Horacio Rovelli recorre en esta nota el origen de la deuda externa argentina, los canjes que los gobiernos Kirchner llevaron adelante para lograr el desendeudamiento con los organismos multilaterales de crédito; la acción de los fondos buitre y el acuerdo celebrado con la administración Macri por el cual se les debe pagar al contado 4.635 millones de dólares. Rovelli afirma que si generalizamos la conducta de Paul Singer en los otros fondos –que en la realidad es así - el gobierno de Macri pagará por los 1.330 millones de dólares originales la suma de U$s 332.500.000 - el 25%-, y recibirá 4.635 millones de dólares, lo que da un interés de 1393% en dólares. La nueva gran estafa.
En marzo de 1976 la deuda externa argentina era de 7800 millones de dólares. La dictadura se endeudó, principalmente, para financiar importaciones (que destruyeron nuestra industria) y el famoso “deme dos” originado en los viajes al exterior de argentinos privilegiados. La deuda en 1982 llegó a 43.600 millones de dólares. La imposibilidad de pago llevó a que la Dictadura entre en cesación de pagos en ese año.
La deuda externa recién se normalizó hacia principios de los 90 mediante el plan Brady. Pero, ya en ese entonces alcanzaba los 64.000 millones de dólares.
Durante la década del 90 el endeudamiento se incrementó a un ritmo de 9000 millones de dólares anuales. Así, a fines de 2001 la deuda externa era de 144.000 millones de dólares.
La crisis de 2001se originó porque, ya en marzo de ese año, el Gobierno nacional no podría pagar ni siquiera los intereses. La cuenta era simple: La Argentina exportaba unos 28.000 millones de dólares por año y, sólo los intereses, eran, anualmente, casi el 60% de los ingresos de divisas. Así, el gobierno interino, el 23 de diciembre de 2001, tan sólo formalizó la cesación de pagos.
Hasta 2005 la Argentina estuvo en cesación de pagos. No obstante, el gobierno de entonces tuvo que aumentar la deuda para hacer frente a los depósitos en dólares que los bancos no pudieron devolver, a la conversión de las cuasi monedas provinciales y, además, se acumularon los intereses de la deuda impaga mencionada. A fin de 2004 la deuda ya era de 191.000 millones de dólares.
La deuda a principios de 2005
De los mencionados 191.000 millones de deuda a fines de 2004, 111.000 millones de dólares, eran en bonos, cuyos tenedores eran bancos, fondos de inversión, personas, etc. El resto era deuda con Organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Club de París, etc.). Las “reglas internacionales” señalaban que las deudas con Organismos, si bien pueden refinanciarse, no están sujetas a quitas. Principalmente porque se supone que son a intereses “promocionales” y que dichos Organismos prestan cuando el “mercado” no lo hace.
La deuda con el Banco Mundial y el Interamericano se continuó pagando. Tanto capital como intereses normalmente. No obstante hubo un acuerdo, no escrito y cumplido, que a partir del 2003, dichos bancos prestarían la misma cifra que cobraban.
La deuda con el FMI fue pagada en efectivo (9.530 millones de dólares) en enero de 2006. Finalmente, la deuda con el Club de París (deuda con los bancos oficiales de los países desarrollados) se canceló en el año 2015.
Así, el gobierno debía resolver cómo pagar 111.000 millones de dólares en cesación de pagos y que estaba constituida por bonos.
¿Cómo fue el canje 2005?
El canje de la deuda de 2005 tuvo dos particularidades que lo diferencian de todos los “canjes” conocidos. En primer lugar, en ese momento, fue el canje más grande de la historia del mundo financiero conocido. En segundo lugar no cumplió con las reglas mencionadas.
El gobierno nacional no convocó a bancos de inversión para lograr “asesoramiento”. Mucho menos al FMI.
