TEMAS VARIOS SOBRE SEGURIDAD

Domingo, 15 de julio de 2012

"El homicidio en Argentina está muy por debajo de otros países latinoamericanos"

Garré: "El eje de la participación comunitaria en políticas de seguridad es innegable en todo el mundo"

Al realizar un balance sobre su gestión, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, señaló que cuando asumió "todo era muy obsoleto y había niveles de complicidad muy grande con sectores ligados al delito, omisiones y zonas donde se dejaba operar", y explicó que para cambiar ese escenario "se restablecieron ejes vinculados con mapas del delito y con información que nos da la comunidad". Además, aseguró que "el problema de la seguridad sí es complejo, más cambiante, permanente y existe en la agenda de la mayoría de los países como uno de los temas más importantes".

En ese sentido, remarcó sobre su gestión que "las políticas de seguridad deben cubrir distintas hipótesis: conflictividad general (protestas, marchas), prevención (arrebatos o el descuidismo), conjuración del delito y la investigación", y sostuvo que "hay muchos problemas que no se asocian con la percepción de inseguridad o las encuestas de victimización, aunque se constituyan en delitos como la corrupción, el acoso laboral y la explotación en sistemas de trata".

"En la Argentina, el homicidio, el delito más violento y visible, está muy por debajo de otros países latinoamericanos, y el asalto a mano armada o el robo de automotor, tiene en nuestro país tasas más bajas en relación con las del continente", informó Garré.

Además, sostuvo que cuando asumió, en la ciudad "faltaba logística, todo era muy obsoleto y había niveles de complicidad muy grande con sectores ligados al delito, omisiones y zonas donde se dejaba operar". Para cambiar ese escenario, Garre explicó que "se restablecieron ejes vinculados con mapas del delito y con información que nos da la comunidad".

“La policía sólo entraba a la villa pateando puertas”

Año 5. Edición número 217. Domingo 15 de julio de 2012

Por 

Eduardo Blaustein

eblaustein@miradasalsur.com

Balance de las políticas de seguridad democrática. Control de la Federal. El empleo de nuevos recursos y doctrinas.

