Aunque lo hacen sin entusiasmo, hasta los analistas privados más reticentes admiten ahora que la economía argentina cerró el primer trimestre con resultados económicos positivos en términos de producción, consumo, empleo, exportaciones y reservas, lo que permite formular un pronóstico alentador para el resto del año, en particular para la evolución de los PBI agrícola-ganadero e industrial, los motores de la economía. Si se considera que eso se logró en plena conmoción del capitalismo central, el mérito es mayúsculo. La Argentina ya no es Grecia, aunque el reconocimiento del establishment no llegará nunca porque su negocio no es el desarrollo industrial del país.
Para percibir lo que se hizo bien alcanza con mencionar la media docena de medidas que actuaron como soportes del crecimiento. En primer término, el acierto del tipo de cambio, que los economistas denominan “competitivo” o “industrial”, y que es la base de una estrategia cambiaria que promueve el desarrollo fabril y las exportaciones con valor agregado. A eso deben sumarse la eficiencia de la recaudación fiscal, una nueva inserción internacional (política y económica) más acorde con los intereses nacionales y la aplicación de retenciones a las exportaciones que –no obstante el fracaso de la 125– robustecen la recaudación y permiten diferenciar los elevados precios internacionales de los que se pagan en el mercado interno, lo que es muy importante en el caso de los alimentos.
Un apartado significativo es la solidez de las reservas, que a fines de 2009 llegaban ya a los u$s48.000 millones, y que cuando termine este año pueden alcanzar entre 54 y 57 mil millones, según distintas estimaciones y dependiendo de los dólares que se empleen para pagar deuda externa. La recuperación de los recursos de la seguridad social actúa en el mismo sentido. Así, estas anchas espaldas consolidan la estrategia cambiaria y a la vez actúan como un reaseguro ante situaciones adversas que se deriven de la crisis internacional, de eventuales ataques especulativos contra el peso, o de la fuga de capitales.
Otra palanca clave durante todos estos años fue la existencia de superávit fiscal y comercial. Así lo indica un superávit primario de 3,5% promedio del PBI durante el período 2003/2008, que no obstante la crisis internacional se sostuvo en el orden de 0,9% en 2009 y que se estima este año en 1,5% del PBI, lo que se corresponde con una expectativa de crecimiento de la economía superior a 4%, aproximadamente la mitad del alto crecimiento promedio del período 2003-2007, que fue del orden de 8,3% anual.
Desde esta perspectiva, la preservación del superávit fiscal y la acumulación de reservas de libre disponibilidad (producto, a su vez, del creciente superávit comercial y del resultado favorable de la balanza de pagos) son los pilares sobre los que se apoya la estrategia de desendeudamiento, que permitió obtener una reducción del peso negativo de la deuda externa en la economía. En tanto que a fines de 2002 esos compromisos equivalían al 166% del PBI, hoy representan el 48,8%, más de dos veces menos. Esta cifra tiene una contundencia difícil de esconder.
Superada la estéril guerrilla parlamentaria de la oposición, el Gobierno seguirá achicando la deuda mediante el pago con reservas, lo que supondrá un ahorro importante, ya que los intereses que cobra por tenerlas depositadas en el extranjero (0,5% al año) son insignificantes si se lo compara con la tasa que debería pagar si contratara deuda nueva para cancelar la vieja, del orden del 14% anual.
Hay que mencionar también el crecimiento y orientación del gasto volcado hacia la inversión pública en infraestructura y en incentivos crediticios para las pymes, las cooperativas y las provincias de menor desarrollo, así como también la evolución del gasto en educación, salud y asistencia. Un par de ejemplos lo ilustran bien. El gasto en educación aumentó más de 30% para alcanzar el 6% del PBI, con arreglo a la Ley de Financiamiento Educativo, cuando nunca antes había superado el 3,9 por ciento. En 2009 los estímulos fiscales y los subsidios explícitos alcanzaron el 4,7% del PBI, lo que permitió sortear la crisis con relativamente pocos sobresaltos en materia de empleos y consumo. Otro indicador contundente es que el salario mínimo, vital y móvil pasó de $200 en 2003 a $1.500 en 2010.
