De lo
poco que se conoce al respecto –pues los documentos de negociación se
mantienen bajo estricta reserva- el TPP es un modelo altamente
preocupante, pues va aún más allá de la mayoría de tratados precedentes.
Exigirá la modificación de numerosas leyes internas de los países
signatarios respecto a derechos de propiedad intelectual, inversión y
protección ambiental y otros temas. Permitiría a las empresas
extranjeras enjuiciar a países soberanos si imponen restricciones que
afecten sus intereses. Amenazaría el acceso a medicamentos esenciales en
los países en desarrollo, y haría peligrar el libre acceso a la
información en Internet. Pero sobre todo, el TPP se negocia con una
falta total de transparencia, que hace que la ciudadanía no pueda opinar
sobre decisiones fundamentales que comprometerían a sus respectivos
países y su soberanía durante las próximas décadas.
¿Fomentar el comercio o liberalizar el marco regulatorio?
El TPP inició como un modesto acuerdo comercial entre Singapur, Nueva Zelandia y Chile. Los países ahora participantes lo ven como una oportunidad para ampliar sus intercambios comerciales, con costos reducidos, debido al enredo actual de acuerdos comerciales múltiples que -según un análisis publicado por la Council on Hemispheric Affairs –COHA- (1)- incrementan el costo de las transacciones en un promedio de 5%. Con la entrada de EEUU, evidentemente el TPP cambió de carácter y de dimensión.
En 2011, los nueve países parte del TPP generaron un PIB total de US$ 17,8 billones, del cual el 85% corresponde a EEUU, un 5% de cuyos flujos comerciales es con los demás países del bloque. Si se suman México, Canadá y Japón, el TPP-12 se convertiría en el bloque comercial más grande del mundo, con una población de unas 700 millones de personas y una actividad económica que actualmente suma alrededor de US$ 26,6 billones, informa COHA. Se ha hablado incluso de un acercamiento con China y Corea del Sur.
No obstante, EEUU ya mantiene tratados de libre comercio (TLCs) con la mayoría de los países parte del TPP, entonces para este país, no significaría mucha ganancia en términos comerciales. Más bien, hay fuertes indicios de que Washington busca aprovechar el tratado para introducir aspectos que no ha logrado conseguir por otras vías, tanto de los países contrapartes, como en su propio sistema legislativo.
Es más, en los últimos meses se ha tratado de acelerar las negociaciones con miras a concluirlas este año, si bien este plazo ya parece poco factible, debido a la resistencia de algunos países frente a varias de las condiciones que EEUU justamente está proponiendo.
Proteger las inversiones
Similar al fallido proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), este tratado abarca mucho más que solo aspectos comerciales. Contiene unos 26 capítulos que incluyen, entre otros: aduanas, servicios transfronterizos, telecomunicaciones, compras públicas, políticas de competencia, cooperación y desarrollo de capacidades, inversiones, servicios financieros, regulaciones ambientales y derechos de propiedad intelectual.
No obstante el sigilo que recubre los textos en negociación, dos capítulos han sido filtrados a la luz pública, que permiten apreciar el tenor de los contenidos. Se trata de los capítulos de inversiones y de propiedad intelectual.
En junio de 2012 se filtró el capítulo de inversiones (2), uno de los más controvertidos. En el documento se hace una definición muy amplia de la inversión, y se propone cláusulas de protección que cubrirían no solo las inversiones extranjeras existentes, sino también acciones y derivados, asociaciones público-privadas, minería, licencias y permisos de manufactura, e incluso las ganancias futuras estimadas. Prevé nuevas salvaguardas para inversores que podrían limitar severamente la capacidad de regulación de los Estados parte.
Adicionalmente, el capítulo de inversiones prevé el recurso a un tribunal internacional de arbitración –como el CIADI u otro- para resolver litigios entre inversores privados y Estados nacionales. Implica expandir la experiencia del TLCAN y otros tratados similares, que permiten a las empresas cuestionar leyes nacionales -incluso las que protegen el interés público- y exigir una compensación si consideran que afectan sus intereses.
Hasta ahora, como resultado de juicios de este tipo bajo los parámetros de TLCs existentes, los países en desarrollo han tenido que desembolsar más de $350 millones de dólares en compensación a corporaciones privadas. En otros 17 reclamos pendientes, por un valor total de más de US$ 12 mil millones, todos tienen relación con políticas de medio ambiente, salud pública o transportación, y no con asuntos de comercio internacional (3). Solo Australia, hasta ahora, ha puesto una cláusula de excepción al acápite sobre arbitraje, que le eximiría de someterse a estos tribunales.
Otro tema polémico son las propuestas que limitarían la capacidad de los países de adoptar medidas precautelarías contra la especulación financiera. Chile, en particular, rechaza tales propuestas.