Hasta algún tiempo atrás la ministra de Seguridad, Nilda Garré, hizo por costumbre citar a su despacho a comisarios, a veces de a tres, como para charlar entre otras cosas el asunto de la gestión concreta, los resultados a los que habían llegado los jefes policiales. Se trataba también de ver cómo categorizaban o informaban sobre su tarea. Ella misma recrea alguno de esos encuentros:
“Yo les preguntaba: ‘¿Cuántos hechos de narcotráfico resolvió.’ ‘Tantos.’ ‘Ajá. ¿Consumidores o dealers.’ ‘No sé, habría que ver.’ ‘A ver, démelos, uno por uno.’ Entonces yo agarraba carpeta por carpeta y a uno le habían encontrado un cigarrillo de marihuana, y a otro una pelotita para hacer otro. Entonces yo les decía: ‘Escúcheme, usted me agarró un consumidor…’ ‘Pero, doctora, ¡son sustancias prohibidas!’”.
La anécdota permite describir no sólo una cultura policial excusada en graves argumentos morales o legales, sino un modus operandi conocido que a la vez de ineficiente y trabajoso (para las fuerzas de seguridad y para sumar papeleo en Tribunales), permitía sin querer queriendo detener perejiles y dejar tranquilos a los pesados. Al día de hoy, la ministra da a entender que quiere ver más resultados de la gestión policial cuando se trata de narcotráfico.
Garré contará esa anécdota ya bien entrada la entrevista, como a la hora de preguntas y respuestas, cuando ya está entusiasmada con lo que discute y cuenta. Tendrá que pasar un rato largo de conversación para que adopte un tono más informal, ya despojada de cierta rigidez que mostró al principio. La ministra es una máquina de trabajar. La entrevista estaba pautada para el viernes a las 19 y comenzó a las 20.45. La ministra estaba dale que va. El cronista se fue bien pasadas las 22. Tras el saludo de rigor, antes de dejar el despacho, el cronista alcanzó a entrever de rabillo que Garré se sumergía en la lectura de algún expediente, como automatizada. “Acá se trabaja de seis a seis”, decía el responsable de la comunicación del Ministerio. A la imagen se la puede llamar de adicción kirchnerista al trabajo. O compensarla con algo que, junto con el previsible retrato de Evita, luce sobre una pared del despacho: aquella memorable portada de Página/12 ilustrada por Daniel Paz cuando falleció Néstor Kirchner: “Fuerza todos”.
–Con usted se produjo un primer shock inicial cuando fue designada como ministra de Defensa. Parecía una audacia designar allí a una mujer y militante de los derechos humanos. Ya en Seguridad parece aún peor, porque se trata de un problema aún más complejo y de mucha mayor exhibición pública.
–El problema de la seguridad sí es complejo, más cambiante, permanente y existe en la agenda de la mayoría de los países como uno de los temas más importantes. Hay variantes: cuando los problemas económicos se agudizan baja la preocupación o la percepción de la inseguridad. A su vez los problemas económicos están definitivamente vinculados con la inseguridad. Hay muchos problemas que no se asocian con la percepción de inseguridad o las encuestas de victimización aunque se constituyan en delitos: no se ve la corrupción, el acoso laboral, la explotación en sistemas de trata. Si vamos al delito más violento y más visible, el homicidio, la Argentina, según datos de Naciones Unidas, está muy por debajo de otros países latinoamericanos. En otros delitos, como el asalto a mano armada o el robo de automotor, la Argentina tiene tasas más bajas en relación con las del continente. Pero hubo un cierto aumento en la violencia con que se cometen esos delitos a través del tiempo. Recién últimamente fue decreciendo eso y creemos haber tenido algún éxito en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos una responsabilidad.
–¿Qué diferencia hay entre lidiar con generales o con comisarios? ¿Qué paralelismos o diferencias hubo? ¿Qué recelos o desconfianzas?
–Creo que en los dos ministerios hubo, con algunos motivos coincidentes y con otros distintos, cierta resistencia a mi llegada. En el caso de los militares por mi actuación en derechos humanos… y era mujer. Una mujer que estaba por arriba en la línea de mando. Creo que el tema de los antecedentes políticos fue más importante que la cuestión de género, digamos (por primera vez la ministra se ríe). Pero mi designación a la vez era una señal política muy fuerte del presidente Kirchner, tener unas Fuerzas Armadas muy comprometidas con la Constitución y los derechos humanos. Supongo que eso quedó claro.
–¿Y cuándo tuvo que tratar con comisarios?
–También una mujer. Por primera vez hoy, a partir de nuestra gestión, hay una mujer al frente de una comisaría, nada menos que la de Villa Lugano, una zona muy amplia y de una conflictividad importante (N. de R.: se trata de la comisaría 52). Y pusimos al frente de Asuntos Internos también a una mujer. Es el lugar donde se hacen los sumarios internos en el Departamento de Policía, donde más presiones existen, donde se analizan responsabilidades por hechos de corrupción, de abusos, de casos de gatillo fácil. Puede tratarse de casos con personas de alta o baja jerarquía. Se trata de romper el espíritu corporativo que siempre está marcado en una fuerza de seguridad. Hasta hoy, en la policía Federal las mujeres habían ocupado tareas administrativas de menor importancia. Por haber estado lejos de los lugares de máxima decisión o de poder, las mujeres suelen estar menos contaminadas, con menos compromisos de esos que no hay que tener.
–Esto lleva a hacerle una pregunta algo delicada para que la pueda contestar con total sinceridad. ¿Hasta qué punto cree que tiene un conocimiento acabado de lo que sucede en cada comisaría o en relación con los viejos vínculos con el delito y demás tentaciones que siempre se señalaron en la Federal?
–Todas las policías deben estar sometidas a mecanismos de control, a pesos y contrapesos institucionales. Hablo de mecanismos de control, de accountability. Lo digo en inglés porque no hay equivalencias exactas: algo así como una rendición de cuentas. Hay que saber si la gestión es buena.

