Manejada con impunidad desde que le fuera arrebatada a la familia Graiver, mediante tortura y cárcel, la cesión de las acciones de la empresa Papel Prensa ha funcionado como una ínsula con reglas propias y gran capacidad de coacción y cooptación. ¿Quién se ha querido enojar con los accionistas de Papel Prensa? ¿Quién ha podido enfrentar su omnímodo poder en el abastecimiento de papel para diarios? Si las historias hechas con dinero, sangre y complicidad del Estado, son difíciles de comprender a simple vista, el caso de esa empresa se encuentra en un escalón superior: sus accionistas mayoritarios son los principales dueños de la información que circula en la Argentina.
Embarcados hoy sus accionistas mayoritarios en una guerra sin cuartel contra el proyecto político que gobierna el país, han abierto, sin proponérselo, las puertas a lo que puede ser el inicio de la recuperación institucional de Papel Prensa. El plan decidido era claro y conciso: había que disponer de una mayoría de directores conocidos como “independientes”, que son quienes representan a los accionistas dueños de diarios pero que, al no tener vinculación con esa actividad, pueden tomar decisiones sobre precios y cupos de venta de papel; se debía entorpecer el funcionamiento del Consejo de Vigilancia; era necesario dejar al Estado argentino afuera de la Comisión de Auditoría; finalmente, había que impedir que los representantes del Estado controlaran los negocios de la empresa. Sin embargo, algo falló; probablemente el origen de los fallidos esté en la cultura y hábitos de leales funcionarios corporativos que han sido acostumbrados a prerrogativas y necedades concedidas por el poder cuando es sinónimo de impunidad. Resumiendo lo ocurrido: los encargados de llevar adelante el plan cometieron muchas torpezas. Demasiado. Los directores habían sido convocados para dos reuniones a realizarse el 4 de noviembre de 2009; una a las 11.45 y otra a las 12. La primera para tratar la recomposición del directorio, el informe solicitado por la Sindicatura a propuesta de los accionistas del Estado Nacional y, finalmente, la convocatoria a Asamblea General Ordinaria (¡semejantes temas en sólo 15 minutos!). El orden del día de la segunda reunión era el tratamiento del balance trimestral al 30 de septiembre de 2009.
Una de las torpezas fue haber actuado al revés de lo que pusieron en la convocatoria, para lo cual tuvieron que confeccionar actas que invirtieron el orden en que transcurrieron las reuniones. De esos trastrocamientos resultó que el balance fue firmado sucesivamente por Julio Saguier y por Alberto Maquieira, cada uno revistiendo el cargo de presidente.
A las observaciones que hicieron los directores del Estado ante semejante anormalidad, se sumó la no aprobación por esos representantes estatales del balance trimestral debido a que no habían recibido la información solicitada para evaluarlo, y al impedimento, por parte de los delegados de los accionistas privados, de la participación en las reuniones de directorio del representante del Estado Nacional en el Consejo de Vigilancia.
A pesar de tales impugnaciones y evidentes falsías, al día siguiente los representantes de los accionistas privados ingresaron al sitio de información pública de la Comisión Nacional de Valores (CNV), llamado Autopista de la Información Financiera (AIF), una comunicación que indicaba que se había cumplido con el orden del día mediante la renovación de autoridades y la aprobación del balance trimestral. La Comisión Nacional de Valores no tardó en responder mediante la Resolución 16.222 del 19 de noviembre; en su texto, el organismo de control sostuvo “que según las verificaciones efectuadas en Papel Prensa, no existen actas de directorio que avalen lo informado a través de la AIF, ni tampoco la aprobación de los estados contables, observándose la inexistencia de respaldo orgánico”. Esas circunstancias, entre otras, llevaron al organismo de control a declarar irregulares e ineficaces a los actos adoptados por el directorio en las dos reuniones del 4 de noviembre. Finalmente, el día 23 de ese mes la CNV, después de haber realizado la verificación contable en los libros y papeles de comercio en la sede de la sociedad, resolvió instruir sumario a Papel Prensa y a todos los integrantes de sus órganos de conducción y control.
El 4 de febrero del corriente año, ante la sucesión de irregularidades y el desconocimiento por parte de la empresa a las observaciones que le habían sido hechas, la CNV se presentó a la Justicia comercial para solicitar la suspensión de las resoluciones tomadas por los órganos societarios de Papel Prensa a partir del 4 de noviembre de 2009 y la designación de un interventor judicial.
Entre una ayuda y la solución. El día 8 del corriente mes se conocieron dos resoluciones del juez nacional en lo Comercial Eduardo E. Malde, quien interviene en las causas iniciadas contra Papel Prensa por la CNV y por el Estado Nacional. Al dar parcialmente respuesta favorable a ambos reclamantes mediante una medida cautelar, el magistrado recordó que la mayoría que controla la empresa había producido el “cercenamiento” del derecho de información del Estado como accionista, así como de sus directores, al tiempo que privaba al Consejo de Vigilancia del representante del Estado Nacional, negándose a incorporar –“como era habitual en años inmediatos anteriores” dice el juez– un representante del Estado Nacional al comité de auditoría.
El magistrado tomó decisiones: suspendió cautelarmente todo lo resuelto por el directorio de Papel Prensa a partir del 4 de noviembre de 2009; designó un coadministrador en la persona del Dr. Carlos Bianchi; resolvió la incorporación inmediata como integrante del Consejo de Vigilancia en representación del Estado nacional del Dr. Alberto González Arzac y, finalmente, dispuso el apartamiento preventivo del asesor legal del directorio, Dr. Enrique Pigretti.
El Dr. Bianchi procedió rápidamente y al día siguiente convocó a dos reuniones de directorio: el 15 de marzo, para considerar las renuncias presentadas por directores, algunos síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia; el 17 de marzo, para considerar los balances al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2009.
La premura del Dr. Bianchi es la que corresponde a la manda recibida. El contenido de sus citaciones, en cambio, dan lugar a dudas sobre la eficacia con que pueda cumplir el mandato encomendado; por ejemplo, no va a ser posible tratar el balance ya que los representantes del Estado carecen de la información que insistentemente solicitaron para poder evaluarlo. Al mismo tiempo, al no haber sido tratado ese balance, menos se puede tratar el balance que corresponde al trimestre siguiente. En cuanto a la gestión del directorio, a partir del 4 de noviembre de 2009 todas sus decisiones son inválidas e ineficaces, según lo resolvió la CNV el 19 de noviembre de 2009.
La conducción de Papel Prensa ha llegado a una situación límite que exige conocer realmente qué pasa en la empresa. Por ello, el viernes último, el representante del Estado Nacional se presentó ante el juez Malde solicitando se aclaren los alcances de la medida cautelar otorgada en relación con las facultades que tendrá el coadministrador designado en las votaciones a celebrarse en el directorio.
Una definición no menor para poder prever el devenir de la crisis institucional en curso.
http://www.elargentino.com/nota-81779-medios-123-Papel-Prensa-en-una-situacion-limite.html
