Las movilizaciones populares iniciadas 12 días antes habían evidenciado la ineptitud de un gobierno incapaz de afrontar la crisis del modelo impuesto en 1976 y consolidado durante los años 90 y que ahora desertaba del ejercicio del poder estatal, huyendo literalmente de la convulsa realidad.
La justa ira popular se explayaba en las calles con todo tipo de demandas, que se sintetizaban en una atronadora: “Que se vayan todos”.
El Estado implosionaba y el control de la situación quedaba fuera del arbitrio del poder político.
El Estado que había abandonado su rol institucional de contenedor –y componedor– de las tensiones sociales desatadas por el paradigma especulativo y de exclusión, dejaba a la vista de todos la nula credibilidad de los partidos tradicionales y aun de la política misma como instrumento para resolver las más acuciantes necesidades sociales.
Ese convulsionado período, que culminaría con el retiro anticipado de Eduardo Duhalde, sería testigo no sólo de enormes movilizaciones sociales sino también de la fragmentación de la coalición de poder que había sostenido al menemismo, que no hallaba salida a la crisis.
Las fracciones neoconservadoras más recalcitrantes insistían con dos ideas de su manual: ajustar y reprimir. Se persistía en la misma línea que había derrumbado a De la Rúa con su aciago costo en vidas aunque, finalmente, la masacre de Avellaneda y la furia que despertaron los asesinatos de los militantes sociales Kosteki y Santillán demostró la inviabilidad de ese proyecto.
Hoy, ocho años después, el Estado se ha tornado de nuevo presente y la política ha recuperado centralidad y protagonismo como instancia fundamental del dispositivo institucional y, sobre todo, como herramienta al servicio de cambios progresistas.
Simultáneamente, el conflicto y los consensos encuentran su ámbito de procesamiento en un Congreso que cumple con su rol dentro del sistema de división y control recíproco entre los poderes del Estado.
Claro que las cámaras no constituyen el único ámbito de la disputa política ya que ésta excede los despachos y a los políticos profesionales y, luego de años de pensamiento único, ha reencontrado su lugar entre los trabajadores, los intelectuales y las organizaciones sociales que nacieron precisamente en aquellos años.
La recuperación del Estado y el cumplimiento de sus deberes sociales básicos implicó abandonar aquel aparato inerme o cómplice de las corporaciones que contribuyó a profundizar la desigualdad.
La renovada presencia estatal en la regulación de los mercados, el privilegiamiento de un modelo económico basado en el trabajo y la producción, así como el cambio de enfoque del presupuesto social, que pasó de ser considerado gasto para elevarse a la categoría de inversión, marcan hasta qué punto el país ha cambiado, retomando gradualmente parámetros de solidaridad e igualdad perdidos hace mucho tiempo.
Quedaron atrás los ajustes exigidos desde afuera, se acabó la represión frente a la protesta social, se abordan los conflictos no como situaciones demoníacas que hay que desterrar sino como la expresión de intereses distintos que confrontan al interior de una sociedad democrática y plural, tensiones que –además– no hay que tratar de ahogar sino de resolver desde la política y el debate público.
Hoy, con ese Estado de nuevo presente, con poderes públicos que debaten libremente y con antagonismos y pujas de intereses que se resuelven democráticamente, dejamos en el pasado aquel país desintegrado de enero de 2002 y celebramos que somos, simplemente, un país normal.
Oscar González
Dirigente socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional
http://www.elargentino.com/nota-71673-Un-pais-normal.html