Vigilar es preciso. En ese punto Garré recuerda un viaje que hizo en los ’90 con el ombudsman porteño a la ciudad de Nueva York. Eran los años del alcalde Rudolph Giuliani y la tolerancia cero. Sin compartir del todo la visión de Giuliani (todo el peso de la ley a quien rompió una ventana), Garré se quedó con imágenes, datos y procedimientos sobre el control de la propia policía: los tiempos de demora en la llegada de un patrullero a partir del primer llamado, la hipervigilancia sobre esos patrulleros georeferenciados que dejaban una línea roja sobre la trama urbana exhibida en una pantalla, control obsesivo hasta del consumo de las tarjetas de crédito de los policías, rigidez absoluta en las sanciones, “a qué escuela iban los hijos, cuánto pagaban de cuota”.
–Era un control estrictísimo, era una policía con mucho estrés por esos mecanismos de control. Lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo no es nada nuevo. Cualquier funcionario público debe estar sometido a un control y si se trata de un policía al que el Estado le da un arma para defender la vida, los bienes, la integridad de un ciudadano, con mucho más motivo. A nosotros nos llamó la atención que la fuerza tiene un cuerpo de policía montada, cuerpo de infantería, personal de comisaría, pero no había nada para crear policías de proximidad, agentes de mediación en conflictos interbarriales. O los conflictos familiares, que hoy son una de las fábricas de muchos homicidios.
De nuevo, Garré se sumerge en una experiencia extranjera, de la que se informó, entre otras fuentes, conversando con el comandante coronel Robson Rodríguez, jefe de las unidades de Pacificación de Río de Janeiro. La ministra hace un largo desvío sobre lo sucedido en Río cuando las favelas fueron literalmente tomadas por fuerzas de seguridad y del ejército. Con algunos problemas. Primero: los narcos pesados ya se habían ido. Segundo: habían dejado detrás ciertas tramas de poder. Tercero: las imponentes tropas vestidas de negro intimidaban a la población, generaban mucho más miedo que confianza. Finalmente, cuenta la ministra, las autoridades tuvieron que “improvisar sobre la marcha”: nuevos cuerpos y protocolos. Se constituyeron las unidades de Pacificación no armadas, amigables, que tienen la capacidad para establecer contacto con la gente, prever y resolver mejor los problemas comunes o cotidianos. Su relato, aplicado a escala porteña, sigue así:
–Nosotros creamos en las escuelas de oficiales y suboficiales, a partir del segundo semestre del año pasado, una especialización que faltaba, de prevención barrial, que estaba totalmente ausente. Y que es necesaria para entrar en zonas vulnerables, zonas de villa.
–La tradición policial en las villas porteñas era la razzia o nada…
–La razzia o nada. Durante muchos años la policía Federal decía “nosotros a la villa no entramos”. ¡No entraban! Cuando llegué al ministerio el comisario de la 48, a quien le correspondía la Villa 15, me dijo que no había entrado nunca a las villas. Eso fue cuando se produjo la toma del Indoamericano y suponíamos que era gente de la 15. Pensamos que él habría investigado el tema y sabría acerca de quiénes estaban exacerbando la situación. “Yo nunca entré”, me dijo. No sé si decía la verdad o no pero le pregunté: “¿Pero cuántos años lleva acá en la comisaría?”. “Cuatro años. Pero no entramos a la villa”. “¿Y su subcomisario?”. “No, no entramos a la villa”. O entraban pateando las puertas o no entraban. Era importante que la policía entre. Por eso creamos esos nuevos grupos, los primeros egresados son muy jovencitos. Hubo que elegir, primero voluntariamente, les tomamos unos test psicológicos, después reciben una formación adecuada sobre una doctrina que tuvimos elaborar, más una cantidad de técnicas de actuación.
–Hace un año se lanzó el Operativo Cordón Sur en Capital con el despliegue de 2.500 gendarmes y prefectos. ¿Cuál es el cuadro actual?
–El 4 de julio del año pasado se lanzó. La Federal sigue siendo la que actúa frente a la Justicia para encausar cada tema. Mantenemos personal de las comisarías y un grupo menor de policías, lo indispensable para el apoyo judicial, y el resto pasó a engrosar la dotación de otras comisarías. Ahora, justamente, estamos viendo cómo encarar ciertos cursos de preparación específicos para el tipo de problemáticas que suelen presentarse en villas como la 1-1114. Estamos muy orgullosos de ese operativo porque ha bajado notablemente la tasa del delito en toda esa zona. Esto no quiere decir que se haya acabado con el delito. El delito muta y se muda, se corre. Las cifras son muy elocuentes en relación con el robo de automotor, asalto a mano armada. La idea era que en esa zona que era de alta conflictividad, esa conflictividad bajara. Ha habido profesionalidad y voluntad tanto en Prefectura como en Gendarmería a la hora de adecuarse a temas de seguridad ciudadana que no son originalmente los específicos de esas fuerzas.
–¿Cuál era el escenario general de la ciudad cuando ustedes asumieron en el Ministerio?
