Cuando se estudian los ciclos históricos largos, surgen las cronologías y las secuencias, que no siempre evidencian una marcha hacia “el progreso”. Así se ha señalado que los países árabes tuvieron primero el Renacimiento (que podrían simbolizar la cultura de Andalucía en los siglos X a XII, y la figura de Averroes), y después el Medioevo, con su retardo y su confusión entre religión y política. Ahora, dentro de los ciclos largos, surge en Europa el ataque al Estado de Bienestar, que se afianzó a continuación de la Segunda Guerra Mundial; se pasa otra vez de una situación deseable a otra indeseable. Antes, durante el auge neoliberal, ya se habían deteriorado las funciones estatales en varios países subdesarrollados.¿Qué es el Estado de Bienestar? A grandes rasgos consiste en la acción estatal que garantiza a todos los habitantes niveles razonables de ingresos, alimentación, salud y educación. Consagra el derecho que tiene toda persona a no ser excluida de la sociedad; para ello se le asigna una suma de dinero suficiente y un acceso a los servicios públicos que le permita satisfacer sus necesidades fundamentales. No se trata de asistencialismo, sino del reconocimiento del derecho a ocupar un lugar normal en la sociedad.
En varios países se practicaron tradicionalmente políticas de salvaguarda de los más pobres. El ejemplo moderno más destacado es la legislación social de Bismarck en Alemania (leyes de Prusia entre 1883 y 1889); asimismo, durante y después de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión que comienza en 1929 y de la Segunda Guerra Mundial, muchos gobiernos practicaron políticas asistencialistas. Pero la institucionalización del Estado de Bienestar se produjo en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Allí el Plan Beveridge estableció un principio básico: cualesquiera sean sus ingresos, todos los habitantes –por el solo hecho de serlo– tienen derecho a estar incluidos en la sociedad, sea con pagos en efectivo o con servicios estatales (salud, educación, jubilaciones, etc.).
Como era de esperar, el pensamiento reaccionario embistió con todos los medios en contra del Estado de Bienestar. No obstante, las políticas de progreso social y político se consolidaron y recién ahora se las cuestiona: los principales países europeos están en la tarea de desmantelar el Estado de Bienestar.
Esos países que se llamaron en alguna época la cuna de la civilización, donde se originó el Siglo de las Luces que abre la modernidad, ese lugar del mundo que fue mucho más que un modelo para la Argentina, hoy intenta la precarización del empleo, la privatización de bienes públicos y el desmantelamiento de la seguridad social. ¿Suena conocido? ¿Por qué lo hacen ellos ahora?
El problema es que enfrentan una crisis financiera brutal, que tienen que pagar uno o varios de estos agentes: o el sistema financiero, o los Estados, o los habitantes de los países afectados. En el caso de Grecia, por ejemplo, las alternativas son evidentes. Los bancos internacionales le prestaron a un país insolvente, que no iba a poder pagar ni los intereses ni el capital adeudados. Cuando llegaron los vencimientos, Grecia se encontró con una disyuntiva. La primera posibilidad, ya que no pueden devaluar porque no tienen moneda propia, era salir de la zona euro, devaluar y reestructurar la deuda con una fuerte quita; esta solución hubiera perjudicado a los acreedores, entre los cuales hay muchos bancos europeos, pero se hubiera resuelto el problema de fondo. La segunda posibilidad era recibir fuertes préstamos de los países europeos solventes y del Fondo Monetario Internacional (FMI), y salvar a los bancos; entonces, quien cubrirá la deuda es el pueblo griego, al que se le aplica un fuerte ajuste para que el gobierno griego pueda pagar los intereses y el capital adeudados a los países europeos y al FMI. Así no sólo se disminuirán salarios y gasto público durante decenios, sino que además el país deberá subordinar su política económica a los dictados de los acreedores. Los bancos, después que hicieron su negocio de corto plazo, miran desde afuera, como si no tuvieran ninguna responsabilidad. En otros países europeos, como España, el Reino Unido e incluso Alemania también se aplicarán planes de ajuste, de acuerdo con la receta clásica del Fondo Monetario Internacional.
