Son raras las coyunturas políticas en las que en el interior de una sociedad se discute con la intensidad con la que se lo está haciendo en nuestro país. Son extraños esos momentos en los que se despejan los eufemismos y caen los velos para mostrar una escena fuertemente atravesada por el litigio en torno de diferentes proyectos. Más sorprendentes resultan esas épocas en las que los dispositivos naturalizados de los poderosos quedan al descubierto ofreciendo, para quien esté atento y dispuesto a verlo, el núcleo de sus intereses. Algo de todo esto es lo que viene aconteciendo en nuestro país desde que se desató el conflicto alrededor de la resolución 125; un conflicto que supuso una inflexión decisiva no sólo en el derrotero del kirchnerismo sino que también lo supuso para las fuerzas del establishment económico, mediático y político que buscaban recuperar el terreno perdido desde el 2003. Pero, y no en menor medida, habilitó, en amplios sectores de la sociedad, el indispensable debate político, recuperando entusiasmos y formas de participación que, a lo largo de la década del ‘90, habían quedado vedados o marginalizados.
Argentina se convirtió en una caldera alimentada por disputas y atravesada por conflictos que venían a poner en evidencia que en el interior de una democracia lo que se discute no son sólo cuestiones formales o de procedimiento; lo que se discute, lo que se viene discutiendo desde marzo de 2008, son modelos contrapuestos de país y de sociedad. Algo de eso se pudo ver el año pasado cuando el eje del conflicto fueron las retenciones o, luego, cuando el Gobierno tomó la decisión de reestatizar el sistema jubilatorio. Ahora, y con no menor intensidad, lo volvemos a comprobar cuando el eje de la disputa se desplazó hacia el proyecto de ley de medios de comunicación audiovisual.
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