–Había pocos policías en general. Había 8.500 policías en comisarías. Tratamos de reubicar a los cerca de 32 mil porque teníamos que poner más presencia en la calle. Las políticas de seguridad deben cubrir distintas hipótesis. Una es la conflictividad general, protestas, marchas. Otra es la prevención: cuidar una terminal de ómnibus por el tema de los arrebatos o el descuidismo. Otra cosa es la conjuración del delito: si alguien está vendiendo droga en la calle se lo detiene sin orden judicial. Otro tema es la investigación. Acá no había prevención. Sí hubo, en una época, una política muy autoritaria con la conflictividad social expresada en la calle y muy poca eficacia en la investigación en muchos casos. ¿Por qué? Falta de profesionalidad, dejaron de prepararse para delitos nuevos que fueron apareciendo, más complejos, algunos en marcos transnacionales, como el narcotráfico o la trata. Faltaba logística, todo era muy obsoleto. Y había, en una fuerza de 32 mil, 38 mil hombres en todo el país, niveles de complicidad muy grande con sectores ligados al delito, omisiones, zonas donde se dejaba operar. Lo que hicimos fue reestablecer ejes vinculados con mapas del delito y con información que nos da la comunidad. La comunidad es la que nos dice: “Mire, la policía está ahí porque lo pide el restaurante, pero la esquina conflictiva no es esa, es esa otra”. Tratamos de diseñar un sistema de paradas vinculadas con esas dos cosas: mapas del delito y la información que nos da la comunidad. Necesitábamos un sistema de paradas y controlar el funcionamiento policial, pero teníamos que incorporar la tecnología necesaria.
–¿Qué pasó con el anuncio que hicieron hace algunos meses de los patrulleros con su domo y sus cámaras, controlados desde un centro de seguimiento?
–En un mes más vamos a tener totalmente georeferenciado el sistema. Cada policía que esté haciendo una parada va a tener un aparatito que nos va a permitir saber si está donde tiene que estar. El domo filma y va a transmitir a un centro de monitoreo. Pero además la georeferenciación: el camino que va haciendo el patrullero, lo que permite un control más eficaz.
–Con relación a la información que puede proveer la gente, ¿cuántas mesas de participación comunitaria funcionan actualmente?
–Unas cuarenta mesas. En casi todos los barrios hay una o dos. Se generan desde organizaciones barriales, en muchos casos nos vienen a ver, se trabajan desde la militancia, nos mandan permanentemente mails o mensajes por las redes sociales. Yo lo leo todo porque me permite tener el pulso de lo que está pasando. Hay muchos llamados al 0800: “Hay un kiosco de droga acá en la esquina”, “Pasa un patrullero a cobrar protección a un comerciante”. Después tenemos que investigar y corroborar. ¿Pero quién sabe más de lo que pasa en el barrio que la gente? El eje de la participación comunitaria en políticas de seguridad es innegable en todo el mundo. Claro que la gente tiene que tener confianza en el sistema y no pensar: “Voy a ir, me van a usar, y al final no va a pasar nada”. No hay dudas sobre la eficacia de la participación pero la gente tiene que sentirse realmente escuchada, contenida, respetada y comprobar que lo que dice se trata de instrumentar.
–Hace pocos años, el problema de los desarmaderos vinculados con el delito era un clásico. Parecería que ya no tanto…
–Ha cambiado. Nosotros nos preguntamos justamente dónde están los viejos desarmaderos. Empezamos a ver con una tarea de inteligencia y fuentes abiertas que, por ejemplo por internet, se ofrecen las piezas de un auto, que las piezas están en casas, que las envían por delivery. Se había llegado a un extremo de impunidad tal como ofrecer la fotografía de un auto en venta mostrando la chapa con orden de captura. Así llegamos a desarticular a una banda importante con allanamientos en Capital y el conurbano. Pero esto es una tarea permanente.
–Su referencia a los vecinos que saben dónde funciona tal kiosco de droga es de hecho un relato de la gente que aparece en los medios. “Nosotros sabemos dónde funciona la cocina de paco. ¿La policía no lo sabe?” Y aparece en Capital con el tema de los prostíbulos. ¿Qué avances hubo con ese problema?
–Con esto hay una histórica asociación de la policía, con los prostíbulos y con las prostitutas a las que se explotaba con pago de comisiones, más los locales bailables. Recordará que la doctora (María Romilda) Servini de Cubría nos pidió colaboración para hacer con Prefectura y Gendarmería, sin la policía Federal, muchos allanamientos, más de cuarenta. Lo sorprendente fue que de las constancias que retiraban surgían los pagos a comisarios, subcomisarios. Para añadir más “realismo” a lo que hacían cometían más cantidad de delitos: falsificación de firmas de falsos testigos, de documentos públicos, etc. Pusimos a toda esa gente en disponibilidad. Había varios comisarios, subcomisarios, principales, suboficiales. Últimamente ha habido otros operativos que mostraron que en las mismas paredes de los lugares allanados tenían escrito el número de la comisaría o de algún celular al que había que llamar. La policía siempre se sintió con derechos en el área de la prostitución. Antes fue el juego y la prostitución. Hoy la droga me parece que ha abierto espacios de mayor rentabilidad, donde todavía hay complicidades de algunos policías.
–El caso de Servini de Cubría no fue el único en el que un juez pidió expresamente que no interviniera la Federal. ¿Pedir la asistencia sólo de Gendarmería o Prefectura puede ser un indicio de que un juez quiere hacer las cosas seriamente?
–Servini de Cubría intervino en un caso donde precisamente estaba sospechada la policía. Otras veces, algunos jueces creen que ciertas fuerzas tienen más profesionalidad.
–La suspicacia clásica cuando se pasa a disponibilidad a policías es si junto con el apartamiento sigue una etapa de judicialización…
–Si del sumario administrativo surgen elementos de que puede haber delitos, judicializamos el caso aunque siga el sumario administrativo. También se suman las denuncias que se hacen por el 0800.
–¿Funciona acá la frase de Perón de que los hombres son más buenos si se los vigila? ¿Se produce un efecto de disciplinamiento?
–Tiene que haberlo. Tiene que haberlo y tienen que ser la sociedad y los autoridades, más los mecanismos institucionales, los que intervengan.

