El gobierno anunció que enviará a la justicia el informe sobre las irregularidades en el traspaso de acciones de la fábrica. Además girará un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de pasta de celulosa. Tengo el sabor amargo de una certeza. Hay un poder que está por encima de los poderes del Estado, invisible a los ojos. Hace décadas que existe una subordinación ante determinados intereses. Lamento desilusionarlos y no ser funcional a ellos.” La presidenta Cristina Fernández formuló el diagnóstico y la promesa sobre el final de un discurso de una hora y quince minutos. Concluyó con dos anuncios clave, que hicieron eje en la denuncia por la apropiación de las acciones de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura militar. “Esperamos que la democracia pase esta prueba de ácido”, exhortó. Tras hacer un pormenorizado y, por momentos, didáctico repaso de los puntos principales del informe Papel Prensa - La Verdad elaborado por la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Guillermo Moreno, y presentado ayer en la Casa Rosada, la mandataria anunció que el trabajo será enviado a la justicia para que se profundice la investigación sobre supuestos delitos de lesa humanidad en el proceso de venta de las acciones de la compañía proveedora de papel. Además, avanzó con una interpelación a la oposición en el Parlamento. Será mediante un proyecto de ley que el gobierno enviará al Congreso para declarar de interés público la producción de papel de diario en el país.
La presidenta formuló los anuncios durante un acto que el gobierno evaluaba anoche como un “punto de inflexión político”. Por eso, Cristina estuvo acompañada por los ministros del Gabinete nacional, gobernadores, intendentes, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y referentes sociales como la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Sin embargo, no hubo presencias masivas del sector empresarial (ver p. 10).
En primera fila, la escucharon Lidia Papaleo de Graiver, una de las protagonistas centrales de la historia que la presidenta resumió como “33 años de manejo oscurantista”. Viuda de David Graiver –socio mayoritario de Papel Prensa al inicio de la dictadura–, Papaleo sufrió primero la extraña muerte de su esposo en un accidente aéreo en México y luego las presiones para que se desprendiera de sus bienes y acciones en la compañía.
“Firme o le costará la vida a usted y a su hija”, le dijo el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, a Papaleo, según consta en la declaración que la viuda de Graiver realizó ante Moreno y que está incluida en el informe conocido ayer. Después, llegaron el horror del secuestro, la tortura y la desaparición por cinco años.
“Quiero darle transparencia absoluta a este caso, quiero una democracia sin tutelaje para que no tengan miedo los políticos, sino también los empresarios. No es para controlar a nadie, es simplemente para que dejen de controlar a todos los argentinos y que la seguridad jurídica y las reglas del libre comercio puedan ser gozadas por todos”, razonó Cristina.
Sobre los aplausos del final, la viuda de Graiver se abrazó largamente con su hermano, Osvaldo Papaleo; y luego con el ex presidente Néstor Kirchner, en primera fila junto a Rafael Ianover, ex testaferro de Graiver en el momento de la apropiación.
El proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso constará de tres ejes centrales:
-la declaración de interés público de la producción, distribución y circulación de pasta de celulosa y papel de diario en la Argentina;
-la creación de un marco regulatorio del “insumo básico”, con un tratamiento “igualitario” para todos los diarios de la Argentina. Esa cláusula incluirá el rechazo a importar papel: así, se priorizará la producción nacional. “Es un viejo proyecto de (el ex presidente de facto Juan Carlos) Onganía. Espero que no titulen que Cristina defendió a Onganía”, ironizó la presidenta;
-la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento para que los legisladores participen como “observadores” en las reuniones de directorio de Papel Prensa con el objetivo de que “realmente haya control”.
Los anuncios de la presidenta generaron la inmediata reacción del arco opositor abroquelado en el denominado Grupo A, una etiqueta sobre la que Cristina bromeó también en su discurso (ver p. 8). Los bloques legislativos de la UCR, la Coalición Cívica (CC), el macrismo y el PJ disidente dieron una conferencia de prensa conjunta que se proponía denunciar un plan oficial para limitar la libertad de expresión. “Quieren un solo hiper-poder, el Ejecutivo”, advirtieron en un comunicado.Fueron argumentos casi calcados de los utilizados en las últimas 48 horas por los diarios Clarín y La Nación.
“A los que piensan que queremos apoderarnos de Papel Prensa, lamento desilusionarlos. Se harán presentaciones judiciales en los estrados que correspondan para juzgar porque creo en la división de poderes”, puntualizó la presidenta. En ese punto, tal como anticipó Tiempo Argentino, la mandataria anunció que el Ejecutivo accionará judicialmente a través del procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha; y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
La Secretaría de Derechos Humanos ya forma parte de la causa que instruye el juez federal Arnaldo Corazza sobre el denominado “Circuito Camps” en la ciudad de La Plata. Esa investigación incluye un capítulo sobre el secuestro y tortura de la viuda de Graiver y miembros de su familia en 1977. <
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