Bajo la conducción de Puricelli, el Ministerio de
Defensa ha permitido la reaparición de las tendencias militares a la
autonomía, la intervención en cuestiones politicas y hasta cierta
solapada reivindicación del terrorismo de Estado.
Desde
que asumió como ministro de Defensa, en diciembre de 2010, Arturo
Puricelli fue reacio al deslinde entre el terrorismo de Estado y las
Fuerzas Armadas integradas al sistema institucional que marcaron los
presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y sus
ministros José Pampuro y Nilda Garré. Puricelli no ha tenido reparo en
criticar ante personal del ministerio los juicios por violaciones a los
derechos humanos porque “algo había que hacer para pararlos. Yo los
conozco, en Ezeiza quisieron matar a Perón”. Coherente con esta línea de
pensamiento, impuso a una dependencia de Ejército el nombre de General
Ernesto Fatigatti (un empresario quebrado, ex vicepresidente de la
Cruzada de Solidaridad de Isabel Martínez). Tampoco se preocupó por
mantener apartadas a las Fuerzas Armadas de cualquier injerencia
indebida en cuestiones que la ley les veda. Así, puso a trabajar en el
proyecto de submarino nuclear al vicealmirante retirado Benito Rótolo,
ex subjefe de Estado Mayor durante la gestión de Jorge Godoy, a quien el
juez federal Daniel Rafecas procesó por su participación en la
actividad “sistemática y generalizada” de espionaje ilegal a políticos,
periodistas y militantes de organizaciones sociales desde diversas bases
de la Armada.
Entre sus asesores designó al Profesor de Relaciones
Internacionales en la Universidad Católica Argentina, Fabián Calle, un
entusiasta de la contrainsurgencia “para hacer frente a grupos,
organizaciones y redes armadas que recurran a tácticas y estrategias
guerrilleras y/o terroristas”. Puricelli también revocó la disposición
que restringía el uso de la banda de Patricios y la Fanfarria de
Granaderos a ceremonias institucionales, y las envió a la Sociedad
Rural, el Círculo Militar (que expulsó al ex jefe de Estado Mayor Martín
Balza), y a los hipódromos de Palermo y San Isidro. Su equipo de
colaboradores está plagado de familiares e incluye al hermano, dos
hijos, un sobrino y sus respectivas parejas. Su primer vocero fue un
suboficial de la Armada en actividad, novio de su hija y colaborador del
diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, cuya conducta durante el
terrorismo de Estado es investigada por la Justicia por el asesinato de
dos delegados. Debió alejarlo cuando el vocero firmó un mensaje de
felicitación al diario La Nación celebrando “su trayectoria”. La
actividad más regular de Puricelli son los viajes al exterior, siempre
con demasiados acompañantes. Entre los oficiales retirados que actúan
como asesores (según el artículo 62 de la ley orgánica) confirmó al
almirante Joaquín Stella, el jefe de Estado Mayor de la Armada relevado
por Kirchner en 2003, quien durante la crisis de fin de siglo presentó
un plan al ministro de Defensa Horacio Jaunarena por el cual se
movilizarían miles de efectivos militares en apoyo de la Policía y la
Gendarmería, bajo las órdenes de un comandante operacional de las
Fuerzas Armadas. En cambio decidió prescindir del general Juan Jaime
Cesio, despojado de su grado por la dictadura por haber denunciado la
comisión de “delitos aberrantes, como el secuestro, la tortura y el
asesinato de miles de personas” y privilegiar “su condición de ciudadano
sobre la de militar”, al asistir a una movilización por los derechos
humanos. Recién Kirchner lo reparó, con palabras precisas, al devolverle
el grado y proponer su ascenso a general: “Que en la Argentina no pueda
ya decirse que el héroe es condenado y el dictador, con las manos
manchadas de sangre, resulta juez. No hemos perdido la capacidad de
distinguir el bien del mal, lo que es honorable y lo que no lo es”. En
cambio Puricelli remitió el caso al Ejército, para que decida si precisa
o no de los servicios de Cesio. Algo equivalente hizo con la decisión
inconsulta del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, brigadier
general Jorge Chevalier, quien cubrió una placa colocada en el Centro de
Estudios de las Fuerzas Armadas, que recordaba que en ese mismo sitio
funcionó la Escuela Superior de Guerra del Ejército, donde oficiales
franceses enseñaron las “prácticas genocidas amparadas en la Doctrina de
la Seguridad nacional”. Como Chevalier ponía en duda que allí hubieran
enseñado los veteranos de las guerras coloniales de Indochina y Vietnam,
Puricelli solicitó un informe a la dirección de derechos humanos y
cuando lo recibió se lo hizo llegar a Chevalier, para que él decidiera.
