18 mar. 2016

Agenda social y agenda oficial Opinión Por Washington Uranga para Página12

En torno del número casi mágico de los primeros cien días de gobierno quedan también en evidencia las reales preocupaciones del macrismo, cuál es su agenda de temas prioritarios y, con ello, la distancia cada vez más grande que tiene con las preocupaciones y las urgencias de los actores populares. El abismo entre las prioridades de unos y otros es cada día más grande y nada indica que exista voluntad política del oficialismo para salvar esta distancia, algo para lo que sin duda no alcanzan las promesas de “pobreza cero”, bienestar sin precisiones y alegría sin motivos.
El macrismo y sus aliados insisten en que la prioridad para la Argentina consiste en la “reinserción” en el mundo, aunque por el momento esto se traduzca apenas en acordar con los fondos buitres porque de este modo –dicen– se abriría la catarata de inversiones que terminaría, a la larga, favoreciendo a todos los argentinos. Muchos economistas –y no solo los que se alinean en los sectores más duros de la oposición– descreen de estos presagios oficiales y advierten sobre el riesgo contrario: los posibles nuevos litigios de quienes quedaron al margen del acuerdo y también otras repercusiones económicas nefastas que apuntarían en el sentido exactamente contrario a los anuncios hechos por el oficialismo.

La agenda también establece prioridad sobre los actores. El macrismo no tiene dificultades para sentarse a dialogar con los grandes productores agropecuarios, con los grupos financieros y con empresarios poderosos. Todos son viejos conocidos de los funcionarios y hablan el mismo lenguaje. No hay diálogo con los movimientos sociales, con los representantes de las pymes y con los asalariados salvo, en este último caso, que se planteen situaciones de conflicto. En general se admite que todos estos sectores están siendo perjudicados por las medidas, pero como no hay posibilidades de dar respuestas inmediatas, los encuentros se postergan. El ministro Ricardo Buryaile lo explica diciendo que “había que pegar un volantazo, se pegó y había que pagar algún costo que es lo que está pasando hoy”. Una traducción posible de esta afirmación, que es similar a la que esgrimen otros actores del Gobierno, sería que “los pobres tienen que esperar”. ¿Hasta cuándo? Ahora se fija el horizonte del segundo semestre, donde “el derrame” comenzaría a surtir sus efectos según el relato oficial. Cambiemos sigue insistiendo en la “teoría del derrame”, desestimando las innumerables evidencias que demuestran su falacia. Mientras tanto la agenda social se sobrecarga de temas y demandas que siguen sin respuesta. Algunos son deudas pendientes o tareas inacabadas de la gestión anterior. Un ejemplo de ello es el déficit habitacional. Pero la mayoría son nuevas cuestiones y preocupaciones que surgen como resultado de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno.
Hay, al margen de la agenda oficial una agenda social, entendiendo por ello las cuestiones que están presentes en los encuentros de las organizaciones sociales, de movimientos de base, de grupos formales e informales en los barrios y, en general, en aquello que los antropólogos y otros científicos sociales llaman “el territorio” para expresar la complejidad de relaciones que se establece entre ciudadanos, sus condiciones de vida, el hábitat y el tejido social. Esa agenda social está centrando miradas y preocupaciones en el deterioro paulatino de la calidad de vida y en la pérdida de conquistas de los sectores asalariados y de menores recursos.
En ese contexto un tema que asoma casi como un fantasma en cada encuentro es la desocupación. La memoria social es muy sensible a esta cuestión, aún para los más jóvenes que no lo han padecido de manera tan directa, pero que reciben los relatos de sus mayores. No existen todavía estadísticas actualizadas sobre el impacto de las decisiones económicas en el empleo, pero se palpa en la cotidianidad. En primer lugar por las consecuencias directas de los despidos tanto en el sector público como en el privado. Uno de las cuestiones más graves es la paralización de la obra pública, con todos los efectos negativos directos que ello tiene particularmente en provincias y municipios alejados de la capital. Pero también por sus derivaciones secundarias: la caída de la actividad económica disminuye las posibilidades de los trabajadores informales, de aquellos que hacen changas y trabajos ocasionales. Aquellos que transitan los barrios advierten sobre el regreso al cirujeo de quienes había abandonado este tipo de actividades y ahora no encuentran otra alternativa de subsistencia.
Más allá de que el discurso oficial afirma que no se han dado de baja planes sociales, lo cierto es que la gran mayoría de ellos están paralizados y su futuro es incierto. Ocurre en el campo de la economía social, pero también de la educación, de la salud y de las iniciativas en materia de trabajo. Son múltiples las razones que se aducen: revisión, adecuación, auditoría, reducción presupuestaria. Al margen de los motivos la paralización de las prestaciones impacta de manera directa en la calidad de vida de los sectores más pobres.
El aumento de las tarifas de los servicios públicos también empeora las condiciones de vida de los pobres y de los asalariados que, por efecto de la inflación, ven con preocupación que no pueden hacer frente a sus obligaciones. La inflación se “come” los salarios sin recomponer mientras el Gobierno y su Ministro de Hacienda y Finanzas piden “prudencia” a los trabajadores que se sentarán en la mesa de las negociaciones paritarias.
Los comedores populares, que pulularon después del 2001 y que en su gran mayoría habían desaparecido o se habían reconvertido en los años subsiguientes, se están reinstalando ahora en muchos barrios, especialmente en el conurbano bonaerense. Es parte de la estrategia de sobrevivencia.
Con el comienzo de las clases se comenzó a visibilizar también el impacto en los más pequeños: dificultades de alimentación, falta de útiles y deterioro de la vestimenta. Lo cuentan las maestras y los maestros.
Además de la agenda oficial, de la discusión de los grandes temas y de los debates en el Congreso, hay también una agenda social más oculta, muchas veces invisible, que protagonizan los más pobres. Una agenda que tiene que ver con la calidad de vida de estos actores e integrada por cuestiones que no alcanzan a ganar la primera plana de los medios de comunicación de llegada masiva. Agenda que expresa necesidades, preocupaciones y angustias, aunque todo ello no logre aún traducirse aún en propuestas organizativas de reivindicación que den visibilidad a los reclamos. Con el kirchnerismo la acción del Estado desarmó parte de la capacidad de movilización social de estos actores, en unos casos por satisfacción de las demandas y en otros por cooptación política. Hoy un número importante de organizaciones de base comparten la confusión política y la desarticulación que atraviesa a los sectores de la oposición.
Por el momento, la agenda oficial va por otro lado y el Gobierno “mira otro canal” aunque varios de sus principales responsables son conscientes de que el tiempo de gracia en estas cuestiones está llegando a su fin y que habrá que pensar en respuestas que vayan más allá del relato en torno a la “pobreza cero”.