Mientras continúa desplegándose el «colapso económico ralentizado de Europa» —palabras con las que lo calificó la revista Mother Jones en un artículo del pasado 6 de junio—, España, al igual que otros Estados europeos, continúa instaurando medidas neoliberales y antisociales con la firme oposición de la ciudadanía. Ha pasado un mes desde que el movimiento de los indignados del país ocupara sin violencia sesenta plazas principales de ciudades de toda la geografía para reclamar democracia económica, justicia política y paz. Desde entonces han sucedido muchas cosas dentro de las fronteras españolas, y lo que está sucediendo allí se propaga con rapidez por toda Europa, donde ya hemos presenciado otros movimientos sociales que formulan demandas semejantes. Lo hemos visto en la plaza de la Bastilla de París, tomada de forma no violenta por «indignados» franceses hasta que la recuperaron con rapidez las fuerzas policiales del país.
Hemos visto el ascenso de un movimiento paralelo en Portugal, en gran parte de cuyas principales plazas también han acampado los «indignados» y donde a solo unas pocas horas de la celebración de elecciones generales en todo el país los manifestantes sufrieron el acoso y los golpes de la policía. Hemos sido testigos de cómo esa misma noche, en Atenas, la capital de Grecia, 80.000 manifestantes se congregaban en la plaza principal de la ciudad para oponerse a las medidas de austeridad impuestas al país y enarbolar pancartas de solidaridad con los indignados de España y de otros países europeos.
Allá donde miremos en Europa, oímos los mismos gritos de indignación. Con mayor intensidad en unos países que en otros, pero el grito se acrecienta en todas partes y lo que parecía un desmoronamiento económico a cámara lenta se están convirtiendo a toda velocidad en un cataclismo social. En España, concretamente, y pese a quela élite política insiste en presentar a un país que se recupera del colapso económico, los asuntos cotidianos empeoran desde el punto de vista económico, político y social y las protestas podrían estar al borde de volverse violentas, si bien en su mayoría no lo son, a menos que las élites políticas y económicas empiecen a hacer algún tipo de concesión.
En el frente económico, España inició el mes de junio con unos comentarios de la Comisión Europea sobre la posibilidad de que el país no lograra alcanzar los objetivos de crecimiento económico y déficit presupuestario previstos para este año; su recomendación era profundizar en la reforma económica. Después, un informe de la agencia de calificación Moody’s señaló que el elevado déficit catalán estaba afectando a la solvencia del conjunto del país. Pocos días más tarde, en la autonomía de Castilla-La Mancha, el gobierno entrante del Partido Popular, de derechas, ya había proclamado que la región estaba «en quiebra absoluta» antes incluso de tomar posesión de sus cargos. Luego, El Instituto Nacional de Estadística reveló que las ventas de inmuebles en España durante el mes de abril había alcanzado su cifra más baja desde que la institución empezara a elaborar sus informes en el año 2007. Evidentemente, esta corriente de noticias negativas acompañada del debate que en Europa se está produciendo acerca de si Grecia podrá o no pagar su deuda afectó a la venta de bonos de España situándola un escalón más cerca de tener que ser rescatada, o a una situación de impago seguida de la consiguiente reestructuración de la deuda.
En el frente político, el mes de junio ha sido igualmente intenso, pues el gobierno ha aprobado por decreto reformas contra la negociación colectiva a pesar del fracaso de las negociaciones con los dos sindicatos principales del país. Ha aprobado de forma indefinida la ampliación de la misión militar española en Libia y ha anunciado la creación de un nuevo centro de operaciones de la OTAN que controlará el espacio aéreo español y colaborará en las misiones coordinadas desde Europa meridional.
En relación con el plano social, a fecha de primero de junio el gobierno advirtió que los indignados no podían seguir acampados en las plazas mucho más tiempo. Luego, aprovechando una visita de Tony Blair en la que este dijo que «se debe escuchar a los manifestantes, pero no se les debe permitir gobernar», José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, respondió a la petición de los indignados de reformar la ley electoral diciendo que solo era posible con el consenso de todos los partidos políticos... un modo cobarde de responder sin ceder nada.
En respuesta a todos estos acontecimientos, las comisiones de indignados de las plazas de todo el país se reunieron en la Puerta del Sol de Madrid para discutir el futuro del movimiento. Mediante un largo proceso de asambleas populares acordaron emprender tres acciones importantes: en primer lugar, boicotear en los ayuntamientos las tomas de posesión de los cargos electos cuando los juraran tras las recientes elecciones municipales y autonómicas; en segundo lugar, abandonar las plazas principales de las ciudades y trasladar su acción social a los barrios y pueblos con la intención de ampliar la participación del resto de la ciudadanía; y, en tercer lugar, seguir organizando protestas en fechas determinadas centrándose en aspectos concretos... incluido el compromiso firme con una protesta global de los indignados para el próximo 15 de octubre.
