Amedida que se acerca el 10 de diciembre, fecha signada por la renovación parcial de las Cámaras de Diputados y Senadores, los medios de comunicación de la corporación mediática intensifican la rotación permanente de representantes de la oposición en sus espacios, quienes, en su carácter de antiguos legisladores o en el de noveles parlamentarios, recorren la programación de los canales de cable y los ámbitos de actualidad política, dándoles micrófono libre para que repitan hasta el hartazgo un rosario de formalidades que ni suman ni restan un ápice a la vida cotidiana de la gran mayoría de los habitantes de la República Argentina. Desde las reiteradas advocaciones del pasado al consenso, el diálogo civilizado, y el juego democrático, cuanto más se aproxima el “día D”, los discursos van trocándose en frases tales como “llevaremos implacablemente el mandato de la ciudadanía de poner límite al poder”, “buscaremos a través del Parlamento modificar la constitución del Consejo de la Magistratura”, “avanzaremos en que se investigue a este Gobierno”. Según palabras del futuro presidente de los radicales a nivel nacional, Ernesto Sanz, en el programa de cable del antiguo columnista político del gran diario argentino en épocas de la dictadura militar, Joaquín Morales Solá, tanto el líder del radicalismo como los panelistas de los bloques opositores coincidieron en una visión optimista de los avances del arco adverso al Gobierno en relación con el posible accionar conjunto después del 10 de diciembre en la Cámaras legislativas, en el objetivo de poner límite al poder. La reiteración del concepto de poder, y de su utilización como sinónimo de gobierno kirchnerista, necesita de una reflexión que no sólo le incumbe a la teoría política y al debate académico, sino a la memoria de lo acontecido en las dos décadas y media de institucionalización democrática. Confundir gobierno con poder puede llevar no sólo a una confusión conceptual, que la amplia bibliografía sobre las ciencias políticas podría dilucidar, sino a un error que puede ser producto de una intencionalidad política que niega lo innegable. Desde la restauración democrática, con el gobierno del caudillo radical Raúl Alfonsín, si algo quedó claro en cada una de las crisis políticas habidas en su gobierno, desde los levantamientos carapintadas de la corporación militar hasta el golpe económico que derivó en el adelantamiento de la entrega de mando, las distintas corporaciones fueron marcando el terreno y demostrando quiénes eran en su momento y quiénes son hoy los dueños del poder.
Mas allá de la rimbombante frase “el poder soberano emana del sagrado veredicto de las urnas”. En su momento, y durante décadas, las fuerzas armadas como brazo ejecutor de los poderes fácticos, y posteriormente, las corporaciones han jugado y juegan un rol reforzado en la etapa de los avances tecnológicos con la mass media. Por eso resulta realmente sorprendente que tanto políticos avezados y “comunicadores independientes” incurran en tal grosera falacia. Más allá de los acuerdos y discrepancias que se haya tenido con los gobiernos sucesivos de la democracia. Lo que resulta irrefutable en un análisis serio sobre nuestra historia, reciente y no tanto -incluyendo a los golpes de Estado a los presidentes Frondizi e Illia-, la participación del establishment como factor de desestabilización ha sido una constante, como también las campañas de prensa dirigidas a incidir en el desprestigio ante la opinión pública. Esta omisión no es un tema menor del discurso cristalizado en los representantes de la oposición de derechas. Lo más significativo, que necesariamente tendrá consecuencias en los años venideros, es la inexistente mención de los principales problemas de los veinticinco años de institucionalidad democrática, como si antes de los gobiernos K, el llamado “infierno”, lo que existía era el paraíso republicano. La deuda social con las mayorías, esas que hoy a pesar de los años de crecimiento a tasas asiáticas siguen teniendo problemas relacionados a la falta de trabajo, o en su defecto a la calidad del mismo. Que les resulta inalcanzable la adquisición de una vivienda propia para ellos y menos aún para su descendencia. Que sufren la mercantilización de la medicina, la adulteración de los medicamentos y precios desorbitantes de los que se venden bajo licencia de las grandes marcas farmacéuticas del mundo. O ven cómo el ideario de progreso social, expresado en la posibilidad del avance educativo de sus hijos, hoy no sólo se ha estancado sino que se hace imposible. Aquellos que a pesar de sus privaciones siguen pagando desde hace décadas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando compran un paquete de yerba, un litro de leche, o un kilo de polenta, exactamente igual que los que más tienen, en una de las inequidades mas flagrantes que perduran en el tiempo, mas allá de los gobiernos de distinto signo que se han sucedido. Lo preocupante es que no sólo no los nombran sino que de forma oportunista e irresponsable apoyan las propuestas de desregulación de las retenciones de las exportaciones sojeras y no dicen cómo financiar la innumerable batería de obras y mejoras que necesariamente el Estado debe realizar en la profundización de las políticas distributivas iniciadas de 2003 a nuestros días. Esas que hoy están dramáticamente inconclusas para aquellos que ni apenas llegan a fin de mes. Tampoco aclaran cuál será su posición sobre el mejoramiento del poder adquisitivo de los salarios; ni figura en sus discursos cómo batallar contra la precarización laboral, el trabajo en negro, el incumplimiento de las normas convencionales, por determinados empresarios; la intermitencia laboral en los jóvenes trabajadores y hasta el extremo en algunas ramas, como la textil, del trabajo esclavo o el trabajo infantil en determinadas ramas del trabajo agrario. De esas cosas son de las que la multitud desorganizada que vive de su trabajo, necesita que se hable, se instale como debate en la sociedad y se profundice en los cambios. Lo demás, lo que hoy le preocupa en sus discursos a la oposición es tan sólo modificar la correlación de fuerzas de la formalidad de la democracia representativa. Cambiar los nombres para alterar la ecuación gubernamental para, en el mejor de los casos, no cambiar nada, o en el peor de los escenarios restaurar la dictadura del libre mercado. Como en la década que precedió la crisis de 2001.
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