La oferta de canje (o reemplazo de bonos en cesación de pagos por nueva deuda) fue más o menos así: El acreedor podía optar por cobrar de dos maneras. Se le respetaba el valor nominal de la deuda pero, cobraría en el 2038 y a una tasa nominal de interés del 4% anual. Alternativamente, cobraba solo el 35% de la deuda pero la tasa de interés sería el 8,28% anual y el vencimiento en 2035. Cabe señalar que los intereses que devengaban los bonos a canjear (en default o cesación de pagos) eran de hasta el 15,5% anual).
En su momento, pocos meses antes de la fecha en la que los deudores deberían aceptar o no, en privado, el FMI señaló al gobierno nacional que su oferta de canje fracasaría. No obstante, en palabras del Ministro de Economía de entonces: “Los mercados hablaron”. El 76,15% de los acreedores aceptaron el canje.
En 2010, el gobierno nacional reabrió el canje para que puedan entrar los restantes acreedores. Así se completó un 92,6% de los acreedores. Quedó sin aceptar el 7,4% de los acreedores.
¿Cuánto debe la Argentina?
La deuda desde ese entonces se redujo dramáticamente. El canje la redujo en 48 mil millones de dólares, se pagó en efectivo por bonos, 35 mil millones de dólares, se “estatizaron” 35 mil millones en manos de las AFJP. Quedan en manos de particulares sólo 57,5 mil millones y 25,2 mil millones de deuda con organismos internacionales.
En términos prácticos la Argentina, de los 191.000 millones heredados, a fines de 2012 debía, 82.700 millones de dólares. Más la deuda con los hold out.
¿Qué podían hacer los bonistas que no entraron al canje?
En todos los países del mundo existe algún mecanismo legal para resolver los casos de “default” o cesación de pagos. Normalmente, el deudor hace una oferta y si una parte importante del capital (por ej. el 66%) y de los acreedores (el 75%) aceptan, el canje o refinanciación con o sin quita, es obligatorio para todos. Les guste o no.
Cuando los deudores son los países no existe tal legislación. Por tal motivo, cuando se emiten bonos, se establecen cláusulas de “acción colectiva” de manera similar a las reglas de los concursos de acreedores. Tales cláusulas pueden establecer, normalmente, que si el 75% de los acreedores acepta un “cambio” en el prospecto o contrato del bono, éste será obligatorio para todos.
Los bonos emitidos durante la década del 90, que son los que se canjearon en 2005 y 2010 no tenían dichas clausulas. A partir de esa omisión se construyó todo el caso de los buitres contra la Argentina.
Así, los acreedores que no entraron al canje tenían las siguientes opciones:
Esperar que la Argentina abra otro canje en mejores condiciones. El problema para tal opción fue y es, que en el canje de los bonos, se estableció una cláusula por la que el Gobierno se obligaba y prometía a los que entrasen que no iba a haber un canje mejorando la oferta hasta el 1 de enero de 2015. A esta cláusula se la llama Clausula RUFFO.
La otra opción era y es, simplemente, vender los bonos en cesación de pagos. ¿A qué precio? Al que pague el mercado. En 2004, antes del primer canje el valor de mercado de los bonos en default rondaba entre el 25 y el 30% del valor nominal. Es decir un bono de 100 dólares se pagaba 25 a 30 dólares. Luego del canje del 2005 el valor rondaba el 20%.
La última opción era hacerle juicio al deudor. Es decir, hacerle juicio al gobierno argentino. Obviamente en cada tipo de bono se había especificado la jurisdicción en donde se iba a resolver. Hubo bonos con jurisdicción Nueva York, Londres, Luxemburgo, etc.
El problema de los juicios no es la sentencia. Como señalamos, aun con una aceptación del 92,8%, los Hold out (los que no entraron al canje y aún tienen bonos en cesación de pagos) no tienen obligación de aceptar lo que aceptó la mayoría. En tal sentido, la sentencia es casi segura. En este caso el problema es la ejecución de la misma. Particularmente porque los bienes que pueden ser embargados son los “bienes comerciales” del estado nacional argentino. El resto están protegidos por las distintas actas de inmunidad soberana que rigen en todos los países del mundo. Es decir, las embajadas, son inembargables.
