A pesar de que la Constitución Nacional y una ley reconocen a los pueblos originarios y su propiedad sobre las tierras, en Formosa fueron reprimidos fuertemente.
El 80% de la superficie cultivada en el país está en manos de sólo el 20% de la población. El mayor terrateniente es la firma Benetton que posee terrenos cuyo tamaño equivale a 4.500 veces la Capital Federal
¿Cómo es posible que la ciudad del boom inmobiliario más estrepitoso aloje tal cantidad de sin techo? ¿Por qué no hay lugar para una comunidad dedicada a la agricultura familiar en un país de semejantes extensiones? La respuesta es tan vieja como inaceptable y se explica por la concentración de bienes y una distribución para nada equitativa. Algo que ni el más despistado desconoce luego de la discusión por la 125, pero que no es nada nuevo.
“La estructura social, económica, cultural y política de Argentina se configuró en una matriz racista cuyo diseño ideológico y filosófico fue asumido como programa de gobierno de las oligarquías patricias triunfantes, cuya plenitud coincide con lo que se conoce como la Generación del ’80, siendo su referente máximo Julio Argentino Roca, comandante de las genocidas Campañas del Desierto dirigidas a insertar a la Argentina en el mercado mundial, ‘especializada’ en vender commodities al Norte Global”, contextualiza Silvia Lilian Ferro, historiadora en economía e investigadora de estructuras agrícolas.
Algo así recordaba por éstos días Osvaldo Bayer, en oportunidad de la presentación de su reciente película, Awca Liwen. Esa matanza “fue financiada por la Sociedad Rural Argentina (…) el presidente Avellaneda, que es el verdadero responsable de esa campaña, hace luego el reparto de 42 millones de hectáreas a mil estancieros de la SRA. A su presidente, José Martínez de Hoz, bisabuelo directo del ministro de Economía de la dictadura, le entregan 2 millones 500 mil.
Doctorada en Sevilla y Licenciada por la Universidad Nacional del Litoral, Ferro señala: “Es curioso que cuando se habla de racismo todos connotamos la cuestión cultural siendo que la cara más elocuente del racismo es el acceso diferencial de los grupos étnicos de la ciudadanía a los recursos materiales y a la riqueza de una Nación”. Según la especialista, “cuando vemos el color de piel de quienes hoy se encuentran en situaciones de pobreza y el de la franja que va de urbanas profesionalizadas a las clases que concentran el poder económico, tendremos una foto precisa de los colores del racismo que sustenta la actual estructura social en la Argentina”.
Pero, este sector no ha demostrado ni la responsabilidad de los verdugos. Así pudo echar a la calle a masas de trabajadores y, luego, despotricar contra piquetes, cartoneros e inseguridad. Así, el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, que paralizó planes de vivienda y desmembró al Instituto de la Vivienda (IVC), pudo condenar la toma sin vergüenza. Y así el campo desplaza hacia las ciudades cada vez más porción de su población, generalmente hacia las villas miseria, y después construyen con su imagen al cuco más temido.
“Nosotros tenemos una frase de lucha que es ‘Agricultura con agricultores’. Es la búsqueda de un campo con productores de verdad, no con una máquina que un pool de siembra maneja con dos operarios, con un sueldo magro, que hacen 500 hectáreas”, explica Guillermo Saucedo, titular del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonaf), el espacio institucional que reconoce el Estado para el diálogo con las organizaciones de campesinos y que trabaja junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena (Mnci), el Movimiento Campesino de Liberación (MCL), el Frente Nacional Campesino y productores bonaerenses. “Hay más de 1.400 organizaciones adentro, es un espacio importante que tiene delegados en todas las provincias”, cuenta Saucedo. Que calcula que el 80 por ciento de las tierras cultivadas está en manos del 20 por ciento más rico y se dedica a la siembra directa, mientras que el 80 por ciento de la población agraria debe conformarse con el 20 restante para su agricultura familiar.
