CASOS JUDICIALES CLAVE QUE MODIFICARÁN EL ESCENARIO POLÍTICO
El clima que recorre los medios de comunicación dominantes es de “batalla final”. Es posible que la paulatina recuperación del Gobierno, el clima patriótico y popular de los festejos del Bicentenario y la larga parálisis de la oposición en el Congreso hayan convencido a sus directorios de la necesidad de forzar la tensión política hasta sus extremos.
Por otro lado, los tiempos judiciales -que han adquirido una inusitada centralidad en la política argentina- se han acelerado. En lapsos que no se medirán más que en semanas habrá definiciones en los temas que han concentrado la sensibilidad política y social durante un largo período.
Se resolverá la cuestión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, trabada por fallos adversos en tribunales provinciales; los análisis del material genético traerán, por fin, claridad al caso de los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, después de las dilaciones más extensas y escandalosas en sede judicial que se recuerden y habrá un pronunciamiento de la Cámara Federal porteña sobre si ratifica o no el procesamiento de Mauricio Macri por el tema de las escuchas ilegales. A estos asuntos se ha sumado, en estos días, la movida judicial de Clarín y La Nación contra la investigación que pretendería desarrollar el Gobierno con relación al oscuro origen de la actual composición accionaria de Papel Prensa. Después del Mundial tendremos, con seguridad, un nuevo escenario político en la Argentina.
En estas condiciones, aparece más clara que nunca la densa trama que une a la oposición política con los medios de comunicación concentrados. La versión periodística de los principales diarios sobre la requisa judicial a Marcela y Felipe Herrera fue adoptada sin vacilación alguna por los dirigentes de la mayor parte de las fuerzas opositoras: procedimientos vejatorios, se dijo a coro, sin el menor esfuerzo por comprobar cabalmente lo ocurrido, y prescindiendo además del hecho de que ambos habían sido consultados por la jueza del caso, sobre la posibilidad de que se prestaran voluntariamente al examen y respondieron negativamente. “Cacería” llamó al procedimiento Joaquín Morales Solá quien, en las épocas de plomo, registraba como “acciones antisubversivas” los asesinatos, los secuestros y saqueos perpetrados por la dictadura.
Después de un largo período de descentramiento escénico reapareció la mesa de enlace agraria. Alfredo De Angeli fue víctima de un escrache, y asegura haber recibido golpes que los activistas que lo impulsaron niegan. Por su lado, Eduardo Buzzi denunció un robo en su casa de Santa Fe y asegura que se trató de un mensaje mafioso, para afirmar lo cual se basa en una frase escrita con marcador en un papel.
Estamos muy acostumbrados en el país a que estos sucesos no se esclarezcan, y es difícil que podamos saber si realmente se trató de un operativo con fines políticos intimidatorios y, en ese caso, quién fue su autor. Lo que sí puede decirse enfáticamente es que la hipótesis de que, en este clima político, el Gobierno impulsa este tipo de acciones choca contra la más elemental lógica política. Después de la épica batalla contra las retenciones, los dirigentes de las corporaciones agrarias no hacen otra cosa que intentar la recuperación de un lugar político que no lograron retener. Su anuncio de una gran protesta patriótica para el Bicentenario devino una reunión de amigos sin trascendencia política, casi inadvertida en medio de la fiesta popular. Nadie parece estar muy preocupado por lo que pueda decir Buzzi.
¿Puede haber un regreso al clima de incertidumbre y zozobra político alcanzado en el otoño de 2008? A principios de este año, ese escenario era fácil de imaginar. Se insinuaba la posibilidad de que el Congreso, en su nueva composición, pudiera ser la caja de resonancia de una crisis institucional. Si se hubieran alcanzado las mayorías opositoras previstas, la gobernabilidad podría haber quedado pendiendo de un hilo. El Gobierno no hubiera podido usar reservas para pagar vencimientos de la deuda, hubiera tenido (reforma del impuesto al cheque mediante) insalvables problemas de financiamiento para cuestiones tan sustanciales como la asignación universal a la niñez, las cooperativas de trabajo o los aumentos en los haberes jubilatorios. Hubiera perdido, además, la posibilidad de contar con un Banco Central dispuesto a formar parte de una estrategia económica común, al tener que ceder la designación de su presidente a esa eventual mayoría opositora.
No puede decirse que el curso de las definiciones judiciales hubiera variado rotundamente. Pero estamos en la Argentina y sabemos que la Justicia suele actuar en un alto grado de concordia con el clima político predominante. Está muy claro, por ejemplo, que los abogados del multimedio sembraron sistemáticamente los casos que lo afectan de chicanas judiciales que, incapaces de torcer el curso de los procedimientos, tenían la cualidad de ganar tiempo en espera de mejores circunstancias políticas. Este juicio no pretende ser un anticipo de fallos negativos a sus intereses en todos los casos, pero insinúa un problema del que visiblemente los directorios han tomado nota.
Suelen escucharse dolientes lamentos por la judicialización, la crispación y la polarización de la política argentina. En general, todos esos cargos se esgrimen contra el Gobierno. Lo que constituiría un tema de debate muy interesante es la causa de esta deriva radicalizada de la situación. La fórmula explicativa mediáticamente dominante es que se debe al designio hegemónico del elenco gobernante, dispuesto a derribar todas las vallas que se oponen a la captura del poder total. Hay una explicación alternativa: es la de que, en estos días, en el país han entrado en cuestión los pilares del orden político argentino. ¿Con quién tiene que acordar, según el manual básico de gobernabilidad democrática argentina, un gobierno, sobre todo si quedó debilitado después de una elección adversa? Claramente, con los principales poderes económicos, con la cúpula eclesiástica, con los jefes militares y, particularmente en los últimos tiempos, con las empresas mediáticas.
Sería bueno, en medio de tanta desmemoria, evocar los primeros tramos
del gobierno de Alfonsín. Ahí estaba la Sociedad Rural (no acompañada entonces por la Federación Agraria), los militares sublevados, la cúpula conservadora del catolicismo y los grandes medios resistiendo activamente lo que se insinuaba como una política enérgicamente reformista. En aquella ocasión lograron su cometido, no sin someter al país al chantaje golpista y a las maniobras de desestabilización económica que culminaron en lo que dio en llamarse un “golpe de mercado”.
La crisis general de 2001 volvió a estremecer esos pilares. Y los dos gobiernos kirchneristas -no sin vacilaciones y contradicciones- pusieron en marcha una agenda que, en sus líneas generales, puede caracterizarse como de autonomía respecto de los poderes fácticos. Planteado el conflicto de modo intenso como se dio en los días de la protesta agraria, decidió no ceder a las renovadas presiones de esos sectores. Claro que el dispositivo gubernamental tiene los suficientes flancos débiles como para que la ofensiva de la derecha tenga bases de apoyo en la opinión popular. Pero eso no debería oscurecer el hecho de que las luchas políticas de estos meses condicionarán mucho de nuestro futuro democrático. Aun quienes forman parte de la oposición leal y democrática, deberían tener en cuenta que un triunfo de quienes actúan desde fuera de la política formal, sembrando la desestabilización, será un mojón muy negativo para la política en su siempre tensa relación con el mundo del privilegio.
http://www.revistadebate.com.ar/2010/06/04/2944.php
