A propósito del incidente con el avión militar norteamericano
El miércoles 9 de febrero, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos descargó en el aeropuerto de Ezeiza un cargamento militar destinado a la realización de un curso de capacitación para la Policía Federal, autorizado por el gobierno nacional. Al hacer el control normal del ingreso de las mercaderías, personal de Aduanas detectó que los militares norteamericanos intentaban pasar, en forma clandestina, el equivalente a un tercio de la carga total.
Y no era la primera vez. Ya en agosto del año pasado, en un episodio similar del que se supo recién ahora, la embajadora de los EEUU en la Argentina, Vilma Martínez, advertida por las autoridades argentinas, debió negarse a recibir el material militar destinado al mismo curso de formación policial. En aquella ocasión ordenó llevar todo de vuelta a los EEUU. “Esto es una vergüenza” –había expresado la embajadora, refiriéndose a la actitud de los soldados de su país que pretendían ingresar la totalidad de la carga eludiendo el control aduanero-.
Tanto en aquella oportunidad como en la actual, el gobierno argentino tuvo una actitud a la vez muy firme y discreta. Les exigió a los militares norteamericanos el debido respeto de las leyes nacionales y mantuvo una prudente y diplomática reserva sobre lo acontecido.
La primera noticia del segundo incidente la dio a conocer públicamente el diario La Nación, el viernes 11. En una crónica sobre el arribo del avión militar estadounidense, el matutino conservador informó que “había irregularidades en el material que se estaba tratando de ingresar al país”, pero minimizó el hecho argumentando que se trataba de “algunos cascos”. El asunto es que los militares yanquis no solo intentaron esta vez ingresar de contrabando un importante volumen de carga de poco más de 27 m3 (el tamaño de una habitación de 3m de ancho x 3m de largo x 3m de alto), consistente en armas de grueso calibre, drogas prohibidas, medicamentos vencidos y equipos de comunicación e informática sofisticados, sino que, al ser descubiertos, pretendieron pasarlo “de prepo”, a como sea. Mintiendo –que se trataba de objetos personales con inmunidad diplomática; que, por tratarse de secreto militar, no debía declararse-, y también presionando a los funcionarios aduaneros y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La serena firmeza de las autoridades argentinas los desconcertó. A tal punto, que varios soldados norteamericanos se sentaron sobre la carga contrabandeada para impedir que la revisaran. Y así estuvieron, turnándose durante varias horas, hasta que, por instrucción de la presidenta de la Nación, intervino nuestra Cancillería. Bajo la supervisión del ministro Héctor Timerman, “se hizo un inventario que fue firmado por las autoridades presentes de ambos países”, se permitió el ingreso de la carga que había sido previamente declarada y se incautó lo no declarado, que quedó bajo custodia “de las autoridades competentes en la materia”. A la vez, Cancillería envió una nota de protesta al gobierno de los Estados Unidos en la que pide explicaciones sobre lo ocurrido y solicita su colaboración para esclarecer los hechos.
A partir de ahí, altos funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono ejercieron una mayor presión sobre el gobierno argentino: juzgaron como “improcedentes” y “no ciertas las acusaciones” porque “no hubo intención de violar las leyes del país” –argumentó Arturo Valenzuela-; protestaron por el trato “vergonzoso” dado a sus soldados que fueron “amedrentados durante horas” en el aeropuerto de Ezeiza –mintió Frank Mora-; y ambos exigieron la inmediata devolución del material incautado.
Se comprende que las autoridades norteamericanas defiendan los intereses de su país. No así que, para ello, eludan la responsabilidad de sus soldados y de la cadena de mandos en el incidente. Ni tampoco que siembren confusión con mentiras y ocultamientos destinados a tergiversar los hechos y devaluar lo obrado por el gobierno argentino.
