La actividad económica está encuadrada en un escenario caracterizado por la crispación del debate político, la ocupación del espacio público para expresar la protesta y el planteo de los problemas como si el país estuviera al borde del abismo. Este nivel de conflictividad social contrasta, como señala Julio Godio, en un artículo reciente, con una conflictividad estrictamente laboral (medida por huelgas y horas de trabajo perdidas) relativamente baja. Incluso conflictos de gran repercusión, como el de la empresa Kraft y los subtes, involucran ambos directamente a menos de cuatro mil agentes y resultan más de problemas intersindicales que de reclamos por salarios y/o las condiciones de trabajo.
Como también señala Godio, la conflictividad social refleja la pobreza que alcanza al 30% de la población y un empleo informal equivalente al 40% de la fuerza de trabajo. Estos problemas, resultantes de un prolongado proceso de deterioro, fueron parcialmente resueltos durante la expansión del segundo tramo de esta década, pero siguen siendo los más graves del país. Constituyen cuestiones estructurales de la realidad económica y social.
Estos problemas no se resuelven de la noche a la mañana y requieren un proceso firme y sostenido de desarrollo, generación de empleo y reparto equitativo del ingreso. Requieren también de consensos y políticas de Estado. El problema no es nuevo. Nuestra historia revela, precisamente, cuanta dificultad hemos tenido los argentinos para resolver los problemas, y en primer lugar los sociales, en el marco de reglas del juego e instituciones estables y de la gobernabilidad de la economía.
Para erradicar la pobreza y elevar el bienestar social son necesarias tres condiciones. Primero, un consenso social de que la pobreza y la iniquidad son inaceptables y requieren políticas de Estado. Segundo, que las soluciones sólo son posibles en el marco de la democracia y las reglas de la Constitución. Tercero, que la gobernabilidad de la economía, el desarrollo y el aumento del empleo deben encuadrar las políticas para el bienestar social.
Lo novedoso de la situación presente respecto de la experiencia histórica es que, se ha registrado un avance importante en esos tres planos. En primer lugar, la cuestión de la pobreza ocupa ahora una posición prioritaria en la agenda política y en la atención de la opinión pública. Respecto de las otras dos condiciones cabe observar lo siguiente.
En la actualidad, por graves que sean las tensiones, las instituciones no se rompen y, la economía, por lo menos hasta ahora, tampoco. En efecto, las cuestiones más polémicas, como por ejemplo la reforma del régimen previsional, la resolución 125 y el régimen de medios audiovisuales, fueron resueltas, en uno u otro sentido de las visiones en pugna, en el Congreso, como manda la ley. No es previsible que en el futuro suceda algo distinto. Siempre y en todos los casos, los problemas deben resolverse dentro de las reglas del juego establecidas por la Constitución. Se trata de un avance extraordinario respecto de nuestro pasado, porque la estabilidad institucional es una de las condiciones fundantes del desarrollo económico y social.
Respecto de la economía la situación es notable y también inédita. En el transcurso del 2008 y de allí hasta la actualidad, comenzó a acumularse una serie de problemas que interrumpieron la expansión iniciada a mediados de 2002. Con mucho menos de lo que la economía argentina ha soportado en los últimos tiempos, tuvimos en el pasado crisis descomunales. En efecto, en la actualidad, en el frente macroeconómico, los incentivos iniciales del ajuste de la paridad y del sustantivo superávit primario en el presupuesto, comenzaron a debilitarse.
El incentivo que otorga a la toma de decisiones de inversión, un tipo de cambio desarrollista (TCED) previsible, fue debilitándose paulatinamente. A su vez, el aumento del gasto público excedió el del crecimiento de los ingresos tributarios, con la consecuente reducción del superávit primario y el debilitamiento de la imagen de fortaleza de la situación fiscal. Simultáneamente con estos cambios de la macro, y en parte vinculados a los mismos, se acumularon en este tramo problemas de origen externo e interno.
Entre los primeros, la monumental crisis financiera internacional propagada a la economía real, a través de la contracción del gasto, y el empleo en las mayores economías del mundo, con su consecuente impacto sobre el comercio internacional y los movimientos de capitales. El contagio externo de la crisis mundial sobre el país se produjo por la baja de los precios internacionales de los commodities exportados y las expectativas negativas de la sociedad y los operadores económicos. Al debilitamiento de la macro y la crisis mundial se sumaron problemas esencialmente políticos, como el prolongado conflicto del campo con el Gobierno. Otro factor, este de carácter accidental, la sequía, agravó el cuadro de situación.
Pese a esta suma de calamidades, el contagio de la crisis internacional vía el sistema financiero fue insignificante. Desde el 2002 hasta la actualidad, la Argentina se financia con recursos propios y no descansa en el crédito internacional. Por lo tanto, la reducción del fondeo externo a los países emergentes no la afecta. Al mismo tiempo, el sistema bancario (en una economía de bajo nivel de crédito y de deuda) se mantiene sólido, líquido, y solvente y sin descalce de monedas en sus operaciones activas y pasivas.
En este escenario, entre el 2008 y mediados del año actual, la economía soportó, sin descarrilar, una salida de más de u$s40.000 millones, equivalentes al 20% del ahorro interno y la totalidad del superávit comercial. A pesar de todo, la economía continúa generando superávit en los pagos internacionales, no aumento de deuda; las finanzas públicas están menos sólidas pero siguen bajo control, y las actividades, privada y pública, se financian con ahorro interno.
Así llegamos a estos fines del 2009, con un país que ha demostrado que puede crecer abierto al mundo parado en sus propios recursos y gobernarse sin tutelas externas y, cuyos protagonistas tienen que acostumbrarse a resolver sus conflictos definitivamente en democracia dentro de la ley y en un marco económico que no colapsa. Por lo tanto, existen en la actualidad condiciones propicias para eliminar la pobreza y promover la equidad.
Daríamos un gran paso en la buena dirección si cambiamos el actual escenario de crispación mejorando el diálogo, para que todos cuidemos el país y su gente. El Gobierno, porque para eso lo eligieron, y la oposición, con legítimas aspiraciones de llegar al poder, porque mejor alcanzarlo con un país en democracia, en orden y en el comando de su propio destino. Esto es indispensable para construir políticas efectivas para erradicar la pobreza y niveles inaceptables de desigualdad.
Aldo Ferrer
Director Editorial de Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/nota-66454-Las-condiciones-necesarias--para-eliminar-la-pobreza.html