En particular, cabe señalar, que ya desde 2003 en adelante, el gobierno nacional operó en el exterior sobre la base de evitar tener bienes de dominio privado y por tal motivo embargable.
Los fondos buitre
Básicamente se trata de capitales “personales” –no fondos de inversión-, con sede en paraísos fiscales- donde no pagan impuestos y, a la vez, nadie pregunta el origen de los fondos- cuyo negocio es comprar deudas impagas y cobrarlas mediante acciones judiciales.
Paradójicamente, hasta 2004, esto estaba prohibido expresamente por el Estado de Nueva York. Ese año, el parlamento de ese Estado americano derogó el artículo 489 de su legislación que prohibía comprar deuda impaga para accionar judicialmente su cobro.
Los fondos buitres compraron bonos en cesación de pagos durante los años 2002 y 2003. Probablemente pagaron, en ese entonces entre el 25 y el 30% de su valor nominal. Es decir pagaron 25 o 30 dólares un título que obligaba a Argentina a pagar 100.
Luego siguieron comprando incluso hasta pasado 2010. Pero, a precios menores. Probablemente entre el 15 y el 20%.
La acción de los buitres entre 2003 y 2014.
En noviembre de 2003 los buitres presentaron su primera demanda contra la Argentina. Tenían en su poder bonos, en default, emitidos en 1994, llamados globales. Estos bonos habían entrado al Megacanje y, a partir de éste, devengaban un interés anual de 15,5% en dólares.
La respuesta del Gobierno fue, dado que tenía planeado armar el canje de la deuda para todos los bonos, preguntarle al Juez Griesa, si era aplicable, en caso de canje la cláusula.
Esta cláusula establece que no se puede “discriminar” al tenedor de un bono en favor de otro. Es decir no se le puede dejar de pagar a uno y pagarle al resto.
Griesa no se expidió, simplemente argumentando que no era, en ese momento, un conflicto sobre el cual debiera el tribunal expedirse.
En 2004 el parlamento de Nueva York deroga la legislación que prohíbe comprar deudas en cesación de pagos para luego litigar.
En octubre de 2010, los fondos buitres piden cambiar el carácter de la demanda. Solicitan la aplicación del Pari Passu. Es decir, le piden al Juez que le ordene a la Argentina que no los discrimine y que cuando le pague a los que entraron al canje de la deuda, aun perdiendo parte del capital original, les pague a ellos.
El juez tenía dos opciones. Una de sentido común, pagarles a los buitres proporcionalmente lo que le estaba pagando a los que entraron al canje. Esto hubiese sido un “trato igualitario” aun considerando que no entraron al canje. La segunda, interpretar forzadamente dicha cláusula. Griesa resolvió que el pago no debía ser proporcional sino que debía pagárseles a los buitres el 100% de la demanda, sin quita alguna y al contado. Así el 92,4% de los acreedores están cobrando, con quitas y con bonos que vencen hasta el año 2038 mientras que los buitres, según la sentencia de Griesa deben cobrar el 100% y al contado.
El juez Thomas Griesa y el financista Paul Singer titular del fondo Elliott Management (NML)
La sentencia de Griesa
El 21 de diciembre de 2012 sale la sentencia del Juez Thomas Griesa. Ésta fue confirmada por la Cámara de apelaciones y, cuya apelación ante la Corte Suprema americana, no fue concedida el 14 de junio de 2014.
El fallo tiene dos partes relevantes:
Cada vez que el gobierno pague a los bonistas del canje, deberá pagarle a prorrata a los fondos buitres. Además supone que, como el gobierno entregó el 100% los bonos a los “hold in”, es decir a los que aceptaron el canje, el efecto del pago a prorrata es que hay que pagarles a los “hold out” el 100%. Ese 100% es el valor nominal de los bonos, más los intereses devengados (dichos bonos devengaban el 15,5% anual) más intereses y gastos. Esto determinó una deuda de U$s 1330 millones
Del mismo modo, ninguna entidad que participa del proceso de pago, podrá gestionar su parte en el proceso, hasta que Argentina no les pague a los buitres. Es decir, les prohibió a los bancos y cajas de valores de todo el mundo que no procesen pagos de argentina a sus acreedores legítimos
Los efectos prácticos de la sentencia de Griesa
La mecánica de pago a los acreedores por parte de la Argentina es la siguiente:
El gobierno le paga los intereses de los bonos al Banco of Nueva York Mellon (BONY), en la Argentina, en su cuenta en el Banco Central, los intereses. (Ésto se hace aquí para evitar embargos).