El caso no es dudoso. El Primer Curso Interamericano de Guerra
Contrarrevolucionaria, organizado en la Escuela Superior de Guerra con
el asesoramiento de los instructores enviados por el gobierno francés,
fue inaugurado el 2 de octubre de 1961, según la crónica que al día
siguiente publicó Clarín. Su jefe fue el coronel Alcides López Aufranc,
quien contó con el asesoramiento de los coroneles franceses Robert
Bentresque y Jean Nouguès . Entre los profesores figuraban algunos
sacerdotes, como Victorio Bonamín, intelectuales laicos, como el ex
seminarista Mariano Grondona, y jefes y oficiales que tendrían actuación
destacada en las dictaduras de las dos décadas siguientes. También
algunos asistentes latinoamericanos adquirirían notoriedad en el
derrocamiento de gobiernos electos y la instauración de regímenes
criminales, como el boliviano Alfredo Ovando Candia, el hondureño Alonso
Flores Guerra y el chileno Sergio Arellano Stark. El director de la
Escuela, general Carlos Túrolo dijo que el curso versaría sobre el nuevo
tipo de guerra interna, que se libra sin escrúpulos ni principios
éticos. En su artículo “Radioscopia subversiva en la Argentina”,
publicado en el No 344, enero-marzo de 1962, de la Revista de la Escuela
Superior de Guerra, el instructor francés Jean Nouguès sostuvo que el
enemigo de sus discípulos argentinos sería constituido por el peronismo y
los intelectuales. En mi libro La Violencia Evangélica publiqué un
memorandum del embajador Armand de Blanquet du Chayla y una nota del
agregado militar y naval de Francia, coronel Notelle, sobre el curso
para treinta y nueve oficiales de catorce países. El conde Blanquet du
Chayla, miembro de una familia de militares y obispos, destacó en el
informe a su gobierno la importancia de que también participaran como
alumnos oficiales estadounidenses, cuyos celos destacaba. El último
episodio que caracteriza el estilo de Puricelli está en pleno desarrollo
y se refiere a la demolición de un monumento al Plan Cóndor erigido en
1978 en la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, de Salta. Es una
pirámide, coronada por un globo terráqueo en el que la Argentina resalta
en color rojo, sobre el que aletea un cóndor. A propuesta del Frente
para la Victoria, el Concejo Deliberante solicitó al ministerio de
Defensa que lo destruyera. El pedido fue avalado por el secretario de
derechos humanos de la Nación, Martín Fresneda, en un dictamen que
menciona el repudio expresado por el Mercosur a “las Coordinaciones
Represivas del Cono Sur y en particular de la Operación Cóndor”. Agregó
que de acuerdo con la política de Memoria, Verdad y Justicia iniciada
por Kirchner, que colocó a los derechos humanos como nota distintiva del
proyecto nacional y popular, “no puede el Estado democrático asignar
denominaciones honoríficas, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de carácter público, a situaciones que
constituyeron una participación activa en la represión ilegal y en el
quebrantamiento de la institucionalidad democrática”. Como el pretexto
del monumento fue el Combate de Manchalá, “si existiera alguna placa
rememorativa de algún soldado conscripto”, muerto en aquel
enfrentamiento con fuerzas del ERP en Tucumán, “la misma podrá ser
trasladada a otro lugar de la Guarnición”. Puricelli remitió la cuestión
a la justicia federal. El juez Miguel Medina preguntó al ministerio si
había alguna resolución para demoler el monumento. La directora de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Defensa, Stella
Segado, dictaminó que para preservar posibles pruebas deberían
conservarse los 50 centímetros de la base, ya que una versión sostenía
que debajo del monumento habría restos de detenidos-de-saparecidos. Puricelli no aceptó ese dictamen y se propone responder que no hay resolución alguna del ministerio, con lo cual permitiría a la Justicia salteña ignorar la decisión de los ediles y prolongar por tiempo indefinido el homenaje al terrorismo de Estado.
