El revuelo provocado por la iniciativa de la oposición que busca consagrar el 82% móvil para los jubilados, coloca, una vez más, la discusión relativa al sistema previsional en lo alto de la agenda pública. La movida, que fue entendida por el gobierno como una provocación que pone en riesgo la solvencia fiscal, sacó a la luz de la discusión mediática una serie de confusiones y falsedades.
Conviene, entonces, explicitar algunos aspectos del escenario jubilatorio que ofician de marco al debate y que refutan diversos reduccionismos y lugares comunes que suelen escucharse al respecto.
– “Hoy puede darse el 82% móvil debido a que el gobierno se quedó con la plata de las AFJP.” Detrás de esta idea aparece una tergiversación surgida de omitir una elemental distinción entre un stock y un flujo de recursos. Es decir, a partir de una estimación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES cercana a los 150.000 millones, se propone un ejercicio cuasi escolar de división, donde el denominador está representado por el número de jubilados. ¿Qué se haría en cuanto se acabase el FGS?
Por otra parte, este Fondo no está constituido por una pila de billetes sino por una cartera de activos financieros diversos, imposibles de ser transformados en liquidez en el corto plazo. En realidad, cualquier flujo de gasto continuo requiere, para ser sustentable en el tiempo, un flujo equivalente de ingreso que lo sostenga. Y si bien hoy el SIPA observa un superávit, no debe olvidarse que la tendencia global al envejecimiento poblacional y el aumento estructural de la informalidad laboral, llevaron a que la “tasa de sostenimiento” (el número de personas laboralmente activas por cada persona de más de 65 años) sufriera una caída estructural, pasando de una holgada relación de 11 aportantes efectivos por jubilado en la década del ’50 a una relación de sólo 2 a 1 desde principios de los ’80.
En este contexto, una regla que decidiera atar las jubilaciones a una proporcionalidad tan elevada es altamente riesgosa porque determina una muy fuerte restricción en términos del financiamiento del sistema y no deja más que dos alternativas frente a cualquier tipo de evolución desfavorable en las múltiples variables que determinan la dinámica previsional: o bien se sube la tasa de imposición a los trabajadores para brindar fondos adicionales a la previsión social, o bien se vulnera el principio de la proporcionalidad.
– “El gobierno está malgastando la plata de los jubilados al usarla para cualquier otra cosa.” Aparece aquí un dilema respecto de la determinación específica de los derechos de propiedad de los fondos previsionales. ¿Realmente el FGS y el actual superávit corriente del SIPA son propiedad exclusiva de los jubilados de hoy? ¿Por qué no pensar, en cambio, que esos activos pertenecen también a los trabajadores registrados que contribuyeron y contribuyen a generarlos con una parte de sus salarios? ¿Y por qué no considerar que esos fondos son, asimismo, propiedad de los trabajadores informales y los desocupados, quienes a través del IVA que pagan por sus consumos básicos son solidarios en el financiamiento del sistema?
Aceptada la dificultad de la identificación precisa de los derechos sociales sobre los fondos del SIPA, surge el debate sobre el objeto de su utilización. Distribuirlos hoy entre los jubilados actuales es una alternativa, pero no es la única. Y si la decisión es posponer parte del potencial gasto previsional para el futuro, surge la necesidad de invertir los fondos excedentes.
Obsérvese que también los sistemas de capitalización individual con gestión privada, presentados frecuentemente por la ortodoxia como la solución definitiva a la discrecionalidad de los regímenes públicos, enfrentan la ineludible necesidad de transformar en una determinada cartera de inversiones los activos originados en los aportes de los trabajadores hasta el momento en que éstos se jubilen. En efecto, en un sistema privado de capitalización, el dinero de las –tan mentadas– “cuentas individuales” no permanece esperando en un cajón durante tres o cuatro décadas a que el titular de la cuenta se retire sino que es transformado por las administradoras –previa deducción de comisiones– en acciones de empresas, plazos fijos, títulos públicos, entre otras opciones. Hoy el gobierno incorporó las inversiones productivas al abanico de posibilidades, lo cual, si los proyectos son rentables y contribuyen a estimular la actividad y el empleo, aparece como una alternativa absolutamente válida.
–“El gobierno amplió la cobertura previsional a más de 2 millones de personas que no tenían los aportes necesarios y ahora dice que no hay plata para pagar el 82% móvil a quienes aportaron puntualmente durante toda su vida.” Es innegable que existe una tensión distributiva entre la extensión de la cobertura jubilatoria y el aumento de los haberes de quienes ya están cubiertos, debido a que ambos elementos elevan la masa de recursos necesarios. Sin embargo, no cabe duda de que las leyes que posibilitaron la incorporación de los nuevos jubilados constituyeron una clara medida de redistribución progresiva del ingreso. Esa política vino a enmendar una trayectoria de exclusión masiva, vinculada directamente con la dificultad creciente de sostenerse en un empleo formal y estable en un contexto de precarización de los vínculos laborales como el que se observó en los ’80 y los ’90 en la Argentina.
Es decir: la discontinuidad o ausencia de las contribuciones personales al sistema no partieron, en la inmensa mayoría de los casos, de una decisión voluntaria del trabajador sino que respondieron a la consolidación de una estructura macroeconómica que signó regresivamente la dinámica del mercado laboral. Siendo además, como se dijo antes, que aún los excluidos de los beneficios del sistema jubilatorio son solidarios en su sostenimiento debido a la porción de impuestos generales destinada a las arcas previsionales, es innegable el efecto progresivo de toda medida que tienda a universalizar la cobertura.
La gran dificultad que implica financiar los sistemas previsionales es un hecho generalizado y representa uno de los desafíos más complejos para los gobiernos contemporáneos, tal como queda expuesto, por ejemplo, en los actuales intentos de reforma adoptados por algunos países europeos. Es importante recordar que existe un aspecto demográfico esencial que explica por qué el problema del financiamiento social dirigido a los adultos mayores ha ganado tanta relevancia global. Producto de la caída en la tasa de fecundidad y del aumento en la expectativa de vida, la población mundial está envejeciendo a un ritmo elevado. La ONU presentó en 2002 un informe sobre el fenómeno, cuyo punteo inicial resulta ilustrativo del estado de la cuestión: “El envejecimiento poblacional no registra precedente en la historia y durante el siglo XXI la tendencia se acelerará; el envejecimiento está extendido, habiéndose convertido en un fenómeno global e irreversible, ya que el mundo no retornará a la masividad de poblaciones jóvenes que en el pasado conoció; el envejecimiento depara profundas implicancias para diferentes facetas de la organización social”.
La más obvia de estas implicancias es que la masa de recursos sociales necesaria para sostener a los jubilados es cada vez mayor. En la Argentina representa hoy cerca del 9% del PIB cuando hace 50 años era poco más del 3%. Se trata, por mucho, del componente más oneroso del gasto público social consolidado, muy por encima de lo destinado a salud o a educación. De esta forma, cualquier política que procure legislar sobre la problemática del financiamiento previsional necesita partir de un cuidadoso análisis, consciente de la excepcional complejidad del fenómeno que se discute.
*Economista de AEDA y UNQ
http://www.elargentino.com/nota-110208-El-82-movil-revisando-algunos-ejes-del-debate-mediatico.html
