Al
negarse a tratar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas
Malvinas ocupadas por Gran Bretaña e insistir con el empleo de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior contra las denominadas
nuevas amenazas y desafíos multifacéticos, el Pentágono fracturó la
Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que sesionó
la semana pasada en Punta del Este, Uruguay. Los desacuerdos fueron tan
marcados que ni siquiera llegó a considerarse en la plenaria ministerial
la propuesta impulsada por Estados Unidos para que la Junta
Interamericana de Defensa (JID) pasara a ser la Secretaría Ejecutiva y
la Memoria Institucional de la Conferencia de Ministros de las Américas.
En cambio, su rol se tratará junto con el de todo el Sistema
Interamericano de Defensa en una próxima conferencia que convocará la
OEA.
Un aliado fiel
En la guerra de 1982, Estados Unidos fue el aliado decisivo del
Reino Unido al suministrarle bases, apoyo logístico, Inteligencia y
misiles de última generación. Ese apoyo deslegitimó el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), según cuyo texto Estados
Unidos debería haber apoyado a la Argentina ante un ataque
extrahemisférico con el eventual despliegue y uso de la fuerza contra el
agresor. A raíz de ello menos de la mitad de las naciones de la región
son miembros del TIAR. El ministro argentino de Defensa, Arturo
Puricelli, pidió que los países asistentes se declararan preocupados por
“la creciente militarización del Atlántico Sur y la realización de
ejercicios que incluyen el disparo de misiles como los que se están
llevando a cabo en las Islas Malvinas” y que reiteraran “su firme
respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía”, de acuerdo con lo expresado por la cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en diciembre
de 2011. Apoyaron la declaración Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana,
Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En cambio Chile, Colombia
y México se pronunciaron en favor de la soberanía argentina pero sin
referirse a la militarización británica de la región. Esto marcó una
clara diferencia con Estados Unidos y Canadá, que se negaron a tratar el
tema porque sostienen que no corresponde a este foro. Estados Unidos
sigue privilegiando así su alianza estratégica con el Reino Unido.
Canadá fue aún más lejos: esa ex colonia inglesa que aún reconoce como
su soberana a la reina británica se refirió al territorio en disputa
como Falkland Islands y sentó que lo considera un asunto bilateral sobre
el que “sólo los habitantes” de las islas “tienen el derecho de
determinar su propio futuro”. El mínimo consenso reflejado en la
Declaración Final sostiene que las naciones del continente americano
tienen carácter pacífico y voluntad de “promover la paz y la cooperación
en el Atlántico Sur” y que reconocen la importancia de la Declaración
que la Asamblea General de la OEA firmó este año, para continuar
examinando “la cuestión de las Islas Malvinas hasta su solución
definitiva” por tratarse de un tema de “permanente interés hemisférico”.
O sea, poco menos que nada: hay un problemita y nos preocupa.
Ejecuciones extrajudiciales
En el único día que dedicó a la conferencia antes de partir para un
encuentro más importante de la OTAN, el jefe del Pentágono, Leon
Panetta, dijo que era difícil distinguir si las amenazas transnacionales
a la paz y la estabilidad son asuntos de Defensa o de Seguridad
Interior y que el empleo de militares para mantener el orden interno “no
puede ser una solución de largo plazo”. No cuantificó si hablaba de
años, décadas o siglos, pero dijo que entretanto su país apoyará a
quienes apliquen esa solución, por supuesto con el siempre declamado
“respeto a los derechos humanos y a las competencias de las autoridades
civiles”. Uno de los países que votaron junto con el Pentágono por el
empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa fue Guatemala, donde
tres días antes del comienzo de la conferencia las Fuerzas Armadas
ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se
vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y
desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz y el
capítulo sobre derechos indígenas en la reforma constitucional que
impulsa el gobierno del general Otto Pérez Molina. Como es natural, el
embajador de los Estados Unidos en Guatemala condenó el empleo de los
militares y nueve de ellos fueron detenidos por “ejecuciones
extrajudiciales”, el primer caso desde el proceso de paz. Los campesinos
formaban un piquete que cortó la ruta Panamericana, que lleva a México.
Los militares fueron enviados para asegurar el derecho a la libre
circulación de personas y bienes. El primer detenido por decisión
judicial fue el coronel Juan Chiroy Sal, subjefe del Escuadrón de
Seguridad Ciudadana del Ejército, quien al mando de ochenta hombres con
armas de guerra desoyó la recomendación de las Fuerzas Especiales
Policiales (FEP) de no acercarse al área de concentración. Aunque al
principio el gobierno dijo que las tropas no estaban armadas, la
evidencia fílmica y fotográfica lo refutó. Se recogió en el lugar un
centenar de casquillos disparados desde ocho fusiles de asalto Galil.