El boicot a las tomas de posesión municipales, la primera iniciativa del movimiento coordinada a escala nacional desde que proliferara de manera espontánea el pasado 15 de mayo, estuvo bien representada el fin de semana por los indignados de toda España. En todo el país, los manifestantes impidieron el acceso a los ayuntamientos, se encaramaron a los balcones, cortaron el paso a los vehículos oficiales que salían de los aparcamientos, se manifestaron en las sesiones de investidura con discursos acusadores y persiguieron a los políticos por las ciudades gritándoles «¡dais vergüenza!» cuando celebraban la victoria.
Por desgracia, la policía también se movilizó. En Valencia, donde están imputados en delitos de corrupción diez miembros del nuevo gobierno, incluido su presidente, la policía cargaba contra los manifestantes dejando doce heridos y deteniendo a cinco personas. El vicepresidente del gobierno español, Alfredo Pérez-Rubalcaba, se vio obligado a cancelar un viaje a la ciudad para evitar que se agravaran las protestas. En la ciudad de Santiago de Compostela la policía también cargó contra los manifestantes. En Madrid, las porras de la policía también los golpearon. En Salamanca resultaron heridos cinco indignados. En Burgos hubo dos detenidos. En Castellón fueron dispersados con violencia. En Vigo también se les dispersó; y en Palma de Mallorca hubo tres detenidos. Tras las numerosas detenciones practicadas en todo el país hubo manifestaciones espontáneas delante de las comisarías de policía exigiendo la liberación inmediata de los detenidos. La mayoría fue puesta en libertad bajo fianza.
Tal como están las cosas en España ahora mismo, según un sondeo publicado por el diario El País , la población española apoya el movimiento de forma generalizada (un 81%). De hecho, además de que le han prestado su apoyo intelectuales públicos como Vicenç Navarro, Arcadi Oliveras o Eduardo Galeano, otras figuras políticas como Santiago Carillo, ex secretario general del Partido Comunista de España durante la transición política (una voz esencial durante toda la transición) y Cayo Lara, actual coordinador de la tercera fuerza política más importante del país, Izquierda Unida, también han suscrito los puntos de vista del movimiento. Hasta Rosalía Mera, quien según la revista Forbes es la mujer más rica de España, ha manifestado en público su apoyo a los indignados.
Cuando se observa con detenimiento el desarrollo actual de los acontecimientos en España, parece claro que las protestas han tocado un nervio de toda la sociedad española; y aunque el movimiento practique una modalidad de democracia directa no violenta con la que la mayor parte de los españoles no está familiarizado (ni siquiera la mayoría de los ciudadanos de las democracias occidentales), el actual clima político, social y económico español empieza a tomar la forma, al menos parcialmente, de los gritos de indignación. Sin embargo, es importante subrayar que, a menos que las élites económicas y políticas empiecen a escuchar y a entablar un diálogo riguroso con los indignados en lugar de mandarles a la policía para que los golpee en la cabeza, la actitud no violenta de la mayoría de los manifestantes podría convertirse enseguida en una respuesta violenta contra la brutalidad policial reiterada. Al fin y al cabo, es importante recordar que se trata de un movimiento espontáneo y heterogéneo con solo un mes de vida y que no está haciendo más que empezar a organizarse y a formular demandas concretas.
Los manifestantes no violentos de las calles españolas no son pacifistas ejemplares, bien entrenados y disciplinados de la escuela de Gandhi; ellos no han prestado juramento de no violencia ni han recibido durante meses entrenamiento no violento meticuloso en santuarios gandhianos. Solo sabremos si los indignados podrán abstenerse de la violencia si la policía sigue pegándolos mientras continúan desarrollándose los acontecimientos. Sin embargo, si a las élites del país les queda algo de dignidad, no deberían seguir poniendo a prueba su resistencia sino, más bien, iniciar un proceso de reforma fiable que analice y aborde todas sus exigencias. Mientras redacto este artículo, Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha visto obligado a acceder al parlamento autonómico en un helicóptero de la policía porque millares de indignados le impedían el paso con la intención de sabotear la aprobación de los presupuestos regionales. No dejaban de gritale «¡No nos representas!». La sesión parlamentaria se inició con tan solo la mitad de los miembros de la cámara, que fueron los que pudieron acceder al edificio.
Los artículos y comentarios de Pablo Ouziel están disponibles en pabloouziel.com
Fuente: http://www.pabloouziel.com/spain%E2%80%99s-%E2%80%98indignant-ones%E2%80%99/
