Eduardo Jozami
Veinticinco años atrás, cuando fueron enjuiciados los integrantes de las juntas militares de la dictadura, contra lo que muchos preveían, José Alfredo Martínez de Hoz no corrió la misma suerte. Que el principal responsable de la política económica desarrollada a partir de 1976 no fuera procesado contribuyó a imponer la idea de que el golpe había sido obra exclusiva de los militares. De acuerdo con el discurso que circulaba a comienzos de la democracia, los uniformados, en su afán desmedido por reprimir la violencia guerrillera, habrían arrasado con las instituciones y los principios éticos que debían observar, sin que ningún sector de la sociedad civil tuviera responsabilidad destacada en lo ocurrido.
Martínez de Hoz pudo haber sido acusado por las medidas de gobierno que impulsó en beneficio de empresas con las que estaba vinculado, como la Italo, también por su responsabilidad en la escandalosa política que ordenó a las empresas públicas tomar deuda en el exterior, con la peregrina justificación de que eso era más conveniente que recurrir al crédito interno. Asimismo, la Justicia podía haberse ocupado de su participación en los preparativos del golpe, considerando que eran conocidas sus reuniones, desde 1974, con integrantes de las Fuerzas Armadas y civiles que luego formaron parte del gobierno militar. En vísperas de la recuperación democrática, existía una generalizada percepción de la responsabilidad fundamental del ex ministro de Economía, tanto en la preparación del golpe como en la política global de la dictadura. Interpretando ese estado de opinión, un libro de mucha circulación en esos días, con escritos de políticos e intelectuales de variadas tendencias, reclamaba en su título un Juicio de Residencia a Martínez de Hoz.
El primer gobierno democrático no creyó necesario encarar directamente ese proceso, como sí lo hizo con los comandantes, pero por denuncias de particulares el ex ministro debió comparecer ante la Justicia por el secuestro de dos empresarios, los hermanos Miguel y Federico Gutheim. Fue sobreseído sólo de modo provisorio, pero el indulto posterior pareció cerrar el episodio. Anulada la medida dictada por Menem, la causa podía abrirse nuevamente en cualquier momento. La afirmación de que se ha juzgado dos veces por el mismo hecho, reiteradamente expuesta por el diario, no está a tono con la versación jurídica que tradicionalmente han mostrado los editoriales de La Nación: no es necesario haber cursado Introducción al Derecho para saber que, precisamente, lo que caracteriza al sobreseimiento provisorio es la posibilidad de que la causa sea reabierta.
Es notable que los editoriales de La Nación no defiendan en esta circunstancia las ideas de Martínez de Hoz, que, sospechamos, siguen siendo las del diario. Pero frente a una opinión pública decididamente alineada contra el ex ministro, esa defensa tendría pocas perspectivas de lograr algún consenso. La Nación admite que esa opinión negativa es hoy ampliamente mayoritaria, pero curiosamente esa impopularidad le permite otros recursos argumentales a favor de su defendido. El diario advierte que en la decisión de la Justicia habría primado el afán de congraciarse con la voz popular antes que la preocupación por respetar las garantías que todo procesado merece, sea cual fuere la opinión del público.
Planteada la cuestión en estos términos, podríamos pensar que nos encontraríamos ante algo parecido a un linchamiento judicial. Nos resulta difícil asociar esta idea con la figura enigmática del juez Oyarbide, a quien, antes que preocupado por satisfacer a las turbas, imaginamos mejor encerrado en su gabinete practicando un refinado cálculo de las compensaciones. Sin embargo, esta lectura que puede parecer forzada se refuerza con la solicitada publicada –también en La Nación– por los tres hijos del ex ministro que acusan al gobierno nacional de utilizar a su padre para ofrendar un trofeo a esa opinión mayoritaria.
Así planteada la cuestión, ya no hace falta analizar más a fondo el tema judicial ni tampoco las razones que en su momento provocaron esa condena pública contra el ex ministro de la dictadura. No es necesario, porque, más allá de las circunstancias, estamos otra vez ante un tema clásico: el de la agresión popular contra la gente decente, el mismo que desarrollan El Matadero y La fiesta del monstruo. No importa cuán improbable nos resulte el unitario del cuento de Echeverría con su lenguaje acartonado, ni tampoco que la víctima del cuento de Borges y Bioy Casares no sirva para denostar al peronismo porque en ese tiempo no se mataban judíos en las calles de Buenos Aires. Lo que sí interesa es destacar el odio de que ha sido siempre víctima la minoría ilustrada.
