Hemos visto, en las notas anteriores, la trayectoria de esta extraordinaria década de la economía argentina y cuáles son sus enseñanzas. Observamos cómo, en este decenio, la Argentina revivió sus problemas históricos. La década volvió a registrar el comportamiento pendular de la política económica entre el modelo neoliberal y el proyecto de conformar una estructura económica avanzada. Como en el pasado, su desplazamiento, en uno u otro sentido, reflejó el hecho de que ninguno de los modelos alternativos llegó a conformar, desde la crisis de 1930 hasta la actualidad, las condiciones políticas necesarias para sustentar su permanencia a largo plazo.
La existencia de un proyecto hegemónico de desarrollo económico es esencial para la estabilidad del sistema. Entre la Organización Nacional y la caída de Yrigoyen en 1930 existió un modelo agroexportador, no cuestionado por el resto de la sociedad, fundado en los intereses de los dueños de la tierra y la relación privilegiada con la potencia central de la época, Gran Bretaña. En ese contexto, el sistema político transitó, sin interrupciones desde la presidencia de Mitre hasta 1930, bajo el régimen constitucional, incluida la reforma electoral de 1912. La debacle económica mundial de los años ’30 puso fin al modelo agroexportador y, con él, se desplomaron las instituciones de la República.
Bajo los gobiernos del fraude en la década del ’30 y principios de los ’40, la dictadura de 1976-1983 y constitucional de la década de 1990, se configuraron las condiciones políticas que sustentaron diversas variantes del modelo agroexportador, preindustrial y, en sus dos últimos períodos, de predominio de la especulación financiera. La especulación financiera adquirió un protagonismo decisivo dentro del régimen neoliberal como consecuencia de la globalización financiera y la vulnerabilidad de la densidad nacional.
En sus versiones posteriores a 1976, la virulencia del modelo fue tal que interrumpió los procesos previos de acumulación a través del desmantelamiento industrial y del sistema nacional de ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, la extranjerización indiscriminada de los sectores fundamentales de la economía y el endeudamiento sin límite demolió el poder de decisión nacional y redujo al país a la posición de suplicante de la ayuda externa.
En términos estrictamente económicos, el modelo neoliberal es inviable como cauce de puesta en marcha de los procesos de acumulación inherentes al desarrollo, la creación de capacidad de gestión del conocimiento, la inserción viable del país en el orden mundial y los equilibrios macroeconómicos. Tampoco es, en la actualidad, políticamente viable, al menos en los mismos términos. Es inconcebible, ahora, la repetición del fraude o la instalación de un gobierno de facto, como bases de sustentación del modelo. La única alternativa posible, a esta altura poco probable, sería la repetición de la extraordinaria coalición política bajo el gobierno de Menen, de alianza entre un gran partido popular con los intereses neoliberales. En resumen, el neoliberalismo, en la actualidad, podría imponerse en condiciones de incertidumbre política, como sucedió, por ejemplo, bajo el gobierno de la Alianza, pero nunca sostenerse sobre bases estables en el largo plazo. En otros términos, el neoliberalismo puede provocar efímeros “golpes de Estado económico”, pero no asumir el comando de la política económica en el largo plazo. Las mismas consecuencias de su estrategia concluyen por eliminar cualquier posibilidad de sustentabilidad política.
El único modelo compatible con la gestión del conocimiento y la inclusión social es el fundado en una estructura económica avanzada, integrada y abierta. Sólo sobre esas bases es posible la puesta en marcha de procesos de largo plazo de acumulación de tecnología, capital, capacidad de administración de recursos y despliegue del potencial disponible, a niveles crecientes de empleo y productividad. Este modelo es intrínsecamente sustentable en el largo plazo porque genera desarrollo económico y empleo, moviliza la participación de todos o la mayor parte de los actores sociales y distribuye sus frutos con suficiente amplitud. Por las mismas razones, el modelo es intrínsecamente viable también en el plano político porque, en principio, debería contar con el concurso de las mayorías.
En estas materias, la experiencia internacional es concluyente. Sólo han alcanzado altos niveles de desarrollo los países con estructuras integradas y abiertas. En la actualidad, la estrategia de los países emergentes de mayor tasa de crecimiento consiste, precisamente, en gestionar el conocimiento y poner en marcha el proceso de acumulación por tres vías principales, a saber: incorporar las actividades de frontera tecnológica, capacitar los recursos humanos y establecer una relación profunda entre los sistemas nacionales de ciencia y tecnología y la producción de bienes y servicios. En todos los países desarrollados y emergentes, predomina un bloque hegemónico de intereses asociado con la estructura productiva diversificada y compleja. En ninguno predominan los actores vinculados a la explotación de los recursos naturales y las estructuras preindustriales. En tales condiciones, los sistemas políticos son lo suficientemente estables para sostener, a largo plazo, las políticas de transformación.