Propiedad intelectual
El capítulo de propiedad intelectual (4) se filtró en febrero de 2011, y desde entonces desató fuertes cuestionamientos. Según el análisis publicado por COHA, de todo el TPP, este capítulo parece ser el que "incorpora los cambios más sustantivos al derecho internacional”. Los derechos de autor propuestos son desmedidos, superando incluso lo ya existente en EEUU: se extiende el periodo de protección a un mínimo de 70 años luego de la muerte del autor, o a no menos de 95 años desde la primera publicación autorizada. En la ley estadounidense, los 70 años es el tope, mientras que el acuerdo TRIPS de la OMC fija ambos plazos en 50 años.
Es más, el documento retoma contenidos que podrían limitar el libre acceso a información en Internet, como se lo intentó con SOPA –el Stop Online Piracy Act o ley contra la piratería en línea- que no pasó en el Congreso estadounidense debido a la fuerte oposición ciudadana. Si cláusulas similares se insertan en el marco de un tratado internacional como el TPP, podría permitir circunvalar el proceso legislativo nacional.
Otro aspecto cuestionado de este capítulo del TPP se refiere a la facilitación y expansión de estándares de patentabilidad. Por ejemplo, permitiría patentar pequeñas modificaciones a una invención existente, un subterfugio que las empresas farmacéuticas utilizan para poder renovar indefinidamente las patentes de los medicamentos y demorar la introducción de versiones genéricas. El documento especifica también que se podrá patentar plantas y animales –algo que muchos países prohíben-, como también métodos de diagnóstico, terapia y cirugía para el tratamiento de seres humanos o animales.
Una mayoría de los países parte se resisten también a extender los monopolios farmacéuticos, como lo propone EEUU. Además, Australia y Nueva Zelandia no aceptan medidas que permitirían a tales empresas objetar su práctica de fijar los precios de medicamentos para su sistema de salud pública.
Un atentado al proceso democrático
El comercio entre Latinoamérica y Asia ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas y hay interés por fomentarlo. No obstante, para los tres países latinoamericanos participantes –Perú, Chile y México-, que ya mantienen TLCs con EEUU., las pretendidas ventajas de estar en el TPP, dado su fuerte énfasis en el eje Asia-EEUU, son poco evidentes y representan riesgos grandes. De hecho, Chile, antes considerado un signatario seguro, ha puesto en duda su firma si no se flexibilizan las provisiones en propiedad intelectual. Toda vez, llama la atención que, en estos países, hasta ahora el TPP no ha sido objeto de mayores manifestaciones de rechazo por parte de los actores sociales que se movilizaron contra los anteriores TLCs, hecho que sin duda va de la mano con el casi total desconocimiento público del proceso de negociación en curso.
De hecho, en 2010, los países participantes habrían acordado no divulgar los textos de negociación, sino solo cuatro años después de cerrar las negociaciones, sea o no que éstas culminen en un acuerdo (5). Únicamente los propios negociadores –y según parece un grupo selecto de socios corporativos- tienen acceso a los documentos. Ni siquiera los comités parlamentarios concernidos pueden conocerlos. Las entidades ciudadanas o empresariales pueden someter propuestas -y de hecho varias lo han hecho- pero no están en capacidad de reaccionar frente a lo que realmente se está negociando.
Siendo un texto que comprometería la soberanía y cambiaría las legislaciones nacionales, ello constituye un verdadero atentado al proceso democrático. EEUU apuesta a que este tratado podría ser el último que tenga que negociar, pues a futuro otros países simplemente tendrían que sumarse a lo ya negociado. Siendo así, resulta aún más aberrante la falta de transparencia en el proceso de negociación. Y sin embargo, ese es el tratado “modelo” que nos propone Obama…
Con estas inquietudes, la red estadounidense Just Foreign Policy ha lanzado una campaña de financiamiento (bajo la modalidad de “crowdsourcing”), para recompensar a Wikileaks en el caso de que logre filtrar al público todo el documento de negociación del TPP. Su publicación, según la organización, “demostraría que Wikileaks sigue siendo relevante a la demanda ciudadana de transparencia gubernamental… y que la campaña de Wikileaks a favor de la transparencia gubernamental no concierne únicamente a asuntos relacionados con la guerra, sino que se extiende a todas las áreas donde la acción secreta de los gobiernos amenaza el interés público”.
* Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.
Notas:
(1) Stadius, Eric y Briggs, Elizabeth. The Trans-Pacific Partnership: Free Trade at What Costs? COHA, Washington http://www.alainet.org/active/57406
(2) TPP investment chapter: http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf , versión junio 2012
(3) Earth Justice et al. Key Elements of Damaging U.S. Trade Agreement Investment Rules that Must Not Be Replicated in TPP, http://www.citizen.org/documents/tpp-investment-fixes.pdf, febrero 2012
(4) TPP Intellectual Property Chapter: http://keepthewebopen.com/tpp , version febrero 2011.
