El debate sobre la cuestión de las reservas del Banco Central (BCRA) exige la previa reconstrucción de los contextos internacional y local que actuaron como disparadores.
En la bisagra entre las décadas del ’60 y del ’70, Nixon determinó la inconvertibilidad del dólar y los Estados Unidos abandonaron el patrón oro. Esa decisión dio inicio a tres procesos convergentes: la emisión de moneda empezó a independizarse relativamente de los gobiernos; así se liberó el camino para la emisión sin respaldo (gobierno Reagan), lo que posibilitó la obtención de renta financiera en gran escala (es decir, con independencia de la evolución de la renta industrial), y se consolidó la paulatina globalización de los mercados, en primer término de los mercados financieros, que en pocos años se convirtieron en una sola y gigantesca plaza online. Esto ocurrió durante los gobiernos de Bush padre, Clinton y Bush hijo.
Por ahora Barack Obama no los contradice. Por el contrario, la crisis financiera iniciada del 2008 permitió ver cómo la Reserva Federal (el banco central estadounidense) socorría prioritariamente a las entidades financieras en problemas antes que a la industria, que a los deudores hipotecarios y que a los consumidores en general. En un año y medio se perdieron más de 1,5 millón de empleos, pero no cerró ningún banco.
Resulta evidente que, al menos en este punto, las diferencias entre demócratas y republicanos tienden a cero. No obstante, a nadie en los Estados Unidos se le ocurrió que la Reserva Federal debía independizarse de la Casa Blanca, que nombra a su titular, o del Senado, que acaba de prolongar por otros cuatro años el mandato de Ben Bernanke.
Con este contexto internacional podemos analizar ahora lo que ocurre en la Argentina desde 1976. La dictadura militar introdujo entonces una nueva Ley de Entidades Financieras, que aún nos rige y que constituye una de las mayores deudas de la democracia con la sociedad. Esa ley acentuó la independencia del Banco Central (creado según el modelo liberal del Banco de Inglaterra)) y asfaltó el camino para un brutal endeudamiento externo, la mayor parte del cual, no obstante haber sido legalizado, continúa siendo ilegítimo.
Cuando cayó el gobierno de Isabel Perón la deuda externa sumaba u$s4.900 millones. Cuando asumió Alfonsín ya rozaba los u$s50.000 millones, diez veces más en poco más de siete años. En esa misma cuenta hay que anotar los 30.000 muertos y desaparecidos, los 250.000 presos y los 600.000 exiliados. En palabras del economista Carlos Abalo, “la dictadura fue derrotada pero dejó al país en ruinas”. Después “el mercado extorsionó al gobierno de Alfonsín, que fue obligado a nacionalizar la porción ilegítima de la deuda".
Así fue como “la acumulación financiera desplumó a la sociedad sin que los que ahora se escandalizan abrieran la boca”.
La historia siguió su curso y en 1992 Menem acentuó la independencia del BCRA. Tres intervenciones de Cavallo marcaron el período que va de 1982 al 2001.
Primero cuando, en el último tramo agónico de la dictadura, como presidente del BCRA nacionalizó la deuda externa privada; en el período 1991-1997, cuando desde el Ministerio de Economía concibió y condujo la política basada en la convertibilidad de la moneda y en la paridad uno a uno con el dólar, y finalmente en el último y fatídico año de De la Rúa, cuando el ciclo llegó a su fin y se precipitó la violenta crisis que conmovió a la sociedad.
Esa política liberal, sostenida sistemáticamente, permitió multiplicar la deuda externa y la fuga de capitales, cuya contrapartida fue una desindustrialización tan severa que costó 4 M de empleos.
Sólo este doble contexto permite analizar con seriedad la eventual utilización de las reservas para pagar deuda externa, para financiar obra pública o para cualquier otro propósito legítimo y necesario que determinen las autoridades. Y permite analizar también el embate de la oposicón contra el Fondo del Bicentenario y su cerrada defensa de la “independencia” del BCRA, que expresan, inequívocamente, su alineación con el poder financiero.
Núcleo duro del establishment junto con los beneficiarios de la renta agraria, ese poder ha impedido históricamente el desarrollo sostenido de políticas productivas. Lo hizo Roca contra Pellegrini; Justo contra Yrigoyen; el partido militar contra Perón, Frondizi, Illia y otra vez contra el peronismo; lo hizo el establishment contra Alfonsín, y lo sigue haciendo contra los Kirchner. Por lo tanto no es extraño que la oposición inscriba sus políticas en esa tradición antinacional, aunque pocas veces como ahora la alineación entre oposición y establishment fue tan evidente.
Históricas son sus desconfianzas contra las empresas públicas, la inversión estatal en rubros críticos de la economía, el desarrollo autocentrado, el pleno empleo como producto del crecimiento y el afianzamiento de las pymes y las cooperativas, y contra el aumento de las exportaciones industriales que harían al país menos dependiente del agro. No perdamos de vista que la renta del campo se convertirá también en renta financiera y como tal alimentará la fuga de capitales. Aún los argentinos menos informados conocen bien ese círculo vicioso.
http://www.elargentino.com/nota-78287-De-la-patria-financiera-a-la-patria-opositora….html