Además, la reforma del sistema previsional impuso una cobertura que hoy llega a 6,5 millones de jubilados y pensionados, lo que supuso la incorporación de casi 2 millones de nuevos beneficiarios. Sumado al mecanismo de ajuste automático de los haberes, esto elevó el gasto previsional de 5,3% del PBI en 2002, a 7,3% en 2009.
El año pasado se introdujo la asignación universal por hijo mediante una transferencia monetaria de $180 mensuales a favor de los menores cuyos padres se encuentren desempleados o desempeñándose en el sector informal de la economía. Esta medida dio un fuerte impulso a la distribución del ingreso al incluir a 3.500.000 menores y tuvo un alto impacto en la reducción de la pobreza extrema y la indigencia, constituyéndose en el plan de inclusión social más importante de América latina, así reconocido por la OEA, al tiempo que fortaleció el consumo.
Esta suma de medidas positivas tiene una contrapartida de interrogantes. Por ejemplo, siguen aguardándose decisiones estratégicas en materia de energía y minería, así como respecto de la concentración y venta indiscriminada de tierras, ya que –a 200 años de la Revolución de Mayo– el 50% de la tierra cultivable está en manos de 7 mil familias y empresas, y 20 millones de hectáreas son propiedad de extranjeros. Otra cuestión son los urgentes resguardos ambientales que se requieren en el caso de los hielos continentales y por la tala indiscriminada de bosques en las provincias norteñas.
También se espera con impaciencia la formulación de programas del Mercosur en cuestiones estratégicas como la preservación del agua dulce, la creación de empresas binacionales, la conformación de una industria de defensa común y de una aerolínea regional, entre otras deudas que arrastra el acuerdo sudamericano.
Y aunque resulta innegable que se ha avanzado considerablemente en la lucha contra la desigualdad, se sigue reclamando la adopción de políticas radicales para compensar el subdesarrollo regional respecto del área pampeana y la continuidad de cifras preocupantes de exclusión y pobreza acumuladas en los conurbanos, heredadas de un cuarto de siglo de políticas liberales. Asimismo deben formularse estrategias para contener la inflación dentro de límites manejables y para frenar en seco los reclamos de devaluación formulados por los think tank del establishment y en particular por los exportadores, que son peligrosos porque cuestionan el tipo de cambio, corazón del modelo.
Un capítulo significativo lo constituyen las inversiones que deben sostener el crecimiento económico y garantizar su reproducción. No siempre la inversión estatal podrá compensar las insuficiencias de la inversión privada, porque eso depende del volumen del superávit, que adelgaza por el aumento del gasto público que, criticado por los enemigos del Gobierno, ha permitido defender millares de empleos y sostenido el consumo. Si bien las decisiones empresarias de inversión son un resorte privado, cuando se sale al mundo a vender también hay que vender la imagen del país como un destino apto y seguro para las inversiones, entre otras cosas para aventar las pavadas que se difunden sobre la presunta inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica teníamos los argentinos durante el cuarto de siglo (1976-2001) en que la economía fue manejada por el neoliberalismo, e inseguridad personal (agregada) cuando la manejó la dictadura.
Por fin, para favorecer las inversiones se pueden ofrecer estímulos impositivos, crediticios y otros cuando un proyecto supere un volumen de dinero a determinar, o si se compromete a introducir tecnología de punta, o si empleará mano de obra intensiva. Brasil lo hace desde hace años con excelentes resultados, la Argentina recién empieza.
Es claro que hay críticas positivas, que apuntan a mejorar lo bueno, y otras que se formulan desde el bolsillo del sector interesado o desde posturas reaccionarias. En ese sentido hay que discriminar, en cada caso, la procedencia del cuestionamiento, ya que no es lo mismo un pedido de la CTA que un reclamo de AEA, por ejemplo, ni una advertencia del periodismo comprometido con su pueblo que un ataque mediático.
La Argentina ya no es Grecia, y eso es mucho más de lo que los argentinos teníamos hace diez años.
http://www.elargentino.com/nota-92573-La-Argentina-ya-no-es-Grecia.html
