Para cualquiera que se guíe exclusivamente por el panorama que pintan los medios más concentrados, en los últimos años las cosas en la Argentina han ido de mal en peor. Pero la realidad es otra.
Para cualquiera que se guíe exclusivamente por el panorama que pintan los medios más concentrados, en los últimos años las cosas en la Argentina han ido de mal en peor. Por ejemplo, la reestatización de los fondos jubilatorios, luego de la estafa orquestada por las Afjp, fue un robo de los ahorros de los jubilados por parte del Estado. La institución del ingreso universal por hijo –sin duda la medida más positiva y progresista tomada en la Argentina en el último medio siglo– fue una respuesta desesperada del Gobierno ante los reclamos de la Iglesia y la oposición. Sin ir más lejos, el viernes, para Clarín, la consecuencia de la creación del Fondo del Bicentenario es que “las reservas bajarán de una sola vez 6.569 millones”. Y así una y otra vez. Pocas veces, tanto los grandes medios como lo que éstos llaman “la oposición” recuerdan las terribles consecuencias del modelo neoliberal aplicado durante la década de los ’90. Y mucho menos dicen que la realidad de hoy debe analizarse sin olvidar ese punto de partida.
El modelo económico iniciado en 2003 permitió revertir en forma paulatina los desequilibrios macroeconómicos y sociales acumulados por la convertibilidad y agudizados por la brutal transferencia que siguió a su derrumbe. El profundo cambio en los precios relativos favoreció a los sectores transables, la producción, el trabajo nacional y la inversión. La situación dinamizó la demanda y determinó una nueva estructura productiva y ocupacional, al tiempo que impulsó una distribución progresiva del ingreso. El incremento sostenido de la actividad, el mantenimiento de resultados positivos en la balanza comercial y en las cuentas fiscales, sumados a una fuerte política contracíclica, permitieron sortear, con algunos altibajos, la prueba de fuego que significó una recesión de escala planetaria. En el Gobierno, al igual que en las principales cámaras empresarias, aseguran que durante el año próximo los indicadores retomaran la senda positiva.
Una reforma pendiente
Durante los últimos seis años, el Banco Central, mediante una política monetaria consistente, frenó posibles corridas cambiaras, ayudó a contener el alza de los precios y engrosó las reservas internacionales, que pasaron de los U$S 10.500 millones en 2002 a más U$S 47.100 millones en la actualidad. Aunque reconocen los logros, quienes pugnan por una reforma señalan que el total de los créditos otorgados por el conjunto de las entidades al sector privado apenas alcanza el 13% del PBI, un nivel muy inferior al que registran las economías desarrolladas. Al mismo tiempo admiten que, pese a la crisis financiera global, el sistema registra una tasa de morosidad baja en términos históricos, y exhibe indicadores de solvencia y liquidez que lo alejan de la zona de riesgo. Sin embargo, subrayan la necesidad de avanzar en cambios estructurales que permitan adecuar el marco normativo al modelo económico que eligió la sociedad en 2003. En este aspecto, subrayan que desregulación, privatización, concentración y extranjerización son las palabras que mejor describen el proceso que comenzó con la Ley de Entidades Financieras diseñada en 1977 por la dictadura y que profundizó el menemismo en los años noventa. Una herencia que no se alteró durante la crisis de 2001/2002 y que, pese a las expectativas generadas con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, sigue vigente. Según los críticos, el contexto impide el direccionamiento del crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que favorece la obtención de altos márgenes por parte de las entidades mediante la financiación del consumo. Una situación que no consiguió compensar la banca pública, especialmente los bancos Nación y Provincia, dos entidades que mantuvieron una fuerte política contracíclica con fondeo propio y de la Anses para mitigar las necesidades del sector productivo.