Los desastres del Pentágono
La Conferencia fue organizada sobre tres ejes temáticos. El primero
fue “Desastres Naturales, Protección al Medio Ambiente y la
Biodiversidad” y también dio lugar a una votación dividida en la que la
Argentina, Brasil y Venezuela se opusieron a la posición del Pentágono.
La propuesta firmada por Chile pero que fue distribuida a varios
asistentes por la delegación de Estados Unidos, “visualiza a las FF.AA.
como un actor principal de los dispositivos de asistencia humanitaria
internacional”, según el cuestionamiento argentino, que considera a la
capacidad militar “un componente más de la oferta nacional”, cuyo uso y
aprovechamiento depende de las autoridades civiles, igual que la
coordinación de la respuesta humanitaria internacional. Si resulta
necesario, esas autoridades, que en la Argentina dependen del Ministerio
del Interior, pueden apelar “al apoyo logístico de las Fuerzas
Armadas”. El punto 12 de la Declaración Final reflejó el desacuerdo
entre las dos posiciones que confrontaron en la Comisión de Trabajo
respectiva. Dispone aceptar la propuesta de Mecanismos de Intercambio de
Información sobre Capacidades de Apoyo a Desastres Naturales, “para su
eventual adopción” y dice que los ministros de Defensa la someterán “al
estudio de las autoridades nacionales responsables de cada Estado con
competencias primarias en la materia” y que la participación de cada
país en ese mecanismo “será voluntaria, de conformidad con su propio
ordenamiento jurídico”. También resuelve poner el tema a consideración
de “las organizaciones a nivel hemisférico, regional y subregional que
tienen competencia sobre los asuntos de desastres naturales”. Junto con
Estados Unidos apoyaron esta posición Canadá, México, Chile, Colombia,
Paraguay, Perú, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, República Dominicana, San
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.
Además de la Argentina, Brasil y Venezuela votaron en contra Bolivia,
Ecuador, Nicaragua y Surinam, y se abstuvieron Uruguay y Guyana. La
propuesta alternativa, que la Argentina y Brasil defendieron en
comisión, no mencionaba la eventual adopción del mecanismo sino apenas
“su estudio”. La Cancillería argentina también había advertido al
Ministerio de Defensa sobre un párrafo de la propuesta chilena de
Estados Unidos sobre el despliegue o empleo de “unidades o medios que
tengan una capacidad mínima de siete días de operación con
autosuficiencia”. En la práctica ésta podía ser una puerta de acceso
para la eventual presencia en el territorio nacional de tropas
estadounidenses “con un accionar autónomo”. Como queda claro en el
propio punto, lo que se aprobó no es obligatorio, lo cual hace
previsible que no sólo quienes votaron en contra se abstengan de
entregar información para que el Pentágono la centralice. La discusión
fue tan ardua que antes de votar se pasó a un cuarto intermedio, luego
del cual el país anfitrión, Uruguay, presentó una tercera propuesta, en
un último y fallido intento de impedir que la desavenencia quedara
expuesta. La votación fue nominal y constó en el acta a pedido de la
Argentina. Como se puede apreciar en sus resultados, Estados Unidos
consiguió el apoyo de sus socios en el tratado de libre comercio de
Norteamérica, Nafta, de casi todos los países de Centroamérica y el
Caribe, del bloque del Pacífico salvo Ecuador, y de Paraguay, recién
suspendido en el Mercosur como resultas de lo que sus socios definieron
como quebrantamiento del orden democrático, por la destitución del
presidente Fernando Lugo sin las garantías del debido proceso. Mientras,
la Argentina se alineó con Brasil y con los miembros de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La Declaración
Final dispone “conmemorar” los 70 años transcurridos desde la creación
de la JID y los 50 del Colegio Interamericano de Defensa. Perú había
propuesto “felicitar a la JID por su aniversario y desempeño”, pero el
amor no daba para tanto.