El BONY transfiere los fondos a las cajas de valores de todo el mundo, en las que estén depositados los bonos argentinos. Éstas a su vez, le pagan a cada uno de los bonistas.
Griesa, le prohibió al BONY transferir los fondos a las cajas de valores y a las cajas de valores pagar a los bonistas.
Así, técnicamente, la Argentina si bien pagó por el fallo señalado, los bonistas no cobraron. Por primera vez en la historia financiera del mundo, un deudor paga y el acreedor no cobra. Así, la Argentina está en cesación parcial de pagos, aunque pagó la totalidad del interés.
La estrategia del gobierno nacional Kirchenrista
El contexto:
Los buitres que tienen una sentencia a favor, son sólo el 1% de la deuda no canjeada. El total es el 7,6%. Si extrapolamos la sentencia, la deuda potencial en default, que no ingresó a ninguno de los canjes, sería de 12.160 millones de dólares. Como los mismos buitres tienen más bonos en cesación de pagos y hay otros en las mismas condiciones, rápidamente, la casi totalidad de los “hold out” se anotaron para cobrar. Son los “me too”, es decir, yo también quiero cobrar.
¿Por qué el gobierno nacional de CFK no pagó el total de la sentencia en bonos a largo plazo? Principalmente por la cláusula RUFFO. Es decir, porque el gobierno les dijo y firmó, cuando hizo el canje a los que lo aceptaron, que no iba a hacerlo. Si lo hubiera hecho, hubiera habido una montaña de demanda con cifras gigantescas en los próximos años.
El gobierno nacional, aun con la sentencia firme, pagó los vencimientos de los bonos el 30 de junio 2014. Los tenedores de bonos no cobraron por la orden de Griesa que bloqueó el procedimiento. El BONY recibió el dinero pero, por la orden de Griesa, no lo giró a los tenedores de bonos.
La estrategia:
El gobierno nacional no cumplió con la sentencia. Principalmente porque es inmoral. En segundo lugar, porque si lo hubiera hecho, en los próximos 10 años habrá juicios de los que entraron al canje por centenares de millones de dólares.
No obstante, el objetivo de gobierno fue seguir pagando a todos los bonistas, a pesar de la sentencia de Griesa.
Para hacerlo necesitaba un “canal de pago” que Griesa no pudiera tocar ni bloquear. En tal sentido la estrategia del Gobierno fue generar un canal de pago intocable para Griesa y bonos también intocables para ese juez.
Así, en el proyecto, y luego ley que se envió al Congreso de la Nación, se dispone que como el BONY cumple con la sentencia de un juez americano y no con el contrato que tiene con el gobierno nacional, se lo reemplaza por el Banco de la Nación Argentina
Para destrabar el problema se envía y es ley el proyecto llamado de Pago Soberano, ofreciendo a todos los tenedores de bonos del canje que cambien la legislación americana por la nacional. De esa manera los bonistas tienen dos opciones. En primer lugar, cambiar los bonos por legislación nacional y seguir cobrando o, si no pueden o no quieren, vender los bonos y que alguien los compre y haga la transformación de legislación
La llegada del gobierno de Macri.
Ya en su momento Maurizio Macri no mintió (debe haber sido en lo único) y dijo que había que cumplir con la sentencia del Juez Griesa y pagarle el 100% a los “hold out”.