Desocupación, un ciclo descendente
Si el mercado laboral se caracterizó, en término históricos, por sus bajas tasas de desocupación, la estabilidad del empleo y una relativamente alta formalidad en las ocupaciones urbanas, la década del noventa llegó para modificar en forma drástica el panorama. La apertura irrestricta de la economía y la flexibilización laboral consolidaron tasas de desempleo superiores al 10%. Tras alcanzar un pico del 20,4% en el primer trimestre de 2003, la desocupación inició un ciclo descendente que comenzó a consolidarse por debajo de los dos dígitos desde fines de 2006, registrando durante seis trimestres consecutivos valores que rondan el 9% de la Población Económicamente Activa.
Los últimos datos del Indec señalan que la desocupación se ubica en el 9,1%, nivel que supera en poco más de un punto porcentual el valor registrado en el mismo período del año pasado. Las causas del incremento, según coinciden los analistas, hay que buscarlas en el impacto que sobre la economía local tuvo la recesión global, pero también en los ruidos políticos generados por el conflicto entre el Gobierno y el campo. Quienes analizan el largo plazo, destacan que la tendencia declinante se da en un contexto donde las contraprestaciones por planes de empleo tienden a desaparecer en la medida en que los beneficiarios se desplazan hacia ocupaciones con mayor nivel de formalización.
Un análisis más puntual señala que la creación de empleo formal ha sido poco menos que excepcional durante los últimos seis años. Los datos, aportado por el Sistema Integrado Provisional Argentino –nunca cuestionados por la oposición ni la city– revelan la creación de unos 2,2 millones de empleos, casi un 20% superior al nivel que mostraba el registro en el mejor momento de la convertibilidad. La situación, al decir de algunos economistas, no necesariamente debería reflejarse en una suba del empleo en general porque podría tratarse de la sustitución de formas precarias por relaciones contractuales más sólidas.
Una medida histórica
La decisión, admiten hasta los más cerrados opositores, rompió con la lógica por la cual las mejoras en la distribución del ingreso alcanzadas en los últimos años favorecían a los asalariados formales y a los beneficiarios del sistema provisional que se ubican en los deciles de ingresos medios y medios bajos. En este contexto, la Asignación Universal por Hijo se constituyó en la determinación política de mayor impacto en términos redistributivos generada por el Estado en muchos años. La decisión de combatir la pobreza y la indigencia en forma directa llegó para saldar una deuda social con 2 millones 700 menores de 18 años totalmente excluidos de la seguridad social, pero también para garantizar la demanda agregada interna. Los cálculos del Ministerio de Economía indican que el efecto sobre la actividad económica será durante 2010 levemente superior al 1% del PBI. En relación con el impacto macroeconómico sobre el nivel de actividad, los análisis señalan que la iniciativa presenta un efecto favorable por partida doble, ya que ataca la indigencia y actúa sobre la distribución del ingreso. Sobre el primer punto, los cálculos subrayan que –asignación mediante– el piso mínimo de ingreso que recibirán las familias más vulnerables se aproximará al valor de la Canasta Básica Alimentaria. En términos de distribución implica que el 70% los hogares beneficiados se ubica en los dos deciles de ingresos más bajos. En otras palabras: casi cuatro de cada diez hogares alcanzados corresponden al primer decil, y tres de cada diez se localizan en el nivel inmediatamente superior. Aunque la asignación tiene carácter universal, sus efectos se harán sentir en las zonas geográficas que registran los núcleos duros de pobreza. Un efecto relevante no sólo en términos de protección social, sino también en relación con los presupuestos de los municipios involucrados. Las estimaciones preliminares revelan que la medida representa, a modo de ejemplo, el 31% del gasto público comunal bonaerense, llegando al 64% en el caso de Formosa. En síntesis, una decisión que, según las proyecciones de la Consultora Equis de Artemio López, permitiría reducir el nivel de indigencia al 2,6%.
