Apertura a las importaciones, fuga de capitales, planes de ajuste, endeudamiento externo son algunos temas de impresionante actualidad que ya se encontraban presentes en tiempos de la Revolución de Mayo. Su permanencia en el debate no es casual sino el reflejo de que ciertos problemas económicos estructurales del país –a 200 años de la Revolución– siguen sin solución.
A fines de 1809 se debate sobre la introducción de mercaderías inglesas. Obviamente que se oponían los comerciantes españoles que detentaban el monopolio del comercio con el puerto de Cádiz, y veían afectado su privilegio. Al respecto, es interesante destacar que el monopolio comercial a través de un único corredor Cádiz-Río de la Plata –que tanto restringía las posibilidades económicas de España y sus colonias–, no se debía al oscurantismo hispánico. Por el contrario, la rigidez de tal esquema comercial fue consecuencia de la permanente piratería sobre las naves españolas fomentada por la corona británica. Así, España se vio obligada a concentrar todas sus fuerzas navales en la defensa de por lo menos un corredor marítimo que le permitiera mantener vínculos comerciales con América, lo que incrementó enormemente los costos de transporte para sus productos con la consiguiente pérdida de competitividad.
Entre los opositores a la importación de productos ingleses se destaca el síndico del Consulado, Martín Gregorio Yáñez. En su alegato diferencia la cuestión fiscal relacionada con los tributos al comercio exterior, de su impacto en términos de precios relativos y producción interna –distinción fundamental que muchos no realizaron al analizar la resolución 125 de retenciones móviles a la soja–. Así, más allá de sus efectos en términos de recaudación, la importación de productos ingleses reduciría el precio interno de los bienes manufacturados arruinando las industrias del interior. “Sería temeridad equilibrar la industria americana con la inglesa; estos sagaces maquinistas nos han traído ya ponchos que es el principal ramo de la industria cordobesa y santiagueña”, advertía por entonces.
A favor de la libre importación se encontraban quienes comerciaban de contrabando con los portugueses y, por su intermedio, con Inglaterra. También los hacendados, en cuya representación escribió Mariano Moreno. Sus argumentos fueron pragmáticos: el contrabando es un hecho y legalizando la importación el gobierno mejora su precaria situación fiscal al cobrarles algún arancel. La precariedad de las cuentas públicas era consecuencia del costoso mantenimiento de las milicias creadas para defender la cuidad de las invasiones inglesas.
El virrey Cisneros aprueba –provisoriamente– la introducción de mercaderías inglesas el 6 de noviembre de 1809. A su vez, prohibía la exportación de metálico, por lo que la contraparte debía ser el embarco de cueros y otros productos del país. Como los comerciantes ingleses embarcaban oro y plata, se ordenó su expulsión en un plazo de 4 meses que se cumplían el 19 de mayo de 1810. Ese día (¿casualmente?) comenzó la semana de mayo, con lo que la orden de expulsión quedaría en la nada.
La libertad para importar será ampliada el 2 de octubre de 1811, bajo el impulso del secretario del Primer Triunvirato: Bernardino Rivadavia. Se permitió la importación de carbón mineral inglés que desplazaba el carbón de leña nacional; se redujeron y dejaron de cobrar, en muchos casos, los derechos de importación; se permitió la exportación de metálico; entre otras. La consecuencia inmediata fue la baja de la recaudación pública que obligó al primer plan de ajuste de nuestra historia: una rebaja general de sueldos y pensiones del 10 al 25% (decreto del 31 de diciembre de 1811), monto similar al que casi 190 años después dispusiera De la Rúa y algo menor al que hoy intentan imponer al pueblo griego.
La avalancha importadora puso en rojo el saldo comercial, con lo que el oro se fugó de la plaza local. Para salvar la situación se apeló a los mercados financieros, vendiéndose en Londres títulos de la deuda pública por intermedio de la casa Baring. Los gestores de la operatoria en representación de la Argentina eran hombres vinculados con intereses comerciales ingleses, con otros honorables antecedentes como el de haber estafado al general Tomás de Iriarte jugando con dados cargados de mercurio.
La colocación fue un verdadero atraco financiero digno de la imaginación de un José Alfredo Martínez de Hoz o un Domingo Cavallo. Se emitieron bonos por un millón de libras que se colocaron al 70% (en realidad al 85% en el mercado pero la diferencia se la repartieron entre la Baring y los representantes de nuestro país), se pagaron cuotas por anticipado y otras comisiones que dieron el resultado de que llegaran al país sólo 552.870 libras, mayoritariamente en letras sobre casas comerciales inglesas instaladas en el Río de la Plata. Esta deuda será renegociada en varias oportunidades, terminándose de pagar en 1901 y exigiendo al país 4.889.361 libras, casi 9 veces las libras recibidas.
Esta secuencia se repetirá numerosas veces en nuestra historia. Gestiones liberales que desregulan el comercio llevando a la quiebra a los productores locales y al rojo a las cuentas públicas y los saldos comerciales. La consiguiente salida de las divisas –facilitada en nombre de la libre movilidad de los capitales– se la intenta compensar tomando deudas en los mercados internacionales, financiando de paso el déficit público. Al andar los pagos por deudas más que superan las colocaciones adicionales, agudizando el rojo de las cuentas públicas y externas. Empieza la imposición de planes de ajuste y el fomento de actividades para la exportación. El bienestar de los argentinos deja de ser el objetivo de su actividad económica, que se orienta cada vez a satisfacer los intereses de quienes dominan el mercado mundial.
Hoy mismo, muchos sectores bajo el encanto de los elevados precios internacionales de la soja buscan, una vez más, entregarse ciegamente a las órdenes del mercado mundial. Otros luchan contra la marea de la crisis internacional para malvender los logros económicos de los últimos años, reinsertándonos en los mercados financieros externos. El bicentenario es una buena oportunidad para ponernos los pantalones largos como nación. O como se preguntara el correntino Ferrer en 1832: ¿se ha derramado tanta sangre y habéis arrostrado los argentinos la amargura de todos los infortunios para ser perpetuamente la común factoría del antiguo mundo?
*Profesor de la FCE-UBA e investigador del CEMOP- Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
http://www.elargentino.com/nota-92256-La-actualidad-de-los-debates-economicos-de-mayo-de-1810.html
