Trezza y Pedraza en la inauguración de nuevos vagones del ferrocarril. Una asociación que hay que medir por sus consecuencias. (ENRIQUE GARCÍA MEDINA)Otras notasEl Tatuado Favale, el barrabrava acusado del crimen del militanteLa investigación judicial del crimen de Mariano Ferreyra parece haber tomado un fuerte impulso en las últimas horas. La jueza de instrucción Susana Wilma López decretó el secreto de sumario en la causa y dictó la orden de captura nacional e internacional de Cristian El Tatuado Favale. Es el principal sospechoso de matar de un balazo al militante del partido Obrero (PO). Favale es barrabrava de los clubes Banfield y de Defensa y Justicia y está vinculado a la Unión Ferroviaria. Gendarmería fue a detenerlo ayer a la madrugada en dos allanamientos realizados en Florencio Varela.
Trabajadores en la víaEn mayo de este año, alrededor de 120 empleados del Ferrocarril Roca fueron despedidos de las empresas que los contrataban. A pesar de que en agosto se llegó a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, en el que las compañías se comprometieron a reincorporarlos, la situación no cambió. El miércoles pasado, cansados de que no se respete lo pactado, el Movimiento de Tercerizados del Roca, junto a un grupo de militantes de izquierda decidieron cortar las vías para volver a pedir por las fuentes laborales, el pase a planta permanente y la equiparación salarial con los trabajadores estables.
Unión Ferroviaria Sociedad AnónimaLa escena sucedida el miércoles pasado en Barracas, con individuos vinculados a la Unión Ferroviaria baleando a trabajadores despedidos por empresas que brindan servicios a los trenes, puso en blanco sobre negro los manejos de este sindicato que desde la privatización de los noventa pasó a funcionar como una verdadera patronal. El asesinato de Mariano Ferreyra desnuda el trágico destino en el que puede culminar el pasaje de dirigente gremial a millonario empresario, hecho por José Pedraza y su entorno.
Compromiso de MoyanoCuando apenas se habían cumplido unas horas del asesinato de Mariano Ferreyra, Hugo Moyano se cruzó en un set de televisión con uno de los trabajadores despedidos que participó de aquella trágica jornada en Barracas. El dirigente camionero se comprometió en interceder para que el Ministerio de Trabajo reincorpore a los 117 despedidos y los encuadre bajo el convenio de trabajadores ferroviarios.
Crónica del día despuésDesde el puente Pueyrredón, despejado de manifestantes y automóviles, se podía acertar la dirección exacta en la que estaba la trágica estación. Los neumáticos ardían sobre las vías y una señal de humo negro muy alta y de trazo grueso, escribía un mensaje de duelo que llegaba al cielo.
Afuera de la estación Avellaneda, las paredes reconstruían los sucesos del día anterior: “Es la Verde burocracia $indical”. En la muro beige de la estación de servicio de la esquina, letras más grandes del mismo aerosol, sumaban: “Policía asesina”.
Sugestivos silencios y llamativos gritosEmpezaron sintiendo vergüenza por sus ropas de obreros, trataron de ponerse a tono con los despachos y antesalas ministeriales y, poco a poco, de representantes obreros frente al poder, se convirtieron en representantes del poder frente a los obreros. Se enriquecieron, adquirieron hábitos y vicios incompatibles con sus cargos de dirigentes sindicales, burocratizaron sus sindicatos, los transformaron en maquinarias sin contenido”. Publicado en 1968 en el primer número del diario de la CGT de los Argentinos, este párrafo es de una vigencia impresionante.
En menos de 72 horas se identificó al presunto autor material y su trama de relaciones. En menos de 72 horas se cierra el círculo sobre los presuntos autores materiales del ataque armado que causó la muerte de Mariano Ferreyra y dejó en coma a Elsa Rodríguez. Las investigaciones de la fiscal Cristina Caamaño y las declaraciones de testigos presenciales permitieron determinar quiénes apretaron el gatillo. En efecto, el viernes a la tarde, la jueza Susana Wilma López ordenó allanamientos en distintas dependencias de la Unión Ferroviaria y en la sede de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) de la ex línea Roca, tras lo cual pudo determinar que un grupo de barrabravas que figuran en la plantilla como empleados ferroviarios fueron el brazo ejecutor de este horrible crimen político. El principal sospechoso es Cristian Favale, alias el Tatuado, barrabrava de Defensa y Justicia, hombre reclutado por Alberto Trezza, quien fuera subsecretario de Transporte Ferroviario, Fluvial y Marítimo durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Favale, hasta el cierre de esta edición, se encontraba prófugo. Cabe aclarar que Favale forma parte de la llamada “Banda de Varela” que, en realidad, no sólo actúa para Defensa y Justicia –de Florencio Varela– sino también para Banfield, club en el que militan Trezza y Duhalde. La Banda de Varela estaba, originalmente, integrada por hinchas de Banfield que vivían en un barrio humilde cerca del cementerio y que luego fueron reubicados en Florencio Varela. Por relaciones del fútbol y la política, en esa localidad pudieron hacerse un lugar entre los barras de Defensa y Justicia. Cabe consignar que Carlos Portel, presidente de Banfield y miembro del entorno de Duhalde, es el protector de esa barra.
