La capacidad argentina de afrontar la presente crisis sin impactos severos sobre el nivel de actividad y el empleo probó que los fundamentos construidos y sostenidos a lo largo de los últimos años son lo suficientemente sólidos y consistentes, a pesar de las debilidades de origen y de los pronósticos en contrario.
Emerger del crac de la convertibilidad sin apoyo internacional, resolviendo la vulnerabilidad del sector externo –detonante del conjunto de crisis atravesadas por la Argentina en las últimas tres décadas– fue decisivo para afrontar la coyuntura presente. Las políticas de desendeudamiento, acumulación de reservas y sostenimiento del superávit de la cuenta corriente del balance de pagos levantaron un poderoso dique frente a la volatilidad financiera del mercado mundial.
La solvencia fiscal y del sector externo permitieron administrar la política cambiaria sin deteriorar la ecuación de las cuentas públicas. Este esquema de política económica decidió recuperar el espacio nacional como un espacio de realización autónomo de los avatares del mercado mundial. La combinación virtuosa de alcanzar superávit fiscal sin ajustar el gasto, desendeudar sin resentir el mercado interno y ser competitivos preservando el empleo sin deteriorar los salarios es una arista central de este esquema de política económica.
Este esquema macroeconómico, que debe ser sostenido como parte constitutiva del Estado-nación argentino, es una condición necesaria pero no suficiente para explotar al máximo las oportunidades que se le ofrecen al país, a la salida de la crisis.
La Argentina tiene hoy una inserción internacional definida, en la que sus principales socios comerciales han experimentado un menor impacto de la crisis, proyectando una rápida recuperación. Consecuentemente, es razonable esperar un ciclo largo de buenos precios y demanda internacional sostenida para los productos que la Argentina exporta. Este ciclo, sumado al hecho virtuoso experimentado en los últimos años –donde el crecimiento del consumo interno no es incompatible con un aumento de las exportaciones–, se traducirá en una rápida mejora de los indicadores sociales negativos que todavía presenta el país.
Ahora bien: los fundamentos macroeconómicos han creado condiciones favorables para que los agentes económicos adopten decisiones de inversión, en procura de un crecimiento sostenido. Pero aprovechar este ciclo positivo prolongado que se avecina requiere de la adopción de medidas cuya maduración es de largo plazo.
La política fiscal contracíclica implementada en el transcurso de este año debe ser acompañada de un conjunto de acciones que impacten sobre la inversión privada, el componente del producto más deteriorado por la crisis.
La política fiscal, al margen de los límites para financiarla, es insuficiente para revertir este cuadro de situación. Es necesario entonces caracterizar adecuadamente los estímulos que adoptarán para apalancar la inversión privada.
A partir del ciclo de crecimiento inaugurado en el 2003, la inversión se realizó, esencialmente, con aplicación de utilidades y, en menor medida, con crédito.
Este comportamiento de la inversión tuvo aristas positivas, pues reveló una vocación de reciclado interno del excedente en activos productivos, contrastando con el largo período de valorización financiera quebrado en el 2001. Pero también demostró los límites que puede alcanzar el componente de la inversión frente a un ciclo prolongado de crecimiento como el esperado.
En primer lugar, como ya se dijo, la crisis disparó el mecanismo reflejo de muchos agentes económicos de utilizar sus excedentes en moneda dura para comprar, después, activos reales depreciados. Así, la tasa de ahorro en dólares creció, pero esta vez los decisores económicos esperaron sentados porque la solvencia macroeconómica, tanto del sector externo como del fiscal, impidió la recurrente caída de la Argentina en un proceso agudo de crisis, que derivara en la obtención de pingües ganancias para pocos.
Revertir esta lógica de funcionamiento y lograr que la elevada tasa de ahorro interno en moneda dura se convierta en activos productivos del país, exige superar un esquema de inversión basado sólo en aplicar las utilidades generadas por un emprendimiento.
En principio, los sectores receptores de proyectos de inversión tienden a ser los más rentables, es decir, aquellos de ventajas competitivas internacionales –como podría ser el caso del sector de los agronegocios–, o los que operan como un refugio de valor para el excedente –como la construcción residencial–. Es necesario, entonces, revisar el modo de financiamiento de la inversión, tal como se ha llevado adelante hasta ahora, esto es, solventado con utilidades, pues tiende a concentrar el proceso de inversión y a exigir tasas de rentabilidad muy altas para acelerar el retorno del capital invertido, lo cual conspira contra el equilibrio sectorial y regional, pero también contra la distribución del ingreso.
