El proyecto de ley que reforma la Carta Orgánica del BCRA se inscribe dentro de una serie de cambios que viene introduciendo el gobierno nacional desde 2003 a la fecha, y que tienen por objetivo seguir ampliando las bases nacionales para manejar la política económica, donde el Estado pueda coordinar más eficientemente la política monetaria y cambiaria con la política fiscal.
La ilusión de un Banco Central independiente del poder político es uno de los postulados del Consenso de Washington y una de las causas de la crisis de 2001 en nuestro país. En estos últimos años también mostró su inutilidad al no poder resolver la crisis internacional que lleva más de cuatro años y donde el Banco Central Europeo no hace más que profundizar la recesión de la Eurozona. Con esta reforma, se da un mensaje claro sobre la función prioritaria que debe tener el sistema financiero argentino en esta etapa: promover el desarrollo económico a través de la inversión productiva de largo plazo. Las voces que se levantan hoy en contra, son las mismas que impulsaron y aplaudieron las reformas de mercado de Menem. En lo personal, a principios de los años noventa, siendo empleado y dirigente gremial en el BCRA, pude acceder a los informes de los organismos internacionales que promovieron la reforma.
Esos textos en inglés luego aparecieron en español y se convirtieron en ley. Este hecho puntualiza dónde se tomaban las decisiones económicas desde 1976 a 2002. Desandar ese camino y haber recuperado el Estado y la dignidad nacional, explica el apoyo popular al modelo económico y al gobierno nacional de 2003 a la fecha.