Mapa y números
El delito baja pero se mueve

La confluencia de nuevas políticas de seguridad (redespliegue de recursos, mayor control sobre la policía, el fuerte impacto del Operativo Cinturón Sur entre otras) parece estar brindando resultados concretos de disminución del delito en la Ciudad de Buenos Aires. Las estadísticas reservadas elaboradas por el Ministerio de Seguridad, contabilizando de mayo del 2011 al mayo de este año, hablan de reducciones palpables, del 4% al casi 14%, según qué delitos. El dato más llamativo es una baja del 35% de los homicidios. En cambio, las autoridades reconocen un leve aumento del hurto. Las estadísticas actuales son el resultado de una cruza y homogeneización de los datos que provienen, entre otras fuentes, de las comisarías (que solían inflar o dibujar los números). Otro concepto sobre el que insisten las autoridades es la capacidad de las organizaciones delictivas para adaptarse a los cambios, muy a menudo más flexibles que el Estado, con lo cual el repetido rebusque del mapa del delito no es más que un fetiche: perseguir puntos rojos que ya se fueron. En los mapas que confecciona el ministerio a medida que avanza el tiempo esas adaptaciones saltan a la vista. Ejemplo: desde que se inició el Operativo Cinturón Sur, el delito fue bajando y “aclarando” hacia el este de esa zona, para oscurecer en dirección suroeste.

Marcelo sain, especialista en seguridad

"Cuando tocás a la policía, tocás al sistema político"

Diputado provincial por Nuevo Encuentro, critica duramente a la Bonaerense y a la gestión de Scioli y del ministro Casal.

 

Por:
Carlos Romero

Para el diputado bonaerense Marcelo Sain, especialista en materia de seguridad, que el saneamiento definitivo de las fuerzas policiales sea una deuda siempre pendiente, responde a un hecho bien concreto. “Cuando vos abordás, intervenís o tocás a la Bonaerense, como a la mayoría de las policías a nivel federal y del resto de las provincias, estás tocando parte del sistema político”, explicó Sain.
Miembro del Acuerdo para la Seguridad Democrática, ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria e integrante del Frente Nuevo Encuentro que encabeza Martín Sabbatella, el diputado sostiene que hoy no existen en la provincia "políticas serias" para tratar la problemática criminal. Incluso, considera que el gobernador Daniel Scioli y el ministro Ricardo Casal ni siquiera podrían aplicarlas. “Imposible. Ni conceptual, ni política, ni institucionalmente (Casal) está capacitado para emprender una gestión democrática en la seguridad pública”, aseguró. También criticó la falta de estadísticas precisas, reclamó la sindicalización y la descentralización de los uniformados, y señaló el uso político que los medios hegemónicos suelen hacer de los episodios criminales de alto impacto.

