30 ago. 2010

El programa de gobierno presentado por el cardenal Bergoglio Por Alfredo Eric Calcagno, doctor en Ciencias Políticas



A poco más de un año de las elecciones de 2011, ya comienzan a aparecer los programas político-económicos de las distintas fuerzas políticas. A veces son los partidos políticos los que opinan de modo directo; otras, son instituciones como la Iglesia y los medios de comunicación las que plantean sus reivindicaciones con acompañamientos políticos.
Dentro de esa corriente, es reveladora la presentación que, más de dos meses atrás, realizó el Cardenal Jorge Bergoglio del documento Consenso para el Desarrollo, elaborado por la Universidad del Salvador (Usal) a través de su Escuela de Posgrado Ciudad Argentina. El director del estudio fue el Dr. Roberto Dromi, ex ministro de Carlos Menem, que trabajó con un equipo integrado por Armando Caro Figueroa (ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, 1993-1997), Andrés Delich (ex ministro de Educación, 2001), Roque Fernández (ex ministro de Economía, 1996-1999), Horacio Jaunarena (ex ministro de Defensa 1986-1989 y 2001-2003), Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia, 2002) y Fernando Lucero Schmidt (director de investigación y desarrollo de la Usal). A la presentación asistió un conjunto de personalidades que encarnan al arco opositor, que ya tenía una muestra de lujo en los autores del documento. ( Véanse los diarios del 20 de junio de 2010).

Constitucionalismo creativo. El documento propone políticas de Estado que se concretan en un Contrato Social de Garantía y Pertenencia, que “recepta la homologación del consenso como expresión de la voluntad general y del querer común de pueblo y gobierno, de sociedad y Estado ( apart. 8). Se establece que “el presente Contrato Social de Garantía y Permanencia será ratificado por ley del Congreso de la Nación y tendrá categoría de ley suprema de orden público conforme al Artículo 31 de la Constitución Nacional. El plazo de duración es ilimitado y sólo podrá ser modificado, denunciado o privado de su eficacia legal, una vez que transcurran 10 años computados desde la fecha de entrada en vigencia. Las provincias adhieren automáticamente y de pleno derecho al presente Contrato Social de Garantía y Pertenencia con la sola firma del mismo por el Gobernador de la Provincia en su calidad de agente natural del Gobierno Federal” ( apart. 24). “La presente ley-contrato sólo podrá ser sometida a revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” ( apart. 25).
Este texto es un ejemplo de constitucionalismo creativo. En primer lugar crea una categoría especial de leyes que son las “supremas de orden público conforme al Artículo 31 de la Constitución Nacional” (que no establece categorías de leyes). Pero ya la creatividad se convierte en delirio cuando se establece que sólo se la puede modificar después de 10 años de su vigencia, que las provincias adhieren por la sola firma del gobernador y que sólo podrá ser sometida a revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La “frutilla de la torta”: las “partes celebrantes” asignan al Poder Ejecutivo la aplicación de este Contrato ( apart. 26). Pues bien: ¿Quiénes son las “partes celebrantes”? Respuesta: es la voluntad general; y el Contrato está abierto a todos los actores ( apart. 12). No se indica cómo se expresarán. Por eso sería útil un esfuerzo más, que los lleve a inventar un Congreso con atribuciones restringidas, puesto que el Contrato Social sería inamovible por 10 años y sólo podría ser revisado por la Corte Suprema.
¿Por qué una Universidad prestigiosa incurre en estos desatinos jurídicos? Una explicación es el propósito de aplicar un programa de gobierno cuya ejecución requiere una reforma constitucional. Como el arco opositor no tiene las mayorías exigidas por la Constitución, se pretende entonces sancionarlo por una super ley que no existe en nuestro ordenamiento jurídico.
Los puntos básicos. El Contrato Social de Garantía y Pertenencia establece dos categorías de temas básicos, cuyo cumplimiento permitiría instalar la “nueva República Consolidada del siglo XXI”. Algunas materias son lo suficientemente generales como para impedir rechazos; en cambio, en los temas controvertidos, el Consenso opta por favorecer a los intereses del establishment económico, los medios de comunicación y la Iglesia. Veamos.
Educación. El primer tema que trata es la educación: “El Estado garantiza el acceso universal y gratuito al saber en todos sus niveles para todos los habitantes de la Nación sin exclusión. Para el cumplimiento de este principio, las organizaciones estatales pertinentes deberán instituir sistemas de becas, subsidios, mecenazgos, compensaciones tributarias y toda otra instrumentación conducente a promover la formación física, moral e intelectual de todos los habitantes de la Nación” ( apart. 27). En otras palabras, deben aumentarse sustancialmente las subvenciones estatales al sector educativo privado.
Pero esa orientación va más lejos. No sólo se benefician las escuelas privadas, en especial las religiosas. Además se dispone que “los medios de comunicación son agentes activos de la educación” ( apart. 28). Agrega el Consenso: “La educación impartida por los medios de comunicación y las organizaciones sociales deberá ser de ejecución pública no estatal” ( apart. 31).
El esquema es claro: el eje de la acción educativa pasa a la Iglesia y a los medios de comunicación privados (adivinen cuáles). Se viola así la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que deben otorgarse licencias al Estado nacional, a las provincias, a las municipalidades y a las universidades nacionales; ¿se suprimirá al canal Encuentro? Pero no termina allí: el sector privado debe ser financiado por el Estado: “Los licenciatarios de los medios de comunicación audiovisual y las autoridades de las escuelas sociales serán compensados por el Estado nacional por los servicios educativos que presten”; para que no haya equívocos agrega: “El sistema de compensaciones por los nuevos servicios educativos deberá estar a cargo de la Nación” ( apart. 35).
Seguridad. El Consenso establece que “el eje vertebrador de todas las políticas de Estado es, a nuestro entender, la seguridad en su más amplia acepción”. Para afirmarla, la principal medida que propone es el dictado de un “curso teórico práctico anual y obligatorio sobre Educación para la Civilidad y la Convivencia Social para todos los adolescentes” ( apart. 45). Se llega a esta conclusión sin un diagnóstico adecuado; además, parece extraño que el acto de gobierno primordial, para instrumentar el “eje vertebrador”, sea un curso para adolescentes.
Política exterior. En materia de política exterior propone “formar alianzas estratégicas en el espacio económico regional en conjunto con Brasil y Chile, relanzando la alianza del ABC para construir un puente bioceánico Atlántico-Pacífico” ( apart. 52). No hay ninguna referencia a Unasur.
Economía. Se adoptan las pautas del establishment económico: “eliminar el llamado impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones” ( apart. 65); “establecer un sistema de equidad tributaria y tarifaria compatible con la ganancia empresaria” ( apart. 54); es decir, se privilegia a la ganancia empresaria. Las empresas públicas deben evitar “la producción de bienes y la prestación de servicios que puedan hacerse en forma óptima por el sector privado” ( apart. 66); así, la eficiencia del sector privado parece un artículo de fe. Además, debe afianzarse la autarquía del Banco Central, cuya “función primordial es asegurar un valor estable para la moneda nacional” ( apart. 67); se olvida que en muchos países (incluso en Estados Unidos) también es fundamental el sostenimiento de la actividad económica y del empleo.
En cuanto a la producción se propone una gama impresionante de incentivos y subvenciones al sector privado, que hasta incluye “garantía de la inversión de riesgo” (no se aclara cuál es el riesgo de esa inversión si se la garantiza) ( apart. 70 a 72).
Comunicación. En materia de comunicaciones, el Consenso determina que “las innovaciones tecnológicas sobrevinientes a las licencias son de propiedad pública del Estado nacional, que acordará su gestión privada o mixta” ( apart. 94). Es decir, que las nuevas tecnologías sólo podrán ser utilizadas por empresas privadas o mixtas. Nada mejor para consolidar el monopolio de los medios audiovisuales.
Síntesis. Este documento redactado por la Usal con la colaboración de destacados ex ministros es de gran utilidad porque devela la naturaleza y la ideología de una fuerza política integrada por la Iglesia y los medios de comunicación dominantes, con el acompañamiento de notables miembros del arco político opositor. Es un hecho político fundamental que revelen quiénes son y qué piensan hacer si fueran gobierno.