Las organizaciones de pequeños agricultores mantuvieron diferencias internas puntuales históricas pero, desde julio de este año, decidieron limar esos matices. Según Saucedo, la unión se debe a que “hay una necesidad de todos por igual. Los desalojos no son para la gente del Fonaf, nada más, son para todos, no distinguen banderas. Acá hay un enemigo en común”. El funcionario subraya “la necesidad de declarar a la tierra un bien social” como una de las cosas más importantes del proyecto que preparan. “Es un derecho humano”, recuerda.
Las organizaciones, unidas, delinean con bastante apoyo una ley “que ponga un freno a los desalojos por cinco años y declare la emergencia agropecuaria por la falta de tierras”. Saucedo destaca como “un avance”, por ejemplo, la ley que en la provincia de Salta frenó los desalojos.
“Sólo Argentina y Chile desde las etapas dictatoriales le quitaron la potestad a las autoridades nacionales para fijar politicas de acceso y distribución equitativa de la tierra”, cuenta Ferro, y agrega: “Uno de los principales obstáculos para una politica de acceso equitativo a la tierra nace en la Constitución Nacional de 1994 que refrendó la potestad de cada provincia sobre sus recursos naturales. La tierra fue reducida a recurso productivo y fuente de ingresos económicos, como lo es para los sectores medios y altos del agro, y no como condición de posibilidad de reproducción de un modo de vida material y simbólico, como lo es para los Pueblos Originarios y para el campesinado”, interpreta Ferro, que no quiere que nadie se olvide de que ello se alcanzó “con el voto de constituyentes que hoy se embanderan en la defensa de los ‘recursos naturales’ desde supuestas izquierdas. Por ejemplo, Pino Solanas votó a favor del artículo que consagra que cada una de las 23 provincias establece qué hacer con los recursos naturales, entre ellos la tierra, y deja librada a las relaciones de fuerza de cada jurisdicción situaciones de abuso sobre campesinos y pueblos originarios”.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) da cuenta de las consecuencias: hay 80 mil propietarios en la región pampeana, sólo 1.250 acaparan el 35% de la tierra (9.000.000 ha). Los 50 principales propietarios cuentan con 2.400.000. De las 35 familias tradicionales que concentraban la tierra a principios del siglo XX, 30 continúan siendo grandes terratenientes. Perez Companc es dueño de 155.000, en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta y Santa Fe. Los Anchorena, de 40.000. Los Gómez Alzaga, de otras 60.000. La familia Bemberg (ex Quilmes), tiene 60.000 en Buenos Aires, 73.000 en Neuquén y 10.000 en Misiones. El mayor terrateniente privado de la Argentina es el grupo italiano Benetton, con 900.000 ha (4.500 veces la ciudad de Buenos Aires). En la década de los ’90, se otorgaron 1.773.000 has en zonas de seguridad. La norteamericana GNC SRL es dueña de 600 mil. La británica Nieves tiene 145 mil en Mendoza. Douglas Tompkins, 90 mil, entre la Patagonia y los esteros del Iberá. Dentro de sus tierras nace el río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia. El británico Joe Lewis cerró con tranqueras el acceso al lago Escondido, en Río Negro.
El heredero del emporio Lays y de Pepsi, Ward Lay, compró por 4,5 millones de dólares, 80 mil has a Benetton en Neuquén. El grupo estadounidense AIG posee en Salta 1,5 millón de has (casi el 7 % del territorio provincial). La italiana Nettis Impianti, dueña de empresas mineras, petrolíferas y gasíferas, compró en La Rioja 418 mil hectáreas en la localidad de Jagué. En Catamarca, un empresario estadounidense dedicado a fabricar helicópteros, Peter Lee MacBride, adquirió 117 mil hectáreas y pagó apenas 3,50 por cada una de ellas. Allí vivían unos 800 pequeños productores agropecuarios, que permanecen en una disputa judicial por la tenencia de la tierra.
La situación no es nueva, es fundacional de la Patria, pero se ha instalado la discusión. Y el verdadero campo está unido
http://sur.elargentino.com/notas/breve-cartografia-de-la-distribucion-de-la-tierra