En el caso argentino, nunca se logró formar una coalición predominante de intereses y grupos sociales asociados con la transición, desde el modelo agroexportador hasta la economía integrada y abierta, ni tampoco, consecuentemente, formaciones políticas mayoritarias y estables que sustentaran la transformación o, al menos, alternativas de poder no incompatibles con tales fines. El peronismo histórico, el radicalismo desarrollista y los gobiernos de Illia y Alfonsín fueron portadores, de diversas maneras, de intenciones nacionales de desarrollo. Incluso, bajo un gobierno de facto, entre la segunda mitad de 1970 y principios del ’71, se formuló e instrumentó una estrategia de argentinización y desarrollo integrado de la economía nacional. Ninguna de esas experiencias logró consolidarse en el tiempo y formar un conjunto hegemónico de visiones e intereses vinculado a la formación de una economía avanzada. En ausencia de las bases necesarias de sustentación política, esas experiencias concluyeron en medidas híbridas o, lisa y llanamente, como en 1976 y 1989, en el implante de la estrategia neoliberal.
En esta perspectiva, se advierte que los problemas del tercer y final tramo de esta década reviven los dilemas históricos. Uno de ellos es la inclusión del “campo” en el proceso de transformación. Como sucedió en otros grandes productores agropecuarios que son, al mismo tiempo, economías industriales avanzadas (los Estados Unidos, Canadá y Australia), es preciso insertar los intereses rurales en la nueva estructura, asumiendo un rol de creadores de riqueza no hegemónico pero protagonistas dentro de un sistema productivo integrado y complejo. El insuficiente y frustrado desarrollo industrial del país y la ausencia de una coalición hegemónica de actores sociales e intereses asociados a la nueva estructura, mantuvo a buena parte de la dirigencia ruralista, replegada en la pretensión de su antigua posición dominante y de su protagonismo en un país “granero del mundo”. De este modo, gran parte del sector apoyó y apoya la estrategia neoliberal, como sucedió en el régimen de facto 1976-1983 y en la década de 1990.
En consecuencia, en la actualidad vuelve a replantearse la viabilidad del sistema agroexportador como estrategia de desarrollo económico, como si fuera posible volver a las condiciones vigentes antes de la crisis de 1930. La propuesta es fortalecida por la capacidad, de gran parte del sector agropecuario, de asimilar las tecnologías de frontera y lograr un aumento notable de los rendimientos y la producción. Contribuye, también, la expansión de la demanda de alimentos y materias primas generada en el acelerado crecimiento de China y otras economías de la Cuenca Asia-Pacífico. Aun así, el “campo”, toda la cadena agroindustrial y sus eslabonamientos con otros sectores, emplea un tercio de la fuerza de trabajo. Con el campo no alcanza.
Otro problema que vuelve del pasado es la dispersión de los actores sociales e intereses que son partícipes necesarios y destinatarios de la transformación de la estructura productiva, en expresiones políticas antagónicas enfrentadas por cuestiones diversas, muchas de las cuales son ajenas a los problemas profundos de la transformación necesaria. Se ingresa así en escenarios de crispación política que agravan la situación económica. Cuestiones de esta naturaleza son el conflicto del campo con el Gobierno, el debate sobre la confiabilidad del INDEC, los alcances y el estilo de intervención del Estado y la virulencia con la cual se tratan reformas importantes, como las del régimen de previsión social y de medios audiovisuales.
Esta acumulación de problemas, agregada al impacto de la crisis mundial, factores accidentales como la sequía y la gripe, junto al debilitamiento de la situación macroeconómica, contribuyó al cambio de las tendencias de la economía entre el segundo tramo de la década y el tercero, es decir, la actualidad. En este escenario, vuelve a surgir la estrategia neoliberal con planteos como acordar con el FMI para “volver a los mercados”, unificar sin retenciones el tipo de cambio y dejarlo flotar hacia su libre paridad de equilibrio, reducir el protagonismo de las políticas públicas y dejar libradas las relaciones económicas externas al libre juego de las fuerzas del mercado. Confrontamos, pues, la alternativa frente a la cual estábamos en plena crisis del 2001/2002. Vale decir, volver a la estrategia neoliberal o actualizar y fortalecer la política de signo nacional que permitió, en el segundo tramo de la década, la notable recuperación de la economía argentina y un posicionamiento no subordinado en el escenario internacional.
Aldo Ferrer
Director Editorial de Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/nota-62886-Una-decada-extraordinaria-(III).html