Tanto su ministro de Hacienda y Finanzas como el Secretario de finanzas, dos empleados jerárquicos del JP Morgan, se abocaron desde el primer día de su designación (y aún antes en forma oficiosa) a acordar con los tenedores de los títulos que no habían ingresado a los dos canjes del gobierno de los K, de allí que se reúnen con el representante del juez y mediador Daniel Pollack, quién fue el que anunció que las partes alcanzaron un principio de acuerdo por una suma de 4.635 millones de dólares, que deberá ser abonada en efectivo antes del 14 de abril 2016 al mediodía, hora Nueva York, extendible con previa conformidad de las partes, y está sujeto a que el Congreso Nacional lo apruebe y que se levanten las denominadas “Ley Cerrojo” y la “Ley de Pago Soberano”.
Esto hizo que el día 2 de marzo 2016, se conformaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas donde se discutirá el proyecto de ley del oficialismo que busca derogar ambas normas.
Ese acuerdo alcanza al 75 por ciento del monto demandado, que se extiende al 85 por ciento si se suman los pactados con inversores más pequeños. El dinero provendrá de una colocación de deuda de 15.000 millones de dólares, pero para ello se necesitó que el Juez Thomas Griesa levante las cautelares que impiden la colocación de bonos y el pago a los tenedores.
Ahora bien, para tomar como ejemplo al litigante más conocido, Paul Singer, titular del Elliott Management (NML), este fondo compró en promedio la lámina de títulos de deuda de valor U$s 100.- a valor U$S 25. Esto es, nunca le prestó a la Argentina, compró títulos defolteados por la cuarta parte de su valor nominal en el año 2002 y a posteriori. Le ajustó el capital por intereses punitorios y costas judiciales (y no le descontó el seguro que cobró por haber rechazado tomar el caso por la Corte Suprema de Justicia de los EEUU el 14 de junio de 2014, y de esa forma la Argentina incurrió en un nuevo default) y junto a los otros 13 fondos litigantes en primera instancia ante el juez Griesa, el acuerdo celebrado con la administración Macri, dice que se le debe pagar al contado 4.635 millones de dólares, que deberá ser abonada en efectivo antes del 14 de abril 2016 al medio día.
Si generalizamos la conducta de Paul Singer, en los otros fondos (cosa que fue así) quiere decir que pagaron por los 1.330 millones de dólares originales, la suma de U$s 332.500.000 (el 25%), y van a recibir 4.635 millones de dólares, esto da un interés de 1393% en dólares. NI LA DROGA PAGA ESA SUMA Y ESA TASA.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2016
La deuda desde ese entonces se redujo dramáticamente. El canje la redujo en 48 mil millones de dólares, se pagó en efectivo por bonos, 35 mil millones de dólares, se “estatizaron” 35 mil millones en manos de las AFJP. Quedan en manos de particulares sólo 57,5 mil millones y 25,2 mil millones de deuda con organismos internacionales.
En términos prácticos la Argentina, de los 191.000 millones heredados, a fines de 2012 debía, 82.700 millones de dólares. Más la deuda con los hold out.
¿Qué podían hacer los bonistas que no entraron al canje?
En todos los países del mundo existe algún mecanismo legal para resolver los casos de “default” o cesación de pagos. Normalmente, el deudor hace una oferta y si una parte importante del capital (por ej. el 66%) y de los acreedores (el 75%) aceptan, el canje o refinanciación con o sin quita, es obligatorio para todos. Les guste o no.
Cuando los deudores son los países no existe tal legislación. Por tal motivo, cuando se emiten bonos, se establecen cláusulas de “acción colectiva” de manera similar a las reglas de los concursos de acreedores. Tales cláusulas pueden establecer, normalmente, que si el 75% de los acreedores acepta un “cambio” en el prospecto o contrato del bono, éste será obligatorio para todos.
Los bonos emitidos durante la década del 90, que son los que se canjearon en 2005 y 2010 no tenían dichas clausulas. A partir de esa omisión se construyó todo el caso de los buitres contra la Argentina.
