Jorge Muracciole
Los pronósticos de los analistas eran disímiles, pero ninguno avizoró que estos primeros 1.000 días serían de los más innovadores en décadas de la política institucional. Entre los supuestos de la prensa conservadora, un etapa de consensos y normalidad institucional se mezclaban entre afirmaciones y expresiones de deseo, que de alguna manera intentaban marcar el terreno futuro al gobierno naciente.
Cuestiones como su relación con los sindicatos y la política distributiva eran puestas en duda en los primeros meses de mandato en el verano de 2008, entre los presagios de la prensa hegemónica. Pero a poco de concluir el verano austral, Cristina Fernández, a través de su ministro de Economía, propuso como necesaria la celebre resolución 125 en materia de retenciones a la exportación de granos.
Dicha propuesta del flamante gobierno desató una inusitada resistencia de las corporaciones empresarias del mundo rural, pero lo sorprendente fue el automático apoyo de los mass media y principalmente de la multimedia con posición dominante. Cuando las huestes campestres intensificaron su oposición al decreto del Ejecutivo, y generalizaron la metodología del corte de ruta, en una suerte de piqueterismo de 4x4, las pantallas de los mass media transmitieron casi en cadena las asambleas de chacareros y catapultaron a personajes hasta ese momento desconocidos para las audiencias televisivas. Durante más de tres meses, el frente campestre-mediático copó la parada y el abastecimiento alimenticio del resto de los cuarenta millones de argentinos pendía del humor y la sensación térmica de cuatro entidades patronales: La Sociedad Rural, la Federación Agraria, la CRA y Coninagro. El duro golpe del voto no positivo del otrora aliado el vicepresidente Julio Cleto Cobos, tensó la situación institucional, y un rosario de rumores se instalaron en la prensa opositora. A pesar de las turbulencias el gobierno supo capear el temporal y volvió a retomar la iniciativa, teniendo una prueba de fuego en el último trimestre del 2008, con la crisis financiera internacional y la marejada recesiva que se propagó como mancha de aceite por la geografía del planeta.
Las medidas anticíclicas y la apuesta al sostenimiento del consumo y la producción por parte del gobierno como política de Estado, morigeraron los efectos de la debacle económica global. A pesar de las predicciones de los agoreros, el nivel de destrucción de puestos de trabajo fue ínfimo en comparación con los “países centrales”. Los subsidios del Estado a las empresas en crisis se contaron por centenares de casos. El conflicto en la empresa alimenticia Kraft fue un caso paradigmático de la intervención ministerial de forma activa para poner límites a las pretensiones empresarias. El plan de reincorporaciones graduales impidió que ese caso testigo generara una suerte de piedra libre a las cesantías por parte de las gerencias de recursos humanos.
Durante el 2009, las cercanías de las elecciones de mitad de mandato, y la constitución de un conglomerado heterogéneo pero pragmáticamente articulado de la oposición, junto al accionar de la prensa hegemónica, hicieron que la fecha del 28 de junio se advirtiera como el acontecimiento bisagra que fijara fuertes límites a la acción de gobierno. Los resultados de los sufragios tuvieron varias lecturas, pero la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires fue la más significativa. El crecimiento, aunque disperso, de la oposición fue vista por la prensa conservadora y sus máximos referentes parlamentarios como el inicio del fin del gobierno de Cristina Fernández. Según pasaban las semanas la batería de iniciativas del oficialismo fue pulverizando los excesos de optimismo de las fuerzas anti-K.
La reestatización de la línea de bandera Aerolíneas Argentinas, ante el caos empresarial de sus propietarios privados; o la vuelta al Estado de los aportes de los trabajadores en manos de las AFJP, desde la desregulación previsional del menemato, o la férrea decisión de actualizar las jubilaciones y pensiones dos veces al año y la acertada efectivización del Subsidio Universal por Hijo menor de edad a las familias más necesitadas, fueron los mojones más significativos que demostraron a propios y extraños que el gobierno de Cristina Fernández no vino para morigerar los grandes lineamientos de la administración precedente sino a profundizarlos.
Las batallas posteriores en favor de la democratización de las comunicaciones, a través de la ley de medios audiovisuales, aprobada por una amplia mayoría en ambas Cámaras, luego de decenas de audiencias en todo el país, y la última denuncia presidencial ante la opinión pública en relación con el origen de la empresa monopólica de Papel Prensa, dejarán en la historia al gobierno de Cristina Fernández como la primera administración en 27 años de democracia que dio batalla a la corporación mediática consolidada en años del terrorismo de Estado.
En el largo año que falta para la culminación de su mandato tendrá que develarse si la batalla contra la pobreza estructural aún existente puede profundizarse sin alterar la ecuación anquilosada de ganancias superlativas para pocos y precaria subsistencia para la tercera parte de los argentinos.
Otro desafío será poder revertir la tendencia propia de la posmodernidad, expresada en la atomización y a las dificultades inherentes a la consolidación de un movimiento de masas que ratifique en las calles con su presencia activa su multitudinario apoyo a las medidas de gobierno. Mientras esto no ocurra, la tentación corporativa de cambiar el rumbo seguirá presente.
Sociólogo- docente Fac. Ccias. Sociales.
