El PRO consiguió aprobar en comisión de la Legislatura dos proyectos que limitan el accionar judicial. Uno fija que quien presente un amparo tendrá que dar una garantía patrimonial. El otro habilita al gobierno a objetar magistrados sin exponer razones.
El macrismo volvió a la carga con dos leyes que buscan limitar el accionar de la Justicia, en particular la capacidad para conceder amparos, que le trajeron más de un dolor de cabeza a Mauricio Macri en el tiempo que lleva gobernando. El PRO logró aprobar un dictamen en la Comisión de Justicia de la Legislatura con dos normas: una permite que el Ejecutivo porteño recuse jueces sin dar ninguna causa y el otro establece que antes de solicitar un amparo, habrá que presentar una “contracautela”, es decir, una garantía patrimonial. Los dos proyectos se suman al intento de Macri de llevar al Tribunal Superior de Justicia a Daniela Bruna Ugolini, una fiscal con un record de dictámenes a favor del gobierno porteño. Proyecto Sur denunció que la candidatura de Ugolini fue convocada por adelantado
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