Así, los acreedores que no entraron al canje tenían las siguientes opciones:
Esperar que la Argentina abra otro canje en mejores condiciones. El problema para tal opción fue y es, que en el canje de los bonos, se estableció una cláusula por la que el Gobierno se obligaba y prometía a los que entrasen que no iba a haber un canje mejorando la oferta hasta el 1 de enero de 2015. A esta cláusula se la llama Clausula RUFFO.
La otra opción era y es, simplemente, vender los bonos en cesación de pagos. ¿A qué precio? Al que pague el mercado. En 2004, antes del primer canje el valor de mercado de los bonos en default rondaba entre el 25 y el 30% del valor nominal. Es decir un bono de 100 dólares se pagaba 25 a 30 dólares. Luego del canje del 2005 el valor rondaba el 20%.
La última opción era hacerle juicio al deudor. Es decir, hacerle juicio al gobierno argentino. Obviamente en cada tipo de bono se había especificado la jurisdicción en donde se iba a resolver. Hubo bonos con jurisdicción Nueva York, Londres, Luxemburgo, etc.
El problema de los juicios no es la sentencia. Como señalamos, aun con una aceptación del 92,8%, los Hold out (los que no entraron al canje y aún tienen bonos en cesación de pagos) no tienen obligación de aceptar lo que aceptó la mayoría. En tal sentido, la sentencia es casi segura. En este caso el problema es la ejecución de la misma. Particularmente porque los bienes que pueden ser embargados son los “bienes comerciales” del estado nacional argentino. El resto están protegidos por las distintas actas de inmunidad soberana que rigen en todos los países del mundo. Es decir, las embajadas, son inembargables.
En particular, cabe señalar, que ya desde 2003 en adelante, el gobierno nacional operó en el exterior sobre la base de evitar tener bienes de dominio privado y por tal motivo embargable.
Los fondos buitre
Básicamente se trata de capitales “personales” –no fondos de inversión-, con sede en paraísos fiscales- donde no pagan impuestos y, a la vez, nadie pregunta el origen de los fondos- cuyo negocio es comprar deudas impagas y cobrarlas mediante acciones judiciales.
Paradójicamente, hasta 2004, esto estaba prohibido expresamente por el Estado de Nueva York. Ese año, el parlamento de ese Estado americano derogó el artículo 489 de su legislación que prohibía comprar deuda impaga para accionar judicialmente su cobro.
Los fondos buitres compraron bonos en cesación de pagos durante los años 2002 y 2003. Probablemente pagaron, en ese entonces entre el 25 y el 30% de su valor nominal. Es decir pagaron 25 o 30 dólares un título que obligaba a Argentina a pagar 100.
Luego siguieron comprando incluso hasta pasado 2010. Pero, a precios menores. Probablemente entre el 15 y el 20%.
La acción de los buitres entre 2003 y 2014.
En noviembre de 2003 los buitres presentaron su primera demanda contra la Argentina. Tenían en su poder bonos, en default, emitidos en 1994, llamados globales. Estos bonos habían entrado al Megacanje y, a partir de éste, devengaban un interés anual de 15,5% en dólares.
La respuesta del Gobierno fue, dado que tenía planeado armar el canje de la deuda para todos los bonos, preguntarle al Juez Griesa, si era aplicable, en caso de canje la cláusula.
Esta cláusula establece que no se puede “discriminar” al tenedor de un bono en favor de otro. Es decir no se le puede dejar de pagar a uno y pagarle al resto.
Griesa no se expidió, simplemente argumentando que no era, en ese momento, un conflicto sobre el cual debiera el tribunal expedirse.
En 2004 el parlamento de Nueva York deroga la legislación que prohíbe comprar deudas en cesación de pagos para luego litigar.
En octubre de 2010, los fondos buitres piden cambiar el carácter de la demanda. Solicitan la aplicación del Pari Passu. Es decir, le piden al Juez que le ordene a la Argentina que no los discrimine y que cuando le pague a los que entraron al canje de la deuda, aun perdiendo parte del capital original, les pague a ellos.