(5) Wallach, Lori. NAFTA on Steroids . Public Citizen, Washington. http://www.alainet.org/active/56280
* Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento No.478, sobre el tema en "La ruleta de los TLCs" (http://alainet.org/publica/478.phtml )
Fuente: http://www.alainet.org/active/58111&lang=es
¿Fomentar el comercio o liberalizar el marco regulatorio?
El TPP inició como un modesto acuerdo comercial entre Singapur, Nueva Zelandia y Chile. Los países ahora participantes lo ven como una oportunidad para ampliar sus intercambios comerciales, con costos reducidos, debido al enredo actual de acuerdos comerciales múltiples que -según un análisis publicado por la Council on Hemispheric Affairs –COHA- (1)- incrementan el costo de las transacciones en un promedio de 5%. Con la entrada de EEUU, evidentemente el TPP cambió de carácter y de dimensión.
En 2011, los nueve países parte del TPP generaron un PIB total de US$ 17,8 billones, del cual el 85% corresponde a EEUU, un 5% de cuyos flujos comerciales es con los demás países del bloque. Si se suman México, Canadá y Japón, el TPP-12 se convertiría en el bloque comercial más grande del mundo, con una población de unas 700 millones de personas y una actividad económica que actualmente suma alrededor de US$ 26,6 billones, informa COHA. Se ha hablado incluso de un acercamiento con China y Corea del Sur.
No obstante, EEUU ya mantiene tratados de libre comercio (TLCs) con la mayoría de los países parte del TPP, entonces para este país, no significaría mucha ganancia en términos comerciales. Más bien, hay fuertes indicios de que Washington busca aprovechar el tratado para introducir aspectos que no ha logrado conseguir por otras vías, tanto de los países contrapartes, como en su propio sistema legislativo.
Es más, en los últimos meses se ha tratado de acelerar las negociaciones con miras a concluirlas este año, si bien este plazo ya parece poco factible, debido a la resistencia de algunos países frente a varias de las condiciones que EEUU justamente está proponiendo.
Proteger las inversiones
Similar al fallido proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), este tratado abarca mucho más que solo aspectos comerciales. Contiene unos 26 capítulos que incluyen, entre otros: aduanas, servicios transfronterizos, telecomunicaciones, compras públicas, políticas de competencia, cooperación y desarrollo de capacidades, inversiones, servicios financieros, regulaciones ambientales y derechos de propiedad intelectual.
No obstante el sigilo que recubre los textos en negociación, dos capítulos han sido filtrados a la luz pública, que permiten apreciar el tenor de los contenidos. Se trata de los capítulos de inversiones y de propiedad intelectual.
En junio de 2012 se filtró el capítulo de inversiones (2), uno de los más controvertidos. En el documento se hace una definición muy amplia de la inversión, y se propone cláusulas de protección que cubrirían no solo las inversiones extranjeras existentes, sino también acciones y derivados, asociaciones público-privadas, minería, licencias y permisos de manufactura, e incluso las ganancias futuras estimadas. Prevé nuevas salvaguardas para inversores que podrían limitar severamente la capacidad de regulación de los Estados parte.
Adicionalmente, el capítulo de inversiones prevé el recurso a un tribunal internacional de arbitración –como el CIADI u otro- para resolver litigios entre inversores privados y Estados nacionales. Implica expandir la experiencia del TLCAN y otros tratados similares, que permiten a las empresas cuestionar leyes nacionales -incluso las que protegen el interés público- y exigir una compensación si consideran que afectan sus intereses.
Hasta ahora, como resultado de juicios de este tipo bajo los parámetros de TLCs existentes, los países en desarrollo han tenido que desembolsar más de $350 millones de dólares en compensación a corporaciones privadas. En otros 17 reclamos pendientes, por un valor total de más de US$ 12 mil millones, todos tienen relación con políticas de medio ambiente, salud pública o transportación, y no con asuntos de comercio internacional (3). Solo Australia, hasta ahora, ha puesto una cláusula de excepción al acápite sobre arbitraje, que le eximiría de someterse a estos tribunales.
Otro tema polémico son las propuestas que limitarían la capacidad de los países de adoptar medidas precautelarías contra la especulación financiera. Chile, en particular, rechaza tales propuestas.
Propiedad intelectual
El capítulo de propiedad intelectual (4) se filtró en febrero de 2011, y desde entonces desató fuertes cuestionamientos. Según el análisis publicado por COHA, de todo el TPP, este capítulo parece ser el que "incorpora los cambios más sustantivos al derecho internacional”. Los derechos de autor propuestos son desmedidos, superando incluso lo ya existente en EEUU: se extiende el periodo de protección a un mínimo de 70 años luego de la muerte del autor, o a no menos de 95 años desde la primera publicación autorizada. En la ley estadounidense, los 70 años es el tope, mientras que el acuerdo TRIPS de la OMC fija ambos plazos en 50 años.