Varios medios se apresuraron a publicar fotos de Favale con, entre otros, los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Educación, Alberto Sileoni, así como con la periodista Sandra Russo. Para desgracia de los medios que quieran escandalizar con ellas, vale la pena aclarar que fueron tomadas en el café La Puerto Rico, de Alsina y Defensa, el 9 de septiembre pasado durante una peña que se lleva a cabo todos los jueves y es de acceso público.
El presidente de Banfield Portel, el ex presidente Duhalde y su ex subsecretario de Transporte Ferroviario Trezza compraron el pase del futbolista Javier Zanetti del club Talleres de Remedios de Escalada para el Taladro hace dos décadas. Ahora, los tres aparecen vinculados a los autores materiales del crimen de Mariano. Curiosamente, Talleres surgió de los talleres ferroviarios de esa localidad.
Quienes trabajan en la investigación del caso se encuentran ante una cantidad de evidencias que revelan la sensación de impunidad de una trama que involucra tanto a Trezza como a los directivos de la Unión Ferroviaria –incluyendo a su secretario general, José Pedraza (ver nota de Pablo Galand)–, y a los directivos de la Ugofe en un asesinato destinado a escarmentar a trabajadores tercerizados que no cejaron en su protesta ante los despidos injustificados y un encuadre salarial desventajoso. Las desprolijidades del grupo asesino llegan al punto de haber mantenido conversaciones telefónicas entre sí altamente comprometedoras, tal como surge de escuchas ordenadas por la jueza López tras diferentes testimonios recogidos en el juzgado.
Uno de los casos flagrantes de la gente de Pedraza es Pablo Díaz, responsable del cuerpo de delegados de la UF en el Roca, quien estuvo en la patota que impidió a los manifestantes cortar las vías y luego los atacó. Hay fotos en el juzgado en las cuales Díaz está junto a personas sospechadas de ser los autores materiales del crimen.
Los hechos y sus explicaciones. Eduardo Montenegro, gerente de Relaciones Institucionales de Ugofe, declaró alegremente a los medios el miércoles por la tarde que la presencia de supuestos empleados ferroviarios en las vías del ex Roca en la Estación Avellaneda fue acordada por la empresa para evitar el corte de vías por parte de los trabajadores tercerizados despedidos. Esa confesión pone en evidencia que, en vez de dar parte a la Justicia respecto de lo que, a juicio patronal, podía constituir un posible delito federal, los ejecutivos del Roca prefirieron recurrir a una fuerza de choque que a las instituciones de la Nación. Con tanta impunidad se teje la trama de vínculos entre jerarcas sindicales de la Unión Ferroviaria y los concesionarios que, el martes 19, desde la oficina de la Unión Ferroviaria en Constitución, se habría despachado un correo electrónico (algunos testigos agregan que también hubo un fax de igual tenor) a la oficina de Recursos Humanos de Ugofe con un insólito pedido: “La licencia de 120 empleados el miércoles 20 a efectos de participar en una actividad gremial en la Estación Avellaneda”.
Los trabajadores tercerizados, que están organizados gremialmente y cuya cara visible es Diego Cardía, habían previsto cortar las vías al mediodía y enviaron correos electrónicos a varias redacciones y medios de prensa advirtiendo que esa medida la tomarían para reclamar por los despidos de unos 120 trabajadores que en la casi totalidad fueron marcados por los activistas de la Lista Verde de ferroviarios manejada por Pedraza. El vínculo es casi burdo y constituye una prueba flagrante de los intereses político-empresariales-sindicales que llevaron al desguace del Estado en los noventa y que todavía perduran en muchos sectores de la vida nacional.
Es importante detenerse en esta trama de intereses porque la batalla judicial más difícil será la de establecer a los autores mediatos del crimen de Mariano y los móviles económicos y políticos que los llevaron al asesinato. José Pedraza militó en la combativa CGT de los Argentinos de cuya publicación institucional se ocupaba personalmente Rodolfo Walsh. Pedraza, como muchos otros sindicalistas, en 1968 leía las investigaciones que semanalmente publicaba Walsh en el periódico de la CGT A para establecer quién había matado a Rosendo García en la confitería La Real de Avellaneda, menos de dos meses antes del golpe de Juan Carlos Onganía, que fue abrazado por varios dirigentes gremiales que prefirieron las botas militares que estar junto a los trabajadores cuyos derechos se vieron pisoteados por esa dictadura (ver nota de E. Arrosagaray).
Walsh pudo establecer cómo fue el crimen tras dos años de arduas observaciones y entrevistas. El asesinato de Mariano, en cambio, pudo tener pistas firmes en apenas dos días. Por un lado, por la cantidad de pruebas que surgen de las novedades tecnológicas: correos electrónicos, imágenes de cámaras de seguridad y de televisión y, sobre todo, por los letales cruzamientos de llamadas telefónicas durante las tres horas de la marcha del miércoles que permiten establecer dónde estaban efectivamente muchos miembros de la patota.
