El debate de siempre hoy se plantea desde dos miradas que, por su simplismo, impiden evaluar la real dimensión de los sindicatos. En el medio, y durante más de cuatro décadas, la sociedad argentina fluctúa entre la aprobación y el rechazo del movimiento obrero organizado.
Un viejo/nuevo debate atraviesa la sociedad argentina: el papel de los sindicatos. El tema revela prejuicios históricos consolidados. Dos bloques, de distinto peso específico, quedan materializados. Para uno, los sindicalistas peronistas son la encarnación corrupta de una aspiración demagógica: vivir bien trabajando muy poco. Para el otro, la mera crítica a esa dirección supone un ataque al movimiento obrero organizado. ¿Los argumentos? Para el primer bloque el peronismo supuso la ruptura de la disciplina laboral, la patronal perdió el control sobre el proceso productivo y se trataba de restablecerlo. Para el otro, las virtudes del sindicalismo quedan patentizadas por la naturaleza de sus enemigos.
Entre estas dos simplificaciones navega el movimiento real, que a lo largo de cuatro décadas cambio de opinión sobre el valor de los sindicatos. Antes de 1976 su prestigio era inequívoco. A comienzos de los ’70 el surgimiento de una nueva profesión, las modelos publicitarias, supuso la construcción de otro sindicato: la Asociación de Modelos Argentinas, y un cambio no pequeño: las docentes que habían rechazado su condición de trabajadoras aceptaron finalmente ingresar a la CGT. No era poco.
El derrumbe del prestigio de la militancia a manos de la dictadura burguesa terrorista, acompañado por el comportamiento cómplice de parte significativa de la dirigencia sindical, alimentó otro viraje. Al odio gorila tradicional, anterior al ’76, se sumó el rechazo contestatario.
El ’76 supuso una derrota histórica para los trabajadores; derrota que pagó con miles de militantes muertos y un giro copernicano: del plan económico de Pinedo, y sus variantes, al de José Alfredo Martínez de Hoz, y las suyas. Una sistemática regresión impulsada por el bloque de clases dominantes.
La democracia parlamentaria, con Raúl Alfonsín, impulsó los sueldos un 35%. A partir de 1984 comenzaron a reducirse inflacionariamente, y 13 paros generales no evitaron su derrumbe histórico. Del ’83 al ’89 la participación asalariada se mantuvo en el peor escenario posible: reducción del salario, acompañada de la caída de la productividad del trabajo. En 1989, el salario real representaba apenas el 62% del de 1970, o sea la mitad del cobrado en el ’74. Juan M. Graña y Damián Kennedy, investigadores del Conicet, sostienen que la “estabilización nominal lograda por la Convertibilidad produce una leve recuperación del poder adquisitivo del salario, revertida por el crecimiento de la desocupación, la precarización laboral, y el estancamiento económico”.
El movimiento obrero organizado se fragmentó, incapaz de resistir la avalancha neoconservadora del menemismo que había apoyado. Había lugar, en consecuencia, para recortar el poder adquisitivo, y con la explosión de la Convertibilidad la devaluación devoró “las remuneraciones reales más de un 30%, entre 2001 y 2003, marcando un nuevo mínimo histórico”, sostienen Graña y Kennedy. Así, en 2003 el salario real superaba apenas la mitad del de 1970, y equivalía al 40% del de 1974. Todo el proceso de crecimiento actual –25%, como promedio estadístico, para esta investigación– apenas llegó en 2006 (último dato confiable) a retrotraer la caída de diciembre del 2001.
Mirando el proceso de punta a punta (1970-2006) surge que detrás del deterioro de la participación asalariada, se encuentra el esperable incremento de productividad no transferido a salario, pero también la reducción lisa y llana del costo laboral: la productividad creció 17%, el costo laboral cayó un 10%.
Este es el balance numérico que integra el pasivo sindical. En estas condiciones, los viejos sobrevivientes de las 62 organizaciones –núcleo histórico del peronismo posterior al ’55– llegaron a un punto sin retorno. Cuando se produce el conflicto con la Mesa de Enlace –con motivo de las retenciones móviles impulsadas por la Resolución 125–, Gerónimo Venegas, secretario general del Uatre –gremio que nuclea a los trabajadores rurales– no sólo no se pronunció en defensa de los intereses de los trabajadores, sino que se plegó a las posturas de la Sociedad Rural. Con un añadido: Venegas es, además, secretario general de las 62 Organizaciones.
De modo que ante el primer conflicto de envergadura entre el gobierno K y los dueños de la tierra, el referente político de los trabajadores peronistas saltó el cerco. Una mirada atenta a los nombres de los 30 dirigentes que integran la directiva de las 62 permite extraer 7 altamente significativos: Juan José Zanola, Jorge Viviani, Luis Barrionuevo, Armando Cavalleri, Hugo Moyano, José Rodríguez y Amadeo Genta. A nadie se le escapa que en el único lugar donde estos dirigentes pueden estar juntos es donde no hay que decidir nada. Barrionuevo milita con los enemigos del Gobierno, Moyano es el principal respaldo sindical de Cristina Fernández. Algo queda claro: las 62 organizaciones dejaron de ser un instrumento político, sin que otro lo haya reemplazado. Los trabajadores no hacen política, sino como ciudadanos, en el cuarto oscuro.
En esas condiciones las luchas reivindicativas buscan y encuentran distintos cauces de expresión. Cauces que no necesariamente remiten a la “ideología” de sus dirigentes, sino a su aptitud para defender intereses circunscriptos. El peronismo perdió el monopolio del movimiento obrero, los trabajadores, cuando eligen dirigentes, esperan resultados, y si responsabilizan a los dirigentes por no obtenerlos, no tienen más remedio que volver a elegir.
http://www.elargentino.com/nota-66755-El-papel-de-los-sindicatos-una-polemica-central-en-la-vida-politica-argentina.html