La ampliación del beneficio jubilatorio
Cumplido poco más un año desde la estatización de los fondos en poder de las Afjp, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) registró un incremento anual acumulado del 35%, y de un 38% desde la creación del sistema, alcanzando los $ 135.693 millones. Según los datos que exhibe el organismo, los fondos destinados a financiar proyectos productivos se incrementaron en un 268%. Además, en lo que va del año, el Gobierno nacional, a través del organismo, decidió dos aumentos del orden del 20% en las jubilaciones, situación que determinó una suba del haber medio del 23,5% en el mismo período. Las medidas se implementaron en el nuevo marco legal, que determina dos actualizaciones anuales mediante la fórmula que combina el índice de los salarios del sector privado y la evolución de los fondos de la Anses. En un contexto más amplio, durante los últimos seis años, el Gobierno otorgó un total de 20 aumentos en las jubilaciones y pensiones, lo que se tradujo en un alza del 450% en la mínima. Además, se pasó de 3.500.000 jubilados a un total de 5.500.000, cobertura que supera el promedio de los años noventa y que roza el nivel histórico del país. Un registro que se alcanzó, en buena medida, por una política de inclusión que extendió el beneficio a desocupados que, aun no cumpliendo con la edad mínima requerida, contaban con 30 años de aportes. Pero también por la inclusión en el sistema de quienes, habiendo alcanzado la edad mínima, no registraban aportes o los tenían en mínima proporción.
Menos informalidad, más fiscalización
Flexibilización laboral y ausencia fiscalizadora fueron algunas de las características que asumió en el mercado laboral el Consenso de Washington. La iniciativa, puesta en juego plenamente durante la década del noventa, significó, de la mano de la subordinación a la especulación financiera, una destrucción del tejido productivo que implicó un brutal aumento de la desocupación y el subempleo, pero también del trabajo en negro, que saltó del 20% en los años ochenta al 25% en 1990, para seguir escalando hasta alcanzar el 38,5% en 2001 y trepar al 49,7% hacia octubre de 2003. Hoy, la situación señala que durante el tercer trimestre de este año el porcentaje de asalariados sin descuentos jubilatorios se ubicó en el 36% de la Población Económicamente Activa. Nivel similar al registrado en el mismo período de 2008, pero un 13,7% inferior al registrado en los meses posteriores a la salida de la convertibilidad. En el Ministerio de Trabajo, al igual que en las centrales obreras, subrayan que, aunque lejos de la media histórica, la recuperación del mercado laboral y los mayores controles son los factores determinantes de declive. En este contexto, los análisis señalan la importancia de la sanción de la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral, que otorgó nuevas competencias a la cartera Laboral para inspeccionar y sancionar los incumplimientos ante el Sistema de la Seguridad Social. Además, subrayan que en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo se fiscalizaron 65 mil empresas, en su gran mayoría firmas con menos de 50 empleados, y que se relevó la situación de unos 210 mil asalariados.
Cuando el saqueo se disfrazó de crisis
Las contundentes consecuencias de las políticas que pensaron al país como un apéndice del mercado global quedaron a la vista. Entre 1993 y 1999, la cantidad de pobres creció un 9,4% para alcanzar al 27,1% de los argentinos. En el mismo período, el Coeficiente de Gini pasó de 0,463 a 0,504. En las postrimerías del modelo neoliberal, los indicadores registraban un acelerado deterioro de las condiciones sociales. Cuando la convertibilidad llegó a su fin, el 33% de la población se ubicaba por debajo de la línea de pobreza y el Coeficiente marcaba 0,52. El cuadro describía con claridad quiénes habían ganado y quiénes no. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Disfrazado el saqueo como crisis, la brutal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados que gestionó el ex presidente Eduardo Duhalde agudizó las desigualdades. En mayo de 2003 el Coeficiente saltó a 0,551, al tiempo que el 51,7% de los argentinos quedaba sumergido en la pobreza. La demolición del Estado como espacio para la construcción de consensos y árbitro del bienestar social, sumado a la entronización del mercado, habían fracturado la sociedad, malgastado los recursos y arrojado a uno de cada dos argentinos a la marginación.
http://www.elargentino.com/nota-71294-medios-123-Los-numeros-reales-de-todo-el-ciclo.html