Pero más importante que esto es que la Justicia funcionó desde el primer momento. La fiscal Caamaño pasó varias jornadas casi sin dormir y no dudó en decir que “es de izquierda” –con tono de humor pero en serio– para estimular a aquellos testigos del Partido Obrero que en los primeros días demoraban su declaración en la fiscalía. En cuanto a la jueza López, con perfil bajo, mostró reflejos no sólo en cuanto a la rapidez para ordenar detenciones sino también en la precaución de recurrir a Gendarmería Nacional para evitar que la Policía Federal realizara diligencias, ya que hay sospechas de connivencia entre la patota y los efectivos de esa fuerza de seguridad encargada de evitar agresiones hacia los tercerizados. Un testigo declaró ante la jueza algo importante sobre el comportamiento de al menos un efectivo de la Federal que estaba destacado en la marcha. Cuando ya se habían retirado la mayoría de los manifestantes y quedaba el reducido grupo donde estaban Mariano Ferreyra, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, los agresores apuraron el paso y empezaron a tirar piedras y atacar con palos. Lejos de cumplir sus funciones, según consta en las actuaciones judiciales, un policía le dijo a un grupo de personas que estaban trabajando en ese lugar: “¡Rajen que éstos los matan a todos…!” En ese momento, además, los efectivos de seguridad abandonaron el lugar de modo precipitado. A poco de suceder esto, moría Mariano, y Elsa y Nelson quedaban heridos de bala, tirados en el lugar.
Los autores mediatos. Una parte de la instrucción permitirá determinar quién disparó y, tal vez, de quién recibió la orden. Otra parte es más compleja y tiene que ver con la trama oscura del vínculo entre sindicalistas ferroviarios y concesionarios. Las empresas tercerizadas del Roca constituyen un negocio formidable: son de los mismos socios privados de la Ugofe o de familiares de los dirigentes sindicales, reciben subsidios del Estado en vez de tener riesgo empresario y, por tareas equivalentes, pagan la mitad del salario que perciben los empleados ferroviarios.
El límite de este vergonzoso negocio no fueron la codicia y la corrupción sino la trama asesina que culminó con la muerte de Mariano. Este asesinato es un desafío a las autoridades judiciales, políticas, sindicales y de la sociedad argentina que no parece dispuesta a tolerar el crimen como modo de imponer privilegios.
• UN DEBATE AMPLIO
Julio Godio, sociólogo, historiador del movimiento obrero y director del Instituto del Mundo del trabajo, analiza lo ocurrido el miércoles en la protesta de los trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, que terminó con un militante del Partido Obrero muerto de un balazo, y otra compañera en estado de coma.
Eduardo Anguita: –¿Qué análisis hace de la muerte de Mariano Ferreyra?
Julio Godio: –En primer lugar, estoy conmocionado por la muerte de este joven de 23 años de esta manera tan absurda y cruel. Pero hay que tener la cabeza muy fría para no confundir las cosas. En la manifestación luego del asesinato, se gritó en la calle contra la burocracia sindical. Pero las relaciones con ese aparato sindical permitieron muchos cambios a partir del 2003. Y hay que evitar entrar en el juego en el que ciertos sectores quieren colocar al Gobierno o a la CGT como responsables de lo qué pasó. Está claro que hay que operar rápidamente para encontrar al culpable o los culpables, tanto del crimen como de su instigación. Y hay que aprovechar este hecho tan desgraciado para que muchos sindicatos entiendan que tienen que abrir el juego interno, y también para hacer un debate en la sociedad. Una sociedad que está mirando con preocupación y parálisis esta especie de guerra de posiciones que se ha creado desde el punto de vista político en Argentina y que puede ser muy peligrosa, de prolongarse en el tiempo, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, dentro de esta perspectiva, creo que hay que ver todas las dimensiones que tiene el problema del asesinato de este joven del PO.
E.A.: –¿Cómo explica el grado de violencia?
J.G.: –La Argentina es un país violento. Acá se ejerce violencia de todos lados. La historia del movimiento obrero también está teñida de violencia. En los años ’20 los anarquistas se dividían en acción directa, entre comunistas, y se mataban entre ellos. No es algo nuevo el problema. Si los sindicatos no apostaran a su fortaleza, no podrían aguantar la presión patronal y llevar adelante huelgas y acciones. Pero a veces, en su interior, hay situaciones irregulares. Pero de ahí, a querer cambiar una ley... Cada uno debe pensar por qué hay violencia en las fábricas que favorecen situaciones de violencia más general, y que cada uno asuma su responsabilidad.
E.A.: –¿Qué opina de la reunión del secretario de la CGT con los representantes de las empresas tercerizadas?
J.G.: –Fue una buena iniciativa de Hugo Moyano. Los llamó a los trabajadores, y lo hizo por fuera de la Unión Ferroviaria, lo que no es pequeña cosa para él. Fue valiente. Había que encontrar una solución integral porque si no, estos trabajadores van a volver a protestar. Y ahí es donde se generó todo. Fue esta protesta, legítima, la que tomó el PO, que estaba interesado en fortalecerse.
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