Es más, el documento retoma contenidos que podrían limitar el libre acceso a información en Internet, como se lo intentó con SOPA –el Stop Online Piracy Act o ley contra la piratería en línea- que no pasó en el Congreso estadounidense debido a la fuerte oposición ciudadana. Si cláusulas similares se insertan en el marco de un tratado internacional como el TPP, podría permitir circunvalar el proceso legislativo nacional.
Otro aspecto cuestionado de este capítulo del TPP se refiere a la facilitación y expansión de estándares de patentabilidad. Por ejemplo, permitiría patentar pequeñas modificaciones a una invención existente, un subterfugio que las empresas farmacéuticas utilizan para poder renovar indefinidamente las patentes de los medicamentos y demorar la introducción de versiones genéricas. El documento especifica también que se podrá patentar plantas y animales –algo que muchos países prohíben-, como también métodos de diagnóstico, terapia y cirugía para el tratamiento de seres humanos o animales.
Una mayoría de los países parte se resisten también a extender los monopolios farmacéuticos, como lo propone EEUU. Además, Australia y Nueva Zelandia no aceptan medidas que permitirían a tales empresas objetar su práctica de fijar los precios de medicamentos para su sistema de salud pública.
Un atentado al proceso democrático
El comercio entre Latinoamérica y Asia ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas y hay interés por fomentarlo. No obstante, para los tres países latinoamericanos participantes –Perú, Chile y México-, que ya mantienen TLCs con EEUU., las pretendidas ventajas de estar en el TPP, dado su fuerte énfasis en el eje Asia-EEUU, son poco evidentes y representan riesgos grandes. De hecho, Chile, antes considerado un signatario seguro, ha puesto en duda su firma si no se flexibilizan las provisiones en propiedad intelectual. Toda vez, llama la atención que, en estos países, hasta ahora el TPP no ha sido objeto de mayores manifestaciones de rechazo por parte de los actores sociales que se movilizaron contra los anteriores TLCs, hecho que sin duda va de la mano con el casi total desconocimiento público del proceso de negociación en curso.
De hecho, en 2010, los países participantes habrían acordado no divulgar los textos de negociación, sino solo cuatro años después de cerrar las negociaciones, sea o no que éstas culminen en un acuerdo (5). Únicamente los propios negociadores –y según parece un grupo selecto de socios corporativos- tienen acceso a los documentos. Ni siquiera los comités parlamentarios concernidos pueden conocerlos. Las entidades ciudadanas o empresariales pueden someter propuestas -y de hecho varias lo han hecho- pero no están en capacidad de reaccionar frente a lo que realmente se está negociando.
Siendo un texto que comprometería la soberanía y cambiaría las legislaciones nacionales, ello constituye un verdadero atentado al proceso democrático. EEUU apuesta a que este tratado podría ser el último que tenga que negociar, pues a futuro otros países simplemente tendrían que sumarse a lo ya negociado. Siendo así, resulta aún más aberrante la falta de transparencia en el proceso de negociación. Y sin embargo, ese es el tratado “modelo” que nos propone Obama…
Con estas inquietudes, la red estadounidense Just Foreign Policy ha lanzado una campaña de financiamiento (bajo la modalidad de “crowdsourcing”), para recompensar a Wikileaks en el caso de que logre filtrar al público todo el documento de negociación del TPP. Su publicación, según la organización, “demostraría que Wikileaks sigue siendo relevante a la demanda ciudadana de transparencia gubernamental… y que la campaña de Wikileaks a favor de la transparencia gubernamental no concierne únicamente a asuntos relacionados con la guerra, sino que se extiende a todas las áreas donde la acción secreta de los gobiernos amenaza el interés público”.
* Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.
Notas:
(1) Stadius, Eric y Briggs, Elizabeth. The Trans-Pacific Partnership: Free Trade at What Costs? COHA, Washington http://www.alainet.org/active/57406
(2) TPP investment chapter: http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf , versión junio 2012
(3) Earth Justice et al. Key Elements of Damaging U.S. Trade Agreement Investment Rules that Must Not Be Replicated in TPP, http://www.citizen.org/documents/tpp-investment-fixes.pdf, febrero 2012
(4) TPP Intellectual Property Chapter: http://keepthewebopen.com/tpp , version febrero 2011.
(5) Wallach, Lori. NAFTA on Steroids . Public Citizen, Washington. http://www.alainet.org/active/56280
* Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento No.478, sobre el tema en "La ruleta de los TLCs" (http://alainet.org/publica/478.phtml )
Fuente: http://www.alainet.org/active/58111&lang=es
