Bajo este título, el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar), a fines de octubre próximo pasado, coauspició un coloquio, en el cual, entre otros temas pertinentes, se trató la función de la banca de desarrollo. Uno de los panelistas, Joao Carlos Ferraz, director y representante del BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) de Brasil, afirmó que para que exista una banca de desarrollo es precisa la presencia de un “Estado desarrollista”. En efecto, el desarrollo implica la transformación de la estructura productiva, la agregación de valor a los recursos naturales, el despegue de las actividades intensivas en tecnología, el apoyo al empresariado nacional y la capacitación de los recursos humanos. En mi intervención posterior concordé con ese punto de vista, porque el desarrollo implica un proceso de transformación estructural que no se produce espontáneamente por el libre juego de las fuerzas del mercado. Por lo tanto, requiere de la existencia de una estrategia de desarrollo y de un estado capaz de desplegarla.
La capacidad de movilizar los recursos propios en procesos amplios de acumulación es un requisito del desarrollo y, en definitiva, del poder nacional de los países para desplegar su potencial y defender sus intereses en el orden global. No existe, en la historia económica mundial, ningún país que haya alcanzado altos niveles de desarrollo sin un protagonismo fundamental de sus instituciones financieras en la canalización del ahorro nacional hacia la ampliación de la capacidad productiva y el cambio tecnológico.
La función de banca de inversión para el financiamiento de largo plazo del incremento de la capacidad productiva de las firmas y la ampliación de su base de capital, es un campo esencial de la vinculación del sector financiero con la economía real. El desarrollo económico de los países industriales avanzados y de las economías emergentes ha contado, siempre, por diversas vías y en esquemas institucionales diversos, con la función de banca de inversión. La banca privada tiende a operar dentro de la dinámica de la estructura e intereses establecidos. La transformación requiere canalizar recursos hacia las nuevas actividades lo cual requiere la presencia de políticas públicas. Esto explica porque, en Brasil y el resto del mundo, la banca de desarrollo tiene una fuerte presencia de bancos públicos. El segundo rasgo es que el ahorro interno es la fuente fundamental de los fondeos, sin perjuicio de que las entidades apelen a recursos externos complementarios, especialmente, para el financiamiento del componente importado de los proyectos.
En el caso argentino, la ausencia de una banca de desarrollo y la destrucción de entidades y programas que, en el pasado, cumplieron funciones de banca de inversión, refleja el hecho de que, durante el período de la hegemonía neoliberal, el país no tuvo un “Estado desarrollista” y una estrategia de transformación sino regresiva a un estadio preindustrial y subordinado a la especulación financiera, como lo revela el comportamiento de la economía nacional en el período 1976-2002.
La existencia de una institución especializada en el financiamiento de largo plazo, como fueron el Banco de Crédito Industrial y su sucesor el Banco Nacional de Desarrollo, creado a fines del 1970 durante mi desempeño en el Ministerio de Economía de la Nación, pretendieron instalar la función de banca de inversión en la economía argentina. El mismo objetivo tuvo el programa de apoyo a las empresas innovadoras que se desplegó en el Banco Provincia, en el período 1983-1987, en la denominada Gerencia Jorge A. Sábato, en homenaje al célebre tecnólogo argentino. Finalmente, la liquidación del Banade y, luego, en el Banco Provincia, el abandono del programa al fin de mi mandato, reflejó no sólo la renuncia a contar con instrumentos financieros indispensables sino el abandono del objetivo mismo del desarrollo económico.
La necesidad actual de instalar la función de banca de desarrollo y, en un sentido más amplio, de banca de inversión en el sistema financiero argentino, requiere la existencia de un “Estado desarrolllista” y de una estrategia nacional de desarrollo. La anunciada intención del Gobierno de institucionalizar la orientación de los fondos del sistema previsional a los fines del desarrollo y la eventual creación de un banco para tales fines es una muy buena noticia. Esta estrategia de fondeo de la banca de inversión adquiere renovada importancia a partir de la reforma del sistema provisional en la Argentina porque, en nuestro país y en el resto del mundo, los recursos de los sistemas previsionales representan parte sustantiva del ahorro nacional. Los fondos previsionales del sistema cumplen así una doble función. Por una parte, generar rentabilidad de las inversiones para la sustentabilidad de la previsión social. Por la otra, emplear los recursos para el desarrollo nacional. Ambas son interdependientes.