Seguridad y/o Defensa
Esto refleja los disensos que empantanaron la discusión del Eje
Temático III, que a su vez se dividía en dos subtemas: “Seguridad y
Defensa” y “Futuro de la Misión y Funciones del Sistema Interamericano
de Defensa”. La Declaración Final se refiere sin discriminar a Defensa y
Seguridad, reconoce que ambas son “responsabilidad de los Estados y de
la sociedad en su conjunto” (es decir, no sólo de las instituciones
armadas) y reafirma “la importancia de la conducción política sobre
estos asuntos”, lo cual marca algunos cambios en la región desde que
finalizó la guerra fría y pasaron a considerarse inadmisibles los
gobiernos militares. Los puntos cruciales al respecto son el 9 (“Los
desafíos en defensa y seguridad así como la cambiante realidad de
nuestros tiempos requieren una evaluación permanente de los instrumentos
y mecanismos de cooperación apropiada entre los Estados”) y 10 (“La
Conferencia de Ministros de Defensa considerará los temas prioritarios
de las agendas regionales que resulten de interés para los sectores de
defensa bajo una óptica integral y en el marco de la cooperación y
complementariedad, teniendo en cuenta la importancia del carácter
multidimensional de la seguridad para algunos Estados”). En el debate en
comisión, se reconoció la coexistencia de distintas visiones y
definiciones políticas y conceptuales acerca de la seguridad y la
defensa, “según las percepciones de riesgos y amenazas” de cada país y
se aclaró que el grupo de trabajo no había intentado definir los
conceptos de seguridad y defensa sino delimitar los ámbitos respectivos
que podrían ser abordados por los ministros, ya que “la seguridad
pública corresponde principalmente a otras instancias hemisféricas y a
las particularidades de la arquitectura institucional de cada país”. Si
bien existen esas diferencias, los ministros deben aplicar “los
criterios de cooperación, visión integral y respeto a las normas de cada
Estado, teniendo en cuenta la importancia del carácter multidimensional
de la seguridad para algunos Estados”. Además, “los ministerios de
Defensa de las Américas, a través de sus Fuerzas Armadas, actúan
conforme al ordenamiento jurídico de cada Estado, de manera subsidiaria
como institución secundaria en apoyo a las otras fuerzas para hacer
frente a una amenaza a la seguridad pública”.
En revisión
El punto 6 de la Declaración Final es el que más tiempo de
negociación insumió desde los meses previos a la reunión de Punta del
Este, incluyendo un viaje a Montevideo y Buenos Aires del académico
Frank Mora, el hijo estadounidense de exiliados cubanos que es
viceministro del Pentágono para la región. Estados Unidos planteaba el
fortalecimiento de la Junta y del Sistema Interamericano de Defensa. La
nueva “Política de Defensa para el Hemisferio Occidental”, difundida por
el Pentágono una semana antes de comenzar la conferencia de Punta del
Este anticipó que Estados Unidos promovería en la OEA y mediante
relaciones entre las Fuerzas Armadas “un férreo sistema de cooperación”
para la acción colectiva “frente a los desafíos complejos del siglo
XXI”, lo cual implica “reformar las instituciones existentes y
aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad”. En forma
explícita se refiere a la Conferencia de Ministros, a la Junta
Interamericana de Defensa y a las Conferencias de Ejércitos, Armadas y
Fuerzas Aéreas, descriptas como “los foros principales en donde los
jefes de las distintas fuerzas del hemisferio dialogan sobre temas como
el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y respuesta a
desastres, ciencia y tecnología, cooperación cívico-militar, el
medioambiente y las amenazas emergentes”. En cambio la Argentina se
había ofrecido como sede para una conferencia especial que encarara la
revisión total del sistema, incluyendo el Tratado, la Junta y el Colegio
Interamericano de Defensa, que considera obsoletos. Mora terminó por
aceptar que la revisión era inevitable, pero dijo que su país sólo
aceptaría que se realizara en la OEA, cuya sede está en Washington y la
Argentina lo admitió. En la Comisión respectiva, la Argentina actuó como
relator y entre los organismos que propuso evaluar incluyó a la
conferencia de Ejércitos Americanos, la Conferencia Naval Interamericana
y el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas, señaladas
como instrumentos originados bajo la lógica de la guerra fría. En el
último medio siglo esas conferencias constituyeron “un esquema de
intercambio y cooperación horizontal militar-militar, en no pocos casos
disociadas de las instancias político-institucionales hemisféricas y
nacionales en materia de Defensa”, sostuvo en la Comisión el secretario
de asuntos internacionales de Defensa, Alfredo Forti. El punto 6 de la
Declaración Final acortó las distancias. Dice que la Conferencia
solicita “al Consejo Permanente de la OEA que programe y lleve adelante,
con la participación de los ministerios de Defensa, reuniones para la
discusión sobre el futuro de la misión y funciones de los instrumentos y
componentes del sistema interamericano de defensa, incluyendo a la
Junta Interamericana de Defensa”. Continuará.