De este panorama se desprende que el sector financiero pelea por conservar su hegemonía y hasta ahora lo ha conseguido. Parece que hasta hizo olvidar cuál es el origen de la crisis: ahora ya no se habla de crisis financiera, sino de crisis fiscal, olvidando que ésta se debe principalmente a aquélla. Los Estados y gran parte de los pueblos han aceptado que sean ellos quienes paguen y no los bancos. Extrañamente se ha logrado un consenso político: los partidos socialdemócratas piensan y practican las mismas medidas que los movimientos social-cristianos o conservadores. La culminación de la política de cuadros dirigentes –¿diríamos operadores políticos?– parece ser también el fin de la política como espacio de discusión: sólo queda la unanimidad en la decisión de llevar adelante las reformas económicas que ya conocimos en la Argentina, con igual inocencia o complicidad.
Nuestra experiencia nos demuestra que quienes acepten la realidad pesadillesca de la política ausente, están condenados a repetir las mismas fórmulas económicas, aunque se precipiten al fracaso; iguales estilos sociales, cada vez más diferenciados y excluyentes; análogos conceptos para pensar la realidad, aunque inspiren acciones cada vez más alejadas de toda articulación concreta. A eso se le llama “consenso”, aunque tenga las formas exteriores y los efectos reales de la alienación: la falta de sentido.
Las políticas argentinas. Desregular, privatizar, retirar al Estado (es decir, perder la política) fueron algunas de las características del modelo argentino de los noventa. De algún modo, estuvimos en la vanguardia de las reformas propuestas en esos tiempos: nadie lo hacía mejor que nosotros, nadie lo hizo tanto. Ahora, ya pasado el vendaval neoliberal por la periferia y en especial por la Argentina, asistimos a la aplicación de esas mismas reformas, con los mismos argumentos, en varios países centrales del mundo; y al mismo tiempo nosotros marchamos en la dirección inversa, procurando restablecer y ampliar el Estado de Bienestar del que gozamos en otros tiempos (en especial durante el primer peronismo).
Sufrimos una crisis catastrófica en 2001-2002, y salimos de ella con una devaluación, una moratoria de buena parte de la deuda pública y una posterior quita del 66% sobre ésta. Después crecimos durante seis años a una tasa promedio de 8,6%; la tasa de inversión subió del 11 al 23% entre 2002 y 2008; de 2001 a 2008 las exportaciones aumentaron de 26.500 a 70.000 millones de dólares. Con este telón de fondo de auge macroeconómico, comenzó a restaurarse el Estado de Bienestar, y cuando estalló la crisis internacional, la respuesta no fue desmantelar los avances logrados, sino profundizarlos: se defendió el empleo y se aumentó el gasto social, lo cual aceleró la salida de la recesión.
De tal modo, en estos años se generaron casi cinco millones de nuevos empleos; se incorporó a dos millones de nuevos jubilados; se recuperó para el Estado el sistema de jubilaciones y se estableció un sistema de aumento automático de sus montos; en 2002 la participación de los salarios en el PIB era del 34% y en 2009 del 43%; la desocupación cayó del 19,7% en 2002 a 8,4% en 2009; se implantó la asignación universal por hijo; se cumplieron importantes planes de vivienda y de salud; se cumplen múltiples programas de desarrollo social (por ejemplo, Programa Ingreso Social con Trabajo, Plan Nacional Familias, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional de Deporte).
El sentido de fondo de la acción del gobierno es la inclusión social, de la cual el Estado de Bienestar es un importante instrumento. Con esta creación de sentido se rescata la política, la reflexión política, la acción política. En síntesis, se recupera a la política como un instrumento de cambio real.
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