En consecuencia, se plantea la necesidad de un proceso de inversión inducido por el Estado, a través de la modificación estructural del esquema de financiamiento. En efecto: si las políticas públicas construyen un mercado de crédito destinado a financiar la inversión, se podrá entonces intervenir favorablemente en el alargamiento de sus plazos de retorno, disminuyendo la tasa interna de los proyectos y a la vez provocando una menor rentabilidad que facilite el equilibrio social.
Como contrapartida, la menor ganancia empresarial será sustituida por la certeza del acompañamiento estatal, reduciendo los riesgos asociados a los proyectos. Si se desplaza el financiamiento de la inversión con utilidades, por una oferta de crédito orientado, habrá una ecuación virtuosa de menor rentabilidad pero, también, menor riesgo. El aplanamiento de la curva de rentabilidad vendrá aparejado de una disminución de los diferenciales entre sectores; por lo tanto, el proceso de inversión será más equilibrado regional y sectorialmente.
Construir una masa crítica de recursos destinada a financiar la inversión en el largo plazo requiere un avance orientado hacia la consolidación del modelo de desarrollo inaugurado en el 2003.
Por un lado, es necesario un conjunto de políticas que incidan sobre la oferta, como las que se están llevando adelante para resolver los problemas residuales del default, permitiendo que la Argentina acceda nuevamente a los mercados internacionales, aumentando así las fuentes de financiamiento público y privado. Pero, por otro, es imprescindible incrementar el coeficiente de monetización de la economía argentina, para que la demanda de pesos no sea con fines exclusivamente transaccionales, sino también para constituir reservas de valor.
Normalizar la relación con los mercados mundiales es un requisito importante, tanto para acceder al ahorro internacional disponible como para transformar el ahorro interno en moneda dura, esto es, en inversión local. Pero es decisiva la pesificación y bancarización de una porción importante del ahorro interno, si se acepta que la política fiscal, tal como se señala en los párrafos precedentes, se acerca a sus límites. La política monetaria, en armonía con la anterior, debe pasar a jugar un rol activo en la constitución de la masa crítica de ahorro necesaria para el financiamiento de la inversión.
Para alcanzar una pesificación adecuada, es imprescindible la convergencia de la tasa de interés interna con la tasa de devaluación esperada y la inflación estimada.
Los agentes económicos ahorran para diferir consumo o con fines previsionales. Por ende, miden el rendimiento de esos ahorros (tasa de interés) respecto de la evolución del tipo de cambio –si tienen finalidad previsional–, o en relación con el precio de los bienes que desean comprar –si los fondos van a ser aplicados a un consumo futuro–.
Por lo tanto, en un país que ha normalizado sus relaciones internacionales y tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, como lo ha evidenciado la presente crisis, no existen razones para que no se intermedie en el sistema bancario la voluminosa masa de ahorro interno que hoy se encuentra por fuera, si el nivel de tasa de interés resulta neutro o levemente positivo respecto de las otras dos variables (tipo de cambio y precios).
El financiamiento de la inversión, por la vía crediticia a tasas de interés compatibles con la rentabilidad de los proyectos, aun en plazos más largos, debería ser el salto cualitativo en el etapa poscrisis.
La inserción internacional, niveles de deuda pública aceptables en relación al PBI, solvencia fiscal y externa, son elementos constitutivos del presente modelo, que se han consolidado tenazmente en estos años, acabando con décadas de inestabilidad macroeconómica. Éstas son condiciones necesarias para el paso siguiente que es la recomposición de nuestra moneda como reserva de valor y la transformación de ese ahorro en una multiplicidad de proyectos de inversión, que creen las condiciones para profundizar las mejoras en la distribución del ingreso y el equilibrio sectorial y regional que todo país moderno necesita.
Roberto Feletti
Viceministro de Economía
http://www.elargentino.com/nota-64197-Alternativas-para-el-financiamiento-de-la-inversion.html
