Verbitsky expuso en el Palazzo della Ragione de Padua sobre “La Argentina y su tragedia”. El proceso de justicia, de Videla a los Kirchner. El estado de los juicios y el significado de la confesión del ex dictador. Académicos italianos destacaron el impacto global de la política de derechos humanos de Kirchner. Por primera vez desde su fundación en 1222 la universidad donde enseñó Galileo otorga una distinción a un político.
Las sucesivas declaraciones del ex dictador Jorge Videla a
periodistas argentinos y extranjeros son una involuntaria apología al
modelo argentino de transición a la democracia. Videla eligió
interlocutores condescendientes que no le repreguntaron en forma
detallada sobre sus revelaciones más escandalosas. Pero aún así su
testimonio tiene un notable valor político, contradictorio con sus
propósitos. Quienes prefieren el modelo sudafricano, en el que se
planteó el canje de información por impunidad, sostienen que al abrirse
la puerta de la persecución penal, se cierra la de la información sobre
los crímenes cometidos. La locuacidad de Videla lo relativiza. No habló
al comenzar el proceso, pero lo hizo al concluir, ya condenado a prisión
perpetua. En un viaje a Sudáfrica donde me reuní con familiares de
detenidos-desaparecidos y con organismos defensores de los derechos
humanos, encontré una queja generalizada: es insoportable escuchar en
los tribunales el relato minucioso de las torturas sufridas hasta morir
por los seres más queridos y después ver cómo los criminales permanecen
en libertad. La transición desde el régimen del apartheid a una
democracia de un hombre un voto fue exitosa. Pero de poco le sirve a
quien ha perdido un hijo, conocer qué dedo le cortaron primero si el que
lo deshizo en pedazos termina el relato y se va impune a su casa.
Además en Sudáfrica no se alteraron las bases económicas de la
dominación y las mayorías no han visto reivindicados sus derechos
económicosociales.
El modelo argentino
En la Argentina, en cambio, el proceso de justicia restauró la dignidad de las víctimas, cubrió de ignominia a sus perpetradores y hasta los aisló dentro de las instituciones a las que deshonraron al trocar el sable de San Martín por la picana de Videla. Al día de hoy se han pronunciado 253 condenas y 20 absoluciones (prueba, además, de que los juicios se realizan con respeto por los derechos y garantías de los acusados, cuya culpabilidad debe ser probada). Que al cabo de este largo recorrido, Videla se haya decidido a hablar muestra la superioridad del modelo argentino de transición a una democracia distinta, respetuosa de los derechos humanos y con un rol constitucional para las Fuerzas Armadas, donde además se están revirtiendo las consecuencias socioeconómicas de aquella dictadura. Videla dijo que el fracaso del ex senador Eduardo Duhalde y la reelección de CFK lo convencieron de que no podía seguir ilusionándose con un nuevo pacto de impunidad. Dijo que el gobierno justicialista de 1975 les había dado licencia para matar y que el partido radical apoyaba el golpe, y que la toma del poder no era necesaria para terminar con la guerrilla pero sí para reordenar la economía y disciplinar a la sociedad. Reconoció que el golpe había privado a la dictadura de legitimidad. Admitió que la desaparición de personas fue un eufemismo que se utilizó para enmascarar la eliminación clandestina de 7 u 8 mil personas, porque el mundo no hubiera tolerado su fusilamiento, como ocurrió con las tres últimas ejecuciones de Franco en España. Este es el mismo número de bajas y la misma comparación internacional que el ex general Ramón Díaz Bessone le comunicó a la periodista francesa Marie-Monique Robin, quien lo filmó sin que él lo supiera. Díaz Bessone fue más explícito que su camarada: la reacción que temían era la del Papa. Pero es obvio que Videla piensa en lo mismo, ya que de inmediato destaca la actitud favorable de la Iglesia Católica, su amistad personal con el presidente de su Episcopado de entonces y la importantísima colaboración de los capellanes castrenses, que estaban presentes en todas las unidades y guarniciones de las tres armas. Agregó que también los empresarios apoyaron la masacre y que algunos opinaban que los desaparecidos deberían haber sido diez mil más.De Alfonsín a Menem
El proceso hasta llegar a la situación presente fue cualquier cosa menos lineal. El presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) creó una comisión investigadora sobre la desaparición de personas, la CONADEP, una comisión de la verdad que inspiró muchas otras en el mundo. Una vez que recibió sus conclusiones, promovió el enjuiciamiento de los integrantes de las tres primeras juntas militares, que terminó en diciembre de 1985 con la condena a prisión perpetua de Videla y del jefe de la Armada, Emilio Massera, entre otros. Pero luego de ese fallo y ante el temor de que la justicia continuara con oficiales de rangos inferiores, dictó la primera ley de impunidad, la de punto final, que fijó un exiguo y arbitrario plazo de prescripción de 60 días. Los jueces no aceptaron que se les endilgara la responsabilidad y dentro del plazo previsto procesaron a todos los militares contra los cuales hubiera algún indicio, por tenue que fuera. Cuatro centenares de oficiales fueron citados a indagatoria a partir de febrero de 1987, entre ellos muchos en actividad y con mando de unidades. Esto derivó en el alzamiento carapintada de la Semana Santa de 1987, luego del cual Alfonsín firmó la segunda ley de impunidad, la de obediencia debida, por la cual quedarían excluidos de responsabilidad los oficiales de rango inferior a general y sus equivalentes en las otras fuerzas. Pero esto no fue suficiente.El presidente Carlos Menem (1989-1999) indultó a todos los condenados y procesados durante el gobierno anterior, incluso a aquellos que habían sido enjuiciados por la decisión política de recuperar las islas Malvinas y por la forma en que condujeron la guerra en la que Gran Bretaña volvió a ocuparlas. Pero tanto Alfonsín como Menem dejaron dos ventanas abiertas, que resultarían de enorme importancia más adelante: en ningún caso incluyeron entre los delitos a perdonar el robo de los hijos de las personas detenidas-desaparecidas ni el saqueo de sus bienes. Las leyes y decretos de impunidad nunca contaron con adhesión mayoritaria en la sociedad. Pero durante los primeros años de la década de 1990 la cuestión pareció olvidada, salvo por la tenaz resistencia de los organismos defensores de los derechos humanos. El tema volvió a la primera plana de los diarios en 1993, cuando Menem pidió al Senado el ascenso de dos oficiales que habían sido denunciados por su actuación en la ESMA, el mayor campo clandestino de concentración de la Marina. Cuando conté en esta columna que esos oficiales estaban acusados de haber participado en el asesinato de un grupo de sacerdotes en una iglesia de Buenos Aires y de la desaparición y asesinato de dos monjas francesas, comenzó un debate público que condujo al rechazo del ascenso por parte del Senado, en un trámite que tuvo amplia difusión pública. Al mes siguiente de la decisión senatorial un hombre se me aproximó en el subterráneo de Buenos Aires y me dijo que había estado en la ESMA. Durante tres meses mantuve una docena de entrevistas con ese hombre, el capitán de la Marina Adolfo Scilingo, en las cuales terminó por confesar que había asesinado con sus propias manos a treinta prisioneros, a quienes arrojó al mar desde aviones militares, luego de atontarlos con una droga. Nunca antes uno de los verdugos había reconocido sus acciones en forma tan explícita. Esto tuvo una enorme repercusión y el 24 de marzo de 1996, al cumplirse veinte años del golpe tuvo lugar una gigantesca movilización popular, que marcó el espectacular regreso de la cuestión reprimida al primer plano de la atención pública.