el jefe del Departamento Jurídico del Ministerio del Interior cuando estuvo al frente el genocida Albano Harguindeguy. A este magistrado de la cuna dictatorial, se suma ahora el juez Eduardo Vocos Conesa, quien en septiembre de este año fue investigado, tras ser denunciado por reivindicar al fallecido Mohamed Alí Seineldín en un aviso fúnebre publicado en La Nación. Nuevamente queda en evidencia la habilidad del Grupo para encontrar magistrados poco adictos a la democracia e incondicionales a sus intereses corporativos.
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