En el caso del Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) del Brasil, los recursos provenientes del Fondo de Asistencia al Trabajador (FAT) son actualmente una fuente fundamental del fondeo de la entidad como antes lo habían sido el Programa de Integración Social (PIS) y el Fondo de Pensiones de Empleados del Gobierno (PASEP). Antes que Brasil movilizara estos recursos del sistema de previsión social a través del BNDES, en la Argentina simultáneamente con la creación del Banade, en 1970, se estableció el Fondo de Participación en el Desarrollo Nacional, constituido con un aporte del 2% de los salarios establecidos en las convenciones colectivas de trabajo. Cuando, como ministro de Economía y Trabajo, realicé el anuncio de la creación del Banco y del Fondo, anticipé que las proyecciones disponibles preveían que, en cinco años, la dimensión del Banade superaría la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la comentada reunión, el representante del BNDES formuló la advertencia que no existe un solo modelo de banca de desarrollo e inversión. Cada país tiene que apelar a su propia experiencia y necesidades para establecer el sistema adecuado. Es una observación muy acertada. En nuestro caso, el problema que debe resolverse, en primer lugar, es la vía más rápida y eficiente para instalar la función de banca de inversión en el sistema financiero argentino. Un banco de inversión de escala adecuada que abarque todo el territorio nacional, no se crea de la noche a la mañana. Debería pensarse, simultáneamente, en instalar de inmediato la función de banca de inversión apelando a la estructura existente en el sistema financiero público y privado. Este fue el sentido de la propuesta que realizamos hace un tiempo con Eduardo Curia.
Es conveniente restablecer la existencia de un banco público de desarrollo, bien sea en una nueva entidad o a través de la ampliación de las funciones de una existente. En esa línea parece operar la idea de otorgarle al BICE funciones de banca de inversión. En cualquier caso, llevará algún tiempo formar una entidad de suficiente envergadura y alcance federal. Esto no debería desalentar la iniciativa sino acelerar sus tiempos de ejecución
Debería pensarse, simultáneamente, en instalar de inmediato la función de banca de inversión y apelar a la estructura del sistema financiero público y privado. Se trata de difundir la función de banca de inversión en el sistema bancario, habilitando a las entidades, dentro de un programa coordinado con participación pública y privada, a incluir tal función en su operatoria. A esta variante la denominamos, tentativamente, Función Ampliada de la Banca de Inversión (FABI). Esto implica establecer dentro de las entidades, como sucede en otros países, por ejemplo, los Estados Unidos e Italia, departamentos banca de inversión diferenciados de los de banca comercial.
La FABI permitiría instalar la función de banca de inversión, a corto plazo, con alcance federal, maximizando el empleo de la capacidad operativa actualmente instalada en el sistema financiero argentino y reduciendo costos. La totalidad del sistema bancario argentino cuenta con numerosas entidades, con una importante dotación de agencias y sucursales. Se comprende que la previsible adhesión de un número sustantivo de entidades al programa, incluyendo fondos institucionales de ahorro, permitiría, de inmediato, contar con un amplio enlace, de alcance federal, con los demandantes del financiamiento de la banca de inversión. Es concebible que la evaluación técnica, económica y financiera de proyectos, un área eventualmente nueva en entidades especializadas en el crédito al consumo y de corto plazo, podría ser resuelta por algún mecanismo propio del programa.
Parece así aconsejable, simultáneamente, establecer un banco nacional de desarrollo de suficiente envergadura y crear la función ampliada de banca de inversión con la participación de las entidades que adhieran al programa. Para tales fines se requiere una adaptación de las normas prudenciales del BCRA, en ciertos casos, decisiones del Poder Ejecutivo y, en otros, normas legales en la esfera del Poder Legislativo. Existen, asimismo, algunos aspectos tributarios conexos.
La FABI funcionaria con los bancos adheridos al programa, incluyendo el eventualmente restablecido banco nacional de desarrollo vía el BICE u otros medios. Sería administrado por un organismo coordinador, encargado de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y de las normas prudenciales del BCRA.
El órgano coordinador podría, asimismo, proveer algunos servicios a las entidades adheridas y promover la formación de redes con otras organizaciones con objetivos concurrentes con los del programa. Por ejemplo, servicios de evaluación técnica, económica y financiera de proyectos, destinados a entidades con insuficiente capacidad operativa en la materia. También, el establecimiento de vínculos con el sistema nacional de ciencia y tecnología que concurrirían con la asistencia técnica a los clientes.
El órgano coordinador debería contar con un consejo integrado por todos los participantes del sistema: el sector público a través de los ministerios competentes y el BCRA, los sectores productivo y financiero a través de las entidades representativas. El órgano sería gestionado por un secretario ejecutivo o gerente general bajo las directivas del consejo. El montaje y gestión del órgano coordinador tendría un costo ínfimo con relación a la estructura de entidades que previsiblemente se adherirían al programa y al volumen de operaciones que podría alcanzarse.
Aldo Ferrer
Director Editorial de Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/nota-64698-Financiamiento-y-crecimiento.html