Otras notas

  • La ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social propone centrar la regulación financiera según las necesidades de los usuarios. Establece que la actividad financiera es un servicio público, puesto que tiene todas las características que lo definen en este sentido. Ello no implica que no pueda ser prestado por entidades lucrativas, pero bajo determinadas orientaciones para que la actividad tenga un impacto positivo en la economía.
  • La forma de gobierno que rige en un país consiste en el modo que el ordenamiento jurídico positivo distribuye el ejercicio del poder político y establece el procedimiento para la determinación de los sujetos que ejercen ese poder (Arturo E. Sampay, Teoría del Estado). Es decir, dispone quiénes adoptan las decisiones estatales y cómo se instrumentan dentro del marco jurídico que se fija.
    En la clasificación de Aristóteles se distinguen la democracia, la aristocracia y la monarquía, que pueden degenerar en formas impuras (la demagogia, la oligarquía y la tiranía).
  • El último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aceptó intervenir por “competencia originaria” en la causa iniciada por la provincia de San Luis planteando la inconstitucionalidad de 139 de los 166 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), añade aún más complejidad al proceso de judicialización de esa norma aprobada en el Congreso con amplias mayorías.
  • Argentina y Uruguay sintonizan la misma frecuencia política por estos días. Más allá del reencauzamiento del conflicto binacional por la instalación de pasteras en Fray Bentos, Buenos Aires y Montevideo juegan a los espejos con determinados proyectos de ley. Primero, la Casa Rosada replicó la distribución gratuita de laptops en los colegios primarios luego de que lo implementara, por primera vez en América Latina, el Ejecutivo oriental.
  • El marco institucional de la actividad económica y de las relaciones sociales, forma parte de los requisitos fundamentales del desarrollo. La organización de los mercados, la toma de decisiones de inversión, la vigencia de los contratos, las relaciones económicas internacionales, deben ser consistentes con el despliegue del potencial de recursos de un país y de la estabilidad social.
  • La posición del Episcopado frente a temas como el divorcio y el proyecto aprobado en Diputados para instaurar el matrimonio entre personas de un mismo sexo es conocida y sus reacciones, previsibles. Tampoco debería sorprender la postura belicosa del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, quien no dudó en definir como “una guerra de Dios” la cruzada que lo ocupa por estos días, tras su impreciso y frustrado proyecto de darle coherencia a un frente político que sirva de oposición al gobierno nacional.

    http://sur.elargentino.com/notas/el-programa-de-gobierno-presentado-por-el-cardenal-bergoglio