Si Unicef pudiera ser coherente retiraría de inmediato de Panamá su sede regional para América Latina y el Caribe. Haría las maletas, daría una tumultosa conferencia de prensa y dejaría de editar informes y estudios sesudos ante la incontrovertible dureza de la realidad panameña.
¿Acaso es coherente seguir haciendo incidencia a favor de la infancia en un país que va a rebajar la edad de imputabilidad a los menores de edad de los ya escandalosos 14 años a los inconcebibles 12 años? ¿Acaso pueden seguir trabajando Christian Children's Fund o Casa Esperanza o las decenas de organizaciones nacionales que tratan de ayudar a los niños, niñas y adolescentes excluidos de este sistema excluyente?
Los argumentos a favor de esta decisión del Cambio y seguida a rajatabla por los corifeos parlamentarios son tan ridículos como populistas.
Los crímenes cometidos por menores de 14 años son tan escasos como lamentables. El síntoma de una enfermedad social que comienza con la injusticia y la brecha social y termina en asesinato o violación. Pero, insisto: son anecdóticos en las estadísticas criminales y no son una enfermedad sino el síntoma de ésta.
Claro que para los políticos es mejor hacer esta bulla, aplaudida desde algunas radios y televisoras, que encargarse de la inseguridad. Hace unos días, el diario El Siglo publicaba un interesante análisis de las estadísticas de homicidios en Panamá durante el mes de enero de 2010. El texto revelaba que ni es el narco ni son los menores de edad ni las pandillas las que elevan las estadísticas de sangre.
No, estimados lectores y lectoras, se trata —en el mayor porcentaje— de riñas de borrachos o de crímenes por peleas entre vecinos y amigos. Una pequeña deuda por saldar, un quemado con poca paciencia, unos tragos de Seco Herrerano (el que enriquece al beato vicepresidente) mal encarados… La mayoría de muertes violentas se dan por el terrible ambiente en que vive la mayoría de nuestra sociedad, en la que solo un 20% de familias cuentan con papá y mamá, que subsiste en barrios agresivos en lo arquitectónico y lo económico, con cero oferta cultural, con pocas opciones de futuro. Y cuando no hay futuro se ataja el camino hacia la muerte.
Criminalizar a la infancia es una apuesta perdida y una hipoteca a futuro. Podemos seguir bajando la edad de imputabilidad hasta los cinco años y no cambiará nada, porque ver el fenómeno de la inseguridad desde la única óptica de la coerción es un error clásico de los gobiernos autoritarios que jamás ha conducido a nada bueno. Y no se ha escuchado la voz de la llamada sociedad civil organizada manifestándose en las calles o en los foros públicos. Es cierto que tampoco ha sido consultada por este Gobierno de hechos que ya anunció, que no piensa cogobernar con organizaciones no gubernamentales y similar calaña.
Pensándolo con frialdad, quizá es que nos importe poco a que a los niños de 12 años (normalmente de origen afroantillano y pobres) los metan a La Joya o a La Joyita. Primero , porque se está reforzando la valla perimetral, así que estarán a buen recaudo, cuidado por criminales mucho más expertos que los formarán en las lides del delito refinado. Segundo, porque si normalmente tomamos café recolectado por menores ngäbes, si podemos dormir con el alto índice de abuso sexual y maltrato que sufren niñas y niños en los hogares, si no nos importa que nos empaque el mercado un menor a cambio de unos centavos con los que pagarse los estudios… ¿por qué nos tenía que perturbar esta nueva ley del Gobierno?
Sería interesante ver algún día al hijo de 15 años de un ministro encarcelado por manejar ebrio la Toyota Prado de la familia o quizá tan solo ver al padre encarcelado por robar dinero público. Pero eso no ocurrirá. Este sistema está pensado para criminalizar a los pobres que, al mismo tiempo, son los que más sufren los rigores de la violencia. Los mismos pobres que, en algunos casos, apoyan esta ley y que cuando vean a unos linces deteniendo a su hijo de 13 años y comience la cadena de represión se lamentarán de haber creído en esta medida tonta, populista y vergonzosa para un país que dice querer ser del primer mundo.
Nos toca esperar que todas las organizaciones que trabajan con menores se larguen corriendo, denuncien el abuso, se indignen al menos con lo que está ocurriendo a su alrededor. Que alguien lo haga, porque mientras en la Asamblea se da un golpe certero a los derechos fundamentales de la infancia, el resto la pasamos carnavaleando, que parece mejor emborracharse y olvidar que presenciar esta inacción ante los atropellos.
http://www.argenpress.info/2010/02/panama-adios-unicef.html
