La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) amplió su denuncia en la causa que investiga irregularidades en la emisión de 475 millones de dólares de deuda del Gobierno porteño. Ahora solicitó el secuestro del libro de suscriptores de los polémicos bonos Tango para saber quiénes compraron los papeles. También aportó nuevas pruebas mostrando que la comisión cobrada por la consultora ligada al macrismo fue ocho veces superior a lo que proponían otros bancos. Una nueva ONG quiere sumarse a la causa y ofrece preguntas para entender la estafa.
Comienza a cerrarse el cerco sobre la responsabilidad política de Mauricio Macri en la polémica emisión de 485 millones de dólares a la exorbitante tasa de interés del 12,5%, según se desprende de dos presentaciones judiciales a las que tuvo acceso Mercado y Transparencia.
Las presentaciones, realizadas por las asociaciones civiles “Por la Igualdad y la Justicia” y “Contadores Forenses ONG”, pavimentan el camino para que el fiscal ordene la semana próxima el inicio de la investigación, aseguró una fuente cercana al juzgado. El inicio de la investigación conduciría inevitablemente a la inclusión de Mauricio Macri, máximo responsable político, en la causa, dijeron a MyT dos fuentes cercanas al juzgado.
Como ya publicó Myt, la causa podría desembocar en una condena a Macri por administración fraudulenta, malversación, incumplimiento de los deberes del funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La primera presentación judicial fue realizada por ACIJ, que el viernes pasado presentó una ampliación de la denuncia penal contra el Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti, el Director General de Crédito Público, Abel Ignacio Fernández Semhan y Edgardo Srodek, director de la firma KBR Finance Ltd., por los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, quedando a cargo de la investigación la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 46, a cargo de Adrián Pèrés, con la intervención del Juzgado 21 del fuero.A los acusados se les atribuyen graves irregularidades en la contratación del banco Credit Suisse y la consultora KBR Finance Ltd para la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango, según reportó MyT [ver nota anterior de MyT].
La emisión de deuda alcanzó la suma de U$S 475 millones y la CABA acordó con las empresas el pago de casi U$S 10 millones por las gestiones de suscripción, administración y los servicios de organización del bono.
Según la denuncia presentada el 9 de diciembre de 2010, resulta llamativo que se incluyera un costo adicional por estructuración del bono cuando en los instrumentos jurídicos ni siquiera se especificaron qué actividades correspondían a KBR en este sentido, siendo que por trayectoria y especialidad esas tareas bien podrían haber sido resueltas por Credit Suisse y que, por otra parte, sean más altos los honorarios por la organización (1,25% del capital) que por la colocación (0,75%) de los bonos.
La firma KBR –hasta ahora desconocida en el mercado de capitales- es dirigida a nivel local por Edgardo Srodek: persona comprometida en el armado de la coalición entre Recrear y PRO, financiador y jefe de la campaña en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 2007. Por su actividad política, mantuvo desde 2005 un estrecho vínculo con los principales referentes del PRO, hoy miembros del gobierno local, entre ellos el Ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.
ACIJ amplió la denuncia en relación a tres aspectos que aportan mayor información sobre estos presuntos hechos de corrupción:
- Comisiones: otros bancos presentaron propuestas a la Dirección de Crédito Público para intervenir como agentes financieros del Gobierno local en la operación de crédito referida. Conforme la tabla adjunta, el GCBA había recibido mejores ofertas que en la definitivamente contratada (pues determinaban comisiones más bajas a las efectivamente pagadas por contratar a Credit Suisse-KBR).
- Por la operación de crédito público denunciada, la Ciudad se comprometió a pagar un interés anual del 12,5%. Es decir que por la emisión de los 475 millones de dólares, la CABA deberá pagar cada año a los tenedores de los títulos durante el período de estos (5 años), el 12,5% de esa suma, lo que asciende a 59.375.000 de dólares por año.
- Se puso en circulación en el mercado un título al cual –por sus convenientes condiciones para el inversionista sumadas a las buenas calificaciones de la CABA y su satisfactoria situación económico-financiera- muchísimas personas estaban dispuestas a acceder a su compra. Sin embargo, no todas pudieron hacerlo y la tasa convalidada no fue real. Prueba ello que al cabo de dos días de cotización en bolsa, el título porteño bajó su tasa de interés efectiva del 12,5% al 10,5%, dice la ACIJ en su presentación. “Esto implica que el que compró el bono en primera suscripción, se apropió de esa diferencia (2%) en vez de hacerlo el ciudadano porteño, pagando menos interés,” dijo uno de los abogados de ACIJ.
La presentación de ACIJ no es la única novedad en la causa. “Contadores Forenses ONG”, una asociación civil que tiene entre sus propósitos procurar la resolución de casos de fraudes que contengan algún especial interés social, se presentó ante el juez ofreciendo aportar el conocimiento de sus miembros, según una presentación a la que MyT tuvo acceso [ver el escrito de Contadores Forenses].
“El presente se trata de un caso de naturaleza compleja y por ello requiere de la participación de expertos que puedan cumplir ese doble rol de representar en alguna medida el sentir de la sociedad civil y a la vez intervenir con conocimiento pleno de la materia y especialidad, adquiridos en el ejercicio profesional intenso en cientos de peritajes contables en los fueros penales y con antecedentes comprobables y públicos en la docencia e investigación, con tres lustros de desempeño en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la CSJN,” se presentan ante el juez los miembros de Contadores Forenses.
Contadores Forenses le sugiere al juez un cuestionario de 19 puntos para la realización de la prueba pericial contable en el caso de los bonos tango. Entre ellos, le sugiere que compare la comisión total del 2% que se indica en la denuncia con la convenida en otras ocasiones e indique si resulta usual, es elevada o reducida. También le sugiere al juez indagar qué tareas, actividades y/o diligencias correspondían realizar a KBR según los documentos de la contratación. Y que establezca el monto del posible perjuicio para la CABA por la ociosidad de los Bonos Tango, mientras no fueron utilizados para el fin que fueron emitidos.
La Sala I de la Excma. Cámara Criminal y Correccional Federal ya reconoció la actividad de Contadores Forenses ONG para intervenir en causas judiciales, cumpliendo roles de colaboración, asistencia y cooperación técnica, según asegura en su escrito al juez.
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