En cambio, resulta inaceptable la actitud sometida, funcional a intereses foráneos, adoptada por la corporación mediática criolla y referentes de la oposición (con la sola y digna excepción de Ricardo Alfonsín), que salieron presurosos, todos juntos, como voces de un coro monocorde, a defender los argumentos norteamericanos y denostar los del gobierno nacional. Catorce días después, al momento de escribir estas líneas, aún siguen aturdiendo a la opinión pública con la aviesa intención de convertir la infracción aduanera en “crisis diplomática”, mostrar a las autoridades estadounidenses como víctimas y hacer del gobierno argentino el culpable de todo.
Ocurre de vez en cuando que un acontecimiento de la coyuntura nos ofrece la ocasión de leer la realidad como si estuviera expuesta en un libro abierto. Esta, es una de ellas.
¿Cuántas veces y en cuántos países habrán hecho lo mismo? Bastó un control aduanero racional, ajustado a derecho, para poner en evidencia, una vez más, la prepotencia y la impunidad con que las autoridades norteamericanas avasallan las fronteras y violan las leyes de países considerados amigos. Inclusive el nuestro.
¿La política exterior del gobierno de Cristina Fernández está subordinada a cuestiones de política interna, como señalan a modo de crítica desde los medios concentrados y la oposición? Sí. Y menos mal que, desde el 2003, es así. La presidenta lo señaló con mucha claridad en estos días: “Nos integramos al mundo con dignidad y soberanía; lo más importante en estos ocho años de gestión es que las decisiones las toma el presidente desde la Casa Rosada y no se las impone nadie desde otro lugar, ni lo manejan las corporaciones”.
¿Es prudente que policías nacionales sean formados o capacitados por militares norteamericanos? No. No es prudente. Como supo señalarlo con claridad el Juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni: “Hoy los golpes de Estado los dan las fuerzas de seguridad. No son golpes de Estado tradicionales, son golpes desestabilizadores que pueden ser dados por una coalición de medios masivos de comunicación, un sector policial disconforme y algún segmento político interesado en desestabilizar. Así ocurrió en Río de Janeiro, hace ya quince años, cuando una organización de esta naturaleza volteó al gobernador Nilo Batista, porque no había querido eximir a la Red Globo de algunos impuestos estatales“. Y así estuvo a punto de ocurrir en Ecuador, cuando intentaron derrocar al presidente Correa en el 2010.
Por eso los EEUU impulsan la política de formar fuerzas policiales latinoamericanas con preparación militar, centralizadas y verticalizadas. Por eso también, el gobierno argentino, aleccionado entre otras cosas por este incidente de Ezeiza, decidió suspender todos los cursos de capacitación de policías argentinos realizados por militares norteamericanos, tal como lo había hecho en su momento Néstor Kirchner.
El 23 de octubre próximo, las argentinas y los argentinos estamos convocados a una elección crucial. O consolidamos el rumbo iniciado en el 2003, de crecimiento y desarrollo con inclusión social, para beneficio de la mayoría, o volvemos al ajuste sin anestesia, al enfriamiento de la economía, al cierre de empresas y el despido de trabajadores, para beneficio de unos pocos. Y lo acontecido en torno al incidente del avión militar norteamericano, conocidas las posiciones adoptadas tanto por el gobierno como por la oposición conservadora, nos pone ante la evidencia de que ese día de octubre, al emitir nuestro voto, también estaremos optando por una de dos políticas exteriores que se contraponen:
- o votamos por las listas que defienden el proyecto nacional y popular, para profundizar la integración de argentina al mundo con dignidad y soberanía, de acuerdo con los intereses de las mayorías nacionales;
- o habilitamos a los voceros y los abogados de las corporaciones monopólicas para que restablezcan en nuestro país las relaciones carnales con EEUU y nos sometan nuevamente a las imposiciones del capital financiero y el FMI.
Una nos invita a seguir construyendo un país soberano. La otra, quiere hacer nuevamente de la Argentina un país sometido.
23 de febrero de 2011.
