A contramano del espíritu del decreto 222 con que el Ejecutivo nacional renovó la Corte Suprema y que fue replicado en la Ciudad, el macrismo decidió eliminar los requisitos de control ciudadano y transparencia para nombrar a sus supremos.
El gobierno de Mauricio Macri derogó un decreto que establecía la publicidad y la transparencia en la designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trataba de una norma de 2003, que abría a la participación ciudadana el nombramiento de jueces del equivalente a la Corte Suprema en la ciudad. Seguía el espíritu del decreto 222 del gobierno nacional, con el que el Ejecutivo se autolimitó para la selección de los candidatos que renovaron la Corte. En el texto de la derogación, se hace referencia al caso de Daniela Bruna Ugolini, a quien el líder de PRO no consiguió imponer en el TSJ por sus antecedentes de fallar siempre a favor del oficialismo y en contra de derechos sociales. Distintas ONG cuestionaron la decisión y denunciaron que implica un retroceso en las políticas públicas de calidad institucional.