–¿En qué momento la policía se volvió un tema tan gravitante y difícil de manejar en la provincia?
–Las instituciones policiales son instrumentos de gestión de la conflictividad y, por ende, son claves para la seguridad pública. Esto no era importante para la política provincial hasta que los asuntos de seguridad pública no se convirtieron en un problema político. Es algo reciente, de los últimos 15 años. Veinte años atrás, la problemática del crimen y cómo atenderlo no era parte de la agenda pública. Pero cuando esto se convierte en un problema político, hay una opinión masiva de que el instrumento de gestión fundamental de la creciente criminalidad y de la complejización de este fenómeno es la institución policial. Y la tendencia del sistema político bonaerense, y yo diría argentino, es darle a esa institución el manejo del tema.
–¿Y qué obtiene a cambio el poder político?
–Básicamente, a nivel estructural, el pacto era: gestionen esto de manera que los conflictos derivados de la criminalidad, la violencia y la seguridad pública en general no escalen a un nivel de crisis política o de demanda social que ponga en tela de juicio la estabilidad del gobernante. A cambio, se les daba autonomía. En el medio también había una suerte de intercambio de funciones y utilidades. Por su configuración histórica, la política en la provincia de Buenos Aires siempre ha sido territorial. Y la policía ha sido el ojo del sistema político en el territorio, uno de los ojos más desarrollados, capilares y microsociales. Tiene un reservorio de información importante, controla la circulación de bienes y de personas. Además, se convierte en un instrumento de financiamiento de la política. La década del ’90 fue uno de los momentos clave y diría que, a partir de la gestión de Scioli, vuelve a ser la policía un instrumento clave de financiación de la política.
–¿Y en qué momentos se quiebra este pacto tácito entre política y policía?
–En su historia institucional, esta relación sólo se rompe cuando la policía no consigue contener determinadas conflictividades que escalan a un nivel de escándalo político. Le pasó a Duhalde cuando perdió las elecciones en el año ‘97. También le pasó al gobierno nacional, cuando en el asesinato de Mariano Ferreyra y de los ocupantes del parque Indoamericano, la presidenta se dio cuenta de que estaba durmiendo con el enemigo, en referencia a la Policía Federal. Le ocurrió, antes de empezar a andar, a Macri con el “Fino” Palacios y la red de espionaje que en un país normal lo llevaría inevitablemente a la cárcel. Y le ocurrió a Duhalde con el desmadre de cuatro oficiales de la Bonaerense, que tenían que hacer un profundo escándalo pero no estaba en el libreto asesinar a Kosteki y Santillán. Son momentos críticos donde se quiebra el pacto, pero lo normal, lo que ha primado siempre, es una policía con capacidad de gestión.
–En lo concreto, ¿en qué consiste esa función política de los uniformados?
–Hay tres grandes tareas que los convierten en un instrumento de gobernabilidad política, en este sentido, no democrática. Uno es el disciplinamiento de los sectores populares. Este es un sistema policial penal que pone el foco en una contención represiva y autoritaria de los sectores populares. Sólo ve los delitos de los sectores marginalizados y la prisionización de aquellos delincuentes pertenecientes a estos sectores, que sensibilizan a determinadas capas medias y altas que sí tienen peso de reclamo y político. El segundo elemento es una policía que, con mucha eficacia, controla la criminalidad de alta rentabilidad participando de ella. ¿Cómo lo hace? Permite determinadas actividades criminales y las lleva a un nivel de no visibilidad social y política o, al menos, de no escandalización. Es decir, establece el quantum de crimen tolerable. Y tiene una enorme destreza para hacerlo. Además, se apropia de parte de los fondos que generan esos mercados. El narcotráfico, la trata de personas para la explotación sexual y la venta de autopartes de vehículos robados son los mercados más expandidos. El tercer gran aspecto de la policía que sirve a un sistema político que sólo piensa en la estabilidad es que se vuelve una puerta de contención para que no haya una criminalización efectiva de los delitos de los poderosos. La policía es quien dice qué entra al sistema penal y qué no. Es, por así decirlo, un instrumento de contención fáctica de los delitos de los poderosos. En la Argentina y en la provincia de Buenos Aires no están criminalizados los fraudes, el lavado de dinero, la malversación de fondos, los delitos cometidos por los funcionarios públicos y por las propias fuerzas de seguridad o penitenciarias, que hacen a la violencia institucional. Esto hace que la policía sea un instrumento bárbaro de gobernabilidad. Ahora, ¿la democracia? Bien, gracias.
–¿Es incómodo para los sectores de izquierda o progresistas lidiar con el tema seguridad?
–Lo que hemos visto en la Argentina de los últimos años es que sectores de centroizquierda y sectores de derecha gestionan más o menos parecido todos estos temas, primando el objetivo de la estabilidad política por encima de todo, el ocultamiento de las problemáticas hasta donde se pueda. Y cuando no se pueden ocultar –porque se trata de hechos escandalosos–, tratan de aliarse solidariamente con las víctimas.
