Desde mayo del 2003, el Gobierno nacional ha hecho explícita su propuesta para resolver la crisis social heredada: el trabajo decente es el mecanismo más eficiente y sobre todo más eficaz para la inclusión social. Y en ese sentido ha dado muestras de ser consecuente con dicho diagnóstico con la construcción de un escenario capaz de generar 3,5 millones de puestos de trabajo registrados entre el 2003 y octubre del 2008.
Sin perder de vista que la generación de puestos de trabajo es el objetivo primordial, la propuesta de la asignación universal por hijo, busca ampliar las protección social a un sector de la población que, por las transformaciones en el mercado de trabajo y en la legislación laboral en la década del ’90, seguía excluido de los beneficios de la seguridad social aún en la actual etapa de expansión del empleo.
El sistema de protección social en la Argentina se caracteriza por su carácter contributivo, dado el vínculo directo con el mundo del trabajo y, en particular, con el empleo formal para acceder a gran parte de los beneficios del mismo. Desde el mercado de trabajo se articula el acceso a beneficios previsionales (jubilaciones), asignaciones familiares, a la cobertura de salud y al seguro de desempleo, entre otras. Durante muchos años, en un contexto caracterizado por una baja tasa de desempleo y un elevado porcentaje del empleo formal, este esquema implicaba cubrir a un porcentaje elevado de la población. No obstante, la Argentina enfrentó, a partir de los ’90, un contínuo proceso de precarización y aumento de la desocupación que hizo que el alcance del esquema contributivo se redujera significativamente.
La reciente extensión de las asignaciones familiares viene a corregir definitivamente ese desfasaje, que ya había sido atacado a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, el Programa Familiar por la inclusión Social (2005) y el Seguro de Capacitación y Empleo (2006).
A través de esta medida se inyectarán alrededor de $6.000 millones en la economía (aunque el monto de la medida es de aproximadamente $10.800 millones, si tomamos en cuenta que se redireccionarán hacia este nuevo programa los recursos de los programas de transferencia monetaria vigentes hasta el momento, que suman alrededor de $4.000 millones), los cuales están destinados a grupos de alta vulnerabilidad, como son los trabajadores desempleados de larga duración y los trabajadores informales. Como estos grupos poseen una propensión marginal a consumir superior al promedio de la economía, se espera un importante impacto sobre la demanda agregada fruto de una fuerte expansión del consumo.
IMPACTO. Por otra parte, producto del monto de la transferencia en relación con el valor de la canasta básica alimentaria ($457,98), se espera que esta medida tenga un considerable impacto sobre la indigencia –y en menor medida en la pobreza– asegurando un piso mínimo de ingresos a las familias vulnerables.
Además, es de destacar que este nuevo pilar no contributivo de asignaciones familiares presentará un notable impacto sobre la distribución del ingreso, ya que casi el 90% de los hogares beneficiados por la medida se ubicarían en los primeros dos quintiles de la distribución del ingreso, es decir que pertenecerían al 40% más pobre de la población.
Esta medida, claramente progresiva, debe ser puesta en relación con los beneficios otorgados por el Gobierno a otro grupo vulnerable, que es el de los adultos mayores sin beneficio jubilatorio. Una gran proporción de éstos, además de ser castigados por los cambios registrados en el mercado de trabajo, sufrieron los cambios paramétricos del sistema previsional (año 1993), en particular los cambios en la edad jubilatoria y los años de contribución necesarios para acceder a la prestación previsional. Por ello, para aumentar la cobertura del sistema previsional, y sacar de un estado de vulnerabilidad a los adultos mayores, se aprobó el Plan de Inclusión Previsional. Por medio de la leyes 25.994 (que establece una prestación previsional anticipada) y 25.865 (que establece un régimen especial de regularización de obligaciones provenientes del aporte previsional de los trabajadores autónomos), se permitió el acceso a los beneficios de la previsión social a personas que no cumplían con los requisitos de la ley 24.241. Asimismo, en línea con el objetivo de mejorar las prestaciones previsionales el Gobierno nacional también creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (ley 26.425) e implementó un régimen de movilidad de las prestaciones jubilatorias, que contempla un ajuste automático semestral de los haberes previsionales.
De este modo, queda evidenciada la intención del Ejecutivo nacional de contemplar en su legislación social a aquellos sectores que continuaban siendo excluidos a causa de las modificaciones en el mercado laboral durante los ’90.
Desde esta misma concepción en la que el trabajo decente es la herramienta principal en el combate contra la pobreza, hay que destacar el Plan Ingreso Social con Trabajo recientemente presentado, que propone la creación de 100.000 puestos laborales por medio de cooperativas sociales. Este plan, tiene como objetivo principal promover la inclusión social vía inserción laboral de los trabajadores que estén desocupados mediante la realización de obras de infraestructura social en los barrios más vulnerables. Los beneficiarios del plan cobrarían hasta $1.200 por mes en el caso de ejecutarse la totalidad del proyecto (de lo contrario, se le liquidarían las horas trabajadas y los fondos no gastados se depositarían en una cuenta a nombre del municipio, bajo la tutela del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que podrían ejecutarse cuando surja otro proyecto) y, adicionalmente, se les brindará capacitación en oficios y en organización cooperativa, para lo que se propiciará la asistencia técnica y el otorgamiento de becas.
Por todo lo anterior, queda claro que el proceso de inclusión social fue pensado y es implementado por el Gobierno a través del trabajo digno como eje principal. La universalización de la asignación por hijo y la extensión de la cobertura del sistema previsional, apuntan a beneficiar a todos aquellos a quienes las políticas de la década del ’90 excluyeron del mercado laboral, imposibilitándolos de percibir beneficios sociales básicos.
Alejandro Robba
Subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía de la Nación
http://www.elargentino.com/nota-67189-Asignaciones-universales-para-reparar-la-exclusion-social-heredada-de-los-’90.html