Aunque sigue creyendo en Martínez de Hoz, La Nación sabe que hoy –a diferencia de los ’90– no puede salir a predicar las ideas del ex ministro: entonces lo defiende reivindicando su condición de minoría. Porque la tradición en la que el diario se inscribe, y de la que es una de las principales instituciones, no se asocia precisamente con el gobierno de las mayorías: el 12 de octubre de 1922, cuando cesa su primera presidencia Hipólito Yrigoyen, el editorial de La Nación lo acusaba de “haber buscado connubios con las multitudes inferiores”. Puede entenderse, entonces, que esa condición de destinatario de la ira popular sea lo que para el diario de los Mitre torna más valioso a Martínez de Hoz.
Finalmente, el diario descubre que el ex ministro detenido es un civil y, por lo tanto, puede anunciar que con esta medida judicial se inicia la persecución de los civiles. Pero, puesto que se procesa a los ex funcionarios de la dictadura, ¿por qué no esperar que ocurra lo mismo con los rivales políticos que hoy incomodan al Gobierno? A quienes se sorprendan por esta proyección hacia el presente de la persecución judicial, La Nación podría responderles que vivimos en un régimen crecientemente autoritario, razón por la cual la pregunta resultaría más que pertinente. Este razonamiento que no requiere de los hechos, no registra que, en siete años de kirchnerismo, no ha existido intimidación ni agresión alguna contra los opositores. Como si el célebre ex ministro fuera un argentino anónimo, para el diario la detención de Martínez de Hoz es una prueba de que la arbitrariedad judicial patrocinada por el Gobierno puede tocarle a cualquiera.
A lo largo de una nota editorial y de otros textos, el diario se conmueve por la situación del detenido, obligado a alojarse en una cárcel común, a pesar de las dolencias que invocaba. Este ensañamiento con un hombre de 84 años al diario le resulta inexplicable. Desarrollando la misma línea, en la solicitada de los hijos del ex ministro se acusa al Gobierno de estar provocando su muerte, obviándose que los motivos de salud alegados nunca pudieron comprobarse. Quizás el sentimiento filial, exacerbado en estas circunstancias, pueda explicar la solicitada de los hijos, pero el alegato del diario requiere más explicación. La Nación no pierde la compostura por cualquiera. Integrante de la cúpula económica a la que se supone el diario representa, Martínez de Hoz ha estado muy ligado desde siempre a La Nación, en cuyas páginas ha sido muy bien tratado desde sus comienzos en la política como ministro de la intervención en Salta después del golpe de 1955: el diario está defendiendo a uno de los suyos.
También la elite cultural o, mejor dicho, quienes en 1960 aún creían conservar ese lugar, consideraba al ex ministro una de las figuras más representativas: la revista Sur incluyó ese año un trabajo de Martínez de Hoz en el número especial de su trigésimo aniversario. La publicación dirigida por Victoria Ocampo decía rendir culto a la excelencia, pero la convocatoria al ex ministro parece deber menos a sus dotes de escritor que a la común pertenencia a la cúpula oligárquica.
Llevar a la cárcel a un personaje de tal dimensión, cuyos intereses se vinculan con tantos sectores del poder, debía tener necesariamente consecuencias. Para La Nación, estamos frente a un hecho que pone en crisis la seguridad jurídica y muestra hasta qué extremos puede llegar la vocación autoritaria del Gobierno. Para otros, entre los que se incluye el autor de esta nota, es otro paso que nos hace mirar con entusiasmo la Argentina futura.
*Escritor, economista, abogado, Eduardo Jozami se desempeñó durante muchos años como periodista y fue director de la revista Crisis en la etapa posterior a la recuperación democrática de 1983. Publicó, entre otros libros, Final sin gloria. Un repaso de la Alianza y el Frepaso, Dilemas del peronismo. Ideología, historia política y kirchnerismo y Rodolfo Walsh, la palabra y la acción, que obtuvo el Premio Anual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
http://www.elargentino.com/nota-95008-medios-142-Sobre-la-venganza-de-los-inferiores.html