–Varias veces, usted dijo que el gobierno bonaerense no tiene “políticas serias” en seguridad. ¿Cuáles serían, entonces, “políticas serias”?
–En primer lugar, implican tener un instrumento de conocimiento de cuánto delito se produce en un determinado lugar. Un diagnóstico. En la provincia los muertos no se cuentan bien, me refiero a las personas asesinadas. No se cuentan las circunstancias de sus muertes violentas. No hay un buen conteo de cuánto delito hay, denunciado y no denunciado, porque no existen encuestas de victimización. No se conoce la estructuración de mercados ilegales y el grado de expansión que tienen con la economía legal. No se sabe el vínculo que existe entre mercados ilegales y economía informal, que van íntimamente de la mano, y las condiciones sociales, económicas y políticas que contribuyen a la expansión de este tipo de redes criminales. Y tampoco se conoce bien a la población no estigmatizada que abreva en este tipo de mercados. Sin esto, no hay posibilidades de una gestión inteligente, porque nadie puede prevenir, conjurar o abordar aquello que no se conoce.
–En general, el manejo de estadísticas, lejos de aclarar el panorama, parece complicarlo, como ocurrió recientemente con la portada de algunos diarios.
–Claro. Fijate que el 80% de los asesinatos en la provincia responde a factores que se producen en el marco de relaciones entre personas conocidas, en muchos casos, relaciones familiares o de relativa intimidad. Los homicidios vinculados a lo que conocemos como hechos de inseguridad, en el marco de delitos predatorios o patentes en la vía pública, es decir, los homicidios iter criminis o en ocasión de robo, no significan más que el 17 o 18% del total de homicidios dolosos. Cuando, en el marco de la gestión pública, no se sopesan estas cuestiones, no se puede tener una estrategia de abordaje de la problemática homicidio. Hoy, por ejemplo, para reducir homicidios en la provincia, es mucho más estratégico abordar problemáticas de violencia doméstica, porque la magnitud de los hechos ocurridos en ese marco es infinitamente mayor, ocho a dos, con relación a los producidos en delitos predatorios en la vía pública.
–¿Una vez establecido ese diagnóstico, qué se hace?
–Esa es la segunda cuestión para una buena política de seguridad: saber qué instrumentos de intervención se necesitan. Porque, seguramente, muchas problemáticas no tienen que ver con la intervención policial. Si hay que trabajar violencia doméstica, el instrumento policial es exiguo y sólo intervendría en la materialidad del hecho consumado, pero no en una estrategia de intervención previa, donde es necesario trabajar con escuelas e inserción laboral, es decir, con políticas de inserción social de la seguridad. Y eso requiere que el Estado comience a ser construido de una manera distinta. Necesitás reformas y modernización institucional.
–¿Como cuáles?
–Por ejemplo, las estructuras de gestión en la provincia no tienen dispositivos de gestión social, que inevitablemente tienen que suponer un vínculo con los municipios. Y, por otro lado, es necesaria una reforma policial. Tenemos una policía híper centralizada, para que la caja de la recaudación ilegal abreve en la cúpula, pero esto impide tener estrategias de intervención para problemáticas criminales acordes a los lugares o a las regiones diversas que tiene la provincia. Es necesario tener un grado de descentralización o regionalización del dispositivo policial en todos sus servicios: prevención, investigación y mantenimiento del orden público. El tercer factor, y creo que este es el corazón de una política de seguridad, es buscar objetivos. Si en la provincia, entre las muertes no naturales dos tercios se producen en accidentes viales, hay que tener una estrategia inteligente para ese tercio que sí tiene que ver con hechos de violencia doméstica, masivamente, y después, hechos de violencia en la calle. Hay muchas formas de intervención que, a mi modo de ver, además deberían ir fortaleciendo la capacidad de los municipios. La complejización de la vida social y de la demanda colectiva sobre lo que tiene como poder político más cercano, que es el intendente y el concejal, tenga o no responsabilidades de conducción formal en la materia, hacen que en un largo plazo haya que fortalecer la capacidad de gestión de los grandes municipios en materia de seguridad pública.
–Usted enumeró los tres aspectos de lo que considera una buena gestión de la seguridad desde la conducción política. ¿El ministro Casal podría llevarlos adelante?
–No, Casal es un funcionario penitenciario que se formó en la mazorca de la dictadura militar, en el servicio penitenciario bonaerense. Imposible. Ni conceptual, ni política, ni institucionalmente está capacitado para emprender una gestión democrática en la seguridad pública. Pero el problema no es Casal. Para mí, el problema es Scioli, porque Casal es su mejor funcionario. Es Scioli quien cree que así se gestiona la seguridad pública. 