El juez tenía dos opciones. Una de sentido común, pagarles a los buitres proporcionalmente lo que le estaba pagando a los que entraron al canje. Esto hubiese sido un “trato igualitario” aun considerando que no entraron al canje. La segunda, interpretar forzadamente dicha cláusula. Griesa resolvió que el pago no debía ser proporcional sino que debía pagárseles a los buitres el 100% de la demanda, sin quita alguna y al contado. Así el 92,4% de los acreedores están cobrando, con quitas y con bonos que vencen hasta el año 2038 mientras que los buitres, según la sentencia de Griesa deben cobrar el 100% y al contado.
El juez Thomas Griesa y el financista Paul Singer titular del fondo Elliott Management (NML)
La sentencia de Griesa
El 21 de diciembre de 2012 sale la sentencia del Juez Thomas Griesa. Ésta fue confirmada por la Cámara de apelaciones y, cuya apelación ante la Corte Suprema americana, no fue concedida el 14 de junio de 2014.
El fallo tiene dos partes relevantes:
Cada vez que el gobierno pague a los bonistas del canje, deberá pagarle a prorrata a los fondos buitres. Además supone que, como el gobierno entregó el 100% los bonos a los “hold in”, es decir a los que aceptaron el canje, el efecto del pago a prorrata es que hay que pagarles a los “hold out” el 100%. Ese 100% es el valor nominal de los bonos, más los intereses devengados (dichos bonos devengaban el 15,5% anual) más intereses y gastos. Esto determinó una deuda de U$s 1330 millones
Del mismo modo, ninguna entidad que participa del proceso de pago, podrá gestionar su parte en el proceso, hasta que Argentina no les pague a los buitres. Es decir, les prohibió a los bancos y cajas de valores de todo el mundo que no procesen pagos de argentina a sus acreedores legítimos
Los efectos prácticos de la sentencia de Griesa
La mecánica de pago a los acreedores por parte de la Argentina es la siguiente:
El gobierno le paga los intereses de los bonos al Banco of Nueva York Mellon (BONY), en la Argentina, en su cuenta en el Banco Central, los intereses. (Ésto se hace aquí para evitar embargos).
El BONY transfiere los fondos a las cajas de valores de todo el mundo, en las que estén depositados los bonos argentinos. Éstas a su vez, le pagan a cada uno de los bonistas.
Griesa, le prohibió al BONY transferir los fondos a las cajas de valores y a las cajas de valores pagar a los bonistas.
Así, técnicamente, la Argentina si bien pagó por el fallo señalado, los bonistas no cobraron. Por primera vez en la historia financiera del mundo, un deudor paga y el acreedor no cobra. Así, la Argentina está en cesación parcial de pagos, aunque pagó la totalidad del interés.
La estrategia del gobierno nacional Kirchenrista
El contexto:
Los buitres que tienen una sentencia a favor, son sólo el 1% de la deuda no canjeada. El total es el 7,6%. Si extrapolamos la sentencia, la deuda potencial en default, que no ingresó a ninguno de los canjes, sería de 12.160 millones de dólares. Como los mismos buitres tienen más bonos en cesación de pagos y hay otros en las mismas condiciones, rápidamente, la casi totalidad de los “hold out” se anotaron para cobrar. Son los “me too”, es decir, yo también quiero cobrar.
¿Por qué el gobierno nacional de CFK no pagó el total de la sentencia en bonos a largo plazo? Principalmente por la cláusula RUFFO. Es decir, porque el gobierno les dijo y firmó, cuando hizo el canje a los que lo aceptaron, que no iba a hacerlo. Si lo hubiera hecho, hubiera habido una montaña de demanda con cifras gigantescas en los próximos años.
El gobierno nacional, aun con la sentencia firme, pagó los vencimientos de los bonos el 30 de junio 2014. Los tenedores de bonos no cobraron por la orden de Griesa que bloqueó el procedimiento. El BONY recibió el dinero pero, por la orden de Griesa, no lo giró a los tenedores de bonos.