Currículum Vitae

Marcelo Fabián Sain es doctor en Ciencias Sociales y politólogo. En el ámbito académico, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Quilmes.
Es investigador en temas referidos a la defensa nacional, la seguridad internacional y las relaciones cívico-militares, así como en los procesos de democratización de las instituciones policiales. En todas estas materias publicó varios libros y trabajos, traducidos a distintos idiomas.
Actualmente, es diputado en la provincia de Buenos Aires por el bloque de Nuevo Encuentro, e integra el Acuerdo para la Seguridad Democrática. Fue viceministro de Seguridad bonaerense durante la gestión de Juan Pablo Cafiero y, hasta 2009, director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Sain participó activamente en la creación de esa institución, efectivizada en 2005 por un decreto del ex presidente Néstor Kirchner.
 

A favor de la sindicalización

Junto con otros expertos en materia de seguridad, Marcelo Sain es uno de los principales impulsores de la sindicalización de la Policía Bonaerense, una temática siempre polémica.

-¿Por qué habría que sindicalizar a la policía?
-Por una única razón: porque la expectativa social y política que hay sobre la policía la coloca como el principal instrumento de protección de libertades y derechos. Sin embargo, dentro de la institución se violan todas las libertades y derechos del 80% del personal. La policía es la única burocracia estatal que está obligada, masivamente, al doble empleo, porque sus salarios no alcanzan para garantizarle ingresos dignos. Las condiciones de trabajo son precarias y, además, no tienen derecho a lo que es el núcleo central de la sindicalización, que es formar organizaciones de defensa de sus intereses y negociar las condiciones de trabajo con la patronal, que es el comisariato y el propio gobierno.
-Cada vez que se habla de esta propuesta, surge el tema del derecho a huelga.
-Sí, hay gente que confunde sindicalización con derecho a huelga y eso es una reducción mal intencionada. Como la seguridad es un servicio básico, tendría limitaciones el derecho a la huelga. Lo importante es que los policías puedan elegir a sus representantes y sentarse a negociar las condiciones de trabajo.

Los medios y la inseguridad

Según el diputado de Nuevo Encuentro, el aprovechamiento que la prensa suele hacer de la variable criminal es evidente. “Cuando vos ponés el foco por cadena nacional, porque prácticamente es cadena nacional –sostuvo Sain–, a un hecho desgraciado, donde un muchacho de 17 años, perteneciente a sectores medios, fue asesinado de manera sospechosamente cruel, inevitablemente eso tiene un objetivo de carácter político, que es esmerilar la legitimidad de los que están gobernando".

–¿En qué se nota que el abordaje de los medios no responde a la problemática en sí?
–En que no tiene como objetivo la colocación del problema. Porque si ves el fenómeno, socialmente hablando, en 2011 la provincia tuvo una tasa de homicidio doloso de 6,6 cada 100 mil habitantes. En los ’90, un momento de alta criminalidad, el año con menor tasa fue el ’95, con 7.7. En 2002, se llegó a 13,5 y en 2006, a 5,3. A nivel internacional, no son cifras elevadas. Pero eso no importa, lo que vale acá es la historia institucional y criminal de nuestro país, lo que la gente vivencia cotidianamente. No hay mayor cantidad de delitos y ha descendido la tasa de homicidios dolosos. Lo que sí se mantiene es que el núcleo duro se vincula con la violencia doméstica o en el marco de relaciones entre personas conocidas. No está vinculado a hechos de inseguridad en la vía pública.
–Sin embargo, viendo las portadas de muchos diarios, parece justo al revés.
–Esto indica que, en realidad, la sobreactuación mediática de determinados hechos dramáticos tiene algún otro objetivo distinto. Ahora, ¿por qué tiene asidero y legitimidad social esto? Porque del lado del Estado lo único que hay son vacíos.
–¿Es el caldo de cultivo para la llamada “sensación de inseguridad”?
–La sensación de inseguridad se construye con lo que es una suerte de amenaza objetiva cierta y también con la percepción que el ciudadano tiene del Estado y del grado de protección estatal. Y es acá donde se produce la falla más grande: se construye la sensación de inseguridad no tanto por el dato objetivo del crimen, que ha descendido, sino porque la gente ve un Estado que está ausente o que es cómplice del crimen o que se repliega y no gestiona inteligentemente. En la Argentina, la sensación y el temor al delito crece con el aumento de delitos predatorios, pero no se reduce cuando se reducen esos hechos. La variable del temor al delito se independiza de lo que son los delitos en términos objetivos. El sentimiento de desconfianza hacia el Estado, aún reconocido socialmente como el único proveedor de seguridad, se da en un contexto en el cual el temor al crimen se independiza de sus condiciones objetivas.