La estrategia:
El gobierno nacional no cumplió con la sentencia. Principalmente porque es inmoral. En segundo lugar, porque si lo hubiera hecho, en los próximos 10 años habrá juicios de los que entraron al canje por centenares de millones de dólares.
No obstante, el objetivo de gobierno fue seguir pagando a todos los bonistas, a pesar de la sentencia de Griesa.
Para hacerlo necesitaba un “canal de pago” que Griesa no pudiera tocar ni bloquear. En tal sentido la estrategia del Gobierno fue generar un canal de pago intocable para Griesa y bonos también intocables para ese juez.
Así, en el proyecto, y luego ley que se envió al Congreso de la Nación, se dispone que como el BONY cumple con la sentencia de un juez americano y no con el contrato que tiene con el gobierno nacional, se lo reemplaza por el Banco de la Nación Argentina
Para destrabar el problema se envía y es ley el proyecto llamado de Pago Soberano, ofreciendo a todos los tenedores de bonos del canje que cambien la legislación americana por la nacional. De esa manera los bonistas tienen dos opciones. En primer lugar, cambiar los bonos por legislación nacional y seguir cobrando o, si no pueden o no quieren, vender los bonos y que alguien los compre y haga la transformación de legislación
La llegada del gobierno de Macri.
Ya en su momento Maurizio Macri no mintió (debe haber sido en lo único) y dijo que había que cumplir con la sentencia del Juez Griesa y pagarle el 100% a los “hold out”.
Tanto su ministro de Hacienda y Finanzas como el Secretario de finanzas, dos empleados jerárquicos del JP Morgan, se abocaron desde el primer día de su designación (y aún antes en forma oficiosa) a acordar con los tenedores de los títulos que no habían ingresado a los dos canjes del gobierno de los K, de allí que se reúnen con el representante del juez y mediador Daniel Pollack, quién fue el que anunció que las partes alcanzaron un principio de acuerdo por una suma de 4.635 millones de dólares, que deberá ser abonada en efectivo antes del 14 de abril 2016 al mediodía, hora Nueva York, extendible con previa conformidad de las partes, y está sujeto a que el Congreso Nacional lo apruebe y que se levanten las denominadas “Ley Cerrojo” y la “Ley de Pago Soberano”.
Esto hizo que el día 2 de marzo 2016, se conformaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas donde se discutirá el proyecto de ley del oficialismo que busca derogar ambas normas.
Ese acuerdo alcanza al 75 por ciento del monto demandado, que se extiende al 85 por ciento si se suman los pactados con inversores más pequeños. El dinero provendrá de una colocación de deuda de 15.000 millones de dólares, pero para ello se necesitó que el Juez Thomas Griesa levante las cautelares que impiden la colocación de bonos y el pago a los tenedores.
Ahora bien, para tomar como ejemplo al litigante más conocido, Paul Singer, titular del Elliott Management (NML), este fondo compró en promedio la lámina de títulos de deuda de valor U$s 100.- a valor U$S 25. Esto es, nunca le prestó a la Argentina, compró títulos defolteados por la cuarta parte de su valor nominal en el año 2002 y a posteriori. Le ajustó el capital por intereses punitorios y costas judiciales (y no le descontó el seguro que cobró por haber rechazado tomar el caso por la Corte Suprema de Justicia de los EEUU el 14 de junio de 2014, y de esa forma la Argentina incurrió en un nuevo default) y junto a los otros 13 fondos litigantes en primera instancia ante el juez Griesa, el acuerdo celebrado con la administración Macri, dice que se le debe pagar al contado 4.635 millones de dólares, que deberá ser abonada en efectivo antes del 14 de abril 2016 al medio día.
Si generalizamos la conducta de Paul Singer, en los otros fondos (cosa que fue así) quiere decir que pagaron por los 1.330 millones de dólares originales, la suma de U$s 332.500.000 (el 25%), y van a recibir 4.635 millones de dólares, esto da un interés de 1393% en dólares. NI LA DROGA PAGA ESA SUMA Y ESA TASA.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2016
*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía
